STC11887-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11887-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00324-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Emilia Vargas Arrieta frente al fallo proferido el 26 de julio de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por ella contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, sin efectuar pretensi\u00f3n concreta alguna, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb y \u00abacceso a la justicia\u00bb, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada al omitir \u00abtramitar y ordenar el pago de los dineros depositados en el Banco Agrario\u2026 a [su] favor\u00bb. <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 la actora que con sentencia de 17 de junio de 2009 el Juzgado acusado decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico celebrado entre la accionante, quien hoy cuenta con 73 a\u00f1os de edad, y Oscar Armando L\u00f3pez Valeta, a la vez que declar\u00f3 a \u00e9ste c\u00f3nyuge culpable, por lo que le impuso pagar alimentos a su favor, en proporci\u00f3n del 20% de su asignaci\u00f3n pensional. <\/p>\n
2.2. Ante el incumplimiento en el pago de la referida cuota alimentaria, la quejosa entabl\u00f3 juicio ejecutivo exigiendo el pago de 6 millones de pesos debidos por tal concepto, a la vez que reclam\u00f3 el embargo de la asignaci\u00f3n pensional de aqu\u00e9l para la cancelaci\u00f3n de esa suma y las cuotas que se siguieran causando. <\/p>\n
2.3. El 28 de octubre de 2016 el Juzgado encartado libr\u00f3 mandamiento por el monto de capital atr\u00e1s referido y, all\u00ed mismo, orden\u00f3 al ejecutado \u00abpagar la suma mensual de $1.000.000\u2026[,] dentro de los primeros cinco d\u00edas de cada periodo mensual\u00bb; y el 26 de septiembre de 2018, al no existir oposici\u00f3n, dispuso continuar la ejecuci\u00f3n en los t\u00e9rminos establecidos en la liminar orden de apremio. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, cuestion\u00f3 la actora que el despacho acusado no se ha pronunciado sobre la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que se present\u00f3; que el 7 de junio \u00faltimo acudi\u00f3 al Banco Agrario de Colombia a cobrar los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial ordenados por el Juzgado convocado y tan s\u00f3lo se le proporcionaron $223.956 porque, acorde con lo que se le indic\u00f3 posteriormente, de forma verbal en \u00e9ste, \u00abno se pod\u00eda autorizar el pago de dinero alguno para cubrir el proceso ejecutivo de alimentos que all\u00ed se adelanta ya que [a ella] hab\u00eda sido pagada\u2026 la suma de\u2026 ($7.710.000) que fue la liquidaci\u00f3n hecha por la secretar\u00eda\u2026[,] la cual corresponde a los seis millones que se estaban cobrando m\u00e1s los intereses\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que desde el 26 de abril del a\u00f1o en curso solicit\u00f3 la entrega de todos los dineros, destacando su condici\u00f3n especial de persona de la tercera edad, la afectaci\u00f3n a su m\u00ednimo vital y que para el proceso reposan m\u00e1s de 21 millones, y a la fecha tal petici\u00f3n no ha sido atendida. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Banco Agrario de Colombia deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional porque \u00abno existe una vinculaci\u00f3n legal ni contractual que conlleve a que\u2026 sea sujeto pasivo de la acci\u00f3n constitucional, pues su actividad es de mero pagador de los dep\u00f3sitos\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, destac\u00f3 que en el asunto fustigado qued\u00f3 \u00aben firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito de\u2026 11 de agosto de 2021 por la suma de $7.710.000\u00bb, por lo que desde el 16 de noviembre siguiente procedi\u00f3 \u00abcon la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales tipo uno a la ejecutante\u00bb, resultando cobrada por \u00e9sta \u00abla suma de $8.044.034[,] que excede el total debido por concepto de la deuda\u00bb, motivo por