STC12125-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12125-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-00646-02 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de abril de 2022, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Willmar Calder\u00f3n Olmos en contra de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y Ecopetrol S.A., extensiva a las partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001310502520140070700 (Rad. Corte 78360). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante solicit\u00f3 i) se revoquen las sentencias de instancia y de casaci\u00f3n CSJ SL2398-2020 de 30 de junio de 2020; ii) que se defina qui\u00e9n es la entidad responsable del reconocimiento y pago de su derecho a la pensi\u00f3n; iii) se ordene a Ecopetrol S.A. actualizar su historia laboral; iv) se condene a Ecopetrol S.A. le reconozca y pague la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 260 del C.S.T. desde el 21 de agosto de 2020 fecha en la que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad; v) se ordene a Ecopetrol que solicite a Colpensiones la devoluci\u00f3n de los aportes no autorizados por \u00e9l, por concepto de pensiones desde el 1\u00b0 de agosto de 2010; y vi) se ordene en abstracto la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o emergente causado (\u2026). En subsidio \u00abse defina frente a la estipulaci\u00f3n convencional \u201cveinte (20) a\u00f1os que le dan derecho a la pensi\u00f3n\u201d si la norma convencional aplicable es para cuando caus\u00f3 el derecho el d\u00eda 31 de julio de 2010 para el accionante, o para cuando perdi\u00f3 vigencia cuando lleg\u00f3 a edad que lo materializa\u00bb. <\/p>\n
De escrito inicial y los medios de convicci\u00f3n aportados se extrae, en suma, que el accionante promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Ecopetrol S.A. con el fin de que le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 109 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente para antes de la fecha del mes de abril del a\u00f1o 1993 y posteriormente reenumerado con el numero art\u00edculo 106 del mismo acuerdo convencional suscrito entre Ecopetrol S.A. y el Sindicato de Industria Uni\u00f3n Sindical Obrera de la Industria del Petr\u00f3leo USO, con los reajustes e incrementos de los factores salariales; en subsidio se condenara a la empresa al reconocimiento y pago del beneficio prestacional establecido en el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
Las aspiraciones del actor fueron desestimadas en primera (6 sept. 2016) y segunda instancia (1\u00b0 mar. 2017), postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Sala accionada no cas\u00f3 la sentencia al determinar que \u00ablas reglas extralegales pensionales afectaban la expectativa del demandante circunscribi\u00e9ndolas a su completitud antes del 31 de julio de 2010 (\u2026)\u00bb y que, por otro lado, los reg\u00edmenes especiales no estar\u00edan comprendidos dentro de las normas especiales (CSJ SL2398-2020, 30 jun.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los funcionarios judiciales incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria porque la empresa demandada incurri\u00f3 en irregularidades en la configuraci\u00f3n de su historia laboral, con la aquiescencia del Ministerio P\u00fablico y adem\u00e1s que acude nuevamente a este mecanismo porque hay \u00abtres sentencias de Unificaci\u00f3n posteriores a la primera tutela SU027-21, SU228-21 y SU405-21\u00bb. <\/p>\n
