STC11888-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11888-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00453-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Manuel Antonio Barrera Casas frente al fallo proferido el 15 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa y \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial acusada al anular la prueba testimonial en la causa penal seguida en su contra y no proceder a dictar sentencia de segunda instancia, como, en su sentir, correspond\u00eda. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efecto el auto proferido el 17 de agosto de 2021, mediante el cual la Sala Penal del Tribunal [convocado]\u2026 decret\u00f3 la nulidad de la pr\u00e1ctica de una prueba\u2026 Y como consecuencia de ello se emita el correspondiente fallo\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En la causa penal que cursa contra el actor por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo y heterog\u00e9neo con actos sexuales abusivo con menor de 14 a\u00f1os agravado, el 17 de noviembre de 2020 el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia condenatoria, la que apel\u00f3 el procesado; y el 17 de agosto de 2021 el Tribunal encartado resolvi\u00f3 \u00abdecretar la nulidad del testimonio de la menor\u2026 y por tener afectaci\u00f3n directa, de la etapa de alegatos de conclusi\u00f3n, el sentido de fallo y la sentencia proferida por el Juzgado\u2026, pues estos \u00faltimos podr\u00e1n sufrir variaci\u00f3n, de conformidad a lo que se resuelva sobre la pr\u00e1ctica testimonial de la menor\u00bb. <\/p>\n
2.2. En la demanda de amparo del ep\u00edgrafe, en concreto, el accionante indic\u00f3 que con tal proceder del ad-quem se incurri\u00f3 en defectos objetivo, sustantivo y f\u00e1ctico, porque de atender debidamente los reparos de su apelaci\u00f3n, debi\u00f3 excluir la referida prueba testimonial y absolverlo, mas no, irregularmente, anular la actuaci\u00f3n para procurar el recaudo de tal probanza, contrariando la presunci\u00f3n de inocencia que lo cobija. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, en su parecer, la determinaci\u00f3n cuestionada al Tribunal revictimiza a la menor de edad involucrada en la causa penal cuestionada. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y se\u00f1al\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho alguno al accionante[,] por el contrario le han sido respetadas sus garant\u00edas constitucionales y legales dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 sostuvo que \u00abla acci\u00f3n\u2026 interpuesta se torna improcedente, dado que la misma es excepcional y est\u00e1 dirigida a enfrentar aquellas situaciones en la que en la decisi\u00f3n del juez se incurre en graves falencias de relevancia constitucional[,] situaci\u00f3n que no es la que ocurre en el presente caso\u00bb, m\u00e1xime cuando con su decisi\u00f3n \u00abbusc\u00f3 garantizar los derechos de las partes, al avizorar vicios en el recaudo de la prueba\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abencontr\u00e1ndose en curso el tr\u00e1mite del proceso penal, \u2026es all\u00ed donde el ciudadano demandante debe reclamar la protecci\u00f3n de sus intereses a trav\u00e9s del agotamiento de los mecanismos ordinarios y no acudir a este instrumento excepcional para propiciar debates paralelos\u00bb; m\u00e1xime cuando \u00abno hay elementos de juicio para considerar que el accionante se encuentra ante un perjuicio irremediable, ello al no demostrar la urgencia, la gravedad, la inminencia y la impostergabilidad del amparo, en tanto el curso del proceso penal no puede estimarse por s\u00ed mismo un da\u00f1o de esa naturaleza, menos aun cuando no ha concluido\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el quejoso insistiendo en sus planteamientos iniciales y deprecando compulsa de copias en contra de los magistrados integrantes de la Sala que resolvi\u00f3 la tutela en primera instancia porque, adujo, tardaron m\u00e1s de tres meses en desatar su demanda supralegal y, aun cuando siempre estuvo revisando el sistema de gesti\u00f3n judicial, desde marzo del a\u00f1o en curso, sin que apareciera fallo alguno, sorpresivamente, en el mes de junio, el mismo se descarg\u00f3 con fecha anterior. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, en la medida en que los reproches del censor se enfilaron a derruir la declaraci\u00f3n de nulidad dispuesta por el Tribunal convocado. <\/p>\n
En efecto, la salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal se halla en curso, ni siquiera se hab\u00eda dictado sentencia de primer grado para cuando fue propuesta esta salvaguarda, la que de resultarle adversa ser\u00eda susceptible de apelaci\u00f3n y, en caso de que eventualmente tampoco comparta la determinaci\u00f3n del ad-quem, podr\u00eda acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, muy a pesar de sus alegaciones, su reclamo se mostraba presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plante\u00f3, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, en otra oportunidad esta Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada ocasi\u00f3n [Vid sentencia del 9 de octubre de 2003, exp. 02766.] y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ag., rad. 2016-01093-01; y STC2674-2020, 12 mar., rad. 2020-00150-01). <\/p>\n
Por ese rumbo, la eventual conculcaci\u00f3n de garant\u00edas esenciales que aqu\u00ed se adujo, muy a pesar de la insistencia del quejoso, es un asunto que a\u00fan puede plantear en el juicio recriminado y, de llegar a demostrar que le asiste raz\u00f3n, habr\u00e1n de tomarse all\u00ed las medidas adecuadas para renovar la actuaci\u00f3n, por lo que las v\u00edas atr\u00e1s referidas (recursos de apelaci\u00f3n y casaci\u00f3n frente a las eventuales sentencias adversas) s\u00ed se muestran id\u00f3neas y eficaces para su cometido, evidenci\u00e1ndose que actualmente no se presenta ning\u00fan eventual perjuicio irremediable que torne procedente este resguardo como mecanismo transitorio, m\u00e1xime cuando no existe condena en firme alguna en su contra, de donde insatisfechos est\u00e1n los supuestos jurisprudenciales para la viabilidad excepcional de este ruego supralegal. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, en cuanto a los se\u00f1alamientos del accionante frente al proceder del a-quo constitucional en la tramitaci\u00f3n de este ruego, si considera que en alg\u00fan proceder irregular incurri\u00f3 tal autoridad, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
\u2026es necesario precisar que si\u2026 [el censor] considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular atribuible al Juez\u2026, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el pasado 21 de julio, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 11 de agosto \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 al d\u00eda siguiente y el 16 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
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