STC11885-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11885-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02974-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal acusado porque, en concreto, en la acci\u00f3n popular que \u00e9l promovi\u00f3 contra el \u00abAlmac\u00e9n Navidad Francos Confecciones y Decoraci\u00f3n\u00bb (radicado 2021-00171), apelada la sentencia de primer grado, desde el 3 de noviembre de 2021 el asunto fue radicado, repartido e ingresado al despacho del ad-quem convocado para el tr\u00e1mite de ese recurso, y s\u00f3lo hasta el 3 de mayo de 2022 se admiti\u00f3 el mismo, a la vez que se prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para fallar, en aplicaci\u00f3n del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, retornando el proceso al despacho desde el d\u00eda 17 siguiente, sin que a la fecha se haya emitido decisi\u00f3n de segunda instancia; con lo cual, adujo, se desconoce el lapso perentorio que para tal efecto contempla el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, aunado a que la citada norma del estatuto procesal civil se muestra inaplicable a tr\u00e1mites populares como el aqu\u00ed atacado. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3, entonces, exigir \u00abal tutelado respetar y cumplir [el] art. 37 [de la] Ley 472 de 1998[,] ordenando fallar en el t\u00e9rmino perentorio de tiempo que le impone y manda [el] art. 37 [de la] Ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, destac\u00f3 que su decisi\u00f3n del pasado 3 de mayo, en la que admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para fallar, \u00abno fue recurrida por el accionante\u00bb; que \u00ab[e]l plazo para desatar la instancia no ha vencido\u00bb; y que \u00abel presente amparo se torna improcedente por incumplirse el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que el accionante omiti\u00f3 ejercitar los mecanismos judiciales ordinarios con que contaba al interior del proceso, acudiendo directamente a la acci\u00f3n de tutela; aunado a que el asunto est\u00e1 en tr\u00e1mite, pendiente de desatar la alzada, para lo cual se reitera, no ha vencido el t\u00e9rmino de ley, con sustento en lo establecido en el art\u00edculo 121 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, al momento de someter a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, revisada la demanda de tutela, se advierte que el gestor critic\u00f3 al Tribunal, en concreto, la tardanza en la definici\u00f3n de la segunda instancia en el tr\u00e1mite popular cuestionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considera la Sala que el resguardo reclamado est\u00e1 llamado a prosperar de forma parcial, lo que impone conceder la salvaguarda, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3. En primer lugar, debe precisarse que, contrario a lo expuesto por el Tribunal al dar respuesta a la demanda de tutela, el quejoso s\u00ed interpuso, oportunamente, recurso de reposici\u00f3n frente a su prove\u00eddo de 3 de mayo de 2022, cuestion\u00e1ndole, esencialmente, la aplicaci\u00f3n del precepto 121 del C\u00f3digo General del Proceso a dicho tr\u00e1mite popular, como se pudo constatar al revisar el expediente digital contentivo de ese asunto.1 <\/p>\n
4. Zanjado lo anterior, ciertamente se muestra inaceptable que despu\u00e9s de m\u00e1s de tres (3) meses de ingresado el expediente al despacho, con un claro informe secretarial de 17 de mayo de 2022, en el que se se\u00f1al\u00f3 que en el lapso de ejecutoria del auto aludido a espacio el quejoso \u00aballeg\u00f3 escrito\u00bb, no se haya adoptado ninguna medida para dar el tr\u00e1mite debido al referido recurso de reposici\u00f3n, m\u00e1xime cuando, la eventual falta de diligencia de la Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n acusada, en cuanto a correr su traslado previo (art\u00edculo 319 -inciso 2\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso), no puede interpretarse en disfavor del accionante. <\/p>\n
4.1. Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a la protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos(\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
4.2. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse pero no con el alcance pretendido por el censor, por cuanto por ahora es inexigible el proferimiento de sentencia de segunda instancia en el juicio recriminado, comoquiera que est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n el recurso de reposici\u00f3n al que se hizo alusi\u00f3n en l\u00edneas anteriores, evidenci\u00e1ndose una tardanza injustificada por parte del Tribunal en punto a definir este \u00faltimo para impulsar el tr\u00e1mite subsiguiente, sin que le resulte viable excusarse en el eventual error en que incurri\u00f3 su Secretar\u00eda al efectuar el ingreso del asunto al despacho sin haber corrido el traslado de aquella censura, pues, en verdad, esa falta de diligencia no puede endilgarse al usuario de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En un asunto con alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed auscultado, la Corte expuso que: <\/p>\n
