STC11884-2022<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11884-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01382-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 05 de agosto de 2021, por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por la Compa\u00f1\u00eda de Servicios Empresariales y Comerciales Feniur S.A.S., y la sociedad Surtiventas Plastics R Y D LTDA., contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular al Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Villavicencio, a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Villavicencio, a la Notar\u00eda Segunda de esa ciudad y a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2013-00562-01. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las sociedades gestoras, por medio de apoderado judicial, reclamaron la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, contradicci\u00f3n, impugnaci\u00f3n, acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia y propiedad privada presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las pruebas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. Se\u00f1alaron las accionantes que con escritura p\u00fablica n.\u00ba 0271 de 28 de enero de 2013, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo Notarial de Villavicencio, celebraron contrato de compraventa con Melissa Johanna Cort\u00e9s Puerta respecto del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 230-13020, ubicado en Villavicencio e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad. <\/p>\n
2.2. Por otra parte, en contra de Gerardo Rold\u00e1n Guti\u00e9rrez se adelant\u00f3 el proceso penal de radicado 2013-00562, por la presunta comisi\u00f3n del delito de \u00ababuso de condiciones de inferioridad agravado\u00bb, cuya v\u00edctima reconocida fue Segundo Bernal. Ello, como consecuencia de la enajenaci\u00f3n de unos bienes de propiedad de este, entre los cuales, se encuentra el predio referido. <\/p>\n
2.3. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Villavicencio, quien, a trav\u00e9s sentencia de 4 de agosto de 2020, lo absolvi\u00f3. <\/p>\n
2.4. Al desatar el recurso de alzada formulado por el apoderado de la v\u00edctima y el representante de la Procuradur\u00eda, la Sala Penal del Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, con prove\u00eddo de 10 de diciembre siguiente, declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal a favor del procesado por prescripci\u00f3n. Determinaci\u00f3n que fue recurrida mediante remedio de reposici\u00f3n presentado por aquel mandatario y la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
2.5. El Tribunal cuestionado, con auto de 8 de junio de 2021, resolvi\u00f3 reponer parcialmente su decisi\u00f3n, para ordenar la cancelaci\u00f3n, entre otras, de la escritura p\u00fablica por medio de la cual las promotoras adquirieron el inmueble descrito, as\u00ed como la anulaci\u00f3n de la inscripci\u00f3n respectiva en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 230-13020. <\/p>\n
2.6. Refirieron las tutelantes que Melissa Johanna Cort\u00e9s Puerta -vendedora-, se comunic\u00f3 con los representantes legales de dichas compa\u00f1\u00edas para informarles que, por causa del prove\u00eddo precedente, tanto las escrituras p\u00fablicas como los registros relativos a su derecho de propiedad ser\u00edan cancelados. <\/p>\n
3. Se duelen las actoras que la Colegiatura accionada con la providencia de 8 de junio de 2021, acometi\u00f3 una v\u00eda de hecho que transgrede sus derechos fundamentales, la cual se puede evidenciar en la incurrencia de los defectos \u00absustantivo por desconocimiento\u2026del precedente constitucional\u00bb, \u00abprocedimental absoluto\u00bb y \u00abf\u00e1ctico\u00bb. <\/p>\n