el cual, el 11 de julio \u00faltimo, \u00abresolvi\u00f3 no acceder a la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales al observase que se excedi\u00f3 con el monto entregado aprobado en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, por lo que se suspendi\u00f3 el pago de los dineros hasta que se verifique la liquidaci\u00f3n de costas, para determinar si se ha configurado el pago total de la obligaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del Art. 447 del C.G.P y adem\u00e1s, se fijaron las agencias en derecho y [s]e dispuso la liquidaci\u00f3n de las costas por secretaria. Providencia esta \u00faltima que fue notificada mediante estado electr\u00f3nico del d\u00eda de hoy [se refiere al 13 de julio del a\u00f1o en curso]… Por lo que\u2026 ha cumplido con el tr\u00e1mite formal procesal de ley que requiere el proceso en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por lo dicho, sostuvo que se present\u00f3 un hecho superado que torna improcedente el reclamo constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar configurado un hecho superado porque en el curso de la tutela, con auto del pasado 11 de julio, el Juzgado acusado no accedi\u00f3 a entregar m\u00e1s t\u00edtulos, porque ya pag\u00f3 $8.044.034 y la liquidaci\u00f3n aprobada asciende a 7.710.000, de donde, afirm\u00f3, qued\u00f3 saldada la obligaci\u00f3n perseguida, restando tan s\u00f3lo cancelar las costas procesales, por lo que orden\u00f3 verificar su liquidaci\u00f3n para disponer su pago y cesar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatiz\u00f3 que la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas se evidencia por la carencia del \u00abpago puntual y completo de la cuota alimentaria\u00bb, y adicion\u00f3 que no le fue debidamente notificado el prove\u00eddo dictado por el estrado convocado en el curso de la tutela, comoquiera que no se le remiti\u00f3 por correo electr\u00f3nico como, en su sentir, lo impon\u00eda lo reglado en el Decreto 806 de 2020 y la jurisprudencia de esta Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
Por ello, se ha reconocido que cuando el juzgador se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Con apoyo en tales derroteros, fuerza anticipar que el pronunciamiento impugnado habr\u00e1 de revocarse, aunque no precisamente por los argumentos expuestos por la accionante, sino por lo que pasa a explicarse, de no olvidar que, como insistentemente lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel juez de tutela, cuando los asuntos a su cargo se lo impongan, al evidenciar el desconocimiento de garant\u00edas esenciales, est\u00e1 investido de facultades especiales para emitir decisiones ultra y extra petita en pro del principio de prevalencia del derecho sustancial (art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991)\u00bb (entre muchas otras CSJ STC9771-2019, 25 jun., rad. 2019-00104-02; y STC14074-2019, 15 oct., rad. 2019-01588-01). <\/p>\n
3.1. Se tiene que la censura se enfil\u00f3, en concreto, contra la aparente falta de definici\u00f3n de la solicitud de entrega de t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial planteada por la accionante en el juicio ejecutivo por alimentos cuestionado. <\/p>\n
Ahora, como se indic\u00f3 en los antecedentes de esta decisi\u00f3n, en el curso del presente tr\u00e1mite tutelar el Juzgado acusado emiti\u00f3 el auto de 11 de julio de 2022, en el que se pronunci\u00f3 adversamente frente a la petici\u00f3n referida a espacio, bajo el entendido que la obligaci\u00f3n perseguida, consistente en los 6 millones de capital y los respectivos intereses, ya hab\u00eda sido saldada, restando tan s\u00f3lo cuantificar las costas y disponer su pago para finalizar el asunto. <\/p>\n
