STC11889-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11889-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 20001-22-14-000-2022-00179-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 02 de agosto de 2022, por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, con la cual se deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el representante legal de la organizaci\u00f3n sindical Sintradurmmond Subdirectiva Ci\u00e9naga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2022-00099. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El presidente de la actora, por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, m\u00ednimo vital y seguridad social presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada. <\/p>\n
2. En sustento de su queja narr\u00f31 que, el 23 de junio de 2022, recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n enviada por la entidad bancaria Banco AV Villas, donde se le inform\u00f3 la inscripci\u00f3n de la medida cautelar de embargo y secuestro sobre la cuenta de ahorros n.\u00ba 853202539, de la cual es titular el presidente de esa organizaci\u00f3n, Emiro Pupo L\u00f3pez. <\/p>\n
El 25 de junio siguiente, al acudir a la entidad bancaria, se enter\u00f3 que la orden de cautela fue decretada por el estrado accionado en el proceso ejecutivo hipotecario de mayor cuant\u00eda rese\u00f1ado, que promovi\u00f3 Sandra Patricia Camayo y Jarbi Valencia en contra del sindicato Sintradrummond Nacional, representada legalmente por Jorge Luis Diaz. Litigio en el cual, seg\u00fan indic\u00f3, no es parte ni tercero interviniente. Por lo que, se present\u00f3 un error al registrar la medida cautelar en esa cuenta bancaria. El 30 de junio hoga\u00f1o, elev\u00f3 ante la autoridad judicial convocada solicitud de levantamiento de la medida cautelar precitada. Al no obtener respuesta, reiter\u00f3 la petici\u00f3n el 6 y el 11 de julio de 2022. Sin embargo, manifiesta que a\u00fan no se ha proferido pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, anot\u00f3 que \u00abal no hacer parte del proceso ejecutivo hipotecario, y no tener ninguna clase de negocios jur\u00eddicos con los ejecutantes debe ser inmediatamente desvinculada de ese proceso toda vez que no existe raz\u00f3n\u2026para que el [accionado], mantenga la medida cautelar sobre las cuentas de ahorros [precitadas] del banco AVVILLAS de la organizaci\u00f3n sindical Sintradrummond Subdirectiva Ci\u00e9nega\u00bb. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado censurado \u00abel levantamiento de las medidas cautelares que recaen sobre la cuenta de ahorros n\u00famero 853-20253-9 del banco AVVILLAS\u00bb, de la cual es titular esa organizaci\u00f3n sindical y la desvinculaci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario de radicado 2022-00099. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito Valledupar inform\u00f3 que, mediante auto de 31 de mayo de 2022, previa solicitud de los ejecutantes, decret\u00f3 el embargo y secuestro de \u00ablos dineros embargables que lle[gare] a tener SINTRADRUMMOND y sus seccionales identificada con el Nit. 900.105.003-9, en las cuentas de ahorro, corriente y cualquier otro t\u00edtulo negociable en las diferentes entidades bancarias del orden Nacional\u00bb. De modo que, en aras de dar una respuesta a los terceros solicitantes, por medio de prove\u00eddo de 27 de julio de 2022, requiri\u00f3 a la entidad bancara para que certifique \u00aba qu\u00e9 cuentas bancarias fue inscrita la medida cautelar decretada \u2026ya que en el expediente no reposa comunicaci\u00f3n alguna por parte del Banco Av-Villas, en donde coloquen a disposici\u00f3n alg\u00fan dinero producto de una medida cautelar\u00bb2. <\/p>\n
2. El Banco AV Villas puso de presente que la organizaci\u00f3n sindical ejecutada tiene vinculaci\u00f3n comercial con la entidad financiera, a trav\u00e9s de tres cuentas, dos de ahorro y una corriente, incluida la cuenta de ahorros n.\u00ba 853202539. Se\u00f1al\u00f3 que las tres cuentas tienen registrado el embargo decretado a \u00f3rdenes del Juzgado cuestionado dentro del proceso ejecutivo referido, medida que se encuentra vigente y activa. Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional3. <\/p>\n
3. Jorge Luis Gonz\u00e1lez D\u00edaz, presidente del sindicato nacional de trabajares de la Empresa Drummond, coadyuv\u00f3 la petici\u00f3n de la subdirectiva de Ci\u00e9naga, pues ambas organizaciones sindicales son \u00abaut\u00f3nomas e independientes, la accionante y su presidente no son parte en el proceso\u2026[citado] ni tercero responsable\u00bb4. