STC12165-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12165-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02852-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, doctora Diana Yolima Ni\u00f1o Avenda\u00f1o, contra las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Bogot\u00e1 y Barranquilla, y el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en la calidad descrita, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, a seguridad jur\u00eddica y al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia de los postulados \u00abAfranio Manuel Reyes Mart\u00ednez, Eduardo Enrique Vengoechea Mola, Nodier Giraldo Giraldo, Manuel de Jes\u00fas Piraba\u0301n, Luis Arlex Arango C\u00e1rdenas, Ferney Tovar Ram\u00edrez, Miguel Rivera Jaramillo, Francisco Antonio Arias, Nelson Reyes Guerrero, Eiver Augusto Vigoya P\u00e9rez, Elimelec Cano Zabala, Virgilio Hidalgo Urrea, Francisco Miguel Ru\u00edz Mart\u00ednez, Hugo Linares, Benjam\u00edn Camacho Mart\u00ednez, Guillermo Garz\u00f3n y Oscar Oviedo Rodr\u00edguez\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que present\u00f3 acci\u00f3n de tutela ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00abpeticionando al igual que ahora, la protecci\u00f3n del derecho fundamental de igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley y de ah\u00ed, el de seguridad jur\u00eddica\u00bb que se radic\u00f3 bajo el n\u00famero interno 123023 y CUI 11001020400020220056500, y fue rechazada mediante auto ATP1740 de 18 de marzo de 2022, \u00abpor referirse a la protecci\u00f3n abstracta de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abComo entonces se\u00f1al\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, que, de su parte, no pod\u00eda accederse a lo solicitado, en particular, sobre la determinaci\u00f3n por esa H. Corporaci\u00f3n como \u00d3rgano de cierre en la jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz de los presupuestos que, de acuerdo con la ley 975 de 2005 y dem\u00e1s disposiciones concordantes, deben verificarse por el Sistema de Justicia y Paz, para revisar la viabilidad de conceder el mecanismo de la libertad a prueba, en tanto fung\u00eda como Juez de Tutela y no como \u00d3rgano de cierre de esa jurisdicci\u00f3n\u00bb, ahora acciona \u00abante la Sala Civil Familia Agraria, peticionando la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional de la Sala Penal, a fin de que en su condici\u00f3n de \u00d3rgano de cierre de la Jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz y para dar paso a la resoluci\u00f3n de la tutela que se demanda, explicite si existe o no una posici\u00f3n consolidada sobre el tema que se menciona \u2013 se insiste en su car\u00e1cter de \u00f3rgano de cierre \u2013 para enervar la situaci\u00f3n de indefinici\u00f3n e inseguridad jur\u00eddica que existe y as\u00ed lograr efectividad en los derechos de igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, de seguridad jur\u00eddica y de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia de los postulados\u00bb que se relacionan al inicio. <\/p>\n
Sostuvo que acude a la acci\u00f3n de tutela porque, seg\u00fan afirm\u00f3, no se ha establecido quien tiene la competencia para definir el momento a partir del cual ha de empezar a descontarse el t\u00e9rmino de la \u00abLibertad a Prueba\u00bb, como evento procesal de exclusiva aplicaci\u00f3n en la justicia transicional reglada por la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, definici\u00f3n que seg\u00fan manifiesta, recae en la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, por ser el Juez natural y \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz. <\/p>\n
Para lo anterior, explic\u00f3 que la posici\u00f3n jur\u00eddica del Tribunal de Justicia y Paz de Bogot\u00e1 ha sido variante, tal como se evidencia en la sentencia proferida por la Magistrada Diana Valencia Molina el 25 de octubre de 2019, al considerar que \u00abdebe convalidarse el tiempo transcurrido desde el momento en el que se cumplen los ocho a\u00f1os de privaci\u00f3n efectiva de la libertad, con el tiempo en el que el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional asume el conocimiento de la sentencia, para que dicho t\u00e9rmino sea considerado como el exigible para acceder a la libertad a prueba\u00bb. <\/p>\n
Mientras que, en otro proceso la referida Magistrada hizo referencia a ese asunto, el 3 de junio de 2021 de la siguiente manera, \u00abEl lapso, referido a la Libertad a Prueba, deber\u00e1 empezar a descontarse una vez el postulado (i) haya cumplido los a\u00f1os de pena alternativa; (ii) le sea sustituida la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad y, (iii) se incorpore al cauce de los programas dise\u00f1ados para su reintegraci\u00f3n, dentro de los 30 d\u00edas calendario, siguientes a la fecha de su libertad\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el 1\u00ba de julio de 2020, el Magistrado \u00c1lvaro Moncayo Guzm\u00e1n de ese mismo Tribunal en otra actuaci\u00f3n, afirm\u00f3 que, \u00abEl postulado debe hallarse disfrutando de la libertad y haberse incorporado a los cauces de la reintegraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y, que