STC11882-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11882-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02843-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Arturo Alzate Bedoya contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso y defensa, presuntamente vulneradas por las autoridades accionadas al desestimar sus solicitudes de levantamiento cautelar y reducci\u00f3n de embargos. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, \u00abordenar al Juez Primero Civil del Circuito de Cartago dejar sin efecto el Auto interlocutorio\u2026 del dos de noviembre de 2021 y al Tribunal Superior de Buga dejar sin efecto la providencia del\u2026 3 de Agosto de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo promovido frente al accionante a continuaci\u00f3n del declarativo de responsabilidad civil que en su contra instaur\u00f3 Albeiro Vel\u00e1squez Cardona (por condenas por m\u00e1s $154\u2019000.000) se dispuso el embargo de un veh\u00edculo y dos inmuebles (\u00faltimos de los que es propietario el accionante en un 50% y 100%). <\/p>\n
2.2. En dicho asunto, con ocasi\u00f3n de la medida de embargo dispuesta sobre los mismos inmuebles en un juicio de alimentos seguido contra el tutelante ante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Cartago, el 21 de junio de 2021 el estrado del circuito convocado resolvi\u00f3 \u00abtomar nota de la respectiva acumulaci\u00f3n de embargos y tener en cuenta el procedimiento a seguir\u00bb, ante la concurrencia de cautelas y observando la prelaci\u00f3n alimentaria. <\/p>\n
2.3. El 2 de noviembre de 2021 el a-quo encausado no accedi\u00f3 al desembargo parcial que de uno de los inmuebles deprec\u00f3 el deudor, por no haberse prestado la cauci\u00f3n dispuesta para tal prop\u00f3sito; y le neg\u00f3 la reducci\u00f3n de embargos que tambi\u00e9n solicit\u00f3 aduciendo que el otro predio hab\u00eda sido avaluado en m\u00e1s de 400 millones, por lo que, en su sentir, era garant\u00eda suficiente para cubrir la obligaci\u00f3n perseguida. Determinaciones que mantuvo el d\u00eda 24 siguiente y que el pasado 3 de agosto confirm\u00f3 el ad-quem recriminado. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela, en concreto, critic\u00f3 el accionante que sus peticiones de desembargo y reducci\u00f3n de cautelas debieron prosperar, la primera, porque el no pago de la cauci\u00f3n para su viabilidad refer\u00eda a una anterior solicitud que no se materializ\u00f3 por ese motivo, constituyendo un estadio procesal distinto al actual; mientras que, la segunda, porque para establecer su l\u00edmite era inviable tener en cuenta el eventual monto de la carga alimentaria que dio lugar a la concurrencia de embargos, sumado a que i) el Tribunal erradamente se\u00f1al\u00f3 que el veh\u00edculo no estaba \u00f3rdenes de ese proceso sino de otro de un Juzgado Municipal, aunque ciertamente s\u00ed est\u00e1 cautelado para el ejecutivo en menci\u00f3n, y ii) era irrazonable considerar que la garant\u00eda resultaba afectada porque sobre el predio de que era propietario de un 50% pesaba un gravamen hipotecario, m\u00e1xime porque la compa\u00f1\u00eda beneficiara de \u00e9ste se halla disuelta; motivos por los cuales se equivocaron los juzgadores al concluir que s\u00f3lo la heredad de que es propietario en un 100% constituye prenda suficiente para el pago de la obligaci\u00f3n, resultando notoria, adem\u00e1s, la indefinici\u00f3n de los supuestos que plante\u00f3 al apelar la decisi\u00f3n del juzgado a-quo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a informar que resuelto el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el accionante devolvi\u00f3 el diligenciamiento al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago; a su turno, \u00e9ste indic\u00f3 que su decisi\u00f3n, adem\u00e1s de haber sido confirmada por su Superior, \u00abno es constitutiva de arbitrariedad o capricho y se enmarca en la discreta y responsable autonom\u00eda en la valoraci\u00f3n probatoria y la aplicaci\u00f3n de las normas correspondientes\u00bb. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, no se hab\u00eda recibido ninguna otra manifestaci\u00f3n de los convocados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. El actor critic\u00f3 el despacho adverso de sus solicitudes de desembargo y reducci\u00f3n de cautelas en el juicio ejecutivo seguido en su contra. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas, concluye la Corte que el resguardo de que se trata est\u00e1 llamado al fracaso, porque en la decisi\u00f3n del pasado 3 de agosto, mediante la cual la Colegiatura accionada zanj\u00f3 de forma definitiva la situaci\u00f3n cuestionada, expres\u00f3 con suficiencia los motivos para confirmar la adoptada el 2 de noviembre anterior, en el sentido referido a espacio, por el a-quo recriminado. <\/p>\n
