STC11923-2022 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11923-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02792-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luc\u00eda Fernanda Rojo Fl\u00f3rez, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, Daniel Leandro Dangond Rojo1, en contra de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso con radicado 2021-00660, as\u00ed como al Juzgado Veintiocho de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de las garant\u00edas superiores al debido proceso y a tener una familia y el respecto de los derechos de la mujer. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se extraen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 12 de noviembre de 20212, el Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n internacional del menor de edad, Daniel Leandro Dangond Rojo3, instaurada por su progenitora, Luc\u00eda Fernanda Rojo Fl\u00f3rez, a trav\u00e9s del ICBF, contra el padre, David Felipe Dangond D\u00edaz4. <\/p>\n
La solicitud se soport\u00f3 en el Convenio de la Haya de 1980 y en ella se indic\u00f3, en s\u00edntesis, que la madre ostentaba la custodia de su hijo5, que \u00e9l ten\u00eda su residencia habitual con ella en Venezuela6, y que el 9 de julio de 2021 viaj\u00f3 a Colombia a compartir con su padre durante el per\u00edodo de las vacaciones escolares y con un permiso de viaje otorgado por su mam\u00e1, dado que aqu\u00e9l contaba con el derecho de visitas. Llegada la fecha programada para su regreso (19 de septiembre del mismo a\u00f1o), \u00abel progenitor no retorn\u00f3 el ni\u00f1o a Venezuela\u00bb. <\/p>\n
En el escrito, se dej\u00f3 la constancia de que el 26 de octubre de 2021 se realiz\u00f3 la diligencia de persuasi\u00f3n a retorno voluntario, oportunidad en la que el padre se opuso, argumentando, entre otros, que era \u00e9l quien sufragaba los gastos del ni\u00f1o y hasta de su propia madre, quien carec\u00eda de las condiciones para hacerlo, que en Venezuela \u00e9ste viv\u00eda en el barrio Petare, \u00abel m\u00e1s peligroso en Latinoam\u00e9rica\u00bb, y que en el vecino pa\u00eds la situaci\u00f3n era dif\u00edcil7. A la s\u00faplica se acompa\u00f1\u00f3 el pedido de restituci\u00f3n emanado de la Oficina de Relaciones Consulares del Estado de Venezuela8, los boletos de viaje expedidos por la aerol\u00ednea Copa Airlines, que dan cuenta de que el infante, acompa\u00f1ado de su padre, viajaba a Colombia desde Venezuela el 9 de julio del 2021 y retornar\u00eda el 19 de septiembre siguiente9, as\u00ed como documentos escolares del ni\u00f1o en ese pa\u00eds10 y las constancias de residencia de la madre y de su hijo en la vecina Rep\u00fablica11, entre otros. <\/p>\n
2.2. El padre del menor de edad contest\u00f3 la demanda, aduciendo, resumidamente, que: (i) el documento adjuntado a la solicitud inicial, supuestamente emanado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, carec\u00eda de firma, de fecha de elaboraci\u00f3n y de numeraci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual la petici\u00f3n no reun\u00eda los requisitos de ley y no debi\u00f3 d\u00e1rsele tr\u00e1mite12; (ii) que recibi\u00f3 al ni\u00f1o con problemas de desnutrici\u00f3n y des\u00f3rdenes de conducta; (iii) que en el vecino pa\u00eds su hijo viv\u00eda en condiciones precarias, dada la situaci\u00f3n especial que la poblaci\u00f3n de all\u00e1 atravesaba; (iv) que \u00e9l, en procura de salvaguardar los intereses del ni\u00f1o, le ha propuesto a su mam\u00e1 que se mude a Colombia, no obstante, ella se hab\u00eda negado; (v) que en este Estado el peque\u00f1o ten\u00eda sus necesidades cubiertas, al estar escolarizado y vinculado a una entidad prestadora del servicio de salud; (vi) que el menor de edad aqu\u00ed estaba bien, protegido, asistido y acompa\u00f1ado, tanto por \u00e9l como por su familia; y (vii) que \u00e9l, conforme lo establecieron las autoridades judiciales de Venezuela, tambi\u00e9n ejerc\u00eda la patria potestad sobre su hijo. <\/p>\n
En soporte de su oposici\u00f3n adjunt\u00f3, entre otros, documentos de afiliaci\u00f3n a la E.P.S. y un \u00abinforme constante de resumen de intervenci\u00f3n Psicoterap\u00e9utica del ni\u00f1o\u00bb y solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de un \u00abexamen psicoterap\u00e9utico y [una] valoraci\u00f3n integral (\u2026), a fin de dejar demostrada su condici\u00f3n de salud\u00bb. <\/p>\n
2.3. En auto de 17 de enero de los corrientes, se fij\u00f3 fecha para evacuar la audiencia prevista en el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso y se rechaz\u00f3 la excepci\u00f3n previa formulada13. El 4 de febrero ulterior, se adelant\u00f3 la diligencia prevista y se declar\u00f3 fracasada la conciliaci\u00f3n intentada. <\/p>\n
2.4. El 7 de febrero de 2022, el estrado cognoscente dict\u00f3 el fallo correspondiente, accediendo a lo suplicado y ordenando la restituci\u00f3n deprecada14. Para llegar a esa conclusi\u00f3n valor\u00f3 las documentales allegadas tempestivamente y, especialmente, los interrogatorios practicados a los padres, medios suasorios \u00e9stos de cuya apreciaci\u00f3n conjunta dedujo que se satisfac\u00edan la totalidad de los requisitos establecidos en el instrumento internacional bajo el cual se surti\u00f3 el asunto, grosso modo15, porque se verific\u00f3 que: (i) los derechos del ni\u00f1o en Venezuela, donde ten\u00eda su residencia habitual, estaban salvaguardados por su madre; (ii) la retenci\u00f3n fue ilegal, ya que el permiso otorgado por la madre -quien ten\u00eda la custodia del infante- se concedi\u00f3 hasta el 19 de septiembre de 2021, fecha en la cual el menor de edad deb\u00eda retornar a la contigua Rep\u00fablica; (iii) las dificultades sociales, pol\u00edticas y econ\u00f3micas por las cuales atravesaba la poblaci\u00f3n del vecino pa\u00eds no entra\u00f1aban, per se, un riesgo cierto y concreto hacia aqu\u00e9l; (iv) no se configuraba causal alguna de excepci\u00f3n -de las previstas en el Convenio- para negar la solicitud de restituci\u00f3n; y (v) que la cercan\u00eda del ni\u00f1o con su madre segu\u00eda siendo importante, dada su corta edad. <\/p>\n
