STC11894-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11894-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02944-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Galv\u00e1n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, extensiva a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado accionado \u00abrevocar el auto de fecha 25 de febrero de 2022 y continuar con las diferentes etapas del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El proceso ejecutivo que el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 contra Ana Mar\u00eda Mazo Herrera y Yonadis Patricia Herrera Herazo, tramitado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, se fund\u00f3 en un pagar\u00e9 suscrito por \u00e9stas, donde se indic\u00f3 la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico joseluis_gaviria@hotmail.com, a donde aquel el 15 de julio de 2021 les envi\u00f3 mensaje para notificarlas del mandamiento de pago librado en su contra, de manera que, tras recibir confirmaci\u00f3n de lectura, se solicit\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, a lo cual accedi\u00f3 el estrado cognoscente el 16 de febrero del presente a\u00f1o, prove\u00eddo donde adem\u00e1s se tuvo por notificadas a las ejecutadas y adem\u00e1s no se reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado designado por \u00e9stas. <\/p>\n
2.2. El 25 de febrero siguiente el juzgado, tras omitir decidir por carencia de objeto la \u00abnulidad de la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo\u00bb y el \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb presentado por las ejecutadas contra la precitada decisi\u00f3n, declar\u00f3 de oficio la ilegalidad de lo actuado desde el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, prove\u00eddo que el aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 reponer y en subsidio apel\u00f3, pero fue mantenido el 26 de abril postrero, neg\u00e1ndose la alzada, \u00faltima determinaci\u00f3n que el gestor atac\u00f3 mediante reposici\u00f3n y en subsidio queja, pero fue sostenida el 18 de mayo pasado, concedi\u00e9ndose el mecanismo subsidiario, el cual fue decidido el 30 de junio de los corrientes por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, declarando bien denegado el recurso vertical contra el auto de 25 de febrero de 2022. <\/p>\n
2.3. En compendio cuestiona el promotor que la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico plasmada en el pagar\u00e9 sustento de la ejecuci\u00f3n no se haya tenido como v\u00e1lida para notificar a las ejecutadas; que tal decisi\u00f3n se haya tomado declarando la ilegalidad del auto con que se orden\u00f3 seguir adelante con el cobro, ante la simple manifestaci\u00f3n de \u00e9stas de tener otras direcciones aptas para su enteramiento y; que no se indic\u00f3 en la demanda dicho canal para el enteramiento, debido a un error al utilizarse un formato donde se indicaba desconocer informaci\u00f3n de las deudoras. <\/p>\n
3. Luego de la nulidad por falta de competencia funcional declarada por la Corte en prove\u00eddo ATC1264-2022, el asunto fue asumido en primera instancia, la demanda de amparo se admiti\u00f3, se orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y se pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir el acceso al expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad pidi\u00f3 que no se conceda el amparo, porque dentro del decurso reprochado se garantizaron los derechos de los intervinientes, quienes recurrieron las decisiones que les resultaron desfavorables, mecanismos resueltos oportunamente. <\/p>\n
3. Pedro Jos\u00e9 Mart\u00ednez Humanez, quien dijo ser apoderado judicial de Ana Mar\u00eda Mazo Herrera y Yonadis Patricia Herrera Herazo, pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n, porque \u00e9stas no diligenciaron el t\u00edtulo sustento del cobro ni por ende plasmaron all\u00ed la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico en la cual las tuvieron por notificadas, la cual desconocen, motivo por el cual nunca les llegaron las diligencias para enteramiento. