STC11902-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC11902-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2022-00306-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de julio de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Blanca Nubia Peralta Garibello contra los Juzgados Civil del Circuito de C\u00e1queza, Promiscuo Municipal de Chipaque, Ana Rosa Huertas Mac\u00edas, Nubia Esmeralda Hurtado Baquero, Edison Fabi\u00e1n Moreno Baquero, Lucenidt Basto Moreno y Julio C\u00e9sar Espitia Aleans, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abdejar sin efecto el auto de fecha junio (7) de 2022\u2026 en el que se resuelve la segunda instancia del incidente de levantamiento de medida cautelar\u2026\u00bb; y ordenar al estrado del circuito acusado \u00abdejar en firme la providencia\u2026 de fecha 19 de mayo de 2022\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Blanca Nubia Peralta promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Nubia Esmeralda Hurtado Baquero y Edison Fabi\u00e1n Moreno Baquero, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque, tr\u00e1mite en el que se decret\u00f3 el embargo y secuestro de los derechos derivados de la posesi\u00f3n y mejoras que detentaban los demandados sobre un predio, la que se materializ\u00f3 el 8 de abril de 2021, declar\u00e1ndose legalmente secuestrados los mismos. <\/p>\n
2.2. Ana Rosa Huertas Mac\u00edas present\u00f3 incidente de levantamiento de la medida, el que fue desestimado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque en prove\u00eddo de 19 de mayo de 2022, decisi\u00f3n que tras ser apelada, fue revocada por el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza, en auto de 7 de junio siguiente, disponi\u00e9ndose el levantamiento de la referida medida. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la gestora que la decisi\u00f3n criticada era ostensiblemente arbitraria; que se desconocieron los principios de comunidad probatoria y sana critica; que no estaba en discusi\u00f3n, ni se deb\u00eda probar la relaci\u00f3n jur\u00eddica, pues el asunto que se debat\u00eda eran los actos de posesi\u00f3n y mejoras que ejerc\u00edan los demandados en el bien, que no la existencia de un contrato de compraventa que fue confesado. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que se uso una tarifa legal; que se incurri\u00f3 en las causales de procedibilidad del resguardo; y que se debi\u00f3 someter el contrato de arrendamiento a una prueba t\u00e9cnica para determinar su fecha de suscripci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Adujo que sobre la declaraci\u00f3n de la ejecutada se debi\u00f3 tener m\u00e1s cuidado en su valoraci\u00f3n; y que probablemente el vinculado Huertas Baquero incurri\u00f3 en falso testimonio. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza indic\u00f3 que los argumentos para revocar la providencia criticada se hallaban expuestos en la misma; y que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque remiti\u00f3 el link del proceso criticado. <\/p>\n
3. Lucenidt Basto Moreno se\u00f1al\u00f3 que era compradora de buena fe exenta de culpa del bien objeto de la medida cautelar; que el estrado criticado encontr\u00f3 que los demandados no ten\u00edan la calidad de poseedores al momento del secuestro; que la accionante acud\u00eda a la tutela de forma temeraria y de mala fe, con la intenci\u00f3n de buscar una tercera instancia; que la supuesta poseedora manifest\u00f3 de manera enf\u00e1tica que no era poseedora sino arrendataria, aportando el contrato que no fue tachado de falso; que el despacho convocado no incurri\u00f3 en yerros sustantivos, procedimentales o f\u00e1cticos al valorar las pruebas; que no se configur\u00f3 una v\u00eda de hecho; y que por las medidas cautelares no se hab\u00eda podido realizar la entrega material del inmueble, a pesar que figuraba como titular del mismo. <\/p>\n
4. Conforme a los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la conclusi\u00f3n del despacho criticado fue el resultado de la ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n recaudados en el devenir del incidente de levantamiento de cautelas; que all\u00ed se determin\u00f3 que la incidentante Ana Rosa Huertas para el momento de la diligencia de secuestro detentaba la posesi\u00f3n sobre los derechos posesorios derivados del bien; que sin necesidad de determinar si se avalaban o no esas consideraciones, lo cierto es que a la conclusi\u00f3n no se le pod\u00eda atribuir defecto alguno, pues era fruto de una hermen\u00e9utica atendible; y que la tutela no era una instancia adicional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que se efectu\u00f3 un juicio irrazonable de las pruebas; que s\u00ed se encontraban reunidos los requisitos de procedencia del resguardo; y que no se usaba la tutela como otra instancia, sino como un mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la procedencia del resguardo impetrado, en tanto que el estrado acusado cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues al desatar la alzada omiti\u00f3 sopesar la totalidad de los medios suasorios, pasando por alto el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual le impon\u00eda valorarlos en conjunto, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, exponiendo \u00abrazonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. <\/p>\n
