STC12174-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12174-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00230-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 23 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lubdivia Garc\u00eda Bedoya y Wilder Correa Cabrera contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Sexto Civil Municipal de esa urbe, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2017-00875. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, actuando en nombre propio, invocaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abdefensa\u00bb, presuntamente vulnerados por la convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y de los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Que Fabio Humberto Sanclemente Gonz\u00e1lez, promovi\u00f3 recaudo ejecutivo contra los querellantes, asunto que, sometido a reparto, correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali, quien libr\u00f3 mandamiento de pago el 19 de diciembre de 2017. <\/p>\n
Enterados del tr\u00e1mite, los quejosos plantearon las excepciones que denominaron: \u00ab1.-Las fundadas en la omisi\u00f3n de los requisitos que el t\u00edtulo deba contener y que la ley no supla expresamente; 2.- Las que se deriven de la entrega sin intenci\u00f3n de hacerlo negociable, contra quien no sea tenedor de buena fe.\u00bb, se\u00f1alando que el instrumento negociable base de la ejecuci\u00f3n fue firmado con espacios en blanco, advirtiendo que el mismo fue llenado de manera abusiva y luego se hizo circular por endoso en favor de Sanclemente Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Apelada la anterior determinaci\u00f3n por el all\u00ed demandante, el 7 de febrero de 2022, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali la revoc\u00f3, para, en su lugar \u00abORDENAR la modificaci\u00f3n del mudamiento de pago proferido en contra de Lubdivia Garc\u00eda Bedoya y Wilder Correa Cabrera, ajustando el capital de la obligaci\u00f3n a la suma de $35\u00b4000.000, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia (…) CONDENAR en costas a los demandados en favor de Fabio Humberto Sanclemente en $8\u00b4000.000 como agencias en derecho\u00bb. <\/p>\n
En sentir de los censores, la decisi\u00f3n anterior entra\u00f1a m\u00faltiples defectos, al observar con desd\u00e9n el material probatorio, por cuanto, reiteran, el t\u00edtulo valor que funge como base de la ejecuci\u00f3n no fue llenado de conformidad con las instrucciones impartidas, ni atiende a la realidad negocial que motiv\u00f3 la firma del cartular. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, se \u00abRevo[que] y dej[e] sin efectos ni validez la sentencia discutida mediante el cual se revoc\u00f3 parcialmente el fallo del a quo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Catorce Civil del Circuito de Cali, expres\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada garantiz\u00f3 el debido proceso y es fruto de la valoraci\u00f3n conjunta de los elementos de convicci\u00f3n recaudados en el tr\u00e1mite, por lo que manifest\u00f3 estarse a lo resuelto en sede constitucional. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil Municipal de esa ciudad remiti\u00f3 el expediente donde se denuncia la vulneraci\u00f3n, manifestando que ha actuado conforme a derecho. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que el pronunciamiento atacado se advierte razonable, pormenorizando que \u00abla providencia en cuesti\u00f3n no luce arbitraria, sino que fue precisamente adoptada bajo razonamientos razonables y racionales, derivados del caso en concreto. N\u00f3tese que la Jueza accionada explic\u00f3 las razones del por qu\u00e9, seg\u00fan el material probatorio, s\u00ed hab\u00eda conexidad entre el pagar\u00e9 y el negocio de ganado porcino y, a su juicio, tal hecho permite predicar la exigibilidad de la obligaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo valor\u00bb, a\u00f1adiendo que: \u00abla juez de segunda instancia parti\u00f3 de la premisa de creer que en este caso solo podr\u00eda haber negocio cartular siempre y cuando hubiera existido el negocio subyacente (comercializaci\u00f3n de ganado porcino), lo cual es harto desacertado por la naturaleza del derecho cambiario, pues, prima facie el tenedor de un t\u00edtulo valor goza de los privilegios de la independencia, autonom\u00eda y literalidad contenidos en \u00e9l. De manera que el \u00faltimo tenedor del t\u00edtulo o endosatario en una cadena de endosos, puede adquirir el documento independientemente de los negocios subyacentes que hayan existido anteriormente entre el girador y los endosantes anteriores\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los reclamantes para insistir en su pretensi\u00f3n, con los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por Lubdivia Garc\u00eda Bedoya y Wilder Correa Cabrera, con la providencia del 7 de febrero de 2022, a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de esa ciudad, dentro del ejecutivo promovido por Fabio Humberto Sanclemente Gonz\u00e1lez contra los aqu\u00ed convocantes, porque, supuestamente, no valor\u00f3 de forma adecuada el material probatorio recaudado, lo que, de haberse efectuado, llevar\u00eda a la convicci\u00f3n de que el t\u00edtulo valor que funge como base de la juicio cambiario no fue llenado de conformidad con las instrucciones impartidas, ni atiende la realidad negocial que motiv\u00f3 la firma del cartular. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo, tal como lo concluy\u00f3 el tribunal en primer grado, en tanto que, del examen del pronunciamiento censurado, no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que amerite la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, para revocar la sentencia del a quo, el juzgado del circuito precis\u00f3 inicialmente que, en lo atinente a la relaci\u00f3n comercial evidenciada entre las partes: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Se prob\u00f3 la existencia de la relaci\u00f3n comercial entre Lubdivia Garc\u00eda Bedoya, Wilder Correa Cabrera y Carlos Hern\u00e1n Cuartas Guti\u00e9rrez, consisten en la comercializaci\u00f3n de ganado porcino que comenz\u00f3 a inicios del 2016 y se mantuvo hasta diciembre de 2016. Esta relaci\u00f3n comercial, seg\u00fan el testimonio vertido por el propio Carlos Hern\u00e1n Cuartas Guti\u00e9rrez, para diciembre de 2016, arrojaba un saldo pendiente por pagar en su favor por valor de $84\u00b4000.000, por concepto de ganado porcino entregado y no pagado.\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, al abordar los reparos expuestos por los apelantes frente a la determinaci\u00f3n de primera instancia, en torno a las reales condiciones del negocio causal o subyacente, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este despacho, como se anunci\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes, no acepta la tesis del apelante quien afirma la independencia entre el pr\u00e9stamo por valor de $85\u00b4000.000 con los negocios efectuados en el 2016 entre Carlos Hern\u00e1n Cuartas Guti\u00e9rrez, Lubdivia Garc\u00eda Bedoya y Wilder Correa Cabrera. Porque la ausencia de prueba convincente sobre la presumida entrega en efectivo del dinero, aunado a la conciencia en cifras ($84\u00b4000.000 \/ $85\u00b4000.000) entre lo presuntamente prestado y lo adeudado por los demandados a Carlos Hern\u00e1n Cuartas Guti\u00e9rrez, permiten entrever que en realidad el pagar\u00e9 objeto de recaudo tiene un \u00fanico negocio causal que no es otro que el saldo pendiente por pagar, que para diciembre de 2016 le adeudaban los demandados al se\u00f1or Carlos Hern\u00e1n Cuartas Guti\u00e9rrez…\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los demandados al responder el interrogatorio oficioso efectuado por el a quo, fueron consistentes en reconocer que al finalizar el a\u00f1o 2016, le adeudaban al se\u00f1or Carlos Hern\u00e1n Cuartas Guti\u00e9rrez, la suma de $35\u00b4000.000 sobre la cual realizaron abonos en 2017 de alrededor de 12 millones de pesos, para un total de $23\u00b4000.000. Frente a los pagos efectuado en 2016, obra en el expediente la certificaci\u00f3n emitida por el Banco Davivienda, donde se observan 24 consignaciones ala cuenta corriente cuyo titular figura el se\u00f1or Carlos Hern\u00e1n Cuartas Guti\u00e9rrez, por valor de $58.432.000, mientras que frente a los pagos que se realizaron en el 2017, no obra prueba documental en el plenario… As\u00ed, el recuento de los interrogatorios, la prueba documental y declaraci\u00f3n de las partes e intervinientes en el proceso, dan muestra de las negociaciones consistentes en la comercializaci\u00f3n de ganado porcino y que el pagar\u00e9, que es base del recaudo en la presente acci\u00f3n ejecutiva, se otorg\u00f3 con espacios en blanco con el objeto de respaldar los saldos adeudados al se\u00f1or Carlos Hern\u00e1n Cuartas Guti\u00e9rrez.\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el despacho accionado tom\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso, as\u00ed como las pruebas aportadas por las partes para examinarlas y darles el alcance demostrativo que, seg\u00fan su criterio, deb\u00eda confer\u00edrseles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de anteponer al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, como qued\u00f3 claro, se circunscribi\u00f3 al an\u00e1lisis de los planteamientos del recurso de apelaci\u00f3n y de los medios de conocimiento que aportaron las partes, que, en conjunto, le permitieron concluir a la autoridad cognoscente, que existi\u00f3 un negocio causal o subyacente que origin\u00f3 la creaci\u00f3n del t\u00edtulo valor reclamado, suficiente para revocar la decisi\u00f3n inicial. <\/p>\n
Y es que, de manera insistente, la Sala ha se\u00f1alado que la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque este instrumento no fue concebido como mecanismo para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por los ac\u00e1 querellantes es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica de la funcionaria de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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