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la tutela no puede ser utilizada como una tercera instancia de validaci\u00f3n de las decisiones tomadas dentro del proceso, siendo claro que no proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto con que se declar\u00f3 la ilegalidad de lo actuado dentro del proceso, m\u00e1xime porque tal decisi\u00f3n se tom\u00f3 en aras de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. La queja del promotor recae sobre el auto de 25 de febrero de 2022 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, con que se resolvi\u00f3 \u00abdeclarar oficiosamente la ilegalidad del auto adiado 16 de febrero de 2022 (\u2026) desestimar las notificaciones del mandamiento de pago, surtidas electr\u00f3nicamente por la parte actora a las ejecutadas (\u2026) tener a las demandadas Ana Mar\u00eda Mazo Herrera y Yonadis Patricia Herrera Herazo notificadas por conducta concluyente del auto de mandamiento de pago el d\u00eda que se notifique por estado este prove\u00eddo, empez\u00e1ndole a correr el t\u00e9rmino del traslado al d\u00eda siguiente (\u2026) abstenerse el despacho de darle tr\u00e1mite al recurso de reposici\u00f3n e incidente de nulidad formulados por el apoderado de las demandadas, por innecesario en virtud a la ilegalidad decretada en el ordinal primero\u00bb; contra esta decisi\u00f3n aquel interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, fue mantenida el 26 de abril siguiente neg\u00e1ndose el tr\u00e1mite a la alzada, \u00faltima determinaci\u00f3n atacada en reposici\u00f3n y en subsidio queja, sostenida el 18 de mayo posterior concedi\u00e9ndose el medio subsidiario, el cual defini\u00f3 el pasado 30 de junio la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, declarando bien denegado el mecanismo vertical. <\/p>\n
3. La decisi\u00f3n cuestionada, el juzgado accionado la fund\u00f3 en la facultad establecida en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, justificado en \u00abhaberse considerado en dicho auto [de 16 de febrero hoga\u00f1o con que se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n] el correo electr\u00f3nico joseluis_gaviria@hotmail.com como el id\u00f3neo para notificar a las demandadas ANA MARIA MAZO HERRERA y YONADIS PATRICIA HERRERA HERAZO del mandamiento de pago, lo cual ahora y luego de examinarse nuevamente el libelo incoatorio, ofrece serios motivos de dudas y podr\u00eda generar a posteriori una nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
Postura que sustent\u00f3 en que \u00aben el referido auto el despacho dio cr\u00e9dito al actor en el sentido que el correo electr\u00f3nico joseluis_gaviria@hotmail.com fue suministrado por las ejecutadas al momento de suscribir el pagar\u00e9, y es el utilizado por ellas para sus notificaciones personales. <\/p>\n
Sin embargo, revisado el ac\u00e1pite de notificaciones de la demanda, el actor manifiesta bajo la gravedad del juramento que desconoce los correos electr\u00f3nicos de las demandadas, y no solo \u00e9stos sino tambi\u00e9n sus n\u00fameros de celulares con whatsApp, es decir, desconoc\u00eda totalmente cualquier canal digital donde contactarlas. <\/p>\n
Al percatarse ahora el despacho de esta contradicci\u00f3n en el demandante, es que reversar\u00e1 su decisi\u00f3n de dar por notificadas del mandamiento de pago en legal forma a las demandadas, en el correo electr\u00f3nico joseluis_gaviria@hotmail.com, pues \u00e9ste nunca fue rese\u00f1ado en la demanda para realizar notificaciones electr\u00f3nicas a las demandadas, tal como lo pregona el numeral 10 del art\u00edculo 82 del C.G.P. \u201cEl lugar, la direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica que tengan o est\u00e9n obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibir\u00e1n notificaciones personales\u201d <\/p>\n
E igualmente ri\u00f1e con lo se\u00f1alado en el inciso 2 del numeral 3 del canon 291 ibidem \u201cLa comunicaci\u00f3n deber\u00e1 ser enviada a cualquiera de las direcciones que le hubieren sido informadas al juez de conocimiento como correspondientes a quien deba ser notificado\u201d. <\/p>\n
Igualmente dicha notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de ese correo electr\u00f3nico, contrar\u00eda lo previsto en el art\u00edculo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, que reza: \u201cLas notificaciones que deban hacerse personalmente tambi\u00e9n podr\u00e1n efectuarse con el env\u00edo de la providencia respectiva como mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificaci\u00f3n, sin necesidad del env\u00edo de previa citaci\u00f3n o aviso f\u00edsico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviar\u00e1n por el mismo medio\u201d. <\/p>\n
Con basamento en lo anterior, es evidente que el actor nunca puso en conocimiento al Juzgado del correo electr\u00f3nico en donde notific\u00f3 a las demandadas joseluis_gaviria@hotmail.com, ni a trav\u00e9s del libelo introductorio, ni mediante memorial antes de proceder a realizar dichas notificaciones, por tal motivo no puede tenerse este correo como canal digital oficial para surtir notificaciones a las ejecutadas. <\/p>\n
