STC11895-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11895-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02921-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el resguardo constitucional promovido por Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo de Familia de Ituango. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el incidente de desacato dentro de la tutela de radicado 2021-00036. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tutela judicial efectiva, buen nombre, libertad y patrimonio, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Ituango (Antioquia) se adelant\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de radicado 2021-00036, promovida por Mar\u00eda Leticia R\u00faa Sosa contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas. <\/p>\n
2.2. La autoridad judicial -con providencia del 15 de junio de 20211- accedi\u00f3 a las pretensiones de la gestora ordenando, entre otras: <\/p>\n
Segundo. Para la efectiva protecci\u00f3n del derecho fundamental de la accionante, se ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL A LAS V\u00cdCTIMAS, que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dejar sin efectos cualquier acto administrativo de fondo que haya expedido en relaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante homicidio de LUZ ELEIDA URIBE ARBOLEDA. <\/p>\n
Tercero. Se ordena igualmente a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL A LAS V\u00cdCTIMAS, que dentro del mismo t\u00e9rmino dispuesto en el numeral anterior, proceda a estudiar nuevamente la petici\u00f3n de la accionante, teniendo en cuenta los mandatos constitucionales de protecci\u00f3n a la familia y a los hijos de crianza en los t\u00e9rminos que han sido interpretados por la Corte Constitucional en su basta jurisprudencia sobre la materia. <\/p>\n
2.3. Inconforme con lo decidido, la UARIV interpuso recurso de impugnaci\u00f3n2, el cual fue desatado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, quien, -en prove\u00eddo del 22 de julio siguiente3- confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
2.4. En cumplimiento de lo ordenado en sede constitucional, la entidad accionada estudi\u00f3 nuevamente la solicitud de la se\u00f1ora R\u00faa Sosa, esgrimiendo que no era procedente acceder a su petici\u00f3n \u00abtoda vez que no hay lugar a reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n reclamada seg\u00fan el marco de la Ley 1448 de 2011 art\u00edculo 3 en el cual se realiz\u00f3 la declaraci\u00f3n y la tabla de destinatarios no contempla como (\u2026) a los parientes m\u00e1s cercanos que hayan asumido los gastos de crianza y manutenci\u00f3n de la v\u00edctima (\u2026)\u00bb4. <\/p>\n
2.5. Con ocasi\u00f3n de la negativa de la UARIV, la entonces gestora promovi\u00f3 incidente de desacato, el cual termin\u00f3 el 11 de enero de 20225 con la imposici\u00f3n de multa de cinco S.M.L.M.V. y cinco d\u00edas de arresto a Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade, en su calidad de director de la referida Unidad. Decisi\u00f3n convalidada por el ad quem -en auto del 20 de enero ulterior6-, pero modificando la suma a 131,56 UVT. <\/p>\n
2.6. La entidad mencionada pidi\u00f3 la inaplicaci\u00f3n y reconsideraci\u00f3n de las sanciones, no obstante, el petitorio fue desestimado7. <\/p>\n
2.7. Debido a lo anterior, R\u00faa Sosa present\u00f3 por segunda ocasi\u00f3n incidente de desacato, dando como resultado que el juez de primera instancia -en providencia del 21 de junio de 20228- conden\u00f3 nuevamente al director de la UARIV con multa de 7 S.M.L.M.V. y 7 d\u00edas de arresto. Determinaci\u00f3n confirmada por el Tribunal -en prove\u00eddo del 30 de junio de 20229- donde modific\u00f3 el valor de la punici\u00f3n a 182.29 UVT. <\/p>\n
2.8. La Unidad para la Atenci\u00f3n de V\u00edctimas volvi\u00f3 a pedir la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n. En respuesta, el Juzgado Promiscuo de Familia de Ituango orden\u00f3 poner en conocimiento del fallo de tutela a la nueva directora de la UARIV para que le diera cumplimiento10, por lo cual, la pluricitada entidad remiti\u00f3 escrito el 18 de agosto del a\u00f1o en curso manifestando que a\u00fan no se hab\u00eda posesionado la citada funcionaria y explic\u00f3 los fundamentos por los cuales no pod\u00eda reconoc\u00e9rsele la indemnizaci\u00f3n a la accionante. <\/p>\n
