STC11891-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11891-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-22-13-000-2022-00145-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rub\u00e9n Dar\u00edo Franco Ladino contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de aquella ciudad, la Alcald\u00eda de Manizales y Corregimiento Panorama de la misma localidad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de la actuaci\u00f3n objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al m\u00ednimo vital, al trabajo, a la familia y al debido proceso, que dice vulnerados por el estrado y las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abse ordene a las entidades accionadas no practicar la diligencia de restituci\u00f3n de inmueble o lanzamiento sobre el lote o franja de terreno de la cual es poseedor [el accionante] hasta tanto se decida el proceso de pertenencia\u00bb seguido ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Manizales. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El actor afirma que posee hace \u00abm\u00e1s de 11 a\u00f1os\u00bb una franja de terreno del inmueble denominado \u00abLa Machala\u00bb, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 100-87942, sobre la cual ha ejercido actos positivos de dominio, por lo cual el 19 de enero del presente a\u00f1o inici\u00f3 el proceso de pertenencia identificado l\u00edneas atr\u00e1s, a instancias del cual ya se instal\u00f3 la vaya anunciando la existencia del decurso. <\/p>\n
2.2. El 3 de junio del corriente a\u00f1o, de parte del Corregimiento Panorama de Polic\u00eda le llego un oficio inform\u00e1ndole que el d\u00eda 8 siguiente se llevar\u00eda a cabo la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb del inmueble, en cumplimiento de la comisi\u00f3n conferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, dentro del proceso divisorio que all\u00ed se adelanta por unos terceros, donde el predio fue rematado y adjudicado a la sociedad Inversiones Salazar Ossa S.A.S. <\/p>\n
2.3. Sostiene que ante la situaci\u00f3n elev\u00f3 escrito de oposici\u00f3n ante la Secretar\u00eda de Gobierno, el cual fue respondido por el Corregidor el d\u00eda de la diligencia, indic\u00e1ndole que deb\u00eda elevar la solicitud ante el comitente, porque en el despacho comisorio se indic\u00f3 que no se recibir\u00edan oposiciones, con todo, la entrega no se verific\u00f3 en la anotada calenda, por lo que envi\u00f3 su oposici\u00f3n al Juzgado quien en auto del 16 de junio de 2022 manifest\u00f3 que la misma, \u00abha de realizarse, si fuere procedente, dentro de la diligencia a la que se opone\u00bb. <\/p>\n
2.4. Afirm\u00f3 que el 22 de junio siguiente se se\u00f1al\u00f3 como nueva fecha para la entrega el 6 de julio postrero, con lo cual ver\u00eda gravemente afectados sus derechos, por recaer la actuaci\u00f3n sobre la franja de terreno en la que construy\u00f3 su vivienda y que habita junto con su familia. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de Gobierno de Manizales se\u00f1al\u00f3 que la diligencia de entrega es adelantada por el titular del Corregimiento Panorama, en cumplimiento del Despacho Comisorio No. 2 proveniente del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, donde se adelanta proceso judicial dentro del cual el predio fue adjudicado en remate a Inversiones Salazar Ossa S.A.S. <\/p>\n
2. El Corregimiento Panorama se\u00f1al\u00f3 que el 8 de junio del presente a\u00f1o no realiz\u00f3 la entrega porque la Personar\u00eda Municipal de Manizales no asisti\u00f3 a la diligencia, y pidi\u00f3 se niegue la protecci\u00f3n, por contar el gestor con otros medios de defensa. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales inform\u00f3 que all\u00ed curs\u00f3 el proceso divisorio iniciado por Javier Corrales Lara y Otros contra Ana Isabel Corrales Galeano y Otros, radicado 2009-00180, dentro del cual se inscribi\u00f3 la demanda en el bien objeto de divisi\u00f3n desde el mes de agosto de 2009, y la diligencia de secuestro se verific\u00f3 el 29 de junio de 2017 \u00absin oposici\u00f3n alguna\u00bb, por lo cual, el predio fue rematado el 6 de octubre de 2021, y se comision\u00f3 para su entrega, ya que el secuestre no cumpli\u00f3 con dicha obligaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Inversiones Salazar Ossa S.A.S. indic\u00f3 que el aqu\u00ed accionante le compr\u00f3 a Alejandro Corrales Pulgar\u00edn, heredero de Luis Alfredo Corrales Galeano, comunero del predio La Machala, los derechos y acciones vinculados al bien, y es en esa condici\u00f3n que se encuentra all\u00ed, por lo cual la sentencia dictada en el divisorio surte efectos contra \u00e9l. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 6 de julio pasado se verific\u00f3 la entrega, y a la misma present\u00f3 oposici\u00f3n el gestor, pero fue rechazada de plano, decisi\u00f3n que \u00e9ste apel\u00f3 y le fue concedido el mecanismo en el efecto devolutivo. <\/p>\n