2.5. El recurso de apelaci\u00f3n presentado por el apoderado del progenitor fue admitido el 21 de febrero de 2022 y el 7 de marzo siguiente se neg\u00f316 la incorporaci\u00f3n y el decreto de unas pruebas allegadas17 y solicitadas18 por aqu\u00e9l, confirm\u00e1ndose, \u00e9sta \u00faltima determinaci\u00f3n, el 27 de abril siguiente. <\/p>\n
2.6. El mismo 7 de marzo de 2022, el Colegiado de conocimiento decret\u00f3, como prueba de oficio, la declaraci\u00f3n del menor de edad y, practicada dicha diligencia, por auto del 4 de mayo siguiente corri\u00f3 traslado a las partes, por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas. Al respecto, el apoderado de la tutelante adujo, entre otros, que lo manifestado por el ni\u00f1o no concordaba con lo que \u00e9l le expresaba a su mam\u00e1, pues le hab\u00eda dicho que quer\u00eda volver con ella a Venezuela y que \u00ab\u00e9l [ten\u00eda] un temor total hacia su padre, quien lo manipul\u00f3 para que dijera que era mejor estar ac\u00e1 en Colombia. Ella nunca lo ha amenazado con darle \u201cCANDELA\u201d, t\u00e9rmino muy extra\u00f1o en el vocabulario del menor (\u2026) [y] ella lo not\u00f3 nervioso, coaccionado\u00bb19. <\/p>\n
2.7. El 3 de agosto siguiente, la Sala de Familia del Tribunal Superior convocado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo y neg\u00f3 la restituci\u00f3n del menor de edad a Venezuela. <\/p>\n
3. Frente a la decisi\u00f3n de la Corporaci\u00f3n accionada, la actora cuestiona que desconoci\u00f3 que su hijo ten\u00eda su centro de vida en el vecino pa\u00eds y viaj\u00f3 a Colombia a visitar a su padre, quien lo retuvo ilegalmente, pues ella ten\u00eda la custodia y que el permiso que le otorg\u00f3 para compartir tiempo con aqu\u00e9l fue por un t\u00e9rmino determinado y un fin concreto. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la decisi\u00f3n del ad quem no evalu\u00f3 los riesgos a los que se somete el ni\u00f1o, \u00abal privarlo del cuidado y afecto de su madre\u00bb ni que el padre tom\u00f3 la decisi\u00f3n de dejar a su hijo en Colombia \u00abde manera unilateral\u00bb, siendo lo procedente que aqu\u00e9l retornara su hijo a Venezuela \u00aby luego si, proceder con la acci\u00f3n legal que para el caso sea conveniente como lo es solicitar la custodia, visitas y alimentos\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, destac\u00f3 que el Colegiado de conocimiento \u00abde manera ilegal concede la custodia al se\u00f1or David Felipe Dangond D\u00edaz, quien cometiendo un acto contrario a la ley, y abusando de la confianza de la se\u00f1ora LUC\u00cdA FERNANDA ROJO FL\u00d3REZ aprovech\u00f3 un espacio de visita para quedarse\u00bb con \u00e9l, hecho que modific\u00f3 la custodia otorgada a ella, pese a que ese asunto deb\u00eda ser ventilado y decidido por un juez de familia, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
En cuanto a la entrevista practicada a su hijo, dijo que el padre lo manipul\u00f3 para que dijera lo que le conven\u00eda y que dicho elemento de convicci\u00f3n no pudo ser controvertido por ella. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo relatado, exige que se revoque la sentencia de segundo grado y se mantenga lo resuelto en primera instancia por el Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1, que dispuso la restituci\u00f3n del peque\u00f1o a Venezuela. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El abogado que fungi\u00f3 como apoderado de David Felipe Dangond D\u00edaz20 en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n se opuso a la prosperidad del ruego constitucional, en tanto \u00e9ste carec\u00eda de sustentaci\u00f3n y, adem\u00e1s, porque en el decurso criticado se verific\u00f3 el deseo del ni\u00f1o. Destac\u00f3 que el \u00abart\u00edculo 12 del Convenio de la Haya fue aplicado correctamente, porque esa norma dispone que cuando ha transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde la fecha del traslado ilegal, la autoridad administrativa o judicial puede negar la restituci\u00f3n si se demuestra que el menor se ha integrado a su nuevo medio\u00bb, como ocurri\u00f3 en este caso, pues para la fecha de la sentencia, 3 de agosto de 2022, el menor de edad ya llevaba m\u00e1s de un a\u00f1o en este pa\u00eds. <\/p>\n
2. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- coadyuv\u00f3 las s\u00faplicas de la tutela, bajo la consideraci\u00f3n de que \u00abaqu\u00ed no se trataba de un asunto para determinar la custodia y cuidado personal del ni\u00f1o en cabeza de uno u otro padre, [lo cual] debe ventilarse ante los Tribunales de la [r]esidencia habitual del menor de edad\u00bb. Resalt\u00f3 que el ni\u00f1o fue sustra\u00eddo irregular e ilegalmente de su residencial habitual, que era Venezuela, junto con su madre, quien ten\u00eda la custodia por orden emitida por autoridad competente en dicho pa\u00eds, al tramitarse el divorcio y que, <\/p>\n
A su vez, enfatiz\u00f3 que el ni\u00f1o fue la verdadera v\u00edctima de la sustracci\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) pues de repente perdi\u00f3 su equilibrio al haber sido separado de la madre con quien siempre hab\u00eda estado; fue \u00e9l quien tuvo que soportar las dificultades para adaptarse a un nuevo entorno (\u2026); dicha circunstancia se debe apreciar con mucho cuidado teniendo en cuenta su edad y que haya alcanzado una madurez suficiente, cuando posiblemente ha sido manipulado de alguna manera por quien lo sustrajo il\u00edcitamente. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se deje sin efectos la providencia proferida el 3 de agosto de 2022 por la Sala de Familia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por medio de la cual se revoc\u00f3 el fallo del Juzgado Veintiocho de Familia de la misma ciudad y se desestim\u00f3 la restituci\u00f3n internacional del ni\u00f1o Daniel Leandro Dangond Rojo. <\/p>\n