2.9. As\u00ed las cosas, el gestor se duele de que las autoridades confutadas incurrieron en: i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU-034 de 2018. ii) defecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio allegado al proceso, debido a que s\u00ed cumpli\u00f3 lo exigido en el anterior amparo. iii) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n por haberlo sancionado a pesar de demostrar que llev\u00f3 a cabo todas las actuaciones administrativas posibles. Y iv) violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se les ordene a los estrados atacados que modulen los efectos de sus fallos en cumplimiento de la sentencia SU-034 de 2018. De igual forma, pidi\u00f3 que se dejen sin efectos las providencias del 20 de enero y 30 de junio del a\u00f1o en curso. Por lo anterior, solicit\u00f3 que se acredite el cumplimiento de lo exigido y se levanten las sanciones decretadas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia11 manifest\u00f3 que el 30 de junio de 2022 ratific\u00f3 el castigo impuesto contra el director de la UARIV. Y, por tanto, devolvi\u00f3 el expediente al fallador de primera instancia. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Promiscuo de Familia de Ituango12 apuntal\u00f3 que se remite a los criterios esbozados dentro del amparo inicial. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por el actor, con ocasi\u00f3n de la confirmaci\u00f3n de los incidentes de desacato proferidos en la acci\u00f3n constitucional de radicado 2021-00036. Ello pues, aduce que los falladores de instancia incurrieron en defecto sustantivo, f\u00e1ctico, desconocimiento del precedente y decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, comoquiera que valoraron incorrectamente el cumplimiento de la orden emanada en el mentado amparo. <\/p>\n
2. De entrada se precisa que, si bien la censura se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por el Juzgado Promiscuo de Familia de Ituango, fue la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Antioquia quien cerr\u00f3 el debate, por ello, se analizar\u00e1 lo decidido en esa instancia13. <\/p>\n
3. Insistentemente la jurisprudencia ha pregonado que frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, ha contemplado que solo excepcionalmente la acci\u00f3n de tutela procede contra los incidentes de desacato, siempre que se est\u00e9 \u00abfrente a una burda trasgresi\u00f3n del debido proceso, como cuando se omite la citaci\u00f3n de los inculpados o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoraci\u00f3n es contraevidente, bajo el entendido que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes\u00bb (STC 20922-2017, reiterada en STC5699-2021 y STC1233-2022). <\/p>\n
Para el efecto, se ha establecido que se deben acreditar los siguientes requisitos: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abi) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-. <\/p>\n
<\/p>\n
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas (defectos). <\/p>\n
<\/p>\n
iii) Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio\u00bb (CC, SU034-18). <\/p>\n
4. Del marco conceptual expuesto y del examen de las pruebas adosadas, esta Colegiatura anticipa la improsperidad del amparo. Ello pues, revisadas las providencias censuradas proferidas por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Antioquia para confirmar las sanciones impuestas en los incidentes de desacato del 11 de enero y 21 de junio del a\u00f1o en curso, se descarta la vulneraci\u00f3n al debido proceso y los defectos enrostrados. <\/p>\n
4.1. En efecto, el Colegiado -con prove\u00eddo del 20 de enero de 2022-14 ratific\u00f3 la primera sanci\u00f3n impuesta. Para ello, comenz\u00f3 por ilustrar cu\u00e1les fueron las \u00f3rdenes emitidas en la acci\u00f3n de tutela, se\u00f1alando que: <\/p>\n
(\u2026) Literalmente se orden\u00f3 a la UARIV lo siguiente: <\/p>\n
Segundo. Para la efectiva protecci\u00f3n del derecho fundamental de la accionante, se ORDENA a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL A LAS V\u00cdCTIMAS, que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dejar sin efectos cualquier acto administrativo de fondo que haya expedido en relaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n administrativa por el hecho victimizante homicidio de LUZ ELEIDA URIBE ARBOLEDA. <\/p>\n