el 28 de octubre de 2021 la Magistrada Olga Patricia Uribe Prieto sostuvo en un tema id\u00e9ntico, \u00abEn firme el fallo de la justicia transicional, se debe reconocer el derecho a partir del momento en que efectivamente se adquiri\u00f3, es decir, cuando los destinatarios consumaron las obligaciones impuestas en la sentencia. Lo anterior, sin perjuicio de que el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz constante dichos imperativos con posterioridad y de acuerdo con su agenda\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el 27 de septiembre de 2021, la Magistrada Diana Valencia Molina en otra acci\u00f3n penal estim\u00f3 que, \u00abEl momento a partir del cual se ha de reconocer la Libertad a Prueba de los postulados … lo constituye la fecha de su incorporaci\u00f3n a los programas de resocializaci\u00f3n de la ARN…\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que comparte la posici\u00f3n del Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, donde se plante\u00f3 que, \u00abtrat\u00e1ndose de la libertad a prueba, es menester verificar: El cumplimiento de los actos de contribuci\u00f3n a la reparaci\u00f3n integral ordenados en la sentencia y dem\u00e1s cargas impuestas en la misma, por lo que no es suficiente con la ejecutoria de la sentencia condenatoria proferida para tomar dicho hito procesal, como punto de partida del descuento del t\u00e9rmino fijado para la libertad a prueba, pues se requiere la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las obligaciones adicionales impuestas en el respectivo fallo, verificaci\u00f3n que compete a la Juez Penal del Circuito con funciones de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, mediante el auto que concedi\u00f3\u0301 el referido instituto procesal, por tanto, es en este momento procesal, y no antes, que se entienden verificados, en su totalidad, los presupuestos y condicionantes que tornan procedentes la libertad a prueba\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 la aqu\u00ed accionante, que, debido a esas criterios y posiciones dis\u00edmiles, frente al mismo asunto en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogot\u00e1, se presenta una amenaza al derecho a la igualdad de los condenados, porque el Tribunal de Barranquilla tiene una \u00fanica posici\u00f3n jur\u00eddica sobre el asunto de \u00ablibertad a prueba\u00bb, al igual que el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, \u00ablas situaciones que se ponen de presente en esta demanda de tutela tienen un efecto decisivo en las actuaciones, en la medida en que, la resoluci\u00f3n del problema jur\u00eddico del inicio de la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino de libertad a prueba, traduce el hito a partir del cual se cumplir\u00e1n o no los presupuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos reclamados para la postrera extinci\u00f3n de la pena en el proceso de Justicia y Paz\u00bb, y, que, \u00abla demanda de tutela no se dirige a controvertir un fallo de tutela, sino las decisiones proferidas por el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional y las de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Barranquilla y Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 que se vincule al tr\u00e1mite constitucional a la Sala de Casaci\u00f3n Penal , \u00aba fin de que en su condici\u00f3n de \u00d3rgano de cierre de la Jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz y para dar paso a la resoluci\u00f3n de la tutela que se demanda, explicite (i) de qu\u00e9 forma se ha abordado la tem\u00e1tica que se plantea, (ii) s\u00ed existe o no precedente judicial en el asunto, para as\u00ed lograr efectividad en los derechos de igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, de seguridad jur\u00eddica y de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia de los postulados (\u2026) (iii) si, de acuerdo con el tratamiento prodigado al instituto de la libertad a prueba en el r\u00e9gimen de Justicia y Paz por esa Alta Corporaci\u00f3n, tienen cabida la consideraci\u00f3n como punto de partida de la incorporaci\u00f3n del postulado a los programas de resocializaci\u00f3n de la ARN y\/o la posibilidad de iniciar el conteo del t\u00e9rmino de libertad a prueba, previo a la emisi\u00f3n y firmeza del pronunciamiento respectivo por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Justicia y Paz, partiendo de la verificaci\u00f3n del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia, siendo as\u00ed como el juzgado de ejecuci\u00f3n de sentencias, habr\u00eda de \u201c\u2026hacer la comprobaci\u00f3n \u2026\u201d \u2013 agregamos \u2013 ex ante. <\/p>\n
