STC11904-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11904-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Iv\u00e1n Montenegro Salinas frente al fallo proferido el 25 de julio de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 el resguardo de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, defensa y \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, as\u00ed como de los derechos fundamentales a la igualdad y tambi\u00e9n el \u00abm\u00ednimo vital\u00bb de sus hijas menores de edad Karen y Claudia, as\u00ed como de sus padres Iv\u00e1n Montenegro y Clara Salinas, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada al fijar la cuota alimentaria a favor de su otra hija Liliana y rechazar la demanda que para su disminuci\u00f3n propuso. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, i) \u00ab[s]uspender los efectos del numeral segundo de la sentencia\u2026 [d]el juzgado [accionado]\u2026, proferida el\u2026 13 de julio de 2021, en la parte donde se fij[\u00f3] una nueva cuota de alimentos mensual a favor de la menor: Liliana\u2026, en [su] contra\u2026, hasta tanto\u2026 se tramite\u2026 la demanda de modificaci\u00f3n de cuota de alimentos, que tenga en cuenta los dem\u00e1s alimentarios del accionante\u00bb, orden\u00e1ndole que \u00abcontinu\u00e9 pagando la cuota\u2026 acordada con la madre de la menor\u2026, en\u2026 documento privado\u00bb; ii) revocar y dejar \u00absin ning\u00fan efecto las decisiones proferidas por [ese] juzgado\u2026 en los AUTOS JUDICIALES: de inadmisi\u00f3n de\u2026 26 de octubre de 2021 y de rechazo del 23 de noviembre de ese mismo a\u00f1o\u2026, y como consecuencia, ordenar\u2026 que dicha demanda se tramite en el mismo expediente donde se fij\u00f3 la cuota de alimentos\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 el quejoso que en el juicio de investigaci\u00f3n de paternidad que le inco\u00f3 Martha Cifuentes, en representaci\u00f3n de su menor hija Liliana (nacida el 30 de septiembre de 2018), a pesar de acuerdo privado tanto frente al reconocimiento paterno como respecto a la cuota alimentaria, el 13 de julio de 2021 el Juzgado encartado dict\u00f3 sentencia, en la cual la tuvo como su hija y le impuso pagarle cuota alimentaria equivalente al 35% de su asignaci\u00f3n salarial. <\/p>\n
2.2. Afirm\u00f3 que luego formul\u00f3 demanda para obtener la disminuci\u00f3n de esa cuota, reiterando al Juzgado, como se lo hab\u00eda explicado, que ten\u00eda obligaci\u00f3n de la misma naturaleza con sus otras dos hijas menores de edad (Karen -nacida el 5 de julio de 2006- y Claudia -nacida el 30 de julio de 2020-) y con sus padres (Iv\u00e1n Montenegro y Clara Salinas -seg\u00fan acuerdo de 9 de octubre de 2019-), pero el libelo, tras haberse radicado bajo consecutivo diferente al asunto referido a espacio, fue inadmitido el 26 de octubre de 2021 y rechazado, por su no subsanaci\u00f3n, el 23 de noviembre siguiente. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, el accionante indic\u00f3 que el estrado convocado incurri\u00f3 en defectos sustantivo y procedimental. <\/p>\n
Lo primero, en lo medular, porque aunque en la sentencia referida consign\u00f3 que para la fijaci\u00f3n alimentaria \u00abtuvo en cuenta no s\u00f3lo los ingresos del demandado\u2026, sino adem\u00e1s las obligaciones que por Ley tiene\u2026 para con sus otras dos hijas y con sus padres\u00bb, ciertamente no brind\u00f3 ninguna explicaci\u00f3n v\u00e1lida para, a pesar de ello, tasarla a favor de su hija Liliana en el 35% de su asignaci\u00f3n salarial. <\/p>\n
Lo segundo, porque el juicio de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria debi\u00f3 radicarse bajo el mismo consecutivo del de investigaci\u00f3n de paternidad, y al no hacerse as\u00ed, se le impidi\u00f3 enterarse de las decisiones all\u00ed emitidas, cercen\u00e1ndole la posibilidad de controvertirlas. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que aunque no apel\u00f3 la sentencia del juicio de investigaci\u00f3n de paternidad, su proceder no fue incurioso porque, en su sentir, lo resuelto frente a los alimentos no era pasible de tal censura, comoquiera que los juicios de alimentos son de \u00fanica instancia. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La progenitora de la menor Claudia, en representaci\u00f3n de \u00e9sta, deprec\u00f3 resguardar los derechos esenciales de su descendiente porque en \u00abel fallo\u2026 proferido por el Juzgado [encausado], se vulneran los mismos, pues fij\u00f3 una cuota de alimentos del 35% a favor de la menor Liliana\u2026, desconociendo que [su] hija tiene iguales derechos[,] pues tambi\u00e9n es alimentada por su padre[,] el se\u00f1or Montenegro Salinas, debido a que\u2026 depende econ\u00f3micamente [de \u00e9l]\u2026[,] y omitiendo los derechos de la menor Karen\u2026, quien tambi\u00e9n tiene los mismos derechos alimentarios de las otras dos menores\u00bb. <\/p>\n
2. Los padres del accionante tambi\u00e9n pidieron la concesi\u00f3n del resguardo con similares argumentos a los expuestos a espacio, enfatizando que son \u00abpersonas de la tercera edad y\u2026 [dependen] econ\u00f3micamente de [su] hijo Iv\u00e1n\u00bb, y que \u00abcon el porcentaje otorgado a la menor [Liliana] se amenaza [su] subsistencia [as\u00ed como la] de otras dos menores que tienen igual derecho\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 120 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia conceptu\u00f3 que \u00absi el juez Constitucional\u2026, luego del estudio del tr\u00e1mite judicial cuestionado, observa que, si en efecto, se quebrant\u00f3 el derecho a la defensa, m\u00ednimo vital y debido proceso de la parte actora, se debe proceder a su resguardo\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Medell\u00edn histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas e indic\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo insatisfac\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad porque el censor \u00abno agot\u00f3 las v\u00edas ordinarias, no recurri\u00f3 ninguna de las decisiones\u2026 adoptadas, la solicitud de correcci\u00f3n de sentencia la present\u00f3 de manera extempor\u00e1nea, y pretende mediante este amparo que, se suspendan [sus] efectos\u2026 en lo atinente a la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria de una menor de edad\u00bb. <\/p>\n
5. Martha Cifuentes, en representaci\u00f3n de su hija Liliana, defendi\u00f3 la legalidad del proceder de la sede judicial atacada y, con fundamento en ello, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, al considerar inexistente la denunciada conculcaci\u00f3n de garant\u00edas esenciales, sumado a la carencia de legitimaci\u00f3n de su promotor, comoquiera que \u00abno acredit[\u00f3] v[\u00ed]nculo o relaci\u00f3n de representaci\u00f3n legal con terceras personas como hijos y padres\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar ausente el presupuesto de la subsidiariedad, porque el quejoso no apel\u00f3 la sentencia del proceso de investigaci\u00f3n de paternidad, exteriorizando las inconformidades tra\u00eddas en sede de tutela, no ha deprecado la nulidad de los autos emitidos en el tr\u00e1mite de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, ni hizo uso del recurso de reposici\u00f3n frente a los mismos. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3 que frente a la referida sentencia tampoco se satisfizo el requisito de la inmediatez y que los asuntos de alimentos no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, por lo que el actor pod\u00eda intentar nuevamente la frustrada disminuci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales y enfatizando que aunque no apel\u00f3 la sentencia dictada en el juicio de investigaci\u00f3n de paternidad, lo cierto es que ese mecanismo era improcedente para controvertir lo all\u00ed resuelto frente a la fijaci\u00f3n alimentaria, comoquiera que las decisiones sobre alimentos son de \u00fanica instancia; y que tampoco pudo agotar ning\u00fan recurso frente a las decisiones emitidas en el tr\u00e1mite de disminuci\u00f3n porque, precisamente, debido al irregular cambio de radicaci\u00f3n, nunca tuvo conocimiento de ellas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De esta manera, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, se tiene que el reclamante, aduciendo conculcaci\u00f3n tanto de sus derechos de primer grado como de los prevalentes de sus hijas, critic\u00f3 al Juzgado acusado porque fij\u00f3 la cuota alimentaria a favor de una de ellas y en perjuicio de las otras dos, en un 35% de su asignaci\u00f3n salarial, sumado a que rechaz\u00f3, desatendiendo el principio de publicidad, la demanda que para su disminuci\u00f3n propuso. <\/p>\n