2.- El juez de conocimiento hizo el recuento de lo rituado e inform\u00f3 que el expediente se halla archivado, tambi\u00e9n alert\u00f3 sobre la existencia de un ruego anterior. Ecopetrol S.A esgrimi\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. El Ministerio P\u00fablico alert\u00f3 sobre el incumplimiento del presupuesto tempestivo y que lo alegado le resultaba ajeno. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia no accedi\u00f3 a la s\u00faplica al concluir que no se incurri\u00f3 en temeridad porque no obra constancia de que el anterior ruego conten\u00eda las mismas pretensiones, se irrespet\u00f3 el requisito tempestivo, la razonabilidad del veredicto de casaci\u00f3n cuestionado y los fallos emitidos por la Corte Constitucional en el a\u00f1o 2021 fueron proferidos con posterioridad. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el promotor bajo los siguientes aspectos: formul\u00f3 recusaci\u00f3n e inst\u00f3 la nulidad del fallo, los cuales se desataron en ATP843-2022 de 14 de junio; tambi\u00e9n pidi\u00f3 la adici\u00f3n del fallo de primer grado y nulidad de todo lo actuado, inconformidades resueltas en ATP1088-2022 de 26 de julio pasado. Ahora en la impugnaci\u00f3n del fallo insisti\u00f3 en las alegaciones del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, pero por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
1.- En cuanto a los reparos expuesto frente a las determinaciones de instancia y de casaci\u00f3n, la Corte centrar\u00e1 su estudio en el veredicto que desat\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, al ser la determinaci\u00f3n que finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio. <\/p>\n
(i) el demandante naci\u00f3 el 21 de agosto de 1965; <\/p>\n
(ii) trabaj\u00f3 para la demandada entre el 30 de julio del 1990 y el 29 de julio del 1992 y, posteriormente, del 10 de agosto del 1992 en adelante hasta, al menos, la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda; <\/p>\n
(iii) el actor, para el 31 de julio de 2010, ten\u00eda 20 a\u00f1os y 26 d\u00edas de servicios y 44 a\u00f1os, 11 meses y 11 d\u00edas de edad, por lo que el c\u00f3mputo del puntaje exigido de forma convencional alcanz\u00f3 un total de 64.9 puntos, de los 70 exigidos en la norma convencional. <\/p>\n
As\u00ed centr\u00f3 su estudio en la inconformidad respecto al alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 y por ello resalt\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el reproche de la censura tiene un matiz jur\u00eddico dirigido a considerar que la fecha del 31 de julio de 2010 no era el punto de referencia para analizar la procedencia de su derecho pensional por la exclusi\u00f3n que el art\u00edculo 279 de la Ley 100 de 1993 hab\u00eda hecho del R\u00e9gimen General de Pensiones a los trabajadores de Ecopetrol y porque, en todo caso, para la fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ten\u00eda 780 semanas cotizadas a la demandada y por ende, su expectativa pensional ya estaba consolidada al 31 de julio de 2010 extensible en su favor hasta el 31 de diciembre de 2014. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento la magistratura encartada reiter\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) la Corte ha sentado de tiempo atr\u00e1s su postura, que concluye, en contrav\u00eda de lo dicho por el demandante, que el entendimiento de los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005 sobre las previsiones pensionales extralegales corresponde a la salvaguarda de los derechos adquiridos y las expectativas leg\u00edtimas de los trabajadores beneficiarios de aquellas prerrogativas, b\u00e1sicamente, (i) si se consolidaron con antelaci\u00f3n a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, y, (ii) si fueron negociados por primera vez antes del vigor del mencionado acto, pero se consolidaron durante \u00e9ste, dependiendo de la vigencia inicial. <\/p>\n
De esta manera, si el demandante ten\u00eda la expectativa leg\u00edtima de pensionarse bajo un r\u00e9gimen extralegal como el vigente en la compa\u00f1\u00eda demandada, deb\u00eda consolidar su derecho con antelaci\u00f3n al 22 de julio de 2005. <\/p>\n
Ahora bien, con posterioridad a dicha fecha, las reglas que gobernaban su derecho pensional se mantendr\u00edan vigentes \u00ab[\u2026] por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado\u00bb en el acuerdo extralegal, seg\u00fan el Acto Legislativo 01 de 2005, y en general, perder\u00edan vigencia el 31 de julio de 2010, de manera que, en principio, para poder acceder a dicho beneficio, el demandante deb\u00eda completar tanto el requisito de tiempo de servicios, como el requisito de edad, antes de aquella fecha, es decir, antes del 31 de julio de 2010 (\u2026). <\/p>\n
