STC11899-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11899-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2022-00175-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 9 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Jos\u00e9 Emeterio Cruz Santacruz contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de la actuaci\u00f3n objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abdejar sin valor y efecto la sentencia del 04 de febrero de 2022\u2026 mediante la cual, el Juzgado\u2026 confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia\u2026 por causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, toda vez que dicha sentencia presente un defecto f\u00e1ctico y\u2026 desconocimiento del precedente jurisprudencial\u00bb; y se ordene al estrado querellado que \u00abprofiera de nuevo la sentencia que corresponda teniendo en cuenta las pruebas allegadas al proceso, los hechos debidamente probados dentro del mismo y los precedentes jurisprudenciales que sobre el tema ha proferido la Honorable Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Emeterio Cruz Santacruz promovi\u00f3 juicio de pertenencia contra Alianza Fiduciaria SAS, como vocera y administradora del patrimonio aut\u00f3nomo Sociedad G\u00f3mez Salazar y C\u00eda. S en C.S, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua. La demandada present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n <\/p>\n
2.2. Mediante fallo de 17 de marzo de 2021 el referido estrado neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y declar\u00f3 que el bien le pertenec\u00eda a Alianza Fiduciaria. Esta decisi\u00f3n fue apelada y revocada el 30 de septiembre siguiente, por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali. El extremo pasivo interpuso una tutela que fue concedida por el Tribunal Superior de esa ciudad, en la que se orden\u00f3 dejar sin efecto la sentencia y que el despacho acusado se pronunciara con suficiente motivaci\u00f3n y an\u00e1lisis de las pruebas. <\/p>\n
2.3. El fallador criticado emiti\u00f3 fallo el 4 de febrero de 2022, en el que confirm\u00f3 el de primer grado denegatorio de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el gestor que en la providencia censurada se cambi\u00f3 el sentido de la decisi\u00f3n que se hab\u00eda tomado, pese a que la tutela no orden\u00f3 que se modificara la misma, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, la que le fue desestimada. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que la sentencia constitu\u00eda una v\u00eda de hecho; que se incurr\u00eda en un defecto f\u00e1ctico y se desconoc\u00eda el precedente jurisprudencial, toda vez que se deb\u00edan comprobar los cuatro requisitos para adquirir el dominio, los que acreditaba, pues ten\u00eda la posesi\u00f3n ininterrumpida desde el a\u00f1o 1997, 2000 o 2002, era p\u00fablica, hab\u00eda realizado mejoras, hab\u00eda explotado el predio y no ten\u00eda a otra persona como due\u00f1a. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que no exist\u00eda prueba de actos violentos o mala fe al momento de poseer el bien; que ten\u00eda derecho a que se le adjudicara el lote; y que se cumpl\u00edan los requisitos de procedencia del resguardo. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que en cumplimiento de la tutela emiti\u00f3 el fallo de 4 de febrero de 2022, en el que tras analizar los nuevos elementos de juicio que no hab\u00edan sido valorados por problemas en el sistema digital del proceso, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado; que dicha providencia se fund\u00f3 en el estudio probatorio, legal y jurisprudencial respectivo; que las razones de hecho y de derecho por las que emiti\u00f3 la mencionada determinaci\u00f3n se encontraban plasmadas en la misma; y que lo cuestionado era una sentencia producto de una acci\u00f3n constitucional, por lo que no era procedente interponer una nueva, sino adelantar el tr\u00e1mite de un desacato. <\/p>\n