2. En el anotado prove\u00eddo, el Colegiado querellado limit\u00f3 a dos los reparos formulados en la apelaci\u00f3n que contra el fallo de primer nivel propuso el apoderado del padre. <\/p>\n
2.1. El primer reproche tuvo que ver con que se aplicaron indebidamente los art\u00edculos 13-b y 20 de la Convenci\u00f3n de la Haya, referidos a la excepci\u00f3n a la restituci\u00f3n por causa del riesgo o peligro al cual el menor de edad pudiere quedar expuesto de ser devuelto a su sitio de residencia habitual. Dicha circunstancia, afirm\u00f3, la sustent\u00f3 la parte interesada en que <\/p>\n
cuando lleg\u00f3 a Colombia, el menor estaba bajo de talla y de peso, no era apto para el nivel escolar en el que deb\u00eda estar, ello sumado a la emergencia humanitaria compleja que existe en la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, que implica circunstancias de riesgo y peligro, reconocida por la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, as\u00ed como por las Naciones Unidas, aunado al desconocimiento del Decreto 216 de 2021 que dict\u00f3 el Estatuto Temporal de Protecci\u00f3n para Migrantes Venezolanos, instrumento a trav\u00e9s del cual el Estado Colombiano reconoci\u00f3 expresa y claramente que Venezuela atraviesa una \u201ccrisis pol\u00edtica, social y econ\u00f3mica\u201d, que en tal sentido la opci\u00f3n de retorno a ese pa\u00eds representa un \u201criesgo para la integridad de las personas\u201d. <\/p>\n
El argumento referido fue desestimado por el ad quem, tras establecer que la retenci\u00f3n del ni\u00f1o por parte del padre fue ilegal. En ese sentido, sostuvo: <\/p>\n
Deber\u00e1 empezarse por precisar que, por acuerdo entre los progenitores, la custodia estaba radicada en cabeza de do\u00f1a Patricia, el ni\u00f1o conviv\u00eda con ella en el vecino pa\u00eds, all\u00ed ten\u00eda su residencia habitual desde febrero de 2014, se encontraba escolarizado y estaba bajo el cuidado personal de ella, quien en consecuencia, ten\u00eda a su cargo fijar las pautas de crianza que exige la cotidianidad, vigilar su conducta y educarlo, mientras que el padre ostentaba el derecho de visita en ejercicio del cual pod\u00eda \u00e9l viajar a verlo o el ni\u00f1o venir a compartir con su progenitor durante la vacaciones escolares, lo que determina que, la retenci\u00f3n del ni\u00f1o resulte il\u00edcita, pues transgrede el derecho de custodia de la progenitora obtenido mediante el acuerdo celebrado entre los padres ante la autoridad judicial competente en Venezuela. <\/p>\n
Por lo anterior, no es de recibo la postura ahora asumida por don David Felipe quien se escuda en la situaci\u00f3n pol\u00edtica y econ\u00f3mica de Venezuela, ya que es de p\u00fablico conocimiento que, para la fecha de la suscripci\u00f3n del acuerdo de voluntades sobre su hijo (2014) en el que decidieron que la progenitora tendr\u00eda la custodia de Daniel Leandro, ya el vecino pa\u00eds estaba en las condiciones que ahora se\u00f1ala el demandado, adicionalmente no ha realizado gestiones para obtener la modificaci\u00f3n de la custodia torn\u00e1ndose, en consecuencia, su actuar en retenci\u00f3n il\u00edcita derivada de la infracci\u00f3n del derecho de custodia a que estaba sometido el ni\u00f1o en ese pa\u00eds, lugar en el cual ten\u00eda su residencia habitual. (Subraya la Sala). <\/p>\n
2.2. El otro motivo del inconformismo del recurrente analizado, centrado en la idea de que el juzgador a quo desconoci\u00f3 el art\u00edculo 44 de la Carta Pol\u00edtica, al no haber escuchado al menor de edad ni haber tenido en cuenta su opini\u00f3n en relaci\u00f3n con el retorno a Venezuela, fue aceptado por el Tribunal, que advirti\u00f3: <\/p>\n
El a quo no consider\u00f3 relevante escuchar la opini\u00f3n del menor, al respecto precis\u00f3: \u201c\u2026 desde luego, tampoco nosotros, entender que pudiera ser relevante o de absoluta relevancia la opini\u00f3n del menor por la edad que tiene, claramente, como lo dijo el defensor de familia si nosotros pudi\u00e9ramos entrevistarle o le hubi\u00e9ramos entrevistado, su respuesta habr\u00eda sido muy seguramente que quisiera a sus dos progenitores de la mano, viviendo juntos con \u00e9l, no importando ni siquiera en qu\u00e9 lugar, [ni importarle] si tiene posibilidades de acceso a clases de nataci\u00f3n de beisbol, o cosas de esas, las condiciones para un menor a esa edad no son importantes. <\/p>\n
En torno al tema, se remiti\u00f3 al contenido del citado art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a lo plasmado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos de la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o y a las sentencias de la Corte Constitucional (sentencias C-273 de 2003 y T-1021 de 2010), a efectos de se\u00f1alar que en Colombia los derechos de los ni\u00f1os prevalec\u00edan sobre los de los dem\u00e1s, que todas las decisiones administrativas o judiciales que involucren a un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente deben atender primordialmente por sus intereses y que se deb\u00eda \u00abrespetar su opini\u00f3n cuando han alcanzado una edad que les permita expresarla sobre los asuntos que les ata\u00f1en\u00bb. <\/p>\n
Con base en ello y habiendo decretado en segunda instancia, como prueba de oficio21, la declaraci\u00f3n del ni\u00f1o, se refiri\u00f3 a lo referido por \u00e9l, as\u00ed: <\/p>\n
En la entrevista decretada por esta corporaci\u00f3n y practicada presencialmente al ni\u00f1o por la trabajadora social del juzgado de primera instancia con el acompa\u00f1amiento virtual del defensor de familia adscrito a este Tribunal, al pregunt\u00e1rsele \u00bfen cu\u00e1l lugar prefiere estar? [Venezuela o Bogot\u00e1] contest\u00f3: \u201cyo prefiero quedarme ac\u00e1 en Colombia\u201d, \u00bfqu\u00e9 es lo que le gusta de Colombia?, manifest\u00f3: \u201cEstar con mis hermanos\u201d, \u00bfc\u00f3mo se siente en Colombia?, refiri\u00f3 \u201cyo, muy bien\u201d, \u00bfrealmente quiere quedarse en Colombia?, contest\u00f3: \u201cs\u00ed\u201d con cu\u00e1l de los dos progenitores quisiera estar, dijo: \u201ccon mi pap\u00e1 y mi mam\u00e1 \u2026\u201d, tambi\u00e9n se le pregunt\u00f3 sobre la posibilidad de regresar a Venezuela con su mam\u00e1 e indic\u00f3: \u201cser\u00eda segundo (\u2026) cuando la, o sea, la situaci\u00f3n econ\u00f3mica mejore\u201d. <\/p>\n
