STC11906-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11906-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02748-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Alirio Reyes \u00c1lvarez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, sin efectuar pretensi\u00f3n concreta, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales cuestionadas, en el juicio criticado, al desechar sus excepciones sin permitirle interrogar a su antagonista \u00absobre los m\u00f3viles de los presuntos pr[\u00e9]stamos\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para definir el presente caso: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 el actor que el 8 de noviembre de 2018 adquiri\u00f3 el predio identificado con folio inmobiliario 50S-40104025, seg\u00fan se registr\u00f3 en su anotaci\u00f3n Nro. 28 del d\u00eda 29 siguiente, y meses despu\u00e9s, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 – Zona Sur lo enter\u00f3, como actual propietario, de que adelantaba una actuaci\u00f3n administrativa encaminada a establecer \u00abla real situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb de ese inmueble, la que concluy\u00f3 el 17 de febrero de 2020, restando efectos a la anotaci\u00f3n Nro. 19 de 21 de agosto de 2015, a trav\u00e9s de la cual se hab\u00eda levantado, irregularmente, el gravamen hipotecario constituido con anterioridad a favor de Fanny Saganome Berna seg\u00fan la anotaci\u00f3n Nro. 17 de 22 de noviembre de 2013, con lo que \u00e9sta cobr\u00f3 plena vigencia. <\/p>\n
2.2. Luego, con apoyo en 7 pagar\u00e9s suscritos por Abel Antonio G\u00f3mez Cort\u00e9s y Alexandra Matilde Landinez Garc\u00eda, cuando eran propietarios del referido predio, con vencimiento 1\u00ba de abril de 2019, por la suma total de $277.500.000; y la garant\u00eda hipotecaria constitu\u00eda por \u00e9stos seg\u00fan la referida anotaci\u00f3n Nro. 17; Fanny Saganome Berna present\u00f3 juicio ejecutivo hipotecario contra el accionante, en el cual se libr\u00f3 mandamiento de pag\u00f3 y el ejecutado se opuso formulando las defensas de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abpago de la obligaci\u00f3n seg\u00fan la relaci\u00f3n y continuidad de los pagar\u00e9s presentados para el cobro\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria de los t\u00edtulos presentados para su cobro\u00bb e \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n por falta de capacidad econ\u00f3mica de la demandante que hace que los pagar\u00e9s care[z]can de valor exigible\u00bb. <\/p>\n
2.3. En audiencia de 27 de octubre de 2021 se efectuaron los interrogatorios a las partes, destacando que, al considerarlo irrelevante para el objeto del litigio, m\u00e1xime cuando el deudor no tach\u00f3 del falsos los pagar\u00e9s, el Juzgado a-quo no permiti\u00f3 al apoderado del ejecutado indagar a su antagonista en torno a si ella averigu\u00f3 qu\u00e9 capacidad econ\u00f3mica ten\u00edan los deudores, el monto por el que ella vendi\u00f3 la buseta de cuyo producto afirm\u00f3 obtener el dinero que prest\u00f3 a aqu\u00e9llos, si las sumas las entreg\u00f3 en efectivo o en cheque y si inicialmente les prest\u00f3 $110.000.000, cu\u00e1l fue la suma que le qued\u00f3 de aquella transferencia. Adem\u00e1s, en esa diligencia se deneg\u00f3 oficiar a la DIAN para obtener la declaraci\u00f3n de renta de la acreedora, decisi\u00f3n que se mantuvo al desatar el recurso de reposici\u00f3n propuesto por el extremo ejecutado y la cual no fue atacada en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Finalmente, surtidas las etapas de rigor, el 1\u00ba de diciembre de 2021 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual declar\u00f3 infundados los medios defensivos y orden\u00f3 continuar el cobro; determinaci\u00f3n que el 13 de julio \u00faltimo confirm\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.5. En sede de tutela el accionante critic\u00f3, en concreto, que los sentenciadores incurrieron en v\u00eda de hecho al \u00abNEGAR las Excepciones propuestas\u00bb sin permitirle interrogar a la acreedora \u00abde conformidad al fundamento de [\u00e9stas]\u2026, sustentando\u2026 que no pod\u00eda interrogar sobre los m\u00f3viles de los presuntos pr[\u00e9]stamos por cuanto los t\u00edtulos no hab\u00edan sido tachados de falsos, sin entender que [\u00e9l]\u2026 no era el deudor natural, sino que hab\u00eda obtenido esta calidad