3. Alianza Fiduciaria SAS, como vocera del fideicomiso G\u00f3mez Salazar y la Sociedad G\u00f3mez Salazar y C\u00eda. S en C.S., refiri\u00f3 que el nuevo fallo corrigi\u00f3 los yerros protuberantes, llegando a una conclusi\u00f3n diferente, lo que no le era vedado; que no advert\u00eda la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, pues el asunto se resolvi\u00f3 de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso; que la providencia criticada no era arbitraria; que el no cumplimiento del t\u00e9rmino prescriptivo para consolidar la aspiraci\u00f3n del gestor, no fue objeto de apelaci\u00f3n; que lo que pretend\u00eda el quejoso era esquivar la diligencia de entrega del bien, ocasionando una dilaci\u00f3n del proceso; y que era temerario el actuar del accionante con el fin de detener el cumplimiento de una sentencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se configuraba causal de procedibilidad alguna; que la decisi\u00f3n adoptada no era arbitraria; que las consideraciones del juzgador criticado no eran caprichosas, ni desconoc\u00edan el ordenamiento jur\u00eddico, sino que se proporcionaron fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos razonables que no transgred\u00edan los derechos de la parte; que tampoco se incurr\u00eda en defecto f\u00e1ctico ni en desconocimiento del precedente jurisprudencial; que no existi\u00f3 una valoraci\u00f3n defectuosa; y que la providencia censurada guard\u00f3 armon\u00eda con las normas aplicables. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que el Tribunal Constitucional no analiz\u00f3 las pruebas allegadas y pas\u00f3 por alto que la sentencia criticada constitu\u00eda una v\u00eda de hecho, presentaba un defecto f\u00e1ctico y desconoc\u00eda los precedentes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado del circuito criticado, en la providencia definitoria del proceso de 4 de febrero de 2022, tras analizar las pruebas recaudadas, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 As\u00ed las cosas, y como quiera que los testimonios escuchados son claros, responsivos, coherentes con su dicho, y coincidentes con lo afirmado por el demandante en su interrogatorio, quien se considera como se\u00f1or y due\u00f1o, habr\u00e1 de tenerse tal calidad, pues no puede perderse de vista que as\u00ed lo reiter\u00f3 en el interrogatorio que se le practic\u00f3 el d\u00eda 14 de marzo de 2013, dentro del tr\u00e1mite de prueba anticipada promovido por Alianza Fiduciaria S.A., y que curs\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo de Dagua, en el que respondi\u00f3: \u201csi yo he alquilado para cultivo de pi\u00f1a, yo soy el due\u00f1o de la finca y puedo alquilarlo\u201d. <\/p>\n
A esta conclusi\u00f3n llega esta instancia atendiendo que la prueba reina en esta clase de procesos es la testimonial, la cual debe dar certeza de los supuestos f\u00e1cticos que se plantean en la demanda, tal como lo plantea la Jurisprudencia\u2026 <\/p>\n
Declaraciones, de las cuales se destaca al un\u00edsono que reconocen al se\u00f1or Jos\u00e9 Emeterio Cruz Santacruz, como se\u00f1or y due\u00f1o, del bien objeto de demanda, demostr\u00e1ndose el elemento externo (Corpus), a trav\u00e9s del ejercicio de actos de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, tales como la siembra de cultivos y el alquiler de plazas para esa misma finalidad, de los cuales se allegaron copias al plenario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el Despacho no abandona el criterio expuesto en cuanto a la calidad de poseedor del demandado, pues de los testimonios rendidos y los interrogatorios de parte aflora con nitidez que se comporta con se\u00f1or\u00edo y tiene humos de due\u00f1o frente al inmueble. <\/p>\n
No obstante, reexaminado el expediente, tras la acci\u00f3n de tutela formulada por los demandados, el Despacho descendi\u00f3 al an\u00e1lisis de los elementos de juicio allegados al plenario en orden a determinar si est\u00e1 o no acreditado el tiempo requerido para adquirir la propiedad del inmueble por prescripci\u00f3n, como lo reclam\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en sede constitucional, encontrando que en efecto, no hay prueba que demuestre que al tiempo de la presentaci\u00f3n de la demanda, el Se\u00f1or Cruz Santacruz llevare ocupando el inmueble como poseedor por espacio de 10 a\u00f1os. <\/p>\n
En ese orden de ideas, como bien lo sostuvo el Juez a-quo en su extenso fallo, los testimonios allegados por el actor, si bien, como se dijo, lo se\u00f1alan como el due\u00f1o, no pueden especificar con claridad -que no exactitud- desde cu\u00e1ndo el se\u00f1or Jos\u00e9 Emeterio Cruz es el \u201cdue\u00f1o\u201d -como dicen los deponentes- del inmueble. Es m\u00e1s, y as\u00ed se se\u00f1al\u00f3 en el motejado fallo, algunos de ellos son contradictorios o detallan saber que el citado ocupa el bien de hace varios a\u00f1os porque as\u00ed lo han escuchado, convirti\u00e9ndose entonces, para efectos del tiempo de posesi\u00f3n, en testigos de o\u00eddas, haciendo que su versi\u00f3n no tenga los efectos esperados para el buen suceso de la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Puntualizando que: <\/p>\n