Respecto del primero, arguyeron que el Tribunal desconoci\u00f3 del precedente de la Corte Constitucional establecido en relaci\u00f3n con \u00abla procedencia de la orden de cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos y levantamiento de registros de propiedad frente a derechos de terceros de buena [fe]\u00bb. Por cuanto, a pesar de invocar las sentencias C-060 de 2008 y C-395 de 2019, \u00abignor[\u00f3], de forma deliberada, injustificada y caprichosa, la subregla que est\u00e1 orientada a garantizar la participaci\u00f3n de los terceros de buena fe\u2026garantizado [su] ejercicio de la contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al segundo, se\u00f1alaron que la autoridad judicial convocada al emitir la determinaci\u00f3n objeto de reproche no se percat\u00f3 que \u00aben el proceso penal no existi\u00f3 ning\u00fan tipo de vinculaci\u00f3n o enteramiento para con las sociedades\u00bb accionantes; por lo que, \u00abno tuvieron la oportunidad de probar su condici\u00f3n de terceros de buena fe exenta de culpa\u00bb, lo cual impidi\u00f3 \u00abtoda posibilidad de defensa [y] el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente al tercero, manifestaron que la Colegiatura accionada \u00abno realiz\u00f3 an\u00e1lisis o valoraci\u00f3n\u2026de los medios de prueba\u00bb y dio por acreditados hechos que no est\u00e1n probados, pues \u00aben la providencia objeto de ataque constitucional, no se [hizo] la m\u00e1s m\u00ednima referencia al material probatorio, ni siquiera a un principio de prueba que le hubiere permitido a la sala de decisi\u00f3n acusada haber llegado a la conclusi\u00f3n a la que finalmente lleg\u00f3, esto es, que los t\u00edtulos de propiedad que hoy se han ordenado en cancelaci\u00f3n son espurios o fraudulentos\u00bb. <\/p>\n
4. De conformidad lo expuesto, solicitaron dejar sin efectos el auto de 8 de junio de 2021, proferido por el juzgador querellado y que se le ordene a esa autoridad que en el t\u00e9rmino de 48 horas \u00abprofiera una nueva providencia en que se desate la segunda instancia del ya mencionado proceso penal\u2026con observancia de las directrices que el Juez Constitucional emita para asegurar la solvencia y realizaci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio argument\u00f3 que por medio de auto de 8 de junio de 2021, resolvi\u00f3 reponer parcialmente la decisi\u00f3n adoptada el 10 de diciembre de 2020 y accedi\u00f3 a la solicitud de los recurrentes \u00aben el sentido de \u2018ordenar la cancelaci\u00f3n de las Escrituras P\u00fablicas Nos. 6815 de 2012 y 0271 de 2013 de la Notaria Segunda del C\u00edrculo de Villavicencio y la cancelaci\u00f3n de las inscripciones de dichas escrituras al folio de matr\u00edcula inmobiliaria 230-10320 del C\u00edrculo de Villavicencio\u2019, tras considerar que pese a que oper\u00f3 la prescripci\u00f3n, el procesado hab\u00eda ejecutado un comportamiento con relevancia penal al enga\u00f1ar a la v\u00edctima para que esta enajenara todos sus bienes conducta que no pod\u00eda constituir \u2018justo t\u00edtulo ni legalizar \u2018el derecho de dominio de tales bienes en quien actualmente alegue su propiedad\u2019\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la determinaci\u00f3n confutada se tom\u00f3 con sustento en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte \u00abseg\u00fan la cual, cuando los t\u00edtulos son falsificados, s\u00ed es posible el restablecimiento del derecho por cuanto ello no exige necesariamente un juicio de autor\u00eda o participaci\u00f3n. [Debido a que], el car\u00e1cter ap\u00f3crifo del registro puede establecerse con total independencia de la autor\u00eda o participaci\u00f3n de una persona en particular\u00bb. Adem\u00e1s, se bas\u00f3 en la jurisprudencia de la Corte Constitucional conforme con la cual \u00abla prevalencia del derecho de las v\u00edctimas\u2026\u2018constituye una garant\u00eda intemporal que dimana directamente de la Constituci\u00f3n\u2019\u00bb2. <\/p>\n
Finalmente, apuntal\u00f3 que respecto de los terceros de buena fe que pueden ver perjudicado su patrimonio con la decisi\u00f3n, la jurisprudencia ha determinado que \u00ablos derechos que le asisten al propietario v\u00edctima de la conducta punible prevalecen sobre los de aquellos\u00bb, quienes en todo caso, cuentan con la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n civil con el prop\u00f3sito de solicitar \u00abel resarcimiento de los perjuicios e indemnizaci\u00f3n por parte de quien le enajen\u00f3 el bien\u00bb3. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Villavicencio tras indicar las razones por las cuales dict\u00f3 la sentencia absolutoria en primera instancia, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutela, habida cuenta que el presunto agravio a los derechos fundamentales del extremo activo \u00abderiv\u00f3 de las determinaciones adoptadas [en segunda instancia] en punto del restablecimiento del derecho\u00bb4. <\/p>\n
