STC11886-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11886-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00805-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 10 de mayo de 2022, por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, con la cual se deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Azucena del Carmen Cristancho Triana contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y el Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional, Santander. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a la Organizaci\u00f3n Popular de Vivienda San Luis, Santander -promotora del proyecto urbanizaci\u00f3n Villa Jazm\u00edn de ese municipio- y las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de constitucional e incidentes de desacato de radicado 2017-00019-06. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a los servicios p\u00fablicos, vida y vivienda en condiciones dignas presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales cuestionadas al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio1 y las pruebas que obran en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante: <\/p>\n
2.1. La actora inco\u00f3 acci\u00f3n de amparo en contra de Acuapuente S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios P\u00fablicos, con el prop\u00f3sito de se le ordenara a aquella la prestaci\u00f3n efectiva de los servicios p\u00fablicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a favor del predio de su propiedad, ubicado en el lote de terreno n.\u00ba 01 de manzana A, identificado con nomenclatura carrera 5 D # 21-06 de la Urbanizaci\u00f3n Villa Jazm\u00edn del municipio de Puente Nacional. <\/p>\n
2.2. Con fallo de 4 de noviembre de 2017, el Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional, accedi\u00f3 al ruego deprecado y dict\u00f3 algunas \u00f3rdenes dirigidas a resolver la problem\u00e1tica suscitada por la tutelante. <\/p>\n
2.3. Al dirimir la alzada, mediante sentencia dictada el 22 de enero de 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, confirm\u00f3 el numeral primero de la anterior decisi\u00f3n y revoc\u00f3 los numerales del segundo al sexto, a fin de ordenarle al representante legal de Acuapuente S.A. E.S.P., \u00abque en el t\u00e9rmino de m\u00e1ximo un (1) mes, contado a partir de la notificaci\u00f3n de [esa] decisi\u00f3n constru[yera] las redes matrices o primarias de acueducto para el Proyecto de Vivienda Urbanizaci\u00f3n Villa Yazm\u00edn (sic) del municipio de Puente Nacional\u2026, as\u00ed como las redes matrices o primarias de alcantarillado, con las obras que sean requeridas para tal fin\u00bb. <\/p>\n
2.4. Esa autoridad judicial ampli\u00f3 el plazo para el cumplimiento de las \u00f3rdenes tutelares a trav\u00e9s de prove\u00eddos de 22 de febrero -por 5 meses-, 6 de junio -5 meses- y 3 de diciembre de 2018 -3 meses-. La obra finalmente fue entregada el 02 de diciembre de 2019. Sin embargo, durante la calenda 2020, accionante present\u00f3 varios escritos en los que expres\u00f3 su insatisfacci\u00f3n con la misma y elev\u00f3 m\u00faltiples solicitudes de apertura de incidente de desacato requiriendo el acatamiento del precitado fallo constitucional. <\/p>\n
2.5. El 23 de febrero de 2021, nuevamente, la promotora formul\u00f3 incidente de desacato, afirmando que Acuapuente S.A. E.S.P., no hab\u00eda dado cumplimiento a la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.6. Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, por medio de auto de 8 de marzo de 2021, el Juzgado fustigado resolvi\u00f3 abstenerse de continuar con el tr\u00e1mite incidental presentado por la gestora y declar\u00f3 el cumplimiento de fallo de tutela de 22 de enero de 2018, proferido por el juzgador colegiado. Inconforme, la accionante requiri\u00f3 al estrado de conocimiento que revocara \u00aben consulta la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.7. Mediante providencia de 7 de abril de 2021, la Colegiatura censurada resolvi\u00f3 \u00abABSTENERSE de decidir la consulta de la providencia proferida el 08 de marzo del a\u00f1o en curso…\u00bb. <\/p>\n
3. La gestora reprocha que con las determinaciones de 8 de marzo y de 7 de abril de 2021, se le desconocen los derechos que fueron protegidos por medio de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n primigenia e impiden su defensa, \u00abal no prestarse por parte de ACUAPUENTE S.A. E.S.P. a la suscrita los servicios p\u00fablicos que est\u00e1 obligado por ley y por el fallo judicial de tutela\u00bb, en virtud de que las tuber\u00edas de la urbanizaci\u00f3n no se encuentran conectadas a la red matriz o principal de alcantarillado del municipio. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expuesto, deprec\u00f3 que se ordene \u00abde forma inmediata revocar el archivo de las diligencias de la acci\u00f3n de tutela\u00bb y se disponga \u00abcontinuar con los tramite (sic) de tutela y su cumplimiento de en \u00f3rdenes encaminadas a la conexi\u00f3n del servicio\u00bb por parte de la entidad demandada. Subsidiariamente, requiri\u00f3 que se conmine a la Acuapuente S.A. E.S.P., \u00abconstruir y conectar la red matriz de Alcantarillado a la red Secundaria o Interna de Alcantarillado del proyecto Villa Yasm\u00edn del Municipio de Puente Nacional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil solicit\u00f3 que se declara el presente ruego como improcedente. De un lado, refiri\u00f3 que la decisi\u00f3n dictada el 7 de abril de 2021, mediante el cual la Sala se abstuvo de decidir la consulta de la providencia emitida el 08 de marzo de 2021 por el a quo, es ajustada a derecho; por cuanto, \u00abno existi\u00f3 la imposici\u00f3n de ninguna sanci\u00f3n, y ante esa situaci\u00f3n era imposible para la Sala entrar a estudiar el asunto en sede de consulta\u00bb. Y, de otra parte, se\u00f1al\u00f3 que la quejosa desentendi\u00f3 el requisito de la inmediatez, habida cuenta que \u00abdesde el momento en que se dict\u00f3 el prove\u00eddo emitido por esta Sala el 07 abril de 2021, hasta el d\u00eda en que se formul\u00f3 el libelo -20 de abril de 2022-, transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (01) a\u00f1o\u00bb2. <\/p>\n