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo invocado, tras advertir la inobservancia del requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad. Para ello, consider\u00f3 que \u00ablos tiempos de resoluci\u00f3n respecto al levantamiento de medidas cautelares est\u00e1n precedidas de un actuar razonable del juzgado, pues en estricto sentido desde que se presenta la solicitud por parte del aqu\u00ed tutelante y su apoderado -30 de junio de 2022- hasta la fecha ha pasado un poco m\u00e1s de un (1) mes, tiempo que no se estima configurativo de la aludida mora judicial, si en cuenta se tiene la congesti\u00f3n judicial que permea la administraci\u00f3n de justicia, problem\u00e1tica que es transversal, real y vigente\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, advirti\u00f3 que \u00ab[p]ese a que han existido solicitudes de insistencia en la resoluci\u00f3n de la medida cautelar, la misma fue objeto de pronunciamiento, en tanto que bajo el principio de autonom\u00eda e independencia judicial se profiri\u00f3 auto de mejor proveer el 27 de julio de los corrientes, en el que se dispuso requerir a la entidad financiera AV Villas para que indicar\u00e1 sobre qu\u00e9 cuentas bancarias hab\u00eda impuesto el embargo, sin que existiera respuesta, por lo menos hasta proyecci\u00f3n esta sentencia, seg\u00fan se advierte de la revisi\u00f3n del respectivo expediente digital. Requerimiento que, seguramente, servir\u00e1 de base a dicha autoridad para zanjar de manera definitiva el asunto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante con base en los mismos argumentos del escrito inicial e indic\u00f3 que el a quo \u00aberr\u00f3 al declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela impetrada, toda vez que la inminente vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u2026a\u00fan no ha cesado\u00bb. Adicionalmente, manifest\u00f3 que la tutela es procedente porque se inco\u00f3 como mecanismo transitorio \u00abpara evitar un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, la accionante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar. Ello, por la presunta mora en la que incurri\u00f3, al no haber resuelto a la fecha de la presentaci\u00f3n del amparo las solicitudes de levantamiento la medida cautelar de embargo y secuestro por ella elevada. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2.1. En efecto, del escrutinio del decurso procesal, se evidencia que la solicitud de levantamiento de la medida cautelar que embargo y secuestro que recae sobre la cuenta de ahorros n.\u00ba 853202539, cuya titularidad corresponde a Emiro Pupo L\u00f3pez, en calidad de presidente de la organizaci\u00f3n sindical gestora, se impetr\u00f3 el 30 de junio de 2022. Y en vista de que el Despacho no hab\u00eda dado respuesta a dicho requerimiento, la actora arrim\u00f3 escritos sucesivos reiterando la petici\u00f3n presentados el 6 y el 7 de julio siguiente. Acto seguido, el despacho profiri\u00f3 el auto de 27 de julio de 2022, mediante el cual requiri\u00f3 al Banco AV Villas, con el prop\u00f3sito de que certificara las cuentas bancarias sobre las que fue inscrita la medida cautelar decretada e informara a \u00f3rdenes de que Juzgado fue puesto a disposici\u00f3n dicho dinero. Por cuanto, en el expediente no reposaba comunicaci\u00f3n suscrita por esa entidad financiera con la informaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
2.2 De lo transcrito se sigue que el proceder del Juzgado querellado no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguarda. Por cuanto, la Sala acoge el argumento elevado por el a quo, en el sentido de que, si bien no se ha proferido una decisi\u00f3n respecto del ruego formulado, lo cierto es que, no se considera desproporcionado el t\u00e9rmino de dos meses, desde la presentaci\u00f3n de la petici\u00f3n -30 de junio de 2022-, para desatar la misma, adem\u00e1s si se tiene en cuenta \u00abla congesti\u00f3n judicial que permea la administraci\u00f3n de justicia, problem\u00e1tica que es transversal, real y vigente\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se hace necesario destacar que, por medio de providencia de 27 de julio de 2022, el estrado accionado requiri\u00f3 a la entidad financiera con el prop\u00f3sito de establecer la informaci\u00f3n correspondiente a la inscripci\u00f3n de la medida cautelar de embargo y secuestro decreta en el proceso ejecutivo, dado que la misma no reposaba en el plenario. Luego, se advierte que el despacho se encuentra adelantado las actuaciones tendientes a atender el requerimiento de la promotora. Por lo anterior, no se vislumbra vulneraci\u00f3n alguna de derechos fundamentales que impongan la actuaci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2.3. Corolario de lo expuesto, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del Juez de conocimiento. Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 sep. 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01). Esto es, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que el juzgador censurado no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
3. Finalmente, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. En este punto, la Sala ha expresado que, \u00ab[l]a concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u00bb. (CSJ SC, STC13730-2019, reiterada en STC4150-2021). <\/p>\n
4. Por las razones esbozadas, se reafirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Anexo \u201c01Tutela\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Anexo \u201c13RtaJuzgado02Ccto\u201d. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Anexo \u201c09RtaBancoAvVillas\u201d. Ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Anexo \u201c12RtaVinculado\u201d. Ibidem. <\/p>\n
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