3.2. Delimitado lo anterior, la intervenci\u00f3n del juez supralegal aqu\u00ed se muestra impostergable, en orden a salvaguardar los derechos esenciales de Emilia Vargas Arrieta, como sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, dada su condici\u00f3n de persona de la tercera edad, situaci\u00f3n excepcional que permite superar los presupuestos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto en este caso se observa una vulneraci\u00f3n patente de su derecho al debido proceso por parte de la sede judicial criticada, al concluir, para suspender la entrega de t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, que el juicio ejecutivo reprochado tan s\u00f3lo se extend\u00eda a la suma de 6 millones de capital y sus intereses, cuando, por el contrario, como qued\u00f3 sentado en los antecedes de esta providencia y se constat\u00f3 al auscultar las actuaciones surtidas en dicho asunto, adem\u00e1s de ello, el mandamiento de pago all\u00ed librado y la posterior orden de seguir adelante el cobro, comprendieron \u00abla suma mensual de $1.000.000\u00bb, a cancelarse \u00abdentro de los primeros cinco d\u00edas de cada periodo mensual\u00bb. <\/p>\n
4. En un asunto con leve simetr\u00eda al aqu\u00ed tratado, pero que, mutatis mutandis, se muestra aplicable al de ahora, de cara a la necesaria protecci\u00f3n alimentaria de las personas de la tercera edad, dej\u00f3 dicho la Sala: <\/p>\n
2. En el caso que ahora suscita la atenci\u00f3n de la Corte, el interesado pretende que se ordene al Juzgado\u2026 \u00aboficiar a COLPENSIONES, ordenando el descuento de la cuota alimentaria a [su] favor, y de las cuotas en mora, que hasta la fecha [l]e est\u00e1n adeudando\u00bb, dentro del proceso de alimentos de persona mayor, y posterior ejecutivo, que promovi\u00f3\u2026, pues en su sentir, a pesar de haber sido favorecido con la fijaci\u00f3n de una cuota alimentaria, el estrado judicial convocado ha omitido librar los oficios respectivos para la cautela de la mesada pensional de su hija. <\/p>\n
3. De la Inspecci\u00f3n judicial realizada al expediente se establece lo siguiente: <\/p>\n
\u00abel Juzgado admiti\u00f3 la demanda el d\u00eda 27 de Octubre de 2014 (\u2026), ordenando la fijaci\u00f3n de alimentos provisionales, sin pronunciarse sobre la solicitud de embargo, siendo notificado por Estado, no se present\u00f3 recurso alguno frente a ella; la demandada se notific\u00f3 personalmente el 20 de noviembre de 2014; luego, el 3 de diciembre de 2014 se fij\u00f3 fecha para la Audiencia de conciliaci\u00f3n y tr\u00e1mite (\u2026), luego el 4 de febrero de 2015, se dict\u00f3 sentencia, dej\u00e1ndose constancia de que ninguna de las dos partes acudi\u00f3 a la misma; [p]osteriomente se present\u00f3 demanda ejecutiva en cumplimiento de la sentencia de alimentos, en donde el 25 de mayo de 2015 el Juzgado se abstuvo de pronunciarse, alegando la falta de poder del abogado solicitante (\u2026), sin que se interpusiera recurso alguno frente a esa decisi\u00f3n\u00bb\u2026 <\/p>\n
4. Establecido lo anterior, es del caso se\u00f1alar que la Sala estima que se incurri\u00f3 en causal de procedibilidad del amparo, en la medida en que el juez convocado no ponder\u00f3 de manera alguna la petici\u00f3n de embargo o retenci\u00f3n de la mesada pensional de la alimentante, ni analiz\u00f3 como correspond\u00eda las circunstancias excepcionales que se denotan del ahora accionante. <\/p>\n
Al punto a dicho la Corte que <\/p>\n
\u00aben caso de los adultos mayores, quienes hacen parte de los grupos vulnerables, su subsistencia est\u00e1 comprometida en raz\u00f3n a su edad y condiciones de salud, cuya capacidad laboral se encuentra agotada y cuyo \u00fanico medio de supervivencia est\u00e1 representado en una pensi\u00f3n o ingresos propios, y que, al no contar con ellos, para asumir sus necesidades m\u00e1s elementales, afectan de manera inmediata su calidad de vida, y afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital, los coloca en una condici\u00f3n de indefensi\u00f3n, requiriendo una protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC3024-2015). <\/p>\n
Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, en la medida que el estrado judicial, se itera, omiti\u00f3 no s\u00f3lo pronunciarse respecto de la medida cautelar solicitada en la primera oportunidad, sino tambi\u00e9n en el fallo de instancia, al no disponer que se hicieran las deducciones correspondientes de la mesada pensional de la alimentante, pues claramente estaba ante un sujeto de especial protecci\u00f3n dada su avanzada edad, 94 a\u00f1os, que \u00e9ste demostr\u00f3 su necesidad econ\u00f3mica, y, a quien le era aplicable el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia en atenci\u00f3n de los principios constitucionales de dignidad humana y solidaridad, dado su estado de vulnerabilidad manifiesta. <\/p>\n
Al respecto esta Corte de vieja data ha precisado que <\/p>\n
\u00abla condici\u00f3n del accionante, merece un tratamiento especial y preferencial amparado por la Ley 1276 de 2009, a trav\u00e9s de la cual se modific\u00f3 la Ley 687 de 2001, cuyo objeto es la protecci\u00f3n a las personas de la tercera edad (o adultos mayores), quienes deben recibir la solidaridad de su familia para suplir sus necesidades y mejorar su calidad de vida, mediante una atenci\u00f3n integral, definida en el literal C del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1276 de 2009, como el \u2018conjunto de servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en el Centro Vida, orientados a garantizarle la satisfacci\u00f3n de sus necesidades de alimentaci\u00f3n, salud, interacci\u00f3n social, deporte, cultura, recreaci\u00f3n y actividades productivas, como m\u00ednimo\u2019\u00bb (C. S. J. STC. 11 feb. 2011, Rad. 2010-00394-01; reiterada en STC5029-2015) (CSJ STC10718-2015, 12 ag., rad. 2015-00302-01). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, en este asunto se observa la presencia de irregularidades suficientes para que deba accederse a la salvaguarda invocada por la accionante, lo que implica revocar el veredicto de primer grado para, en su lugar, ordenar al Juzgado encartado adoptar las medidas pertinentes para efectuar el adecuado control de legalidad que le impone el numeral 12 del canon 42 del C\u00f3digo General del Proceso1, en consonancia con el art\u00edculo 1322 del mismo estatuto, y adecuar su proceder en la causa recriminada, en pleno acatamiento de lo expresamente contemplado en el mandamiento de pago y la subsecuente orden de seguir adelante el cobro en sus t\u00e9rminos, especialmente en cuanto a que tales decisiones comprendieron no s\u00f3lo el capital de 6 millones debido, junto con sus intereses, sino las cuotas alimentarias futuras, de donde la ejecuci\u00f3n no puede cesar simplemente por la satisfacci\u00f3n del primer \u00edtem, como erradamente parece entenderlo el estrado convocado, desconociendo, por dem\u00e1s, que con las medidas cautelares all\u00ed dispuestas se busc\u00f3 satisfacer ambos conceptos, lo que tambi\u00e9n hace exigible la verificaci\u00f3n del acatamiento de tales cautelas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede, de oficio, el resguardo solicitado. Por consiguiente, ordena al Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n del presente fallo, tras dejar sin valor ni efecto alguno el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 11 de julio de 2022 en el juicio ejecutivo por alimentos impulsado por Emilia Vargas Arrieta contra Oscar Armando L\u00f3pez Valeta (seguido a continuaci\u00f3n del de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico – rad. 13001-31-10-004-2007-00419-00), efect\u00fae el control de legalidad que demanda ese asunto, atendiendo que el mandamiento de pago y la posterior orden de seguir adelante el cobro contempla no s\u00f3lo el capital inicial de 6 millones de pesos, junto con sus intereses, sino las cuotas alimentarias futuras; acorde con lo expuesto en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a todos los intervinientes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
12. Realizar el control de legalidad de la actuaci\u00f3n procesal una vez agotada cada etapa del proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 132. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
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