Tercero. Se ordena igualmente a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCI\u00d3N Y REPARACI\u00d3N INTEGRAL A LAS V\u00cdCTIMAS, que dentro del mismo t\u00e9rmino dispuesto en el numeral anterior, proceda a estudiar nuevamente la petici\u00f3n de la accionante, teniendo en cuenta los mandatos constitucionales de protecci\u00f3n a la familia y a los hijos de crianza en los t\u00e9rminos que han sido interpretados por la Corte Constitucional en su basta jurisprudencia sobre la materia. <\/p>\n
Esta decisi\u00f3n fue confirmada por esta Sala de Decisi\u00f3n mediante providencia del 22 de julio de 2021. <\/p>\n
4.2. Luego, enrostr\u00f3 que la se\u00f1ora R\u00faa Sosa formul\u00f3 el incidente de desacato, por cuanto \u00ab(\u2026) la UARIV no ha procedido en la forma ordenada en la sentencia de tutela, en tanto que se ha negado a recibir la documentaci\u00f3n para iniciar su proceso, argumentando que al no ostentar la calidad de madre biol\u00f3gica de Luz Eleida Uribe Arbolea, no puede ser reconocida como v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, de cara a la forma en que se deb\u00edan cumplir las disposiciones emanadas de la acci\u00f3n constitucional referida, apuntal\u00f3 que: <\/p>\n
6\u2026 la orden constitucional emitida en primer grado fue confirmada \u00edntegramente en esta instancia. En aquella le fue ordenado a la UARIV que dejara sin efectos cualquier acto administrativo de fondo que hubiera emitido en raz\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n administrativa de Luz Eleida Uribe Arboleda y que, procediera con el estudio de la petici\u00f3n de reconocimiento de la se\u00f1ora Mar\u00eda Leticia R\u00faa Sosa, conforme con los mandatos constitucionales de protecci\u00f3n a la familia y a los hijos de crianza, en los t\u00e9rminos desarrollados por la Corte Constitucional. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite constitucional se concluy\u00f3, de las pruebas aportadas, que con suficiencia se hab\u00eda demostrado que la se\u00f1ora Mar\u00eda Leticia R\u00faa Sosa hab\u00eda asumido el rol de madre para Luz Eleida Uribe. <\/p>\n
Se indic\u00f3 en la sentencia emitida por esta Corporaci\u00f3n que pese a la existencia de un tr\u00e1mite interno en la entidad para solucionar controversias como las suscitadas, no podr\u00eda desconocer la situaci\u00f3n de la se\u00f1ora Mar\u00eda Leticia R\u00faa Sosa, por lo que deb\u00eda iniciar el tr\u00e1mite administrativo para su reconocimiento como v\u00edctima. Se dispuso que, en el supuesto de hallarse que la sustituci\u00f3n de la madre biol\u00f3gica de la joven Luz Eleida Uribe no hab\u00eda sido completa, la entidad deber\u00eda proceder en la forma que fue analizado por la Corte Constitucional en sentencia T 074 de 2016, eso es, reconociendo la figura de co-madre de crianza (\u2026). <\/p>\n
En virtud de lo anterior, se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, disponi\u00e9ndose que la UARIV deb\u00eda ordenar el inicio del tr\u00e1mite de reconocimiento como v\u00edctima en favor de la se\u00f1ora Mar\u00eda Leticia R\u00faa Sosa, a fin de verificar el derecho que le asist\u00eda como madre de crianza de la joven Luz Eleida Uribe. (Se subraya) <\/p>\n
De lo expuesto, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
7\u2026 la accionante al presentar la solicitud de inicio del incidente de desacato, lo cual fue reconocido por la UARIV, el inicio del proceso administrativo en favor de la se\u00f1ora Mar\u00eda Leticia R\u00faa Sosa ha sido negado bajo argumentos alejados de las consideraciones constitucionales que se hicieron en las providencias de tutela emitidas en favor de la actora. En raz\u00f3n de lo anterior, se advierte el incumplimiento de la sentencia de tutela\u2026 <\/p>\n
9. Se advierte que el Director General de la UARIV no acredit\u00f3 el cumplimiento de la orden constitucional proferida para el amparo de los derechos de la accionante, pese a los requerimientos que le fueron efectuados. (Se subraya) <\/p>\n
4.4. En iguales t\u00e9rminos se manifest\u00f3 en la providencia del 30 de junio de 202215, donde confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta el 21 de junio anterior. Y determin\u00f3 que, <\/p>\n
