STC12167-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12167-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2022-00118-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 16 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Trinidad G\u00f3mez Borja contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Promiscuo de Cartago y los intervinientes en el litigio radicado con el n\u00b0 2020-00162. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que mediante sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo el \u00ab6 de mayo de 2021\u00bb, se declar\u00f3 sin efecto el fallo dictado por ese mismo despacho el \u00ab6 de abril de 2015\u00bb (rad. 2014-00132), en el cual se hab\u00eda declarado a su \u00abhijo biol\u00f3gico\u00bb Juan Carlos Rengifo Borja en estado de interdicci\u00f3n, pero estableci\u00f3 que este requer\u00eda adjudicaci\u00f3n de apoyos, recayendo esa responsabilidad en Carmen Oliva Sarria Tamayo, a quien se se\u00f1ala como \u00abmadre de crianza\u00bb del discapacitado. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que [el 12 de julio de 2021] su apoderado \u00abpresent\u00f3 modificaci\u00f3n del apoyo judicial\u00bb, la funcionaria accionada \u00abse declar\u00f3 impedida para conocer de dicha solicitud en virtud a denuncia presentada por el [abogado Genaro Restrepo Zuluaga] ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a enemistad grave de la juez respecto [de dicho mandatario]\u00bb, y en atenci\u00f3n a auto del \u00ab3 de diciembre de 2021\u00bb se remiti\u00f3 el asunto al Juzgado Segundo de Familia de Cartago, quien, dentro de la actuaci\u00f3n n\u00b0 2022-00168, con prove\u00eddo del \u00ab15 de diciembre de 2021\u00bb se abstuvo de tramitarlo, advirtiendo que como se trataba de una \u00abadjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio de acuerdo lo dispuesto en el art\u00edculo 54 de la Ley 1996 de 2019, la vigencia no pod\u00eda ir m\u00e1s all\u00e1 del 25 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
Que no obstante lo anterior, como el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo no hab\u00eda ejecutado la sentencia del 6 de mayo de 2021, particularmente en lo atinente a \u00abpublicar el aviso\u00bb conforme al numeral 5\u00b0 de esa resoluci\u00f3n, con \u00aboficio 139 del dos (2) de mayo de 2022\u00bb, procedi\u00f3 a \u00abcancela[r] las medidas cautelares comunicadas a Instrumentos P\u00fablicos en el oficio 1501 del 18 de julio de 2018, respecto de los bienes de propiedad del incapaz Juan Carlos Rengifo Borja [pese a que] el juzgado se encontraba impedido para conocer de estos procesos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que antes de presentar esta acci\u00f3n le solicit\u00f3 al juzgado \u00abindagar si se trataba de un error subsanable y el pasado 28 de junio hoga\u00f1o emite respuesta evasiva que en nada tiene que ver con el levantamiento de las medidas cautelares ordenad[as] en el oficio 139 del 2 de mayo de 2022\u00bb, en tanto se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas medidas fueron decretadas dentro del proceso de declaraci\u00f3n judicial de interdicci\u00f3n por discapacidad mental [rad. 2014-00132]\u00bb, y no en el de \u00abadjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio [rad. 2020-00162]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se ordene \u00abdejar sin efectos el oficio 139 del 2 de mayo de 2022, emanado del Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, y comunicar esta decisi\u00f3n a la oficina de Instrumentos P\u00fablicos [de esa ciudad]\u00bb; \u00abadvertir [al despacho querellado], que se encuentra impedido para realizar cualquier actuaci\u00f3n\u00bb, y \u00abcompulsar las copias a que haya lugar para las investigaciones que [se] considere[n] pertinentes\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Promiscuo de Familia de Roldanillo, se opuso a lo pretendido aduciendo que \u00aben ning\u00fan momento este despacho le ha vulnerado derechos a la accionante, toda vez que no ha sido ni es parte en ning\u00fan proceso que se haya tramitado o se est\u00e9 tramitando en este juzgado. Solo por medio del abogado Genaro Restrepo Zuluaga, inici\u00f3 un proceso de modificaci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n de apoyos, respecto del cual me declar\u00e9 impedida para tramitarlo, toda vez que el abogado de la accionante, quien fue secretario del juzgado promiscuo municipal de Bol\u00edvar, Valle, formul\u00f3 denuncia penal por prevaricato en mi contra, debido a que me vi precisada a revocar una decisi\u00f3n abiertamente ilegal proferida por ese juzgado\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00abla medida de embargo que se decret\u00f3 por este despacho, en el proceso de declaraci\u00f3n de interdicci\u00f3n por discapacidad mental [rad. 2014-00132], es un hecho claro, cierto y obligado por la ley 1996 de 2019, que el juzgado ten\u00eda que levantar[lo], pues conforme a esta ley el se\u00f1or Juan Carlos, se presume capaz y la sentencia de interdicci\u00f3n qued\u00f3 sin efectos, m\u00e1xime cuando \u00e9l mismo en solicitud suscrita con la guardadora suplente, (madre de crianza) que se le hab\u00eda asignado en el proceso de interdicci\u00f3n y quien lo ha cuidado durante su enfermedad, solicitaron la adjudicaci\u00f3n de apoyos [rad. 2020-00162]\u00bb. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que \u00abel abogado Genaro Restrepo Zuluaga no intervino, como tampoco lo hizo la accionante, en el proceso de interdicci\u00f3n y tampoco en el de adjudicaci\u00f3n de apoyos, y de haber intervenido este abogado, no se habr\u00edan tramitado en este juzgado, pues me habr\u00eda declarado impedida. Pero como \u00e9l no fue abogado en ninguno de los dos procesos no estoy impedida para tomar las decisiones que me exige la ley\u00bb, y \u00abambos procesos terminaron con sentencia, sin que la accionante y mucho menos su abogado haya intervenido en ellos\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Segunda Promiscuo de Familia de Cartago, inform\u00f3 que en virtud al impedimento de la titular del Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, el cual declar\u00f3 fundado el tribunal con providencia del 3 de diciembre de 2021, \u00abpor reparto efectuado a esta dependencia judicial el d\u00eda 13 de agosto de 2021, correspondi\u00f3 conocer del proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio promovido en beneficio del se\u00f1or Juan Carlos Rengifo Borja, [el cual] fue tramitado en su totalidad ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmediante auto 1280 del 15 de diciembre [de 2021], se dispuso no dar tr\u00e1mite a la solicitud, al considerar que la adjudicaci\u00f3n de apoyo al haberse ordenado dentro de un proceso transitorio, no producir\u00eda efectos m\u00e1s all\u00e1 del 25 de agosto de 2021, indicando que tal decisi\u00f3n, sin perjuicio de que quien lo considerara necesario, podr\u00eda promover un proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo no transitorio conforme lo dispuesto en el cap\u00edtulo 5 de la Ley 1996 de 2019\u00bb, el cual efectivamente fue promovido por la se\u00f1ora G\u00f3mez Borja \u00abel 4 de marzo de 2022\u00bb, y cuya asignaci\u00f3n de conocimiento entre su despacho y el Primero Promiscuo de Familia de esa ciudad, se encuentra pendiente de ser dirimido por el tribunal. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el auxilio al considerar que \u00abla declaraci\u00f3n de impedimento no lo fue en el proceso de interdicci\u00f3n, como tampoco en el tr\u00e1mite que culmin\u00f3 con la declaraci\u00f3n de ineficacia de la respectiva sentencia, donde, a su vez, igualmente, se hizo la adjudicaci\u00f3n transitoria de apoyo. Del mismo modo, que tales actuaciones no fueron adelantadas a instancia de la madre biol\u00f3gica, se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad G\u00f3mez Borja, ni de su actual apoderado, con quien se ha asociado la causal de impedimento\u00bb, en tanto el impedimento declarado por la juez \u00aben el auto de 19 de julio de 2021 (\u2026), tiene que ver con otra demanda de Mar\u00eda Trinidad G\u00f3mez Borja \u201cpara que se modifique lo decidido en la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio en favor de su hijo (\u2026)\u201d. Actuaci\u00f3n aut\u00f3noma, en \u00faltimas, luego de declararse fundado el impedimento, radicada en cabeza del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia Cartago y terminada de plano por haber expirado la vigencia de la adjudicaci\u00f3n transitoria\u00bb, por ello, se \u00abdescarta por completo que el juzgado accionado haya podido incurrir en una falta superlativa\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno es cierto, por tanto, que el oficio de cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares haya sido librado despu\u00e9s de declararse el impedimento dentro del proceso de interdicci\u00f3n o de la actuaci\u00f3n que dej\u00f3 sin efecto el fallo all\u00ed proferido\u00bb, porque \u00abtales actuaciones no fueron adelantadas a instancia de la madre biol\u00f3gica, se\u00f1ora Maria Trinidad G\u00f3mez Borja, ni de su actual apoderado [Genaro Restrepo Zuluaga]\u00bb, y \u00aben la hip\u00f3tesis de haberse librado el oficio [cancelando los embargos], sin haberse publicado la decisi\u00f3n que dej\u00f3 sin efecto la sentencia de interdicci\u00f3n, el error calificado solo tendr\u00eda lugar en el evento de impedir ese hecho, espec\u00edficamente, la firmeza de la providencia. Como ese no es el caso, pues la ejecuci\u00f3n no fue condicionada a esa publicaci\u00f3n, se descarta por completo la consumaci\u00f3n de una conducta donde haya prevalecido el capricho o la arbitrariedad del juzgador\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del amparo para enfatizar \u00abque el oficio el oficio 139 de 02 de mayo de 2022, emanado del Despacho accionado, fue expedido cuando ya se encontraba impedido y no ser de recibo de la judicatura que la Secretaria de ese Despacho libre oficios, si el despacho en pleno se encontraba impedido, [ser\u00eda un] exabrupto darle funciones independientes a la Secretaria del Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, cuando no las tiene, pues el impedimento que reca\u00eda sobre la Titular del Despacho se extiende a todos los otros empleados que puedan intervenir en el proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales derivadas del debido proceso invocadas por la accionante, porque al interior del juicio n\u00b0 2014-00162, dispuso el levantamiento de la medida cautelar de embargo de inmuebles propiedad de quien en dicha actuaci\u00f3n fung\u00eda como interdicto. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Subraya la Sala. <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados requisitos, siendo forzoso que el fundamento de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango fundamental, de no ser as\u00ed, la pretensi\u00f3n no puede prosperar. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda, toda vez que la actora no acredit\u00f3 que la orden de levantar embargos -decretados por el Juzgado Promiscuo de Familia de Roldanillo en el proceso de interdicci\u00f3n n\u00b0 2014-00132 desde el 18 de julio de 2018-, y que se comunic\u00f3 a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos con oficio n\u00b0 139 del 2 de mayo de 2022, constituyera amenaza y menos vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Lo anterior porque, en primer lugar, se trata de la ejecuci\u00f3n del fallo proferido por la misma autoridad el 6 de mayo de 2021, en el que resolvi\u00f3 \u00abdeclarar que carece de efectos, conforme a la Ley 1996 de 2019, la sentencia No. 016 de fecha 6 de abril de 2015 (\u2026), por medio de la cual se declar\u00f3 en estado de interdicci\u00f3n al se\u00f1or Juan Carlos Rengifo Borda\u00bb, decisi\u00f3n que se encuentra debidamente ejecutoriada y en firme como lo record\u00f3 el accionado en prove\u00eddo del 11 de abril de 2022. <\/p>\n
En segundo lugar, porque la competencia del juzgado convocado, de cara a los procesos de interdicci\u00f3n n\u00b0 2014-00132 y de adjudicaci\u00f3n de apoyo judicial transitorio n\u00b0 2020-00162, se mantiene en cabeza de la titular de dicho estrado, pues su declaraci\u00f3n de impedimento no se produjo dentro de tales actuaciones sino de un tr\u00e1mite incidental de \u00abmodificaci\u00f3n de apoyo\u00bb propuesto por la ac\u00e1 querellante por intermedio del abogado Genaro Restrepo Zuluaga, cuya intervenci\u00f3n configur\u00f3 la aludida separaci\u00f3n del conocimiento bajo \u00ablas causales 7 y 9 del art\u00edculo 141 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
En otras palabras, por cuanto la declaraci\u00f3n de apartamiento de la funcionaria encartada se produjo con posterioridad a la firmeza de las decisiones cuya ejecuci\u00f3n cuestiona la actora, es infundada la pretensi\u00f3n de esta en el sentido de que sus efectos se apliquen con retroactividad, pues, se itera, dentro del juicio inicial donde se decretaron las medidas y en el posterior donde se invalidaron, eran inexistentes las causales que soportaron dicho impedimento. <\/p>\n
En este orden, la controversia que plante\u00f3 la actora carece de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico, ya que ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n la agencia judicial acusada ha quebrantado sus intereses superiores, y en esas condiciones no se habilita la injerencia del juez excepcional, en tanto que, de vieja data, la Corte Constitucional ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00abel presupuesto b\u00e1sico para la procedencia del amparo es la vulneraci\u00f3n o la amenaza de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que en casos como el sub j\u00fadice, donde la actuaci\u00f3n criticada se ajusta a los preceptos legales que rigen la tem\u00e1tica y, por tanto, no se avizora que la autoridad judicial demandada haya afectado los derechos superiores de la reclamante, el auxilio se torna inviable, pues: \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC6835-2022, 2 jun. 2022, rad. 00297-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, sobre la necesidad de que en el ruego tuitivo se demuestre la transgresi\u00f3n alegada, ha precisado que \u00abpara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC8023-2021, 10 ago. 2022, rad. 00148-01, entre otras). Se resalta. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se denegar\u00e1 la solicitud de \u00abcompulsar las copias a que haya lugar para las investigaciones que [se] considere[n] pertinentes\u00bb, pues sobre el punto la Corte ha dicho que quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias [ya que] en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, citada, entre otras, en STC6088-2022, 18 may. 2022, rad. 00002-01). <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido en precedencia, se respaldar\u00e1 el fallo desestimatorio de primer grado, habida cuenta la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados por la demandante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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