, entre otras, en CSJ SL15583-2017, CSJ SL14075-2017, CSJ SL13756-2017, CSJ SL12498-2017; CSJ SL12420-2017; CSJ SL4927-2017; CSJ SL13649-2017; CSJ SL6116-2017; CSJ SL4285-2017; CSJ SL4963-2016; CSJ SL13267-2016; CSJ SL4963-2016; CSJ SL1409-2015; CSL SL642-2013; CSJ SL, 24 abril 2012, radicado 39797; CSJ SL, 20 octubre 2009, radicado 34044; CSJ SL, 23 enero 2009, radicado 30077; CSJ SL, 3 abril 2008, radicado 29907; CSJ SL, 31 enero 2007, radicado 31000; y as\u00ed lo expres\u00f3 en sentencia CSJ SL12498-2017, reiterada en las recientes providencias CSJ SL2257-2018, CSJ SL836-2018, CSJ SL726-2018, CSJ SL1400-2018, CSJ SL110-2018, CSJ SL314-2018, CSJ SL459-2018, CSJ SL461-2018, CSJ SL703-2018, CSJ SL1428-2018, CSJ SL1286-2018, CSJ SL1495-2018, CSJ SL1799-2018, CSJ SL1961-2018, CSJ SL1996-2018, CSJ SL2094-2018, CSJ SL2407-2018, CSJ SL2417-2018, CSJ SL2413-2018, CSJ SL2677-2018, CSJ SL602-2018 (\u2026) <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento con fundamento en varios pronunciamientos de la Sala permanente (CSJ SL, 24 abril 2012, radicado 39797; CSJ SL, 20 octubre 2009, radicado 34044; CSJ SL, 23 enero 2009, radicado 30077; CSJ SL, 3 abril 2008, radicado 29907; CSJ SL, 31 enero 2007, radicado 31000CSJ SL13263-2016. SL15583-2017, SL602-2018 entre muchas otras) rese\u00f1\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) las reglas extralegales pensionales afectaban la expectativa del demandante circunscribi\u00e9ndolas a su completitud antes del 31 de julio de 2010. As\u00ed las cosas, si se mantuvo incontrovertido que aquel no cumpli\u00f3 con la totalidad de requisitos a dicha calenda, entonces, no result\u00f3 equivocado el Tribunal cuando as\u00ed concluy\u00f3 que no ten\u00eda derecho a beneficiarse del r\u00e9gimen pensional convencional. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la excepci\u00f3n que plantea el recurrente a la anterior regla general bajo el supuesto de que a la fecha de entrada en vigencia del citado Acto Legislativo ten\u00eda m\u00e1s de 750 semanas cotizadas y, por ende, el amparo convencional se extend\u00eda hasta el 31 de diciembre de 2014, basta decir que dicha postura va en contrav\u00eda de los principios de inescindibilidad de la norma o conglobamento, como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n previamente (CSJ SL1996-2018). <\/p>\n
En efecto, en la citada providencia indic\u00f3 la Sala que la Ley 100 de 1993 consagr\u00f3 en su art\u00edculo 279 las excepciones a la aplicaci\u00f3n del Sistema General de Pensiones y dispuso que estos reg\u00edmenes especiales no estar\u00edan comprendidos dentro de las normas generales. Concretamente, la norma excluy\u00f3 a los trabajadores de la demandada que se encontraran vinculados a la empresa a la fecha de su vigencia, es decir, al 1\u00b0 de abril de 1994. <\/p>\n
En igual v\u00eda, aun cuando la Corte Constitucional ha avalado la coexistencia del r\u00e9gimen general previsto en la Ley 100 de 1993 con estos especiales (CC C-461-1995, CC C-173-1996, CC C-665-1996 y CC C-956-2001), tambi\u00e9n ha precisado que su aplicaci\u00f3n debe ser integral, en el sentido de que quienes se beneficien de ellos deban someterse a los mismos para todos los efectos, sin que puedan exigir la aplicaci\u00f3n parcial de los derechos previstos en el r\u00e9gimen com\u00fan, como ser\u00eda el caso de reclamar la aplicaci\u00f3n a su favor de la extensi\u00f3n temporal al r\u00e9gimen de transici\u00f3n contenida en el Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