Debo insistir Se\u00f1ores H. Magistrados de Sala en la inminencia de proveer por la vinculaci\u00f3n de la Sala Penal al presente tr\u00e1mite, como que, es esa H. Corporaci\u00f3n la que con el criterio de autoridad que le asiste y su indiscutible condici\u00f3n de \u00f3rgano de cierre en la jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz; habr\u00e1 de dar zanjar ese lamentable panorama de indefinici\u00f3n e inseguridad jur\u00eddica que existe en la jurisdicci\u00f3n y as\u00ed lograr efectividad en los derechos de igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, de seguridad jur\u00eddica y de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conceder el amparo de los derechos fundamentales de igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, de seguridad jur\u00eddica y de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia de los postulados arriba referidos, que se han sometido voluntariamente a la Ley de Justicia y Paz, en lo que respecta al r\u00e9gimen de libertad a prueba, establecido en el inciso 4\u00ba, art\u00edculo 29 de la ley 975 de 2005. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior y para que se armonicen los principios de igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, seguridad jur\u00eddica, coherencia judicial, autonom\u00eda judicial, que se determinen por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Justicia y Paz y las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Bogot\u00e1 y Cundinamarca y la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, como \u00d3rgano de cierre en la jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz, los presupuestos que, de acuerdo con la ley 975 de 2005 y dem\u00e1s disposiciones concordantes, que deben verificarse por el Sistema de Justicia y Paz, para revisar la viabilidad de conceder el mecanismo de la libertad a prueba\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, y orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n refiri\u00f3 que, la acci\u00f3n de tutela propuesta contin\u00faa siendo improcedente, porque las providencias que profiere esa Sala como \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz son de car\u00e1cter rogado y no oficioso, y se pronuncian en el marco del caso espec\u00edfico, que le corresponde conocer por v\u00eda del procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005. <\/p>\n
2. La Magistrada Alexandra Valencia Molina de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 respondi\u00f3 que, en la tutela se acude a expresiones que refieren que el escenario de la jurisdicci\u00f3n se muestra difuso y desorientado acerca de los presupuestos, as\u00ed como el l\u00edmite temporal que debe cumplirse para la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino del evento procesal de la Libertad a Prueba, situaci\u00f3n, que eventualmente puede tener origen en los cambios de postura del Juzgado de seguimiento de sentencias de la jurisdicci\u00f3n, que han llevado a que la Sala de Barranquilla confirme algunas y la Sala de Bogot\u00e1 revoque otras, sin que se pueda afirmar de manera categ\u00f3rica, si el Juzgado advirti\u00f3 o no sobre el cruce de decisiones entre las Salas. <\/p>\n
3. La Juez Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, luego de hacer un recuento de las actuaciones efectuadas en las acciones adelantadas contra algunos de los postulado citados por la accionante, dijo que, en el orden normal del curso procesal habr\u00eda que entender que la competencia siempre ha de radicar en los jueces encargados de la vigilancia y ejecuci\u00f3n de la sentencia, puesto que no puede hablarse de la \u00ablibertad a prueba\u00bb hasta tanto no cobre ejecutoria el fallo que impone la pena alternativa, as\u00ed como las obligaciones inherentes al proceso transicional cuya verificaci\u00f3n da lugar justamente al mentado beneficio. <\/p>\n
4. La Magistrada de la Olga Patricia Uribe Prieto de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, expreso en relaci\u00f3n con el expediente No. 2014-00103, que los reparos presentados por quien represent\u00f3 al Ministerio P\u00fablico en la audiencia de primera instancia, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la diligencia, no se centraron en el debate que ahora se plasma en la acci\u00f3n constitucional, pues nada se expres\u00f3 para an\u00e1lisis de la primera y segunda instancia como eventual vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales de la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, la seguridad jur\u00eddica y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
5. El Magistrado \u00c1lvaro Fernando Moncayo Guzm\u00e1n ponente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 respecto del asunto que se cita en el escrito de amparo, expuso que ante el inicio de la Jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz, con la originaria Ley 975, fue precisamente a trav\u00e9s de los diferentes pronunciamientos tanto de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Penal, como la H. Corte Constitucional, que con sus diferentes interpretaciones hicieron viable la aplicaci\u00f3n de la nueva legislaci\u00f3n pese a sus vac\u00edos legislativos. <\/p>\n
6. Mario Alonso Guevara Pe\u00f1a y Hugo Torres Cortes, en calidad de defensores p\u00fablicos de las v\u00edctimas de la Defensor\u00eda del Pueblo manifestaron que, la libertad a prueba regulada en el art\u00edculo 29 de la ley 975 de 2005, requiere para su aplicaci\u00f3n que el condenado haya cumplido la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia, verificaci\u00f3n que ha de realizar el correspondiente juzgado, una vez asuma competencia para la ejecuci\u00f3n de la sentencia respectiva. <\/p>\n