Respecto a su adaptaci\u00f3n en Colombia, el ni\u00f1o se\u00f1ala sentirse feliz en este pa\u00eds, identifica a su padre y a sus hermanos como su familia, relata que sale a jugar, a montar en bicicleta, asiste al colegio Santo Tom\u00e1s de Aquino, tiene amigos, juega con sus juguetes en la calle y, respecto a la posibilidad de volver a Venezuela con su mam\u00e1, su opini\u00f3n es negativa, aunque manifiesta que le gustar\u00eda que ella se viniera a vivir a Colombia. <\/p>\n
Ahora bien, conforme a la normativa invocada, otro medio de convicci\u00f3n a tener en cuenta es la informaci\u00f3n suministrada por la autoridad central o cualquier otra autoridad competente del Estado requiriente acerca de su situaci\u00f3n social, sin embargo, no obra en el plenario informaci\u00f3n alguna que se haya hecho llegar sobre este t\u00f3pico, raz\u00f3n por la cual, el \u00fanico insumo con el que cuenta la Sala para resolver es la declaraci\u00f3n del menor, la cual es suficiente siempre y cuando se considere que la edad alcanzada por el ni\u00f1o y su madurez muestran que est\u00e1 en capacidad de expresar su opini\u00f3n. <\/p>\n
El peque\u00f1o D.L. para la \u00e9poca en que rindi\u00f3 la entrevista ten\u00eda nueve a\u00f1os de edad, en sus manifestaciones no hay asomo de duda, ni de confusi\u00f3n; muestra que tiene la madurez suficiente para decidir con base en su percepci\u00f3n sobre el entorno de los lugares en que ha vivido y sobre el comportamiento de cada uno de sus progenitores, en qu\u00e9 lugar quiere quedarse a vivir, pudiendo concluir que su opini\u00f3n debe ser tenida en cuenta como determinante de la decisi\u00f3n a tomar sobre la restituci\u00f3n internacional que se demanda (\u2026). <\/p>\n
De todo lo dicho, coligi\u00f3 el asunto deb\u00eda resolverse <\/p>\n
privilegiando el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o que en el caso particular est\u00e1 constituido por la confianza, tranquilidad y felicidad que expres\u00f3 sentir en Colombia al lado de su familia integrada por su padre, sus hermanos y Daniela, y verificado el cumplimiento de sus garant\u00edas constitucionales, de manera que la decisi\u00f3n de primera instancia ser\u00e1 revocada para en su lugar negar la restituci\u00f3n internacional, la providencia deber\u00e1 darse a conocer al ni\u00f1o (\u2026), para informarle que de la misma manera en que se tuvo en cuenta su voluntad para decidir que permanezca en Colombia, en caso de que cambie de parecer y desee regresar con su progenitora, podr\u00e1 expresarlo de esta manera ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (\u2026) (Subraya la Sala). <\/p>\n
3. Analizados en detalle los argumentos expuestos por el Colegiado accionado como sustento para negar la restituci\u00f3n internacional reclamada, en criterio de esta Sala, la salvaguarda constitucional invocada se abre paso, por cuanto el Tribunal acusado desconoci\u00f3 la normativa aplicable e incluso el deseo el ni\u00f1o de estar con su mam\u00e1, por lo cual se impone la intervenci\u00f3n de esta especial justicia. Como se aprecia con facilidad, el motivo fundamental que llev\u00f3 al ad quem accionado a revocar la orden de restituci\u00f3n internacional gir\u00f3 alrededor de una \u00fanica premisa, esto es, que Daniel Leandro manifest\u00f3, en la entrevista realizada, que prefer\u00eda estar en Colombia junto con su padre y la familia de \u00e9ste (su pareja, Daniela, y otros hermanos menores de edad), que aqu\u00ed se sent\u00eda feliz y que le gustar\u00eda regresar a Venezuela con su mam\u00e1, cuando la situaci\u00f3n econ\u00f3mica mejorara. <\/p>\n
3.1. Al respecto, se observa que la diligencia se practic\u00f3 el 9 de marzo de los corrientes22, cuando aqu\u00e9l ten\u00eda 9 a\u00f1os, y, en ella, tras ser preguntado sobre qu\u00e9 deseaba o pedir\u00eda para su vida, dijo: \u00abver a mi mam\u00e1 [de manera] presencial\u00bb23; al interrog\u00e1rsele acerca de si querr\u00eda volver a Venezuela, sostuvo que lo anhelaba, pero cuando \u00abla situaci\u00f3n econ\u00f3mica mejor[ara]\u00bb24; que en el vecino pa\u00eds ten\u00eda \u00abmillones de juguetes [y] amigos\u00bb25; que quer\u00eda quedarse en Colombia y que las condiciones del pa\u00eds contiguo eran dif\u00edciles26; que quer\u00eda estar con pap\u00e1 y mam\u00e127; y que deseaba que le dijeran a ella que se viniera a vivir ac\u00e1 con \u00e9l28. El ni\u00f1o se mostr\u00f3, en efecto, seguro de querer quedarse en Colombia, porque dijo que le gustaba estar con sus hermanos y habl\u00f3 de las condiciones de la casa de su padre, indicando, adem\u00e1s, que aqu\u00e9l le hab\u00eda dicho que lo m\u00e1s importante era que en la entrevista mostrara el cuarto que ten\u00eda29, pero tambi\u00e9n fue certero al referir hechos positivos de su mam\u00e1, como que \u00e9l antes s\u00ed quer\u00eda irse a Venezuela, pero despu\u00e9s le hab\u00eda pedido a ella muchas veces que se viniera a vivir a este pa\u00eds con \u00e9l, porque las condiciones eran mejores, pues, seg\u00fan le ha dicho su pap\u00e1, la educaci\u00f3n de la vecina rep\u00fablica no es buena30 y all\u00e1 no ten\u00eda casa propia, pues viv\u00eda en la residencia de su abuela. Afirm\u00f3 que de las cosas que m\u00e1s le gustaban del pa\u00eds contiguo era la comida de su mam\u00e131 y, al indag\u00e1rsele si su progenitora estaba mal all\u00ed, dijo que no32. Asever\u00f3, tambi\u00e9n, que sus pap\u00e1s eran los mejores y que el lugar donde viv\u00eda en Venezuela era bonito33. <\/p>\n