5. Diana Clemencia y Juan Diego Corrales Tabares y, Jorge Diego y Jos\u00e9 Mauricio Corrales Acosta, partes dentro del juicio divisorio, solicitaron que no se conceda el amparo, porque al accionante le corresponde exponer su situaci\u00f3n dentro del proceso de pertenencia que adelanta ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Manizales. Agregaron que en la diligencia de entrega no se admiten oposiciones, por disposici\u00f3n del art\u00edculo 456 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Manizales corrobor\u00f3 que adelanta el juicio de pertenencia que promovi\u00f3 el aqu\u00ed accionante contra Alba Luc\u00eda Corrales \u00c1lvarez y Otros, radicado 17001400300220220002100. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales neg\u00f3 el amparo tras concluir que la formulaci\u00f3n del amparo fue prematura, debido a que se encuentra pendiente de decisi\u00f3n, el recurso de apelaci\u00f3n que el accionante interpuso contra el rechazo a la oposici\u00f3n que present\u00f3 en la diligencia de entrega del 6 de julio pasado. <\/p>\n
Con todo, resalt\u00f3 que la entrega del inmueble es resultado de una decisi\u00f3n judicial que el actor deb\u00eda conocer, como sucesor procesal de uno de los demandados, \u00abpues a la fecha en que compr\u00f3 los derechos herenciales de Alejandro Corrales Pulgar\u00edn (heredero del comunero Luis Alfredo Corrales Galeano), ya se encontraba inscrita la demanda sobre el bien objeto de la divisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Observ\u00f3 que el accionante no se opuso a la diligencia de secuestro del 31 de julio de 2017 y que la misma fue atendida por la c\u00f3nyuge de \u00e9ste (Mar\u00eda Lorena Arcila), quien expres\u00f3 que su esposo \u00abera el agregado de la finca\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n, haciendo \u00e9nfasis en que qued\u00f3 desprotegida una familia campesina, que aunque a\u00fan tiene en curso la alzada antes se\u00f1alada, fue despojada de su propiedad, sin tener otro sitio donde vivir. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, porque se encuentra en debate la procedencia o no de la oposici\u00f3n presentada por el aqu\u00ed accionante a la diligencia de entrega que se verific\u00f3 el pasado 6 de julio, debido al recurso de apelaci\u00f3n que le fue concedido contra la decisi\u00f3n del Titular del Corregimiento Panorama de rechazarla. <\/p>\n
Luego, se observa que, como la actuaci\u00f3n referida est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
(\u2026) contrariamente a lo considerado por el a-quo constitucional, no es menester que el poseedor de un bien pretendido en pertenencia se encuentre dentro de \u00e9l para obtener la declaratoria de usucapi\u00f3n, pues si consolid\u00f3 los presupuestos para esto a su alcance est\u00e1 acudir ante la administraci\u00f3n de justicia, no obstante que posteriormente a dicha configuraci\u00f3n haya sido despojado de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el poseedor est\u00e1 habilitado para demandar la usucapi\u00f3n aun cuando la haya perdido, siempre y cuando antes de dicha privaci\u00f3n haya consolidado todos los requisitos que dicha proclamaci\u00f3n exige. <\/p>\n
Cabe precisar, entonces, qu\u00e9 implicaciones tiene la p\u00e9rdida de la posesi\u00f3n, aspecto sobre el cual resulta necesario recordar que la prescripci\u00f3n es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos de los dem\u00e1s, por el transcurso del tiempo (art. 2512 C.C.), fen\u00f3meno que puede verse suspendido, interrumpido -de forma civil o natural- y renunciado. (CSJ, SC, rad. 2019-00121, 29 ab. 2020.) <\/p>\n
En este orden de ideas, col\u00edgese que la diligencia de entrega atacada, incluso si eventualmente resulta definida en contra de los intereses del actor, no desvanece la expectativa de \u00e9ste incoada por v\u00eda de usucapi\u00f3n, de donde tampoco se observa la vulneraci\u00f3n a sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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