2. El Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional, luego de efectuar un recuento de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite tutelar y en los incidentes de desacato, pidi\u00f3 despachar de manera desfavorable la protecci\u00f3n invocada, con sustento en que no se desconocieron los derechos y garant\u00edas fundamentales de la gestora3. <\/p>\n
3. Acuapuente S.A. E.S.P. manifest\u00f3 que llev\u00f3 a cabo las actuaciones tendientes a dar cumplimiento al fallo de tutela y garantizar los derechos fundamentales de la accionante. Exhort\u00f3 a que se declare la tutela como improcedente por el incumplimiento del requisito general de procedibilidad de la inmediatez y porque la actora busca propiciar una instancia adicional dentro de dicho tr\u00e1mite4. <\/p>\n
4. La Superintendencia de Servicios P\u00fablicos solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y la declaratoria de la improcedencia del ruego conjurado5. <\/p>\n
5. La Alcald\u00eda del municipio de Puente Nacional, igualmente, requiri\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del presente resguardo por no estar legitimada en la causa por pasiva y pidi\u00f3 que se declare su improcedencia, en virtud de que la \u00abla \u00fanica intenci\u00f3n del (sic) accionante es revivir la discusi\u00f3n jur\u00eddica que ya fue resuelta\u00bb6. <\/p>\n
6. La Organizaci\u00f3n Popular de Vivienda San Luis coadyuv\u00f3 con las s\u00faplicas del amparo constitucional y destac\u00f3 que en la actualidad no se ha materializado el cumplimiento de la sentencia de tutela originaria porque \u00abno se cuenta con el servicio p\u00fablico conectado\u00bb; de ah\u00ed, no sea aceptable el archivo de las diligencias7. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n impetrada, al considerar que la decisi\u00f3n de 08 de marzo de 2021, emitida por el juez de primero grado es razonable. Para ello, apuntal\u00f3 que \u00abla argumentaci\u00f3n expuesta por el juez del incidente obedece al razonamiento efectuado en el marco de los principios de autonom\u00eda e independencia que orientan la funci\u00f3n judicial, de cara a las pruebas acopiadas en el tr\u00e1mite, an\u00e1lisis que, no se advierte caprichoso, arbitrario o antojadizo\u2026 por el contrario, que para adoptar el pronunciamiento descrito, el Juez Penal del Circuito de Puente Nacional examin\u00f3 las actuaciones desplegadas por el representante legal de la empresa incidentada para acatar el fallo de tutela…[Y] al haberse cumplido a cabalidad la orden, la decisi\u00f3n a adoptar por parte del Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional no era otra que abstenerse de iniciar el tr\u00e1mite incidental y, declarar el cumplimiento del fallo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien, tras reiterar los argumentos esbozados en el escrito inicial, manifest\u00f3 que sus derechos fundamentales \u00abse est\u00e1n vulnerando mientras no se realice la conectividad a la red principal con la red secundaria en el precio el ed\u00e9n de Propiedad de la O.P.V. SAN LUIS, promotora de la Urbanizaci\u00f3n \u2018VILLA YASMIN\u2019\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, la promotora pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con las decisiones emitidas el 08 de marzo y el 07 de abril de 2021, por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto el ruego no cumple con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
2.1 En efecto, entre el momento en que se profirieron las decisiones cuestionadas y la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo -18 de abril de 2022- transcurrieron m\u00e1s de seis meses, t\u00e9rmino superior al previsto por la jurisprudencia para promover la acci\u00f3n de tutela. Sobre la inmediatez, esta Sala ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. n.\u00ba 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2414-2021). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb8. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
3. Acorde con lo discurrido, el fallo objeto de reproche ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Anexo \u201c0002 123546Demanda\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Anexo \u201c123546Tribunalsangil\u201d. Carpeta \u201c123546Respuestas\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Anexo \u201c123546Juzgadopenal\u201d. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Anexo \u201c123546Acuapuenteesp\u201d. Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Anexo \u201c1123546Superservicios\u201d. Ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Anexo \u201c1123546Alcaldi\u0301apuentenacional\u201d. Ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Anexo \u201c123546OPVSanluis\u201d. Ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
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