3.1. En efecto, de entrada, expuso algunas generalidades en torno a las medidas cautelares, con apoyo en lo reglado al respecto en el C\u00f3digo General del Proceso, especialmente en cuanto a los embargos (precepto 599), su concurrencia (art\u00edculo 465), levantamiento (canon 597) y reducci\u00f3n (600). <\/p>\n
Luego, descendiendo al caso concreto, advirti\u00f3 que \u00ab[u]na cosa es el desembargo de los bienes aprisionados en un proceso y otra muy distinta es la reducci\u00f3n de los embargos, igualmente, practicados en un asunto\u00bb; seguidamente, consign\u00f3 los requisitos para la viabilidad de uno u otro y despach\u00f3 adversamente la solicitud edificada en el primer supuesto, al advertir que, en su oportunidad, el inconforme no prest\u00f3 la cauci\u00f3n que para el efecto se le exigi\u00f3. As\u00ed lo consider\u00f3: <\/p>\n
\u2026tenemos que la parte demandada pide el desembargo del inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 375-0037117, para lo cual la A-quo ha debido acudir a lo se\u00f1alado en el numeral 3 del art\u00edculo 597 del C. G. P., o sea a fijar la cauci\u00f3n que ordena esa norma, para lo cual se debe tener en cuenta que en octubre 17 de 2017, el ejecutado, por medio de apoderado, solicit\u00f3 al juzgado la fijaci\u00f3n de la suma que deber\u00eda prestar como cauci\u00f3n para generar el levantamiento de las medidas cautelares practicadas sobre los bienes de propiedad del demandado, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 602 del C. G. P., ante lo cual el A-quo, por auto No. 1626 de diciembre 5 de 2017, le fij\u00f3 la suma de $236.603.195,86 como cauci\u00f3n para acceder a lo pedido y se le concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para aportar la cauci\u00f3n, t\u00e9rmino que, de acuerdo con lo expresado en el auto No. 064 de enero 24 de 2018, lo dej\u00f3 vencer el ejecutado y, por ende, se declar\u00f3 la preclusi\u00f3n del t\u00e9rmino, lo cual es suficiente para indicar que la pretensi\u00f3n del levantamiento de las medidas cautelares no es viable, al no cumplirse con las exigencias legales para ello. <\/p>\n
Despu\u00e9s, para ocuparse de la restante petici\u00f3n de reducci\u00f3n de embargos, tras acudir nuevamente al contenido de los preceptos 599 y 600 del referido estatuto adjetivo, delanteramente se\u00f1al\u00f3 que para su prosperidad se requer\u00eda: <\/p>\n
(i) Determinar el momento procesal en que se encuentra el asunto, ya que si solicita cuando se ha emitido el auto que fije la fecha para el remate, la petici\u00f3n ser\u00eda improcedente por ser extempor\u00e1nea, lo que aplicado al presente asunto nos da que a\u00fan no se [ha] proferido la providencia donde se fije la fecha para el remate, motivo por el cual se considera que no es extempor\u00e1nea. <\/p>\n
(ii) Cuando la petici\u00f3n se hace en tiempo, se debe requerir a la parte demandante o ejecutante para que se pronuncie al respecto, lo cual debe hacer en un t\u00e9rmino no superior a cinco (5) d\u00edas despu\u00e9s de notificado el requerimiento. Sin que se agote este tr\u00e1mite no es legalmente viable resolver la solicitud de reducci\u00f3n del embargo, puesto que estar\u00eda vulnerando no s\u00f3lo el debido proceso sino el derecho de defensa de la parte ejecutante, lo que podr\u00edamos indicar que en el caso a estudio se entiende surtido si encontramos que obra en el expediente varios escritos allegados por la apoderada de la parte ejecutante oponi\u00e9ndose a lo pretendido por el ejecutado, tanto al levantamiento de las medidas cautelares como la reducci\u00f3n de las mismas explicando el porqu\u00e9 de su oposici\u00f3n (sic). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, en punto al acopio suasorio para definir lo planteado, advirti\u00f3 que: <\/p>\n
(a) El autom\u00f3vil de placas VLH 064 de propiedad de CARLOS ARTURO ALZATE BEDOYA se encuentra embargado por cuenta de un proceso adelantado ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago, situaci\u00f3n que hace inviable el secuestro del bien dentro del presente proceso, por lo que ese veh\u00edculo no se encuentra a disposici\u00f3n de las resultas de esta ejecuci\u00f3n y, por ende, no puede ser tomado en cuenta para efectos de lo pretendido por el recurrente, o sea no se puede ni desembargar ni reducir el embargo sobre un bien cuando dicha medida no se ha materializado, seg\u00fan los documentos obrantes en el plenario. <\/p>\n