En este orden de ideas, el despacho decretar\u00e1 la ilegalidad del auto adiado 16 de febrero de 2022, trayendo a colaci\u00f3n la m\u00e1xima jurisprudencial que los autos no atan al juez cuando estos se encuentren revestidos de ilegalidad, a\u00fan estando ejecutoriados, y en su lugar se tendr\u00e1n por no v\u00e1lidas las mencionadas notificaciones\u00bb. <\/p>\n
De otro lado el juzgado observ\u00f3 que \u00ablas demandadas ANA MARIA MAZO HERRERA y YONADIS PATRICIA HERRERA HERAZO, otorgaron poder al doctor PEDRO JOS\u00c9 MART\u00cdNEZ HUM\u00c1NEZ para que defienda sus intereses, con constancia de presentaci\u00f3n personal ante notar\u00eda, tal como lo exige el inciso 2\u00ba. del art\u00edculo 74 del C.G.P., se reconocer\u00e1 personer\u00eda a dicho togado conforme al canon 75 ibidem. <\/p>\n
Tenemos entonces que, con la presentaci\u00f3n del poder conferido por las referidas demandadas al togado, se entender\u00e1n notificadas por conducta concluyente del mandamiento de pago, el d\u00eda en que se notifique por estado este prove\u00eddo, de conformidad a lo normado en el inciso segundo del art\u00edculo 301 del C.G.P.\u00bb <\/p>\n
Finalmente consider\u00f3 que \u00abcomo el mentado profesional del derecho junto a los poderes de sus representadas, interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto adiado 16 de febrero de 2022 as\u00ed como incidente de nulidad, con miras ambos a enervar las notificaciones practicadas a sus pupilas por el actor, y como quiera que el despacho oficiosamente decretar\u00e1 la ilegalidad del referido auto con el que quedan sin piso jur\u00eddico dichas notificaciones por lo delanteramente anotado, considera el despacho que por sustracci\u00f3n de materia se torna innecesario pronunciarse sobre los mismos\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo el anterior contexto, se concluye la procedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el Tribunal acusado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, porque al desatar el recurso de queja formulado contra la negativa a conceder la alzada contra la precitada decisi\u00f3n, desconoci\u00f3 que all\u00ed, materialmente, se declar\u00f3 de oficio la nulidad del proceso bajo la causal de indebida notificaci\u00f3n, lo que entonces hacia procedente el mencionado mecanismo. <\/p>\n
4.1. En el auto de 30 de junio postrero el Colegiado accionado consider\u00f3 que la determinaci\u00f3n en comento no era susceptible del mecanismo vertical, tras argumentar que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n en cuanto a su procedencia es taxativo, es decir, expresamente debe estar se\u00f1alado en alguna norma del CGP, que la providencia que se pretenda recurrir en apelaci\u00f3n, sea susceptible de ese recurso, lo que no ocurre con el auto que decreta una ilegalidad de determinada providencia, ya que no se encuentra como apelable, en el art\u00edculo 321 del CGP, ni en ninguna otra parte de ese c\u00f3digo\u00bb, y que, \u00abno podemos confundir la providencia que decreta una ilegalidad, con la que declara una nulidad. Entre muchas diferencias que existen entre estas dos figuras, podemos citar una, c\u00f3mo es que la primera se puede decretar en cualquier estado del proceso, mientras el juez tenga la oportunidad de hacerlo, porque lo ilegal no ata al juez; en cambio, las nulidades deben alegarse en un momento procesal oportuno, para que puedan ser declaradas por el juez, ya que se rigen por los principios de taxatividad o especificidad y convalidaci\u00f3n, por lo tanto, se puede decretar la ilegalidad de una determinada providencia, sin que ello sea causal de nulidad\u00bb. <\/p>\n
Argumentos que la Corte no comparte para el caso en particular, ya que, si bien es cierto la decisi\u00f3n que declara la ilegalidad de una actuaci\u00f3n no est\u00e1 expresamente establecida en el ordenamiento procesal como pasible de alzada y de ser necesaria debe adoptarse cuando se agote cada etapa del juicio, aqu\u00ed materialmente se trat\u00f3 de una declaratoria de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, que si es susceptible de dicho mecanismo. <\/p>\n