3.2. N\u00f3tese que el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n de la Haya de 1980, en la que se soport\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n objeto de estudio, establece: <\/p>\n
(\u2026) la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no est\u00e1 obligada a ordenarla restituci\u00f3n del menor si la persona, instituci\u00f3n u otro organismo que se opone a su restituci\u00f3n demuestra que: <\/p>\n
a) la persona, instituci\u00f3n u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejerc\u00eda de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o hab\u00eda consentido o posteriormente aceptado el traslado o retenci\u00f3n; o <\/p>\n
b) existe un grave riesgo de que la restituci\u00f3n del menor lo exponga a un peligro f\u00edsico o ps\u00edquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situaci\u00f3n intolerable. <\/p>\n
La autoridad judicial o administrativa podr\u00e1 asimismo negarse a ordenar la restituci\u00f3n del menor si comprueba que el propio menor se opone a la que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones (\u00c9nfasis de la Sala). <\/p>\n
Acorde con ese marco normativo, lo plasmado en nuestra Carta Magna y en pac\u00edfica jurisprudencia en torno a la necesidad de escuchar a los ni\u00f1os cuando respecto de ellos se va a adoptar una decisi\u00f3n que los afecte, no desconoce la Sala que su opini\u00f3n es relevante, empero, de las razones ofrecidas por \u00e9ste, si bien se advierte su deseo y preferencia de residir en Colombia, lo cierto es que no demuestra la concurrencia de alguna de las causales convencionalmente previstas para negar la restituci\u00f3n internacional deprecada. <\/p>\n
3.3. En ese sentido, refiri\u00e9ndose a los fines de la Convenci\u00f3n de la Haya, la Corte Constitucional, en sentencia T-202 de 2018, tuvo ocasi\u00f3n de acotar: <\/p>\n
(\u2026) busca garantizar en forma inmediata la restituci\u00f3n a su pa\u00eds de residencia habitual a los menores que han sido objeto de un traslado o retenci\u00f3n il\u00edcitas, as\u00ed como velar por los derechos de custodia y de visita de quienes ostentan su titularidad34. A su vez, pretende conservar el statu quo de las relaciones familiares y que las dificultades suscitadas en su interior sean resueltas en la jurisdicci\u00f3n del lugar de residencia habitual, es decir, procura evitar que quien traslad\u00f3 al menor de manera il\u00edcita, se beneficie de una jurisdicci\u00f3n ajena al lugar donde se desarrollan sus actividades diarias, desconociendo de este modo, no solo el derecho de la otra persona a la custodia del menor, sino tambi\u00e9n, el derecho a que sea la jurisdicci\u00f3n de residencia habitual la que dirima las controversias familiares suscitadas (Subraya la Sala). <\/p>\n
En concreto, sobre los presupuestos de la retenci\u00f3n ilegal y la restituci\u00f3n, el Alto Tribunal Constitucional sostuvo: <\/p>\n
A partir del precepto normativo citado, es posible caracterizar la retenci\u00f3n ilegal como aquella conducta en la cual una de las personas o instituciones que tiene a cargo o comparte el \u201cderecho de custodia\u201d sobre un menor de edad, lo mantiene en otro pa\u00eds m\u00e1s all\u00e1 de un per\u00edodo acordado. Esto implica que, el traslado a trav\u00e9s de una frontera internacional, estuvo precedido de una autorizaci\u00f3n temporal otorgada para ese prop\u00f3sito por parte de quien tambi\u00e9n ejerc\u00eda ese derecho… <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo anterior, para que se configure la retenci\u00f3n ilegal de un menor de edad al interior de la jurisdicci\u00f3n de alguno de los Estados contratantes del Convenio de La Haya de 1980, las autoridades administrativas o judiciales, conforme a la competencia asignada por la legislaci\u00f3n de cada pa\u00eds, deber\u00e1n acreditar los siguientes presupuestos: (i) que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente retenido tenga menos de diecis\u00e9is a\u00f1os de edad (art. 4); (ii) que exista un ejercicio individual o compartido del derecho de custodia sobre el menor de edad (art. 3); (iii) que la residencia habitual del menor retenido sea la del pa\u00eds requirente (art. 4); (iv) que el menor retenido se encuentre efectivamente en el pa\u00eds requerido (art. 1); (v) que la Autoridad Central del pa\u00eds donde se encuentra el menor retenido agote la etapa de restituci\u00f3n voluntaria (art. 10); (vi) que la solicitud de restituci\u00f3n del menor se haya presentado dentro del a\u00f1o siguiente a la retenci\u00f3n (art. 12); y; (vii) que no se configure ninguna de las causales de excepci\u00f3n previstas en el Convenio (art. 13). <\/p>\n
125. Adicional a lo anterior, y solo en el evento en el que la solicitud de restituci\u00f3n del menor se haya presentado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o siguiente al momento de la retenci\u00f3n ilegal, deber\u00e1 descartarse que el menor se ha integrado a su nuevo medio social y familiar (inc. 2, art. 12). <\/p>\n
126. La concurrencia de los anteriores requisitos, exigen a las autoridades encargadas de la aplicaci\u00f3n del Convenio de La Haya de 1980, decretar la restituci\u00f3n internacional del menor y ordenar su retorno al lugar de residencia habitual (Destaca la Sala). <\/p>\n
Ahora bien, en torno a las excepciones para negar la restituci\u00f3n internacional, la Corte Constitucional precis\u00f3, en la sentencia en cita, que ello es posible si se acreditaban las circunstancias previstas en los art\u00edculos 1235 y 13: <\/p>\n
Las cl\u00e1usulas de excepci\u00f3n, comportan disposiciones que aluden al (i) inter\u00e9s superior de los menores de edad, (ii) a la consideraci\u00f3n de sus opiniones y (iii) a la integraci\u00f3n al nuevo medio social y familiar. Tales preceptos, tienen un car\u00e1cter decisivo a la hora de analizar si la autoridad judicial demandada en esta acci\u00f3n de tutela se encontraba en la posibilidad, conforme al material probatorio recaudado, de negar la restituci\u00f3n internacional de la menor en el caso bajo estudio. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal Constitucional estableci\u00f3 que el derecho de los ni\u00f1os a ser escuchados es prevalente, como indic\u00f3 el Colegiado accionado al resolver el asunto, pero frente a la oposici\u00f3n de \u00e9stos a la restituci\u00f3n consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