7. Conforme lo relat\u00f3, la incidentante -lo cual fue reconocido por la UARIV-, el inicio del proceso administrativo en favor de la se\u00f1ora Mar\u00eda Leticia R\u00faa Sosa ha sido negado bajo argumentos alejados de las consideraciones constitucionales que se hicieron en las providencias de tutela emitidas en favor de la actora. En raz\u00f3n de lo anterior, se advierte el frontal incumplimiento de la sentencia de tutela, pues m\u00e1s all\u00e1 de las razones que en este momento se aducen en defensa de la Unidad y de contragolpe de su representante legal, lo cierto es que existe un mandato constitucional que, m\u00e1s all\u00e1 de consideraciones puramente administrativas, exige ser acatado. (Se subraya) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se avizora que la autoridad demandada estudi\u00f3 detenidamente las acciones realizadas por la UARIV y Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade en su condici\u00f3n de director general del referido ente, coligiendo que no hab\u00eda sido debidamente acatada la orden constitucional emanada el 15 de junio de 2021. <\/p>\n
5. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- concluye que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones de la Colegiatura atacada, para esta Corporaci\u00f3n, las decisiones cuestionadas no podr\u00edan recibirse como irrazonables16. Ello pues, fueron proferidas por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
5.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
5.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por el Tribunal cuestionado -en el desarrollo de sus facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
6. En una palabra, dada la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para rebatir decisiones proferidas al interior del incidente de desacato y al no recibirse como irrazonable las providencias cuestionadas, se negar\u00e1 el amparo suplicado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-18, archivo \u201c0015SentenciaNro016-002\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-9, archivo \u201c0021EscritoImpugnacionAccionado\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-15, archivo \u201c0029FalloTribunal\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Hecho s\u00e9ptimo del escrito de tutela. <\/p>\n
6\u0002 Folios 2-11, archivo \u201cPRUEBA_25_8_2022, 2010_25_51\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 3 y 4, archivo \u201cPRUEBA_25_8_2022, 2010_25_56\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folios 2-11, archivo \u201cPRUEBA_25_8_2022, 2010_26_02\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Folios 3-10, archivo \u201cPRUEBA_25_8_2022, 2010_26_08\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Folios 4 y 5, archivo \u201cPRUEBA_25_8_2022, 2010_26_14\u201d del expediente digital. <\/p>\n
11\u0002 Folios 1-y 2, archivo \u201c11001020300020220292100-0011Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
12\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c11001020300020220292100-0012Informe_secretarial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
13\u0002 Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado que: (\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada. (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC4538-2020, rad. 00523-01). <\/p>\n
14\u0002 Folios 52-61, archivo \u201cPRUEBA_25_8_2022, 2010_26_14\u201d del expediente digital. <\/p>\n
15\u0002 Ibidem., 75-82. <\/p>\n
16\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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STC11895-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11895-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02921-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide el resguardo constitucional promovido por Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67045","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67045","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67045"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67045\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67045"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67045"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67045"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}