En efecto, se observa que con miras a revocar la decisi\u00f3n del a-quo para, en su lugar, disponer el levantamiento de las medidas que reca\u00edan sobre el inmueble, el fallador del circuito acusado puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026dentro del tr\u00e1mite incidental no se aport\u00f3 el contrato de promesa de compraventa que se menciona fue suscrito entre la incidendante, Elcy y Jes\u00fas Huertas con la demandada Nubia Hurtado, y aunque dentro de las declaraciones recaudadas Nubia Hurtado y Edison Moreno, mencionan la suscripci\u00f3n de contrato citado, lo cierto es que no es el medio probatorio para establecer la existencia y vigencia de un contrato de promesa de compraventa, por lo que no se podr\u00eda tener conocimiento de los que se hubiese pactado en dicha negociaci\u00f3n. Lo anterior, de acuerdo a lo determinado en el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil\u2026 <\/p>\n
Y tras destacar la declaraci\u00f3n de la demandada y advertir que no aport\u00f3 el contrato de promesa de compraventa, por lo que no se pod\u00eda concluir que all\u00ed transfiri\u00f3 la posesi\u00f3n, indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026de la declaraci\u00f3n de la demandada, del contrato de arrendamiento que no se desconoci\u00f3 por la parte ejecutante y, en concordancia con lo previsto en el art\u00edculo 775 del C\u00f3digo Civil, se vislumbra que la demandada Nubia Esmeralda Hurtado Baquero, el 8 de abril de 2021 ostentaba la calidad de mera tenedora, por lo que la incidentante y los otros copropietarios ten\u00edan la posesi\u00f3n del bien inmueble\u2026, prueba de ello es que dispusieron del mismo vendi\u00e9ndolo a un tercero. <\/p>\n
Cabe recordar, que el mero hecho de arrendar un inmueble, como lo hizo la aqu\u00ed ejecutada, puede ser un indicio, pero no implica per se posesi\u00f3n, puesto que incluso en Colombia se pueden arrendar los bienes ajenos; no obstante lo anterior, se tiene que la incidentante prob\u00f3 tener arrendado el bien, prob\u00f3 disponer del mismo por cuanto lo prometi\u00f3 en venta junto con sus hermanos antes del secuestro a la ejecutada, seg\u00fan informaron los testigos y con posterioridad lo vendi\u00f3 a un tercero y en uso de su calidad de due\u00f1a y poseedora sali\u00f3 a defenderlo oponi\u00e9ndose al secuestro, reconoci\u00e9ndole incluso la ejecutada esa calidad de due\u00f1a y poseedora del bien, lo cual a la vez desvirt\u00faa la calidad de poseedora de la deudora, pues no tiene el animus de apropiarse del bien para s\u00ed\u2026 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, basta observar con detenimiento las anteriores consideraciones para concluir que ninguna disquisici\u00f3n se efectu\u00f3 all\u00ed en cuanto a todos los medios suasorios obrantes en las diligencias para determinar si era procedente o no el levantamiento de la cautela solicitado. <\/p>\n
Y es que, a pesar de resultar trascendental para la definici\u00f3n del asunto sometido a su conocimiento, estrado acusado no valor\u00f3 en conjunto todas las probanzas que ten\u00edan incidencia en la resoluci\u00f3n del incidente presentado, entre estas, el arrendamiento del bien a un tercero por parte de la ejecutada, que el contrato de compraventa se hubiere celebrado con posterioridad al secuestro del inmueble y la falta de entrega del mismo a los nuevos compradores, basando su resoluci\u00f3n en las declaraciones de quienes se ve\u00edan favorecidos con el levantamiento de la medida. <\/p>\n
Con tal proceder, se itera, el juzgador acusado pas\u00f3 por alto su deber de efectuar el an\u00e1lisis integral de todos esos medios suasorios, en conjunto con los dem\u00e1s recolectados, para as\u00ed establecer su verdadero alcance de cara al caso concreto. <\/p>\n
5. Entonces, incuestionable es que el convocado Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza omiti\u00f3 efectuar la valoraci\u00f3n completa del material probatorio que le era exigible, acorde con las reglas de la sana cr\u00edtica, se\u00f1alando el m\u00e9rito asignado a todas las pruebas, con lo que incurri\u00f3 en franco defecto f\u00e1ctico, por lo que se impone la concesi\u00f3n del amparo con miras a que se efect\u00fae una valoraci\u00f3n integral y conjunta de todos los medios suasorios, sin que ello implique que la decisi\u00f3n de remplazo deba efectuarse en determinado sentido, comoquiera que \u00e9ste pender\u00e1, exclusivamente, del adecuado an\u00e1lisis que le compete realizar al accionado. <\/p>\n
En punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la apreciaci\u00f3n probatoria se ha dejado dicho: <\/p>\n
\u2026ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 176 del C\u00f3digo General del Proceso]), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (se destac\u00f3 \u2013 CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00; reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
6. Conforme a lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia impugnada y se le ordenar\u00e1 al Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza que, tras dejar sin efectos el auto de 7 de junio de 2022, junto con todas las determinaciones que de este dependan, proceda a emitir la decisi\u00f3n que corresponda, conforme con las consideraciones consignadas en esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede el resguardo invocado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efecto el auto de 7 de junio de 2022, junto con todas las determinaciones que de este dependan, dentro del proceso ejecutivo promovido por Blanca Nubia Peralta contra Nubia Esmeralda Hurtado Baquero y Edison Fabi\u00e1n Moreno Baquero (radicaci\u00f3n 25178-40-89-001-2021-00029). Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, proceda a proferir la decisi\u00f3n que corresponda, atendiendo las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional a la Colegiatura referida a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: La autoridad accionada deber\u00e1 enterar a esta Corporaci\u00f3n sobre el acatamiento de lo aqu\u00ed dispuesto, a m\u00e1s tardar dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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