191. Claro lo anterior, esta Sala de Revisi\u00f3n considera de suma relevancia destacar, que en raz\u00f3n a la singular finalidad del Convenio de La Haya de 1980, el derecho de los menores a ser escuchados no implica una adherencia irrestricta o una sumisi\u00f3n irreflexiva a sus deseos o manifestaciones. <\/p>\n
192. En ese sentido, la aplicaci\u00f3n de la excepci\u00f3n contenida en el literal b) del art\u00edculo 13 solo ser\u00eda posible cuando la manifestaci\u00f3n de la voluntad del menor sea cualificada, es decir, cuando no se observe limitada a la exteriorizaci\u00f3n de la preferencia por vivir con uno u otro de los progenitores, sino al reintegro al pa\u00eds de residencia habitual. Por tanto, no ha de consistir en una mera preferencia o negativa, sino en una verdadera oposici\u00f3n, entendida como un repudio irreductible a regresar. <\/p>\n
193. Se debe tener en cuenta, que admitir una desactivaci\u00f3n autom\u00e1tica del mecanismo restitutorio, por la mera manifestaci\u00f3n sobre la preferencia de vivir en un lugar determinado, equivaldr\u00eda a dejar todo el sistema dise\u00f1ado por la Comunidad de Naciones, a merced de una opini\u00f3n del menor no cualificada, que es en \u00faltimas a quien se pretende proteger… <\/p>\n
No obstante, el hecho de que la autoridad judicial se encontrara compelida a valorar la opini\u00f3n que la menor expres\u00f3 al ICBF en entrevista psicol\u00f3gica, y aun cuando esta iba en el sentido de preferir quedarse en Colombia, no se traduc\u00eda en una obligaci\u00f3n irrestricta de negar la restituci\u00f3n. Como se explic\u00f3, la aplicaci\u00f3n de la causal de excepci\u00f3n contenida en el inciso segundo del literal b) del art\u00edculo 13 del Convenio de La Haya de 1980 exige que la autoridad judicial que decide sobre la restituci\u00f3n internacional, encuentre en la manifestaci\u00f3n del menor un repudio irreductible a regresar. Por tanto, una cosa es la consideraci\u00f3n de la opini\u00f3n en los tr\u00e1mites en que se ven inmersos los menores de edad, y otra, su valoraci\u00f3n (\u00c9nfasis de la Sala). <\/p>\n
4. Teniendo en cuenta los fundamentos normativos y jurisprudenciales expuestos, as\u00ed como las manifestaciones del ni\u00f1o, no se observa que el peque\u00f1o hubiere expresado el repudio exigido para negar la restituci\u00f3n, m\u00e1xime cuando \u00e9ste, en el curso de la entrevista que se le practic\u00f3 en marzo de este a\u00f1o, fue contundente en decir que deseaba vivir con sus dos padres y ver a su mam\u00e1, incluso que ella viniera a Colombia a estar con \u00e9l, ofreciendo como \u00fanica raz\u00f3n para no regresar a Venezuela que el contexto financiero all\u00ed era dif\u00edcil, al parecer, seg\u00fan lo que ha escuchado de su padre sobre las mejores condiciones en este pa\u00eds. <\/p>\n
Y si bien el Tribunal aludi\u00f3 a la coherencia de sus respuestas, as\u00ed como a su seguridad y madurez, no se vislumbra que el menor de edad pudiera estar en condiciones de conocer, como afirm\u00f3, la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de ese pa\u00eds, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que no refiri\u00f3 situaci\u00f3n alguna que estuviera afectando, en ese sentido, a su mam\u00e1, de quien dijo que en Venezuela estaba bien, sin referir hechos de maltrato de parte de ella o alguna circunstancia de la que pueda evidenciarse un riesgo para \u00e9l, limit\u00e1ndose a exponer su preferencia de vivir en Colombia, pero haciendo claridad, a trav\u00e9s de distintas manifestaciones y en varias momentos de la entrevista, sobre su deseo de estar con su mam\u00e1. Adem\u00e1s, el ad quem entendi\u00f3 que en la Rep\u00fablica vecina el ni\u00f1o ten\u00eda garantizados todos sus derechos, raz\u00f3n por la cual no se evidenciaba que estuviere en peligro por retornar. <\/p>\n
De modo que, contrario a cuanto estim\u00f3 el Tribunal acusado, al resultar insuficientes las manifestaciones del menor de edad para producir, en su \u00e1nimo, la convicci\u00f3n de que se demostraron las excepciones contenidas en el art\u00edculo 13 de la Convenci\u00f3n de la Haya, es procedente conceder el auxilio peticionado, pues no puede desconocerse que, en este caso, concurren los siguientes presupuestos: i) el ni\u00f1o ten\u00eda su residencia habitual en Venezuela, donde viv\u00eda con su mam\u00e1; ii) su custodia, seg\u00fan el acuerdo aprobado por autoridad competente del vecino pa\u00eds, estaba a cargo de su progenitora, quien otorg\u00f3 un permiso temporal para que su hijo viajara a Colombia a estar con su padre; iii) aqu\u00e9l, unilateralmente y abusando de esa autorizaci\u00f3n para visitarlo, decidi\u00f3 que el ni\u00f1o no regresar\u00eda a Venezuela el 19 de septiembre de 2021, que era la fecha prevista; iv) la petici\u00f3n de restituci\u00f3n se dio por parte de la autoridad de ese pa\u00eds en septiembre de 2021, se admiti\u00f3 por el Juzgado 12 de noviembre siguiente, que fall\u00f3 el 7 de febrero de 2022, decisi\u00f3n confirmada el 3 de agosto posterior, todo ello, como se observa, antes de que se superara el t\u00e9rmino de un a\u00f1o, contado desde la fecha de la retenci\u00f3n; v) seg\u00fan concluy\u00f3 el Colegiado accionado, la sustracci\u00f3n que realiz\u00f3 el padre fue ilegal y no se acredit\u00f3 el riesgo al retornar a su residencia habitual; y vi) de la entrevista del menor no se vislumbra el repudio calificado exigido y, por el contrario, se ve solo una preferencia a vivir en Colombia, aludiendo al presunto conocimiento que dijo tener de la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica en Venezuela, pero siendo claro y enf\u00e1tico en querer ver a su mam\u00e1 y estar con ella; no obstante, fue separado arbitrariamente de ella, titular de su custodia, por decisi\u00f3n unilateral de su padre. <\/p>\n