3.1. Puestas as\u00ed las cosas, en primer lugar, pertinente es recordar, como lo tiene por sentado la Sala, que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
3.2. En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, el legislador patrio al expedir el C\u00f3digo General del Proceso contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo tal derrotero, comoquiera que la discusi\u00f3n propuesta involucra los derechos prevalentes de menores de edad, se destaca que ello se muestra suficiente para que, al margen de la insatisfacci\u00f3n de los presupuestos generales de procedencia del amparo tutelar, le corresponda a esta Corte ocuparse del fondo de la situaci\u00f3n sometida a su definici\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al auscultar la sentencia dictada el 13 de julio de 2021 en el juicio de investigaci\u00f3n de paternidad, espec\u00edficamente en cuanto a la tasaci\u00f3n alimentaria que all\u00ed se produjo a favor de la menor de edad Liliana, se anticipa la prosperidad de la impugnaci\u00f3n propuesta y, por ende, la revocatoria del fallo dictado por el a-quo constitucional, comoquiera que el estrado judicial encartado s\u00ed transgredi\u00f3 los derechos fundamentales de las otras dos hijas menores de edad del accionante, al no pronunciarse all\u00ed frente a cada uno de los argumentos que \u00e9l expuso para que fueran debidamente sopesados al momento de determinar el monto de la referida carga alimentaria, incurriendo en una evidente carencia de motivaci\u00f3n, desafuero que amerita la injerencia del juzgador constitucional. <\/p>\n
4.1. En efecto, de acuerdo a lo extractado en esa providencia, el padre de las menores deprec\u00f3 que para dicha tasaci\u00f3n se tuviera en cuenta que \u00abtiene otras dos hijas menores de edad, de quienes arrim\u00f3 su registro civil de nacimiento, en donde consta el acto del reconocimiento de la paternidad, y a la cuales les debe alimentos, sumado a que, el\u2026 9 de octubre de 2019, en la Comisar\u00eda de Familia de Soacha, Cundinamarca, se comprometi\u00f3 a pagar a sus padres la suma de quinientos setenta mil pesos a cada uno, m\u00e1s ropa y servicios p\u00fablicos\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, al momento de definir lo pertinente frente a la asignaci\u00f3n alimentaria, el fallador acusado exterioriz\u00f3, llana e insuficientemente, que: <\/p>\n
\u2026en concordancia con lo dispuesto por el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia se fijar\u00e1 como cuota alimentaria a cargo del se\u00f1or IV\u00c1N\u2026 y a favor de la ni\u00f1a LILIANA\u2026, una cuota alimentaria mensual equivalente al 35% de los ingresos que devengue el demandado, y en caso de no devengar ingreso alguno, el 35% del Salario M\u00ednimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), obligaci\u00f3n pagadera los primeros cinco (5) d\u00edas de cada mes a partir del mes de agosto de 2021, cuota alimentaria que ser\u00e1 consignada en la cuenta de ahorros Bancolombia No\u2026 o entregadas a la madre del menor de edad, y dos cuotas adicionales, una en el mes de junio y la otra en el mes de diciembre de cada a\u00f1o, cada una por un valor equivalente al 35% de los ingresos que devengue el demandado, y en caso de no devengar ingreso alguno, el 35% del Salario M\u00ednimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), mesadas las cuales ser\u00e1n consignadas o entregadas a la madre del menor de edad, en la misma forma de la cuota ordinaria mensual, los primeros cinco (5) d\u00edas los meses de junio y de diciembre de cada a\u00f1o, comenzado en el mes de diciembre de 2021. As\u00ed mismo el se\u00f1or IV\u00c1N\u2026 estar\u00e1 obligado al pago del 50% de los gastos de salud NO POS y educaci\u00f3n causados por la ni\u00f1a\u2026 <\/p>\n
