STC11896-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11896-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02976-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse ordene al tutelado respetar y cumplir [el] art. 37 [de la] Ley 472 de 1998, ordenando fallar en el tiempo que le impone y manda\u00bb la precitada norma. <\/p>\n
2. En sustento de su inconformidad el accionante sostiene que dicha Colegiatura tramita la apelaci\u00f3n de la sentencia emitida dentro de la acci\u00f3n popular identificada con el radicado \u00ab2021-00236\u00bb, donde, afirma, se inaplica el precitado art\u00edculo, que ordena fallar en un t\u00e9rmino perentorio, ya que, en vez de ello, a dicha autoridad le \u00abgusta aplicar [el] art. 121 C.G.P., para prorrogar el t\u00e9rmino del fallo\u00bb, desconociendo que la Ley 472 de 1998 es \u00abespecial y aut\u00f3noma\u00bb y el C\u00f3digo General del Proceso aplica solo cuando hay vac\u00edos en \u00e9sta, siempre que no se oponga a la normativa especial. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digitalizada del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque la protecci\u00f3n es reclamada solo frente al Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira inform\u00f3 que el 12 de agosto del corriente a\u00f1o emiti\u00f3 sentencia de segunda instancia dentro del proceso cuestionado. <\/p>\n
4. El Procurador 12 Judicial II para Asuntos Civiles se\u00f1al\u00f3 que no le es atribuible la mora judicial denunciada en el escrito inicial y en todo caso, que debe analizarse si tal tardanza obedece a motivos fundados. <\/p>\n
5. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se advierte que la queja del actor recae en la supuesta tardanza de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en emitir sentencia de segunda instancia dentro de la acci\u00f3n popular que aquel promovi\u00f3 contra Dentality, dentro del radicado \u00ab2021-00236\u00bb, tramitado en primera instancia por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, lo que en sentir del promotor, contrar\u00eda el t\u00e9rmino para fallar establecido en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. Auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo y el registro de actuaciones del decurso en la p\u00e1gina web de la rama judicial, se constata que la decisi\u00f3n echada de menos por el actor fue proferida por el Colegiado convocado el pasado 12 de agosto1, esto es, antes de radicada la solicitud de protecci\u00f3n constitucional el pasado 29 de agosto. <\/p>\n
4. Colige entonces la Sala que no existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte de la autoridad accionada que amerite la intervenci\u00f3n excepcional e impostergable del juez de tutela, pues, se puntualiza, lo perseguido se cumpli\u00f3 antes de elevar la solicitud de amparo, lo que impone la negativa a la protecci\u00f3n por inexistencia de vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002https:\/\/procesos.ramajudicial.gov.co\/procesoscs\/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=01sWluPwFw9K6g6wyl71AHNYkYM%3d <\/p>\n
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