En ese sentido, enfatiza la Sala que la madre ten\u00eda la custodia y que aquella no pod\u00eda quedar sujeta, como determin\u00f3 el a quem cognoscente, al libre albedr\u00edo del menor de edad, pues no puede perderse de vista que, en su decisi\u00f3n, el Colegiado determin\u00f3 que si \u00e9l quer\u00eda regresar en cualquier momento pod\u00eda exponerlo ante el ICBF, para que se gestionara lo pertinente, sin considerar que, aunque \u00e9l vino a Colombia por un periodo corto de vacaciones, fue sustra\u00eddo arbitrariamente de su hogar ordinario, por decisi\u00f3n unilateral de su padre, priv\u00e1ndolo de la compa\u00f1\u00eda de su mam\u00e1, con lo cual, como lo resalt\u00f3 esa entidad en su intervenci\u00f3n en esta tutela, se le someti\u00f3 a un cambio, de un momento a otro, frente a sus condiciones de vida, siendo separado abruptamente de quien es, en principio, una de las personas que mayor afecto y atenci\u00f3n le pueden brindar. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, concluye la Sala que, conforme lo exige el marco convencional aludido y la jurisprudencia relacionada, la ponderaci\u00f3n de la opini\u00f3n del ni\u00f1o no se sujeta a la indagaci\u00f3n acerca de si anhela residir o convivir en un lugar, como ocurri\u00f3 en este caso, pues la posibilidad del art\u00edculo 13 del Convenio de la Haya s\u00f3lo se abre paso ante una voluntad cualificada, m\u00e1s no a una simple preferencia; en efecto, ese repudio debe expresarse a trav\u00e9s de una aut\u00e9ntica oposici\u00f3n, comprendida \u00e9sta como un rechazo vehemente y fundado a regresar al Estado donde tiene su centro de vida36, lo cual, por lo ya visto, no se verific\u00f3 en el sub examine en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 el ni\u00f1o Daniel Leandro. N\u00f3tese que para los fines de los convenios que reglamentan la materia, el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente tiene un contenido puntual y espec\u00edfico, que se traduce en el derecho a no ser sustra\u00eddo o retenido il\u00edcitamente por fuera del pa\u00eds donde ten\u00eda su residencia habitual, quedando, por tanto, proscritas cualquier interpretaci\u00f3n que en nombre de aqu\u00e9l postulado tiendan a sustraer al menor de edad de dicha jurisdicci\u00f3n. Ahora, resulta pertinente enfatizar que la procedencia de cada una de las excepciones admisibles -que, por cierto, son taxativas y de interpretaci\u00f3n restrictiva- deber\u00e1 estar adecuadamente sustentada y probada, a fin de evitar incurrir en juicios subjetivos que no har\u00edan sino dificultar el proceso de cooperaci\u00f3n previsto y regulado en los enunciados instrumentos internacionales. <\/p>\n
4.2. De otra parte, se destaca que lo relativo al derecho de custodia puede ser alegado por el padre y la madre ante la autoridad competente, seg\u00fan el mecanismo ordinario de defensa. <\/p>\n
5. Se acceder\u00e1 al amparo constitucional invocado y se ordenar\u00e1 al Colegiado accionada que, en el t\u00e9rmino de 48 horas, deje sin efectos la providencia del 3 de agosto de 2022 y, en los 5 d\u00edas siguientes, vuelva a decidir el recurso interpuesto contra la decisi\u00f3n proferida el 7 de febrero de 2022 por el Juzgado Veintiocho de Familia de Bogot\u00e1, teniendo en cuenta los razonamientos expuestos y verificando, seg\u00fan corresponda, los requisitos de la solicitud de restituci\u00f3n internacional de Daniel Leandro Dangond Rojo. <\/p>\n
6. Por lo razonado, se acceder\u00e1 a la protecci\u00f3n constitucional reclamada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE el auxilio reclamado por Luc\u00eda Fernanda Rojo Fl\u00f3rez, en nombre propio y en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, en contra de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. En consecuencia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. ORDENAR a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de agosto de 2022 en el proceso de radicado 110013110028202100660. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR a la aludida Sala que, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento del t\u00e9rmino fijado en numeral anterior, resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el padre del menor de edad, para lo cual deber\u00e1 observar lo razonado en la parte motiva de esta providencia y estudiar los requisitos de procedibilidad de la petici\u00f3n de restituci\u00f3n internacional, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Fecha de nacimiento del ni\u00f1o: 28 de noviembre de 2012. <\/p>\n
2\u0002 El conocimiento de la petici\u00f3n de restituci\u00f3n internacional fue inicialmente avocado por el ICBF, por auto del 22 de octubre de 2021: Fl. 257, archivo 01Expediente 2021-660 C1. <\/p>\n
3\u0002 Conforme a la informaci\u00f3n que obra en la foliatura, el menor de edad naci\u00f3 en Colombia el 28 de noviembre de 2012 y ostenta doble nacionalidad, colombiana y venezolana: Fls. 192, 213, 214, 252, archivo 01Expediente 2021-660 C1. <\/p>\n
4\u0002 Los padres del ni\u00f1o son de nacionalidad venezolana: Fls. 121, 137, 138, 191, 196, 203 y 204, archivo 01Expediente 2021-660 C1. El progenitor cuenta con permiso para residir en Colombia: Fls. 27 y 115, archivo ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Esto aparece corroborado con un prove\u00eddo de 20 de marzo de 2015 del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediaci\u00f3n y Sustanciaci\u00f3n de Guatire (Ven.), en el que se dej\u00f3 consign\u00f3 que la separaci\u00f3n de cuerpos de los padres se dio por auto de 10 de febrero de 2014 emanado de dicha autoridad judicial y de que los padres, por mutuo acuerdo, hab\u00edan convenido que (i) la patria potestad y la responsabilidad de la crianza la ejercer\u00edan los dos; y (ii) que la custodia la tendr\u00eda la madre. En esa providencia se \u00abdeclara CON LUGAR la CONVERSI\u00d3N EN DIVORCIO DE LA SEPARACI\u00d3N DE CUERPOS Y BIENES de los ciudadanos DAVID FELIPE DANGOND D\u00cdAZ y LUC\u00cdA FERNANDA ROJO FL\u00d3REZ\u00bb. Dicho pronunciamiento qued\u00f3 en firme y ejecutoriado: Fls. 235-236, archivo ibidem. <\/p>\n