(b) En lo concerniente con el predio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 375-64039\u2026, se deja en claro que sobre este inmueble\u2026 CARLOS ARTURO ALZATE BEDOYA s\u00f3lo es titular del 50% del derecho de dominio y, adem\u00e1s, se encuentra afectado por una garant\u00eda hipotecaria constituida a favor de la sociedad \u201cCOMPA\u00d1\u00cdA DE CONSTRUCCIONES LTDA\u201d, la cual fue requerida en la forma prevista en el C.G.P. para que se hiciera presente al proceso a hacer valer su acreencia. <\/p>\n
(c) El inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 375-0037117 es el \u00fanico bien que, hasta el momento, no presenta problema alguno y sobre el cual se han practicado las medidas cautelares de embargo y secuestro y se aval\u00fao, en el a\u00f1o 2021, en la suma de $438.367.000,oo, estando pendiente de determinar el valor de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito a la fecha. <\/p>\n
Y por ese sendero, para ratificar la inviabilidad de la reducci\u00f3n de embargos reclamada por el censor, in extenso, consign\u00f3: <\/p>\n
(iii) Cuando el valor de alguno o algunos de los bienes supera el doble del cr\u00e9dito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, el Juez decretar\u00e1 el desembargo de los dem\u00e1s, a menos que estos sean objeto de hipoteca o prenda que garantice el cr\u00e9dito cobrado, o se perjudique el valor o la venalidad de los bienes embargados. Sobre este punto podemos decir que como no se ha realizado la actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, lo cual ha podido efectuar el ejecutado pero no lo ha hecho, se hace imposible ejecutar la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica para establecer cu[\u00e1]l ser\u00eda el doble del cr\u00e9dito y las costas; pero independientemente a esto, encontramos que el \u00fanico bien que podr\u00eda garantizar el pago del cr\u00e9dito aqu\u00ed cobrado ser\u00eda el inmueble distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 375-0037117, ya que \u00e9ste no tiene gravamen alguno que lo afecte pero resulta que si existe un cr\u00e9dito preferente de pago, de acuerdo con las normas sustantivas, que acumul\u00f3 su medida cautelar a este proceso y se trata de un proceso ejecutivo de alimentos, lo que genera que en el hipot\u00e9tico caso de rematarse este bien habr\u00eda que cancelar el cr\u00e9dito de alimentos, para lo cual se debe requerir al Juzgado donde se adelanta ese proceso para que se informe cu[\u00e1]l es el valor del cr\u00e9dito adeudado hasta ese momento, y luego, si sobra, se podr\u00eda hacer la imputaci\u00f3n al cr\u00e9dito cobrado en este proceso. <\/p>\n
(iv) Cuando exista embargo de remanente el juez deber\u00e1 poner los bienes desembargados a disposici\u00f3n del proceso en que haya sido decretado\u2026 <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, contrario a lo aducido por el reclamante, para la Sala la decisi\u00f3n criticada no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que su reclamo no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 no es m\u00e1s que una diferencia de criterio acerca de los motivos por los cuales el Tribunal acusado, muy a pesar de sus alegaciones, con suficiencia y fundado en las normas que encontr\u00f3 aplicables al caso concreto, concluy\u00f3 que deb\u00eda ratificarse el despacho adverso de las solicitudes de levantamiento cautelar y reducci\u00f3n de embargos que aqu\u00e9l plante\u00f3, para lo cual dicha autoridad s\u00ed sopes\u00f3 las circunstancias particulares del caso, siendo evidente, de un lado, que no se constituy\u00f3 la cauci\u00f3n exigida para el deprecado levantamiento de la medida, torn\u00e1ndose inviable la misma; y de otra parte, la prelaci\u00f3n que tiene el juicio de alimentos que conllev\u00f3 a la acumulaci\u00f3n de embargos, sin que, de momento, se tenga noticia definitiva del monto hasta el cual deben reservarse dineros para cubrir lo all\u00ed debido, aunado a que tampoco existen aval\u00faos respecto del veh\u00edculo y del otro inmueble, de donde el exceso en las cautelas no fue demostrado; lo que, a su turno, muestra la intrascendencia del error en que incurri\u00f3 esa Colegiatura al indicar que el veh\u00edculo no est\u00e1 a \u00f3rdenes del proceso ejecutivo auscultado, en tanto que ello no var\u00eda en nada la determinaci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
De tal manera, esas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha sostenido de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone el despacho adverso de la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este veredicto. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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