3. El Fiscal Noventa Seccional de la Direcci\u00f3n Especializada contra la Corrupci\u00f3n -DECC- Grupo CAJ se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n confutada es ajustada a derecho y est\u00e1 acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente con la sentencia C-060 de 2008, mediante la cual se declar\u00f3 inexequible la palabra \u00abcondenatoria\u00bb del inciso 2\u00ba del precepto 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, que establece la posibilidad de cancelar los registros de los bienes sujetos a dicha formalidad, cuando existan motivos fundados para inferir que el t\u00edtulo de propiedad fue obtenido fraudulentamente. Y justamente, eso fue lo que pretendieron los recurrentes con el remedio formulado en contra del prove\u00eddo de 10 de diciembre de 2020 que decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, pues nada se dijo al respecto. \u00ab[P]or lo que, esta falencia fue corregida el pasado 8 de junio de 2021, por la Sala de Decisi\u00f3n accionada\u00bb, como quiera que \u00abel t\u00edtulo de propiedad del inmueble fue obtenido fraudulentamente\u00bb (subrayas del texto original). <\/p>\n
Por otra parte, esa autoridad se quej\u00f3 de que, en su sentir, el Tribunal en la providencia reprochada no resolvi\u00f3 de fondo los argumentos de la apelaci\u00f3n, sino que decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, la cual seg\u00fan ella \u00abprescrib\u00eda el 15 de diciembre de 2020\u00bb; de modo que, \u00abse le cerr\u00f3 la v\u00eda procesal a la v\u00edctima \u2013 SEGUNDO BERNAL y a la propia Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, de interponer el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n\u00bb. Por \u00faltimo, asever\u00f3 que \u00abno es cierto\u00bb que las accionantes desconocieran la referida causa penal; por cuanto, los representantes legales de esas compa\u00f1\u00edas participaron en la fase indagaci\u00f3n rindiendo entrevistas, \u00aby en sede de juicio oral, fueron escuchados en Testimonio\u00bb, \u00abluego s\u00ed sab\u00edan del desarrollo del proceso\u00bb, pero no solicitaron ser reconocidos como v\u00edctimas en la actuaci\u00f3n penal para hacer prevalecer sus derechos5. <\/p>\n
4. Quien dijo se apoderado judicial de Segundo Bernal, se\u00f1al\u00f3 que las prerrogativas de las promotoras no se transgredieron en el proceso penal; debido a que, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el precepto 101 de la Ley 906 de 2004 y en la sentencia C-060 de 2008, es posible ordenar la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos y las anotaciones en los registros de matr\u00edcula inmobiliaria de los bienes obtenidos fraudulentamente, tal y como lo hizo el convocado. Asegur\u00f3 que los representantes legales de las compa\u00f1\u00edas gestoras \u00abtuvieron conocimiento de la actuaci\u00f3n penal desde antes de la imputaci\u00f3n\u00bb al punto que \u00abrindieron entrevista\u00bb y pudiendo acudir a ella en calidad de \u00ab\u2018v\u00edctimas\u2019\u00bb -art- 132 del C.P.P.-, de \u00abpresentar y controvertir pruebas y de acudir al juez competente para hacer valer sus derechos\u00bb, \u00abno lo hicieron\u00bb. Anot\u00f3 que la decisi\u00f3n controvertida orden\u00f3 la cancelaci\u00f3n de las escrituras y los registros correspondientes, mas no exhort\u00f3 a la entrega del predio, \u00abcuesti\u00f3n que ser\u00e1 materia de la acci\u00f3n reivindicatoria que deber\u00e1 promover la [v\u00edctima] en orden de recuperar la posesi\u00f3n del bien, y en ella las sociedades accionantes tendr\u00e1n derecho a controvertir si obraron de buena o mala fe, y a disputar las restituciones mutuas del t\u00e9rmino del C\u00f3digo Civil, y tambi\u00e9n tendr\u00e1n la ocasi\u00f3n de reclamar a su vendedora\u2026por la garant\u00eda de evicci\u00f3n establecida en la legislaci\u00f3n\u00bb6. <\/p>\n
