STC12129-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12129-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01509-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por Enrique Blanco P\u00e1ez contra el fallo de 9 de agosto de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la salvaguarda que instaur\u00f3 frente a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Noveno Laboral del Circuito, ambos de Medell\u00edn, Ecopetrol S.A. y los intervinientes en el litigio 11001-31-05-009-2014-00853-01 (Rad. Corte 80218). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El inconforme solicit\u00f3 \u00abse ordene a la [convocada] no case la sentencia del Tribunal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De los medios suasorios aportados y el escrito inicial se extrae que el actor instaur\u00f3 un ruego contra Ecopetrol S.A. para que le reconociera la incidencia salarial en todas las prestaciones de un bono que su empleador le daba sin incidencia salarial, y por ende le reajustara su pensi\u00f3n. En las instancias le fue favorable (22 oct. 2010 y 17 ene. 2011) pero a instancia del Ministerio P\u00fablico la Corte Constitucional revis\u00f3 el asunto y en sentencia T-607 de 2011, 12 ag., revoc\u00f3 las determinaciones y declar\u00f3 improcedente el amparo, de igual manera orden\u00f3 los recursos que se hayan cancelado en cumplimiento de esas decisiones. Por esta raz\u00f3n Ecopetrol S.A. present\u00f3 demanda en su contra. <\/p>\n
Correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medell\u00edn quien dispuso que deb\u00eda devolver la suma de $89.827.856 indexada (1 abr. 2016), apelaron los litigantes y el Tribunal revoc\u00f3 lo as\u00ed resuelto porque hall\u00f3 acreditada la cosa juzgada constitucional en raz\u00f3n a que el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional ya hab\u00eda dispuesto el reintegro de los recursos en T-607 de 2011 (26 sep. 2018), Ecopetrol S.A. postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia (CSJ SL118-2022, 26 ene.) y en sede de instancia confirm\u00f3 la del juzgado (CSJ SL2038-2022, 15 jun.). <\/p>\n
En su sentir, los funcionarios censurados incurrieron en indebida valoraci\u00f3n probatoria porque no tuvieron en cuenta que Ecopetrol no aport\u00f3 la consignaci\u00f3n con la que cumpli\u00f3 el fallo de tutela y adem\u00e1s, que estaba acreditada la cosa juzgada, como lo dispuso el juez de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La magistratura de casaci\u00f3n defendi\u00f3 sus prove\u00eddos y Ecopetrol S.A. los respald\u00f3. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego por razonabilidad de las decisiones cuestionadas. <\/p>\n
4. El promotor recurri\u00f3 impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se anticipa que el desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de las providencias emitidas en sede de casaci\u00f3n reprochadas (CSJ SL118-2022 y SL2038-2022), sobre las que circunscribir\u00e1 el an\u00e1lisis, al ser las determinaciones con las que se finiquit\u00f3 cualquier discusi\u00f3n sobre el litigio, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
Pues bien, luego al revisar la resoluci\u00f3n que desat\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no se advierte la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho, menos el agravio a prerrogativas fundamentales, ya que, si bien result\u00f3 adversa a los intereses del promotor, tal circunstancia no lo habilita para tildarla de arbitraria o caprichosa, pues la colegiatura cuestionada al desatar el cargo propuesto por Ecopetrol S.A., comenz\u00f3 por que no era objeto de discusi\u00f3n que, <\/p>\n
i) Enrique Blanco P\u00e1ez interpuso acci\u00f3n de tutela contra Ecopetrol S.A. para obtener el reconocimiento y pago de la incidencia salarial del beneficio denominado est\u00edmulo al ahorro; <\/p>\n
ii) en acatamiento a la orden impartida por el juez constitucional, la empresa pag\u00f3 al accionante una suma de dinero; <\/p>\n
iii) mediante sentencia de revisi\u00f3n CC T-607-2011, la Corte Constitucional revoc\u00f3 la decisi\u00f3n, neg\u00f3 el mecanismo por improcedente y orden\u00f3 al accionante devolver a la compa\u00f1\u00eda los dineros recibidos. <\/p>\n