Ello por cuanto, conforme se estableci\u00f3 en la sentencia de la Corte Constitucional CC C-956 de 2001, recordado por esta Sala en sentencia CSJ SL1996-2018, \u00ab[\u2026] no es equitativo que una persona se beneficie de un r\u00e9gimen especial, por ser \u00e9ste globalmente superior al sistema general de seguridad social, pero que al mismo tiempo el usuario pretenda que se le extiendan todos los aspectos puntuales en que la regulaci\u00f3n general sea m\u00e1s ben\u00e9fica\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las conclusiones adoptadas son la inferencia de las probanzas aportadas y de su lectura no refulge la v\u00eda de hecho alegada, ya que el juez plural de casaci\u00f3n efectu\u00f3 una respetable hermen\u00e9utica y una adecuada motivaci\u00f3n que le llev\u00f3 al desenlace reprochado, acorde con la jurisprudencia emitida tanto por el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional como por la especialidad del trabajo en el marco de sus competencias. <\/p>\n
2.- En lo atinente a que \u00abse defina qui\u00e9n es la entidad responsable del reconocimiento y pago de su derecho a la pensi\u00f3n\u00bb, se \u00abordene a Ecopetrol S.A. actualizar su historia laboral\u00bb, \u00abse condene a Ecopetrol S.A. le reconozca y pague la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 260 del C.S.T. desde el 21 de agosto de 2020 fecha en la que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad\u00bb , y que \u00abse ordene a Ecopetrol que solicite a Colpensiones la devoluci\u00f3n de los aportes no autorizados por \u00e9l, por concepto de pensiones desde el 1\u00b0 de agosto de 2010\u00bb, tales aspiraciones resultan improcedentes en esta v\u00eda superlativa dada su caracter\u00edstica residual y subsidiaria porque en trat\u00e1ndose del derecho a la seguridad social, este tipo de controversias deben ser ventiladas ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa o la ordinaria laboral, seg\u00fan sea el caso. Aunado a que el juez constitucional no es un \u00f3rgano consultor, sino que su funci\u00f3n es la de velar por la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos en casos concretos. <\/p>\n
3.- De otra parte, en lo relativo a que \u00abse ordene en abstracto la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o emergente causado (\u2026)\u00bb, como de vieja data lo ha pregonado la jurisprudencia ese debate no puede dilucidarse por esta senda constitucional, al ser de \u00edndole oneroso, por lo que dichas discusiones escapan a este radio de acci\u00f3n de garant\u00edas superiores, pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n. <\/p>\n
4.- Tampoco sale avante la pretensi\u00f3n subsidiaria para que \u00abse defina frente a la estipulaci\u00f3n convencional \u201cveinte (20) a\u00f1os que le dan derecho a la pensi\u00f3n\u201d si la norma convencional aplicable es para cuando caus\u00f3 el derecho el d\u00eda 31 de julio de 2010 para el accionante, o para cuando perdi\u00f3 vigencia cuando lleg\u00f3 a edad que lo materializa\u00bb, por cuanto ha sido prolija la jurisprudencia, tanto del \u00f3rgano l\u00edmite constitucional como de la hom\u00f3loga en lo laboral, en establecer que los acuerdos convencionales perdieron vigencia a partir del 31 de julio de 2010 en virtud del par\u00e1grafo transitorio 3\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 20051, que modific\u00f3 el art\u00edculo 48 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Finalmente, importa recordar que este remedio excepcional y subsidiario no puede ser usado como una tercera instancia en la que se reabra un debate suscitado ante los jueces ordinarios, de ah\u00ed que la reclamaci\u00f3n del inconforme en punto a que se efectu\u00e9 una nueva valoraci\u00f3n probatoria en sede constitucional sea inaceptable. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la directriz controvertida no alberga anomal\u00eda susceptible de ser enmendada por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abPar\u00e1grafo transitorio 3\u00ba. Las reglas de car\u00e1cter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales m\u00e1s favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
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