4.2. En efecto, analizada la decisi\u00f3n cuestionada, se observa que el control de legalidad realizado por el estrado accionado, se fund\u00f3 en el hallazgo de irregularidades presentadas en el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n del mandamiento de pago a las ejecutadas, lo que justific\u00f3 decretar la ilegalidad de dichas actuaciones y las subsiguientes, para en su lugar tener a \u00e9stas por notificadas por conducta concluyente, invalidaci\u00f3n por la cual, \u00abpor sustracci\u00f3n de materia\u00bb, no se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n y el incidente de nulidad \u00abde la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo\u00bb elevados por el prenombrado mandatario. <\/p>\n
4.3. Fue as\u00ed como, aunque bajo la denominaci\u00f3n de declaratoria de ilegalidad, el juzgado procedi\u00f3 a aplicar la consecuencia procesal establecida en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que permite anular lo actuado \u00abcuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.4. N\u00f3tese adem\u00e1s que, desde otra arista, en este caso en particular, la negativa a tramitar la alzada resulta en un atentado directo a la garant\u00eda de doble instancia que asiste al accionante, quien a pesar de observar como en la pr\u00e1ctica se declara la nulidad del tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n que adelant\u00f3 respecto de su contraparte, ve cercenada la posibilidad de apelar esa decisi\u00f3n, debido a la v\u00eda procesal a trav\u00e9s de la cual se obtuvo, valga precisar, declaratoria de ilegalidad, pese a que, se itera, lo definido result\u00f3 de la aplicaci\u00f3n del supuesto normativo de la causal de nulidad por indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
4.5. En este orden de ideas, lo procedente era declarar a la decisi\u00f3n pasible de alzada, no solo en aplicaci\u00f3n del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, que autoriza apelar el auto \u00abque niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva\u00bb, sino tambi\u00e9n en garant\u00eda del derecho a la doble instancia del sujeto procesal afectado por dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
5. Los insatisfactorios argumentos de la decisi\u00f3n del Tribunal censurado, dejan en evidencia la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso alegada por el accionante, por configuraci\u00f3n del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el cual, seg\u00fan ha indicado la Corte Constitucional <\/p>\n
\u2026 puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
6. La situaci\u00f3n evidenciada habilita la intervenci\u00f3n sobre el particular por parte del juez constitucional, al margen de si la misma compagina o no con la puntual inconformidad expuesta en el escrito inicial, pues, el juez de tutela, cuando los asuntos a su cargo lo impongan, al evidenciar el desconocimiento de garant\u00edas esenciales, est\u00e1 investido de facultades especiales para emitir decisiones ultra y extra petita en pro del principio de prevalencia del derecho sustancial (art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991), conforme se verifica en este caso, donde se encontr\u00f3 conculcada la garant\u00eda superior al debido proceso por parte del Tribunal convocado. <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, se impone conceder el amparo impetrado, orden\u00e1ndole a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda que, tras dejar sin efecto la providencia emitida el 30 de junio de 2022, y la actuaci\u00f3n que de ella dependa, emita una nueva decisi\u00f3n atendiendo los razonamientos aqu\u00ed condensados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo solicitado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda remitir de inmediato al Tribunal acusado y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente del proceso antes individualizado, para que dicha Colegiatura d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11894-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11894-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02944-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por \u00c1lvaro Jos\u00e9 Soto Galv\u00e1n contra el Juzgado Primero […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67044","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67044","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67044"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67044\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67044"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67044"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67044"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}