En ese escenario infiri\u00f3 que el juez plural incurri\u00f3 en error al declarar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada constitucional porque <\/p>\n
(\u2026) Mientras la acci\u00f3n constitucional pretendi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas de los ex empleados de la empresa por la negativa a reconocer connotaci\u00f3n salarial al beneficio denominado est\u00edmulo al ahorro, mediante el ejercicio de la acci\u00f3n ordinaria, la estatal petrolera persigue la devoluci\u00f3n de lo pagado al demandado, como consecuencia de la revocatoria de la orden impartida por los jueces de tutela, emitida por la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n de tutelas. <\/p>\n
Desde luego, la causa difiere abismalmente en uno y otro proceso. Basta la lectura de los medios de prueba para inferir que mientras el mecanismo de protecci\u00f3n, se interpuso para remediar una eventual desigualdad entre los trabajadores de la Empresa Colombiana de Petr\u00f3leos, el proceso objeto de an\u00e1lisis, se promovi\u00f3 en aras de lograr que los efectos del fallo de revisi\u00f3n de tutela tuvieran plena realizaci\u00f3n, con la devoluci\u00f3n de los valores que la Compa\u00f1\u00eda hab\u00eda pagado en cumplimiento de lo que dispusieron los jueces de tutela en las instancias. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) es claro que no concurren los elementos que configuran la excepci\u00f3n de cosa juzgada, a la luz del art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil hoy, 303 del C\u00f3digo General del Proceso. Est\u00e1 claro que no se presenta identidad de causa, de objeto, ni las partes son las mismas, dado que en la acci\u00f3n de tutela el ahora demandado intervino, pero como uno de los integrantes del extremo activo del litigio. <\/p>\n
De lo que viene de considerarse, emerge transcendente el error f\u00e1ctico enrostrado por la censura pues, a partir de la equivocada declaratoria de la excepci\u00f3n de cosa juzgada constitucional, el Tribunal dej\u00f3 de estudiar las materias de la apelaci\u00f3n y, en consecuencia, socav\u00f3 el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Ecopetrol S.A. Se casar\u00e1 la sentencia gravada. (CSJ SL 118-2022, 26 ene.) <\/p>\n
En este orden de ideas, ante la prosperidad del cargo y la necesidad de establecer el monto de la devoluci\u00f3n requiri\u00f3 a la sociedad demandante para que \u00absuministr[ara] el comprobante por la suma de $125.733.978 efectivamente pagados a Enrique Blanco P\u00e1ez\u00bb, y que fueran pedidos en la apelaci\u00f3n. As\u00ed, constituida la Corte en tribunal de instancia se ocup\u00f3 del an\u00e1lisis de las probanzas allegadas y por eso rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la certificaci\u00f3n emitida por el \u00abL\u00cdDER DEL GRUPO GESTI\u00d3N MAESTRA DE DATOS DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS COMPARTIDOS DE PERSONAL DE ECOPETROL\u00bb, seg\u00fan la cual pag\u00f3 a Blanco P\u00e1ez la suma de $125.733.978, no pasa de ser una afirmaci\u00f3n emitida por una las partes del proceso que le favorece directamente, como lo concluy\u00f3 el a quo, y que carece de respaldo probatorio, en tanto no ofrece certeza de que dicho valor fue efectivamente pagado al demandante, a trav\u00e9s de una cuenta bancaria, dep\u00f3sito judicial, ora en forma directa. <\/p>\n
A folios 39 y 40 del Cuaderno de la Corte, obran \u00abRECIBOS DE PAGO DE SALARIOS Y\/O PENSIONES Y\/O PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y EXTRALEGALES\u00bb aportados por la encausada, en cumplimiento a la orden impartida en sede casacional. All\u00ed consta que el 20 de noviembre de 2010, Ecopetrol S.A. pag\u00f3 a Enrique Blanco P\u00e1ez por \u00abRELIQUIDACI\u00d3N ORDENADO EN FALLO DE TUTELA EST\u00cdMULO AL AHORRO\u00bb, $9.107.196 y $80.720.663, que suman $89.827.859, valor muy cercano al declarado por el demandado desde los albores de la contienda, $89.827.853, ordenado restituir en primera instancia. <\/p>\n
