STC12172-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12172-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00440-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de marzo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte de Suprema de Justicia, en la tutela que Diana Marcela Torres Silva instaur\u00f3 en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior y del Juzgado Segundo Penal del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La actora, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abdefensa\u00bb para que se ordenara a las autoridades querelladas dejar sin efectos la providencia emitida el 11 de abril de 2019. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que en la se\u00f1alada fecha el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio decret\u00f3 la conexidad de los juicios que se adelantan en su contra por los delitos de abuso de condiciones de inferioridad agravado y fraude procesal (2016-04684 y 2017-01478, respectivamente); auto que recurri\u00f3 puesto que la Fiscal\u00eda asignada al caso, quien elev\u00f3 dicha solicitud, lo hizo de manera extempor\u00e1nea y adicionalmente los \u00fanicos legitimados para hacerlo eran las v\u00edctimas o la defensa, de conformidad con el art\u00edculo 51 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y la sentencia C-471 de 2016 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Empero, adujo que \u201ca pesar de los argumentos legales y constitucionales\u201d que expuso, el despacho enjuiciado mantuvo inc\u00f3lume dicha directriz en la misma diligencia. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, luego, pidi\u00f3 en la audiencia preparatoria el rechazo de unas pruebas consistentes en las escrituras p\u00fablicas n\u00b0 2453 y n\u00b0 3250, a trav\u00e9s de las cuales se vendieron unos \u201cderechos herenciales\u201d y que fueron incorporados en el pleito n.\u00b0 2017-01478, argumentando que \u201cno fueron descubiertas de manera expresa, clara y concreta en la audiencia llevada a cabo el 15 de marzo de 2018\u201d; sin embargo, el estrado confutado no la acept\u00f3 (6 may. 2019) y el ad quem convalid\u00f3 dicha resoluci\u00f3n (9 sep. 2020), lo que quiere decir que la \u201cdeclaratoria de conexidad no solo subsan\u00f3 un yerro de la fiscal\u00eda de no entregar los EMP en el proceso 2017-01478 por el delito de fraude (\u2026) y que no estaba acumulado con el 2016-04684, sino que, adem\u00e1s sorprendi\u00f3\u201d a su abogado con esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 las falencias del ente acusador, quien no descubri\u00f3 ni en la etapa de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n, ni antes de la \u00abaudiencia preparatoria\u00bb, los elementos suasorios que pretend\u00eda hacer valer y, con la \u201cconexidad procesal decretada\u201d, logr\u00f3 alterar los t\u00e9rminos y el procedimiento establecido para aportarlos al litigio, vulnerando con ello sus atributos b\u00e1sicos. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Villavicencio narr\u00f3 lo surtido en esa instancia y afirm\u00f3 que \u201cno ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante\u201d. <\/p>\n
El apoderado de la v\u00edctima aval\u00f3 la providencia criticada, en tanto que \u201cs\u00ed se tratan de punibles conexos porque fueron perpetrados en forma criminal, sistem\u00e1tica, conjunta por personas conocedoras de la ley, se aclara por abogados, no personas sin educaci\u00f3n o del com\u00fan, con gran trascendencia en su desarrollo de actividades como togados del derecho, que en alg\u00fan momento desempe\u00f1an funciones como servidores p\u00fablicos en diferentes entidades del Estado\u201d. <\/p>\n
Jaris Pastor Torres Hern\u00e1ndez se adhiri\u00f3 a la demanda superlativa. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el auxilio tras colegir que, \u00abencontr\u00e1ndose el proceso en la etapa de juicio, es al interior del mismo que la demandante debe plantear las observaciones sobre el desarrollo del debido proceso y la eventual afectaci\u00f3n de derechos fundamentales, por conducto de los mecanismos legales, bien solicitando nulidades (art. 457 \u00eddem), o presentando el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia, en caso tal de que resulte desfavorable a sus intereses. Incluso, puede discutir aquellos aspectos por v\u00eda del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, si el fallo de segundo grado tambi\u00e9n le es adverso\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue opugnado por la gestora y, aunque afirm\u00f3 que de manera independiente allegar\u00eda \u00ablas respectivas fundamentaciones\u00bb, en el dossier remitido por el a quo, no se observ\u00f3 legajo alguno en ese sentido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Con fundamento en el material de convicci\u00f3n anexado al cartapacio, pronto se anuncia el decaimiento del resguardo, toda vez que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto de la inmediatez que caracteriza la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, habida cuenta que entre la fecha del pronunciamiento controvertido (11 abr. 2019), refrendado en la misma calenda, y la radicaci\u00f3n del pliego supralegal (3 mar. 2021), transcurri\u00f3 un lapso de un (1) a\u00f1o, diez (10) meses y veinte (20) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, se ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (CSJ, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la falta de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en la STC3949-2021, por cuanto la impulsora no mencion\u00f3 alguna circunstancia v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir tempestivamente a esta especial\u00edsima v\u00eda. <\/p>\n
2.- Por \u00faltimo, subr\u00e1yese que, tal como lo asent\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, como la contienda que se sigue en contra de la accionante a\u00fan se halla en tr\u00e1mite, tiene la posibilidad -si as\u00ed lo estima- de discutir las resoluciones y\/o actuaciones que le resulten adversas a sus intereses a trav\u00e9s de las herramientas establecidas por el legislador. Ello, por cuanto, no es posible incursionar en este \u00e1mbito supralegal, habida cuenta que implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores naturales (Cfr. CJS STC5733-2021; STC 28 oct. 2011, rad. 00312-01, STC8897-2017; STC10432-2017 y STC6904-2020, STC5733-2021). <\/p>\n
En ese orden de ideas, si alguna inconformidad tiene la suplicante frente al rito en cuesti\u00f3n, ser\u00e1 en el desarrollo normal del mismo donde deber\u00e1 exponerla, sin que pueda soslayar los medios id\u00f3neos de defensa que al efecto le concede la ley adjetiva, cuya eficacia no decae frente a hipot\u00e9ticas circunstancias como las referidas. <\/p>\n
3.- Ergo, el veredicto refutado ser\u00e1 avalado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC12172-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC12172-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00440-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de marzo de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67107","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67107"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67107\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}