\u2026El otro cuestionamiento planteado tiene qu\u00e9 ver con la ausencia de respuesta al memorial presentado por el querellante el pasado 13 de julio, con el que buscaba que el juez convocado aplicara el art\u00edculo 85 pen\u00faltimo inciso del estatuto de los ritos. <\/p>\n
En este punto, se tiene que a hoy no existe certeza de alg\u00fan pronunciamiento que resuelva esa misiva ni del impulso por Secretar\u00eda para que as\u00ed suceda, pues, ninguna actuaci\u00f3n en ese sentido obra en las diligencias, ni el Juzgado inform\u00f3 en el curso de la queja sobre tal circunstancia. Tampoco se adujo ni demostr\u00f3 alguna excusa v\u00e1lida para tal reproche. <\/p>\n
No se olvide que el art\u00edculo 107 del estatuto procesal civil [hoy 109 del C\u00f3digo General del Proceso] prev\u00e9 que \u201c[e]l secretario har\u00e1 constar la fecha de presentaci\u00f3n de los memoriales que reciba, pero solo pasar\u00e1 al despacho de modo inmediato y con el respectivo expediente, aquellos que requieran decisi\u00f3n o los agregar\u00e1 a este si se encuentra all\u00ed para que resuelva simult\u00e1neamente todas las peticiones pendientes. Los dem\u00e1s escritos y comunicaciones que no contengan una solicitud o no requieran de un pronunciamiento se agregar\u00e1n al expediente por el secretario sin necesidad de auto que lo ordene\u201d (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
Dado que el se\u00f1alado escrito ameritaba una contestaci\u00f3n, era necesario su ingreso al Despacho con ese prop\u00f3sito. Sin embargo, al no proceder as\u00ed, se dio un actuar poco diligente que conlleva al resguardo como la v\u00eda adecuada para proteger los derechos conculcados (Se destac\u00f3 – CSJ STC, 27 nov. 2013, rad. 2013-00056-01). <\/p>\n
4.3. Adem\u00e1s, no se advierte la presencia de circunstancias excepcionales que hayan obstaculizado la materializaci\u00f3n de tal cometido. <\/p>\n
Sobre el tema en comento (mora judicial), en pret\u00e9ritas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Igualmente, en otro asunto de similares contornos, esta Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
5. En ese orden, no cabe duda de que el despacho accionado ha trasgredido las garant\u00edas del actor pero, de momento, porque ha dilatado injustificadamente el desatar el recurso de reposici\u00f3n por \u00e9l propuesto frente al prove\u00eddo del pasado 3 de mayo, en el que se admiti\u00f3 la alzada y se prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para su definici\u00f3n, acorde al canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso; sin que, por ahora, esta Corte pueda anticiparse a pronunciarse respecto a las alegaciones all\u00ed planteadas de cara a la inviabilidad de la aplicaci\u00f3n de dicho canon normativo a las acciones populares, pues precisamente ese es un aspecto que corresponde dilucidar, de primera mano, al fallador ordinario; razones por las cuales se conceder\u00e1 la salvaguarda, con alcance parcial, para que el Tribunal acusado, de no haberlo hecho, tras surtir el traslado del mentado recurso horizontal, lo resuelva y adopte las medidas que encuentre adecuadas para imprimir a la actuaci\u00f3n el tr\u00e1mite que corresponda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede, con alcance parcial, el amparo al derecho al debido proceso de Gerardo Alonso Herrera Hoyos. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, en la acci\u00f3n popular adelantada bajo el radicado 66682-31-03-001-2021-00171-01, tras surtir el traslado del recurso de reposici\u00f3n propuesto por el accionante el 4 de mayo de 2022, frente al prove\u00eddo que dict\u00f3 el d\u00eda anterior, proceda a resolverlo y adoptar las medidas que halle adecuadas para imprimir a la actuaci\u00f3n el tr\u00e1mite que corresponda, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
La autoridad judicial accionada informar\u00e1 sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, se deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, en caso de no impugnarse este veredicto, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver archivo en formato pdf denominado \u00ab07EscritoGerardoHerrera\u00bb de la carpeta \u00ab02SegundaInstancia\u00bb del expediente digital contentivo de la acci\u00f3n popular objeto del presente reclamo constitucional. <\/p>\n
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