6\u0002 El ni\u00f1o ten\u00eda su residencia habitual en Venezuela (Estado de Miranda), seg\u00fan corrobor\u00f3 la Autoridad Central de ese pa\u00eds en documento visible en los folios 91 a 102 y 104 del archivo 01Expediente 2021-660 C1. <\/p>\n
7\u0002 Fls. 263-265, archivo 01Expediente 2021-660 C1. <\/p>\n
8\u0002 Fls. 116-118, 160-162, de septiembre de 2021, archivo 01Expediente 2021-660 C1. <\/p>\n
9\u0002 Fls. 59 -81, archivo ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Fls. 17-23, 46 archivo ibidem. Con el pago de la inscripci\u00f3n del ni\u00f1o en el Colegio Caminito del 6 de julio de 2021. <\/p>\n
11\u0002 Fls. 31-32, archivo ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Este t\u00f3pico lo plante\u00f3 como excepci\u00f3n previa. La solicitud firmada y con fecha de 13 de septiembre de 2021 se encuentra a folios 160-162 ibidem. <\/p>\n
13\u0002 El mandatario judicial del padre recurri\u00f3 -en reposici\u00f3n- ese pronunciamiento, bajo dos argumentos: (i) que, contrario a lo all\u00ed plasmado, s\u00ed se formularon excepciones de m\u00e9rito; y (ii) que se omiti\u00f3 el decreto de las pruebas pedidas, en especial, la pr\u00e1ctica de la experticia al ni\u00f1o; no obstante, dicha impugnaci\u00f3n fue rechazada -por extempor\u00e1nea- en la audiencia llevada a t\u00e9rmino el 7 de febrero de 2022, diligencia \u00e9sta en que, adem\u00e1s, el fallador ratific\u00f3 que no se iba a decretar el peritaje peticionado, dada la naturaleza sumaria del asunto y, en adici\u00f3n, porque con las pruebas allegadas se contaban con suficientes insumos para resolver la controversia. Frente a los dem\u00e1s elementos de convicci\u00f3n aportados (documentales) por ambos contendientes, ning\u00fan reparo expres\u00f3 el fallador a quo en cuanto a su admisibilidad (mins: 6:22 a 10:40, archivo 23Ref._2021-00660 Restituci\u00f3n Internacional-20220207_162523-Grabaci\u00f3n de la reuni\u00f3n.mp4). <\/p>\n
14\u0002 Mins. 23:40 y ss. de la audiencia contenida en el archivo digital 23Ref._2021-00660 Restituci\u00f3n Internacional-20220207_162523-Grabaci\u00f3n de la reuni\u00f3n.mp4. <\/p>\n
15\u0002 Especialmente: minutos 38:37 de la audiencia contenida en el archivo ibidem. <\/p>\n
16\u0002 Esto por cuanto, en criterio del Colegiado ad quem, no se satisfac\u00edan los presupuestos del art\u00edculo 327 CGP. <\/p>\n
17\u0002 En efecto, al momento de sustentar -ante el juzgador de segunda instancia- el recurso de apelaci\u00f3n, el extremo demandado alleg\u00f3 un \u00abinforme diagn\u00f3stico educacional\u00bb y un \u00abconcepto m\u00e9dico pedi\u00e1trico\u00bb. <\/p>\n
18\u0002 Pidi\u00f3 que se le exigiera a la Canciller\u00eda de Colombia rendir unos conceptos acerca de si: (i) se reconoc\u00eda a una funcionaria como Directora de la Oficina Consular de Venezuela; y (ii) se pronunciara en relaci\u00f3n con el contenido del documento emanado, supuestamente, de las autoridades del Estado venezolano. Parejamente, exigi\u00f3 que se ordenara la pr\u00e1ctica de una valoraci\u00f3n al ni\u00f1o. <\/p>\n
19\u0002 Archivo 27 del expediente del Tribunal accionado. <\/p>\n
20\u0002 Alleg\u00f3 el poder conferido para actuar en ese tr\u00e1mite. No aport\u00f3 poder especial para la tutela de la referencia. <\/p>\n
21\u0002 La declaraci\u00f3n se recibi\u00f3 el 9 de marzo de 2022. <\/p>\n
22\u0002 Cfr. archivo digital 13Entrevista.mp4, visible en el cuaderno de la segunda instancia. <\/p>\n
23\u0002 Minuto 5. <\/p>\n
24\u0002 Minutos 6, 7 y 20. <\/p>\n
25\u0002 Minuto 7. <\/p>\n
26\u0002 Minuto 15:01. <\/p>\n
27\u0002 Minuto 20. <\/p>\n
28\u0002 Minuto 23. <\/p>\n
29\u0002 Minuto 18. <\/p>\n
30\u0002 Minuto 16. <\/p>\n
31\u0002 Minuto 6. <\/p>\n
33\u0002 Minuto 21. <\/p>\n
34\u0002 Art\u00edculo 1 del Convenio de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Ni\u00f1os. <\/p>\n
35\u0002 Cuando un menor haya sido trasladado o retenido il\u00edcitamente en el sentido previsto en el art\u00edculo 3 y, en la fecha de la iniciaci\u00f3n del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un a\u00f1o desde el momento en que se produjo el traslado o retenci\u00f3n il\u00edcitos, la autoridad competente ordenar\u00e1 la restituci\u00f3n inmediata del menor. <\/p>\n
La autoridad judicial o administrativa, a\u00fan en el caso de que se hubieren iniciado los procedimientos despu\u00e9s de la expiraci\u00f3n del plazo de un a\u00f1o a que se hace referencia en el p\u00e1rrafo precedente, ordenar\u00e1 asimismo la restituci\u00f3n del menor salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. <\/p>\n
Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podr\u00e1 suspender el procedimiento o rechazar la solicitud de retorno del menor. <\/p>\n
36\u0002 V\u00e9ase, a este respecto, la sentencia T-202 de 2018, proferida por la Corte Constitucional; en similar l\u00ednea: CSJ STC10776-2022. <\/p>\n
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STC11923-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11923-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-02792-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luc\u00eda Fernanda Rojo Fl\u00f3rez, en nombre propio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67059","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67059","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67059"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67059\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67059"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67059"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67059"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}