al haber sido enga\u00f1ado en la transacci\u00f3n que realizara\u00bb; pasando por alto, adem\u00e1s, lo extra\u00f1o que result\u00f3 que \u00abse constituyen 3 Pagar[\u00e9]s por una misma deuda de\u2026 ($110.000.000) y el plazo para su vencimiento es el mismo 1 de abril de 2019\u00bb; y que \u00absi para mayo del 2014 la demandante les hace un pr\u00e9stamo de $70.000.000 Pagar[\u00e9] N\u00ba 001 y para Agosto 11 de 2014 les hace otro pr\u00e9stamo de $40.000.000 \u00f3sea (sic) un total de $110.000.000, quiere decir que ya le hab\u00edan cancelado los $110.000.000 garantizados con los Pagar[\u00e9]s 1, 2 y 3 de\u2026 3 de Septiembre, por esa misma suma, de otra forma c[\u00f3]mo se entiende que si no se le hubieran cancelado los primeros CIENTO DIEZ MILLONES les vaya a prestar nuevamente\u2026 la misma cantidad. En marzo de 2015 vuelve y les hace un pr\u00e9stamo de $30.000.000 casi un a\u00f1o despu\u00e9s, y lo garantiza con el Pagar[\u00e9] 009, es porque ya le hab\u00edan cancelado los $110.000.000, por cuanto no tiene l\u00f3gica que debi\u00e9ndole esa plata, vuelva y les haga otro pr\u00e9stamo de $30.000.000\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de tutela, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y deprec\u00f3 el despacho adverso del reclamo tutelar porque \u00abno se han vulnerado derechos fundamentales al actor, por el contrario, se ha procurado imprimir celeridad a fin de que no se tornen ilusorios los derechos reclamados\u00bb. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta est\u00e1 llamada al fracaso, lo que impone denegar la protecci\u00f3n pedida, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En cuanto a los cuestionamientos relacionados con la supuesta obstaculizaci\u00f3n en la pr\u00e1ctica del interrogatorio de parte a la ejecutante, muy a pesar de las alegaciones del inconforme, lo cierto es que su solicitud de resguardo carece del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, en tanto que ning\u00fan mecanismo defensivo propuso, de manera formal, ante el a-quo recriminado, exponiendo las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas frente a las determinaciones adoptadas en la diligencia en que aqu\u00e9l fue recepcionado; aunado a que tampoco aprovech\u00f3 la oportunidad que tuvo ante el ad-quem para deprecar su eventual pr\u00e1ctica en segunda instancia, de conformidad con lo reglado en el canon 327 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Circunstancias que evidencian su descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el fallador natural e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy precepto 117 del C\u00f3digo General del Proceso]-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en cuanto al aspecto bajo an\u00e1lisis, la protecci\u00f3n rogada no se abre paso a voces del numeral 1\u00b0 del canon 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la evidente e injustificada falta de agotamiento de los medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las decisiones criticadas en sede de tutela, deriv\u00e1ndose de all\u00ed que la supuesta carencia probatoria que cuestiona el accionante, precisamente, tuvo g\u00e9nesis en su proceder omisivo. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, la salvaguarda tampoco se abre paso en lo tocante con las cr\u00edticas formuladas en torno a la decisi\u00f3n de continuar la ejecuci\u00f3n en contra del censor, porque no luce arbitraria la sentencia en la que el pasado 13 de julio el Tribunal acusado ratific\u00f3 tal determinaci\u00f3n del a-quo recriminado. <\/p>\n
2.2.1. En efecto, en tal providencia, sobre la que recae el presente an\u00e1lisis, por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3 de forma definitiva el asunto ejecutivo sometido a consideraci\u00f3n, el ad-quem criticado, tras historiar los antecedentes del caso, incluida la sentencia de primera instancia, los reparos y sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n propuesta frente a la misma, consign\u00f3 que la acreedora \u00aballeg\u00f3 con la demanda instrumentos que demuestran la existencia de t\u00edtulos ejecutivos a su favor y a cargo de la convocada, que cumplen con los requisitos de los art\u00edculos 621, 671 y 712 del C\u00f3digo de Comercio, cartulares que a su vez satisfacen las exigencias del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, pues de estos se desprenden obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, que tornaban, viable la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, tras indicar que el deudor \u00abse opuso a la ejecuci\u00f3n, y solicit\u00f3 que, en [esa] instancia se declare probada la excepci\u00f3n de \u201cPAGO DE LA OBLIGACI\u00d3N SEG\u00daN LA RELACI\u00d3N Y CONTINUIDAD DE LOS PAGAR\u00c9S PRESENTADOS PARA EL COBRO,\u201d\u00bb; anot\u00f3 que por ello era \u00abpertinente examinar el acervo probatorio que milita en el expediente a fin de establecer, si en efecto acredit\u00f3 los supuestos de hecho en que\u2026 fund[\u00f3] la defensa planteada\u00bb; planteamiento que, seguidamente, respondi\u00f3 de forma negativa, al advertir que \u00abla parte demandada no cumpli\u00f3 con la carga de demostrar sus exceptivas\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en las normas sobre la materia (especialmente los c\u00e1nones 619, 620, 625, 643, 780, 784 y 822 del C\u00f3digo de Comercio), relacion\u00f3 algunas generalidades en torno al proceso ejecutivo, los t\u00edtulos valores, las acciones y excepciones cambiar\u00edas, para finalmente consignar que, dada la presunci\u00f3n de autenticidad de aquellos documentos, junto con los principios de autonom\u00eda, literalidad e incorporaci\u00f3n que los gobiernan, \u00able corresponde al obligado cambiario que contradice [su] contenido\u2026, la carga de probar de manera fehaciente lo contrario, pues si no existe controversia sobre la persona que suscribi\u00f3 el documento, opera indefectiblemente la se\u00f1alada presunci\u00f3n, esto es, la de tenerse por cierto el contenido del mismo, sin perjuicio, de probar en contrario\u00bb. <\/p>\n
Luego, con fundamento en tales derroteros, desech\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta por el inconforme, al concluir que \u00ablos pagar\u00e9s adosados como b\u00e1culo de la ejecuci\u00f3n no fueron descargados conforme se hab\u00eda acordado, habilitando a la acreedora para exigir su pago, y sin que el demandado probara el fundamento de sus excepciones[,] \u00e9stas ineludiblemente estaban llamadas al fracaso, como en efecto se dispuso en la sentencia de instancia[,] la que en consecuencia deber\u00e1 ser confirmada en su integridad\u00bb. Conclusi\u00f3n que, in extenso, as\u00ed soport\u00f3: <\/p>\n
\u2026ninguna cabida tiene la censura del recurrente, en el sentido de que no es el deudor natural de las obligaciones, puesto que a pesar de haberse suscrito el pagar\u00e9 por los se\u00f1ores\u2026 G\u00f3mez Cort\u00e9s y\u2026 Landinez Garc\u00eda, es la Ley la que se\u00f1ala que dada la garant\u00eda real, en este caso, hipoteca sobre el bien inmueble\u2026, a la acreedora le asiste la facultad de perseguir el bien en cabeza de quien se encuentre, es decir, que as\u00ed no haya firmado los documentos contentivos de la obligaci\u00f3n, es el bien el que responde y por eso est\u00e1 legitimado por pasiva el actual propietario del inmueble, pues es \u00e9ste el que debe responder por la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, dispone el art\u00edculo 468 del C\u00f3digo General del Proceso que \u201cCuando el acreedor persiga el pago de una obligaci\u00f3n en dinero, exclusivamente con el producto de los bienes gravados con hipoteca o prenda, se observar\u00e1n las siguientes reglas: (\u2026) La demanda deber\u00e1 dirigirse contra el actual propietario del inmueble, la nave o la aeronave materia de la hipoteca o de la prenda. (\u2026)\u201d <\/p>\n
Y, como quiera que la hipoteca constituida sobre el inmueble objeto de gravamen en el presente proceso, es una garant\u00eda de car\u00e1cter real, lo cual quiere decir que se persigue la cosa y no a la persona, tal como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 665 del C\u00f3digo Civil \u201cDerecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitaci\u00f3n, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las otras acciones reales.\u201d <\/p>\n
En consecuencia, la se\u00f1ora Fanny Saganome Bernal ten\u00eda la facultad de demandar sobre el derecho real que tiene sobre el inmueble, por tanto, con base en el mismo t\u00edtulo valor se puede hacer efectiva por v\u00eda judicial la obligaci\u00f3n consignada en los cartulares base de la presente ejecuci\u00f3n, pues el demandado al realizar la compra del inmueble debi\u00f3 cerciorarse de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de \u00e9ste. <\/p>\n