Para la fijaci\u00f3n de la mentada obligaci\u00f3n se tuvo en cuenta no s\u00f3lo los ingresos del demandado, acreditados con una colilla de pago del a\u00f1o 2019\u2026, sino adem\u00e1s las obligaciones que por Ley tiene el alimentante para con sus otras dos hijas y con sus padres, estos \u00faltimos, quienes dependen en sus cr\u00e9ditos del reclamo que en materia de alimentos hagan los hijos menores de edad, a quien por Ley les deba alimentos. (art. 8\u00b0 y 129 de la Ley 1098 de 2006). <\/p>\n
4.2. Basta volver sobre ese aparte de la decisi\u00f3n del Juzgado convocado para advertir que ninguna disquisici\u00f3n seria efectu\u00f3 en cuanto a los argumentos propuestos por el quejoso, pues solamente los enunci\u00f3, en tanto que aunque indic\u00f3 que para la fijaci\u00f3n alimentaria tuvo en cuenta \u00ablas obligaciones que por Ley tiene el alimentante para con sus otras dos hijas y con sus padres\u00bb, ninguna disquisici\u00f3n hizo de cara a justificar el motivo por el cual, a pesar de ello, fij\u00f3 a favor de la menor de edad Liliana, como cuota alimentaria, el 35% de la asignaci\u00f3n salarial de aqu\u00e9l; de donde se revela una patente falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, en el caso concreto, advirtiendo que esas alegaciones atacaban el monto al que podr\u00eda ascender la carga alimentaria por definir, el juzgador no s\u00f3lo no pod\u00eda abstenerse de sopesarlas sino que estaba obligado a exteriorizar expresamente las razones para acogerlas o desecharlas, lo que no hizo. <\/p>\n
4.3. En punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de la carencia de argumentos suficientes en la decisi\u00f3n, se tiene por sentado que trasgrede las garant\u00edas fundamentales de los coasociados porque \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
5. La anotada contingencia, sin duda, comprometi\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de todos los involucrados en la actuaci\u00f3n recriminada y, en especial, de las dos hijas menores de edad del accionante, cuyas garant\u00edas \u00e9ste pidi\u00f3 resguardar; lo cual impone infirmar la sentencia opugnada para, en su lugar, acceder al resguardo, con alcance parcial, por la cual se ordenar\u00e1 al Juzgado acusado que, tras dejar sin efecto, exclusivamente, el ordinal \u00abSEGUNDO\u00bb de la parte resolutiva de su providencia del 13 de julio de 2021, junto con todas las actuaciones que de ella dependan, proceda a dictar una sentencia complementaria en la que atienda los razonamientos aqu\u00ed condensados, espec\u00edficamente en cuanto a analizar todos los argumentos propuestos por los all\u00ed intervinientes de cara a la tasaci\u00f3n de la cuota alimentaria a favor de la menor de edad Liliana, sin que ello implique que su pronunciamiento deba emitirse en determinado sentido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca el fallo impugnado y, en su lugar, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de las menores de edad Karen y Claudia, por la incursi\u00f3n en carencia de motivaci\u00f3n por parte de la autoridad judicial acusada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Medell\u00edn que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin efecto, exclusivamente, el ordinal \u00abSEGUNDO\u00bb de la parte resolutiva de su providencia del 13 de julio de 2021, junto con todas las actuaciones que de ella dependan, proceda a dictar una sentencia complementaria en la que atienda los razonamientos atr\u00e1s consignados, espec\u00edficamente en cuanto a analizar todos los argumentos propuestos por los all\u00ed intervinientes de cara a la tasaci\u00f3n de la cuota alimentaria a favor de la menor de edad Liliana, en el juicio de investigaci\u00f3n de paternidad recriminado (radicado XXXX). <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, por sustracci\u00f3n de materia, se niega la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11904-2022 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el 16 de diciembre de 2020, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con personas menores de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67054","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67054"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67054\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}