Para el Despacho, no puede ni debe ser tenida como prueba del tiempo de usucapi\u00f3n, la escritura p\u00fablica No. 4139 del 16 de diciembre de 2010, como quiera que aquella obedece a una declaraci\u00f3n personal\u00edsima del mismo demandado declar\u00e1ndose poseedor del inmueble desde el tiempo que a \u00e9l interesa. De aceptar tal declaraci\u00f3n de voluntad, bastar\u00eda para cualquier sujeto elevar una declaraci\u00f3n a escritura p\u00fablica sobre la posesi\u00f3n de cualquier inmueble para hacerse a su propiedad mediante la actio usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Pero inclusive, admiti\u00e9ndose que el demandante ha sido poseedor del lote de terreno por un espacio de tiempo mucho mayor al que reclama la ley, la pretensi\u00f3n prescriptiva no tendr\u00eda venero, como quiera que la posesi\u00f3n alegada no se evidencia sobre el total de las aproximadamente 93 hect\u00e1reas con que cuenta el inmueble. Y Para ello, sea suficiente decir: primero, que el demandante ni siquiera, como lo dej\u00f3 entrever en su interrogatorio de parte, conoce exactamente cu\u00e1nto terreno posee, y segundo, de la inspecci\u00f3n judicial adelantada como prueba anticipada y su informe, as\u00ed como de la adelantada por el Despacho en cumplimiento a lo dispuesto por el art\u00edculo 375 del C. G. del P., se logr\u00f3 establecer que de haber posesi\u00f3n no lo es de todas las 99 hect\u00e1reas, pues los contratos de arrendamiento de los que se socorre el accionante no dan demuestran sino un arrendamiento de una peque\u00f1a parte -4 o 5 hect\u00e1reas- del lote de terreno; no otra cosa puede entenderse del informe del perito que anuncia, que la mayor parte del inmueble se encuentra enrastrojado. <\/p>\n
De ah\u00ed entonces que los contratos de arrendamiento no contribuyan mucho al triunfo de la pretensi\u00f3n, pues si bien es un acto de naturaleza netamente posesoria para este caso, lo cierto es que demuestran que esa posesi\u00f3n es sobre una parte peque\u00f1a del inmueble, no pudi\u00e9ndose pretender el total del predio cuando lo que se ha probado posee el demandante no es m\u00e1s que una peque\u00f1a parte del mismo. <\/p>\n
Por otra parte no es comprensible la actitud del demandante de llamar a conciliaci\u00f3n a los hoy demandados para pretender entregar el inmueble bajo la condici\u00f3n de quedarse con alguna parte de \u00e9l, pues si se proclamaba amo y se\u00f1or de todo el terreno, y que sobre el pesaba el derecho a prescribirlo porqu\u00e9 entonces ofrecer la devoluci\u00f3n del mismo. Este acto, no le resta forzosamente su condici\u00f3n de poseedor, pero s\u00ed refuerza el criterio que se bien exponiendo, y es que, si hay posesi\u00f3n, pero no sobre el inmueble haci\u00e9ndose imposible entonces acceder a una pretensi\u00f3n como la enarbolada en el libelo. <\/p>\n
Para este Despacho la actuaci\u00f3n administrativa que adelant\u00f3 el usucapiente en busca de la prescripci\u00f3n de los impuestos prediales causados, es un verdadero acto de posesi\u00f3n, calidad que aqu\u00ed no se ha negado; sin embargo, aquel no es ni por asomo determinante para demostrar el tiempo o la cantidad de terreno pose\u00edda, m\u00e1s aun cuando las pruebas valoradas demuestran que aquella solicitud de prescripci\u00f3n se hizo solo hasta el a\u00f1o 2015 y en el acto administrativo, l\u00f3gicamente tampoco se reconoce la posesi\u00f3n sobre las 93 hect\u00e1reas. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, para el Despacho si bien hay una posesi\u00f3n por parte del demandante, no logr\u00f3 demostrar durante cuanto tiempo y sobre qu\u00e9 \u00e1rea ejerce dicha posesi\u00f3n, por lo que releva este juzgador de hacer mayor consideraci\u00f3n al respecto, pues no habi\u00e9ndose probado el tiempo y el bien a usucapir en lo que respecta al metraje, m\u00e1s razones para negar las pretensiones resultan inoficiosas\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del litigio criticada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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