5. El Notario Segundo del C\u00edrculo de Villavicencio relacion\u00f3 las escrituras p\u00fablicas que a trav\u00e9s del prove\u00eddo censurado fueron canceladas y manifest\u00f3 que no le constaban los hechos de la tutela7. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo deprecado al encontrar que la determinaci\u00f3n fustigada fue razonable. Para ello, argument\u00f3 que una vez \u00abverificado el an\u00e1lisis efectuado por el Ad quem, \u00e9ste se advierte ajustado a la normatividad aplicable al caso y los par\u00e1metros jurisprudenciales que desarrollan la materia, siendo cosa distinta, se repite, que no sea compartido por las promotoras como antiguas propietarias del inmueble de marras, circunstancia que por s\u00ed misma no es raz\u00f3n suficiente para predicar la existencia de una arbitrariedad\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que esa decisi\u00f3n \u00abno se observa\u2026caprichosa, carente de motivaci\u00f3n y contraria a derecho, sino que se trata del estudio de la norma aplicada al caso puesto a conocimiento, estableci\u00e9ndose que resultaba necesario ordenar la cancelaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas relacionadas en la providencia, as\u00ed como su registro en el historial inmobiliario del bien, en procura del restablecimiento de los derechos de la v\u00edctima, Segundo Bernal, sin que se advierta irregularidad alguna que pueda comprometer sus derechos fundamentales\u00bb, criterio que se acompasa con la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la presunta vulneraci\u00f3n de las prebendas fundamentales de las promotoras como consecuencia de que no fueron llamadas a participar como terceros de buena fe en la actuaci\u00f3n penal ya identificada, concluy\u00f3 que en efecto, \u00ablos representantes legales de la Compa\u00f1\u00eda de Servicios Empresariales y Comerciales Feniur S.A.S., y Surtiventas Plastics R Y D LTDA.,\u2026estuvieron al tanto de la actuaci\u00f3n, pues aun cuando no participaron en calidad de parte o interviniente especial, estaban enterados de su existencia pues acudieron en la indagaci\u00f3n, rindiendo entrevistas de 8 de octubre de 2013 ante el C.T.I., y declarando en el marco del juicio oral en sesi\u00f3n de 11 de septiembre de 2019\u2026Por lo que, no hay duda, que las empresas que se duelen en el tr\u00e1mite fundamental por no haber sido convocadas al proceso penal ten\u00edan conocimiento, a trav\u00e9s de sus representantes legales, de la existencia de aquel, no obstante, no solicitaron su reconocimiento al interior de \u00e9l\u00bb. Por \u00faltimo, subray\u00f3 que, \u00ablo anterior, no obsta para que por otras sendas procuren la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado, particularmente, ante la jurisdicci\u00f3n civil, donde se establecen mecanismos para que se restablezcan las prerrogativas afectadas\u00bb. <\/p>\n
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III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon las gestoras, quienes, al reiterar los planteamientos del escrito inicial, manifestaron su desacuerdo con los argumentos esbozados en el fallo de primera instancia y se\u00f1alaron que el a quo constitucional no se refiri\u00f3 al defecto f\u00e1ctico advertido teniendo el deber de hacerlo. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad judicial cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de las accionantes, con ocasi\u00f3n de la providencia dictada el 8 de junio de 2021, mediante la que se orden\u00f3 la anulaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica n.\u00ba 0271 de 28 de enero de 2013, contentiva de la compraventa del inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 230-10320 y la cancelaci\u00f3n del registro de tal instrumento en el respectivo folio. Ello pues, adujo que la misma se emiti\u00f3 carente de valoraci\u00f3n y en contrav\u00eda del precedente judicial. Igualmente, se duelen de que en el proceso penal se present\u00f3 una falta de garant\u00edas y oportunidades para participar y ejercer efectivamente su derecho de defensa en la actuaci\u00f3n penal. <\/p>\n