Y, en nada hace el reproche atinente a la investigaci\u00f3n seguida por la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos -Zona Sur- de esta ciudad, respecto del levantamiento de la garant\u00eda hipotecaria, pues obs\u00e9rvese que a la fecha en que se interpuso la demanda la misma se encontraba vigente. <\/p>\n
Detectase (sic) que, en el folio de matr\u00edcula allegado como anexo de la demanda\u2026 consta en la anotaci\u00f3n No. 17 la hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda, otorgada por\u2026 G\u00f3mez Cort\u00e9s y\u2026 Landinez Garc\u00eda en favor de Fanny Saganome Bernal. <\/p>\n
Y, si bien en el apunte 19 aparece la cancelaci\u00f3n por voluntad de las partes de aquella, es lo cierto que obra la leyenda \u201cESTA ANOTACI\u00d3N NO TIENE VALIDEZ.\u201d <\/p>\n
As\u00ed las cosas, encuentra la Sala que los t\u00edtulos valores base de la ejecuci\u00f3n y la Escritura P\u00fablica contentiva de la garant\u00eda hipotecaria que conforman el t\u00edtulo ejecutivo, el primero, y la garant\u00eda real, el segundo, gozan de plena validez, puesto que as\u00ed se desprende del acervo probatorio dado que no hay ning\u00fan tipo de censura seria que ponga en duda el m\u00e9rito ejecutivo de los documentos aqu\u00ed relacionados. <\/p>\n
Por ello y porque el demandado en modo alguno acredit\u00f3 la extinci\u00f3n o inexistencia de la obligaci\u00f3n aqu\u00ed cobrada, conform\u00e1ndose con afirmar que no era el \u201cdeudor natural\u201d y que hubo pago al haberse emitido pagar\u00e9s con fecha posterior debe concluirse que los anteriores ya fueron cancelados, pero sin aportar elementos de juicio que y, como lo es sabido a nadie le es dable hacer prueba de su propio dicho, impide acoger las defensas que en ese sentido se esgrimieron. <\/p>\n
No ha de olvidarse, que \u201ccon arreglo al principio universal de que nadie puede hacerse su propia prueba, una decisi\u00f3n no puede fundarse exclusivamente en lo que una de las partes afirma a tono con sus aspiraciones. Ser\u00eda desmedido que alguien pretendiese que lo que afirma en un proceso se tenga por verdad, as\u00ed y todo sea muy acrisolada la solvencia moral que se tenga. Quien afirma un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el art\u00edculo 175 del C. de P. C., con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento del Juez. Esa carga, que se expresa con el aforismo onus probandi incumbit actori, no existir\u00eda si al demandante le bastara afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no m\u00e1s quedar convencido el Juez\u201d1 <\/p>\n
As\u00ed las cosas y conforme las previsiones del art\u00edculo 167 Inciso 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ense\u00f1a que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen, valga decir que corresponde a \u00e9stas demostrar todos aquellos hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el derecho que ellas buscan, ello constituye lo que se ha llamado la necesidad de la prueba y que se traduce en que sin la comprobaci\u00f3n de los hechos el derecho no se reconocer\u00eda en la mayor\u00eda de los casos. <\/p>\n
2.2.2. As\u00ed las cosas, la Corte concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso no es m\u00e1s que una mera diferencia de criterio acerca de la manera como, contrario a sus alegaciones, con apoyo en las normas que gobiernan la materia sometida a discusi\u00f3n y el estudio conjunto de todas las pruebas oportunamente recaudadas, el ad-quem concluy\u00f3 que \u00e9l no logr\u00f3 desvirtuar la suficiencia ejecutiva de los documentos adosados como base de recaudo, supuesto suficiente para continuar el cobro y despachar adversamente sus defensas; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen el despacho adverso del presente ruego supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega la protecci\u00f3n suplicada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 12 feb. 1980. CCXXV -225-, 405. <\/p>\n
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STC11906-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11906-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02748-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Alirio Reyes \u00c1lvarez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67056","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67056\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}