De tal manera que no es posible otorgarla sin comprobar que efectivamente se hayan satisfecho los fines del proceso comprobados bajo criterios cient\u00edficos aportados por algunos de los intervinientes, actividad judicial que no debe estar sometida a razonamientos alejados de nuestra realidad social, y especialmente del tratamiento a que ha sido sometido el sentenciado para su posterior reincorporaci\u00f3n a la sociedad. <\/p>\n
7. La Fiscal\u00eda 65 Delegada ante los Jueces Especializados en apoyo al Despacho Diez Delegado ante el Tribunal Superior de la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional de Barranquilla, respondi\u00f3 que tiene el conocimiento y la documentaci\u00f3n de los hechos que le son atribuibles a los miembros pertenecientes al desmovilizado Bloque Resistencia Tayrona de la AUC, estructura armada que se desmoviliz\u00f3 colectivamente del 3 al 6 de febrero de 2006 en la Vereda Quebrada del Sol-Guachaca \u2013Magdalena. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los postulados \u2013 se omiten sus nombres – han cumplido todas y cada una de las convocatorias, versiones libres, indagatorias a los que han sido citados por los Magistrados con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas del Tribunal de Justicia y Paz. <\/p>\n
8. El Magistrado \u00c1lvaro Oher Hadith Hern\u00e1ndez con Funciones de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dijo que, la intervenci\u00f3n del ministerio p\u00fablico en los procesos judiciales de Justicia y Paz, no encuentra limitaci\u00f3n alguna, menos si se trata de alegar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
En consecuencia, la accionante contaba y cuenta con todas las facultades para intervenir en los procesos especiales de Justicia y Paz, donde existen los mecanismos jur\u00eddicos que se debieron agotar antes de hacer uso de la tutela como mecanismo extraordinario de defensa y s\u00f3lo para evitar un perjuicio irremediable, de donde se concluye que no se cumple el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto en estudio, el planteamiento que presenta la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, doctora Diana Yolima Ni\u00f1o Avenda\u00f1o refiere a que, en raz\u00f3n a la existencia de criterios y posiciones dis\u00edmiles frente al mismo asunto en los Tribunales de Justicia y Paz de Bogot\u00e1 y de Barranquilla, al igual que en el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, debe determinarse que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, como \u00f3rgano de cierre es la competente para definir el momento a partir del cual ha de empezar a contabilizarse el t\u00e9rmino de la \u00abLibertad a Prueba\u00bb, como evento procesal de exclusiva aplicaci\u00f3n en la justicia transicional reglada por la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, por ser el Juez natural y de cierre de la especial jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz. <\/p>\n
2. Ahora bien, de la lectura de los hechos que sirvieron de sustento a la acci\u00f3n constitucional, advierte la Sala que el amparo resulta improcedente, porque es claro que la materia propuesta por la accionante se sustrae del \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela en tanto que este mecanismo excepcional no fue establecido, para que a trav\u00e9s del mismo y dejando de lado la autonom\u00eda funcional de los jueces y sus decisiones independientes (art\u00edculos 228 y 230), se pretenda que puede ordenarse a la Sala de Casaci\u00f3n Penal la unificaci\u00f3n de criterios en los procesos que cursan en la Jurisdicci\u00f3n de Justicia y Paz, toda vez que esa labor le compete asumirla como juez de casaci\u00f3n, a trav\u00e9s del conocimiento de los recursos de ley que se puedan interponer ante la misma como \u00f3rgano de cierre, y responsable de una funci\u00f3n judicial espec\u00edfica cuyo ejercicio y resguardo implica, el respeto mismo a la Carta Pol\u00edtica que la estableci\u00f3 como \u00f3rgano l\u00edmite, no por un simple acto de imposici\u00f3n formal, sino porque en un orden jer\u00e1rquico, todo proceso de decisi\u00f3n debe tener un final y ese fue el establecido en la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de acuerdo con las funciones establecidas el Reglamento General de esta Corporaci\u00f3n, la Corte Suprema de Justicia no est\u00e1 facultada para brindar ninguna clase de orientaci\u00f3n legal, ni tampoco es un \u00f3rgano consultor para pronunciarse respecto de la situaci\u00f3n descrita. <\/p>\n
3. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la tutela promovida la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, contra las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Bogot\u00e1 y Barranquilla, y el Juzgado Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12165-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12165-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02852-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Coordinadora Nacional […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67100","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67100"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67100\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}