2. Previene la Sala que el reproche de las accionantes contra la decisi\u00f3n de 8 de junio de 2021, por medio de la cual Tribunal cuestionado, resolvi\u00f3 reponer parcialmente el auto de 10 de diciembre de 2021, no se abre paso porque al resolver el recurso de reposici\u00f3n propuesto, esa Colegiatura expres\u00f3 las razones que la llevaron a restablecer el derecho de la v\u00edctima ordenando la cancelaci\u00f3n de la escritura, a trav\u00e9s de la cual las quejosas adquirieron el inmueble descrito y la subsiguiente anulaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n respectiva en el folio de matr\u00edcula citado. <\/p>\n
2.1. Para ello, despu\u00e9s de resumir los motivos por los cuales resolvi\u00f3 no aplicar el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 83 del C\u00f3digo Penal, referido a extender el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal cuando la conducta punible sea realizada por un servidor p\u00fablico en ejercicio o con ocasi\u00f3n de sus funciones, advirti\u00f3 con sustento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que \u00abel restablecimiento del derecho de la v\u00edctima es una garant\u00eda intemporal que dimana directamente de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, destac\u00f3 especialmente el ad quem que acog\u00eda el criterio contenido en la sentencia C-395 de 2019, en la que se reitera las razones establecidas en el fallo C-060 de 2008, dictados por el Alto Tribunal de lo Constitucional, prove\u00eddos mediante los cuales esa Corporaci\u00f3n estima la prevalencia de los derechos de las v\u00edctimas sobre las prerrogativas de los procesados. Para el efecto destac\u00f3 de la \u00faltima de esas providencias que \u00abes clara la obligaci\u00f3n que tienen los funcionarios judiciales dentro del proceso penal, de garantizar la participaci\u00f3n de la v\u00edctima a trav\u00e9s de recursos efectivos y de adoptar las medidas relacionadas con el restablecimiento del derecho de las v\u00edctimas de delitos, aun cuando haya prescrito la conducta punible. Por lo tanto, el restablecimiento del derecho se puede reconocer en cualquier etapa del proceso penal y no necesariamente en la audiencia de juzgamiento, en la medida en que, se reitera, \u00e9ste es independiente de la responsabilidad penal\u00bb. (Resaltado original). <\/p>\n
Acto seguido, enfatiz\u00f3 que desde el prove\u00eddo dictado el 11 de diciembre de 2013, en el proceso de radicado 42737, la Sala Penal de esta Corte, igualmente \u00abhizo prevalecer sobre los derechos de la v\u00edctima sobre los terceros de buena fe, en materia de cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos\u00bb, y resalt\u00f3 que en esa oportunidad se dijo que, lo anterior \u00abno significa que el tercero se halle desamparado o vea desatendidos sus derechos, pues en la mayor\u00eda de los casos, quedar\u00e1 latente la posibilidad de que por los procedimientos legales pertinentes, obtenga la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o causado\u00bb. Por lo tanto, apuntal\u00f3 que \u00abindependientemente de la declaratoria de responsabilidad penal truncada por la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica que a los hechos dio la Fiscal\u00eda, lo cierto es que respecto de la v\u00edctima hubo un comportamiento con relevancia penal que llev\u00f3 a que este fuera enga\u00f1ado dada su avanzada edad, y que por causa de esta suspicacia enajenara todos sus bienes. Este comportamiento no puede en este momento constituir justo t\u00edtulo que legalice el derecho de dominio de tales bienes en quien actualmente alegue su propiedad\u00bb. <\/p>\n