Incluso, dentro del c\u00famulo de pruebas que alleg\u00f3 la accionante, obra certificaci\u00f3n de 16 de febrero de 2022 (fl. 80). All\u00ed se hizo constar que sufrag\u00f3 la suma de dinero que pretende, pero no al demandado P\u00e1ez Blanco, sino a una persona ajena a esta contenci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis de la buena fe y la prescripci\u00f3n alegadas por el all\u00e1 demandado y luego de referir la l\u00ednea jurisprudencial sobre el tema acot\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) se tiene certeza de que conoci\u00f3 la sentencia de revisi\u00f3n hace un tiempo considerable, pues la decisi\u00f3n fue proferida el 11 de agosto de 2011, y a la fecha reh\u00fasa su cumplimiento. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el accionado arguye que debi\u00f3 declararse probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, en tanto \u00abEcopetrol al momento de conocer ese oficio en el 2012, debi\u00f3 instaurar la demanda y no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
Revisado el fallo de primer grado, se advierte que el a quo incurri\u00f3 en una imprecisi\u00f3n al considerar que el t\u00e9rmino prescriptivo deb\u00eda contabilizarse a partir de la fecha de notificaci\u00f3n de la sentencia de revisi\u00f3n al demandado y que, al no reposar dicho documento en el expediente, el medio exceptivo estaba llamado al fracaso, pues el accionado hab\u00eda incumplido con la carga de la prueba que le asist\u00eda. <\/p>\n
Sin embargo, esta comprobaci\u00f3n no conduce a la revocatoria de la sentencia, pues Ecopetrol reclam\u00f3 oportunamente. Importa recordar que la prescripci\u00f3n extintiva, se contabiliza desde que la obligaci\u00f3n se hace exigible, tal cual lo precept\u00faan los art\u00edculos 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y 151 del estatuto procesal de la misma materia. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
Como la sentencia de revisi\u00f3n de la Corte Constitucional, que revoc\u00f3 las decisiones de los falladores de primer y segundo grado en sede de tutela, data del 12 de agosto de 2011, y no se aport\u00f3 prueba de la fecha en que se produjo su notificaci\u00f3n a Ecopetrol, aun si se contabilizara el plazo prescriptivo desde aquella calenda, dado que la compa\u00f1\u00eda actora interpuso la demanda el 26 de junio de 2014, como se desprende del acta individual de reparto (car\u00e1tula) y fue notificada al demandado el 6 de noviembre del mismo a\u00f1o, f\u00e1cil resulta inferir que no se consum\u00f3 el fen\u00f3meno extintivo, en la medida en que no pasaron 3 a\u00f1os entre uno y otro momento. <\/p>\n
En consecuencia, se impone confirmar la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medell\u00edn de 1 de abril de 2016. (CSJ SL2038-2022, 15 jun.) <\/p>\n
Ahora, que el impulsor disienta de esa hermen\u00e9utica porque en su criterio el aludido medio exceptivo debi\u00f3 ser declarado, no es motivo que habilite la injerencia constitucional, porque como lo ha sostenido la Sala, \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, STC8318-2019, STC980-2020 memoradas en STC3236-2022). <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no puede ser usada como una tercera instancia en la que se reabra un debate suscitado ante los jueces naturales, de ah\u00ed que la reclamaci\u00f3n de la inconforme en punto a que se efectu\u00e9 una nueva valoraci\u00f3n probatoria en sede constitucional sea inaceptable. <\/p>\n
Lo anterior cobra mayor relevancia cuando lo enjuiciado es el examen de los medios de convicci\u00f3n recaudados, pues como lo ha reiterado esta Corte, \u00ab(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas (\u2026) (CSJ STC7213-2020, STC5447-2021, STC040-2022 memoradas entre muchas en STC8432-2022). <\/p>\n
Entonces, comoquiera que las directrices controvertidas no albergan anomal\u00edas susceptibles de ser enmendadas por este sendero, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12129-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC12129-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01509-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por Enrique Blanco P\u00e1ez contra el fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67077","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67077"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67077\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}