2.2. En consecuencia, revisada la determinaci\u00f3n objeto de controversia, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguarda; debido a que, se llev\u00f3 a cabo en observancia de un imperativo legal y tal conclusi\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las circunstancias del caso concreto y de la normativa que gobierna el asunto, esto es, la Ley 906 de 2004, que, ciertamente, en el inciso 2\u00ba del precepto 101, se\u00f1ala la posibilidad de ordenar la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos y registros de propiedades cuando exista convencimiento sobre las circunstancias que originaron dicha medida. Adem\u00e1s de haber realizado una referencia abundante a precedentes jurisprudenciales sobre la materia tanto de la Corte Constitucional como de la misma Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que posibilitan la implementaci\u00f3n de dicha medida cuando se observan las circunstancias para su adopci\u00f3n, a fin de restablecer los derechos de la v\u00edctima. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, observa la Corte una disparidad de criterios entre lo considerado por los despachos accionados -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparados en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial – y lo planteado por el solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso; pues, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juzgador de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
4. Ahora, respecto de la inconformidad de las promotoras referido a la inexistencia de oportunidades para llevar a cabo su defensa como consecuencia de que no fueron llamadas a participar en el referido proceso, se hace necesario indicar, prohijando lo se\u00f1ado por la hom\u00f3loga a quo, que a las quejosas les correspond\u00eda solicitar el reconocimiento como terceros de buena fe al interior de la causa penal en el momento procesal correspondiente, m\u00e1s a\u00fan cuando ten\u00edan conocimiento de la existencia de la actuaci\u00f3n desde sus or\u00edgenes. Lo anterior, por cuanto, tal y como se puede evidenciar de las piezas procesales adosadas al expediente, los representantes legales de esas compa\u00f1\u00edas rindieron entrevista en la fase de indagaci\u00f3n y declararon en el marco de juicio oral8 y, a pesar de que, pudieron requerir su vinculaci\u00f3n al proceso, no lo hicieron. <\/p>\n
5. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
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III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Anexo \u201cCOMPA\u00d1\u00cdA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALES FENIUR S.A.S.\u201d. Carpeta \u201c1 118020REPARTO\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 La Sala, refiri\u00f3 las providencias CSJ AP, 10 Sep. 2014, Rad. 43716; CSJ AP, 15 Oct. 2014, Rad. 43641; y CSJ SP, 10 Jun. 2009, Rad. 22881 de esta Corte y las sentencias C-395 de 2019 y C-060 de 2008 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
3\u0002 Anexo \u201cRespuesta Juzgado\u201d. Carpeta \u201cRespuestas\u201d. Expediente digital. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Anexo \u201cRespuesta Tribunal\u201d. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Anexo \u201cRespuesta Fiscal\u00eda\u201d. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Anexo \u201cRespuesta Abogado\u201d. Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Anexo \u201cRespuesta Notaria\u201d. Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Respecto de la entrevista rendida en la fase de indagaci\u00f3n el 8 de octubre de 2013, v\u00e9ase el anexo allegado por el Fiscal 90 Seccional DECC -Grupo CAJ y en relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n surtida en el juicio oral en sesi\u00f3n de 11 de septiembre de 2019, l\u00e9ase los folios 32 y 36 de la sentencia absolutoria dictada el 4 de agosto de 2020. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11884-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC11884-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01382-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de septiembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 05 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67034","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67034","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67034"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67034\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67034"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67034"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67034"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}