STC12176-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC12176-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03065-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n virtual de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Rafael \u00c1ngel Montaguth Ortega instaur\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Once Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bucaramanga, extensiva al Juzgado Promiscuo Municipal de El Play\u00f3n \u2013 Santander, a la Financiera Comultrasan y dem\u00e1s intervinientes en el auxilio 011-2022-00001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a las autoridades convocadas \u00abrevocar los fallos de tutela (\u2026) de primera instancia proferido el 25 de enero de 2022 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga y (\u2026) de segunda instancia proferido el 28 de febrero de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga Sala Civil y Familia\u00bb y, en consecuencia, declararan \u00abcomo AUTO ILEGAL el proferido el 2 de septiembre de 2016, por el Juzgado Promiscuo Municipal del Play\u00f3n – Santander dentro del proceso ejecutivo singular con radicado N\u00ba 68255-40-89-001-2016-00031-00\u00bb y la nulidad de todo lo actuado en dicho pleito, desde el 11 de julio de 2016. <\/p>\n
En sustento, adujo que el Juzgado Promiscuo Municipal de El Play\u00f3n \u2013 Santander libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra y a favor de la Financiera Comultrasan (21 abr. 2016), de lo cual no tuvo conocimiento en atenci\u00f3n a que, \u00ablas citaciones para notificaci\u00f3n personal y por aviso nunca le fueron entregadas\u00bb, hecho que \u00abqued\u00f3 probado mediante la comunicaci\u00f3n n\u00b0 365 emitida por la Alcald\u00eda de Cachira del 13 de Mayo de 2021, en donde se afirm\u00f3 que tal direcci\u00f3n no existe en ese municipio\u00bb. Sin embargo, \u00aborden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb, con apoyo en la certificaci\u00f3n expedida por Telepostal \u00abdonde manifiesta que [\u00e9l] s\u00ed reside en dicha direcci\u00f3n\u00bb, lo cual, \u00abfalta a la verdad\u00bb (2 sep.). <\/p>\n
Sostuvo que, si en gracia de discusi\u00f3n, se tuviera que, en efecto, qued\u00f3 notificado por aviso \u00abel 7 de septiembre de 2016, entonces la referida (\u2026) quedar\u00eda surtida el d\u00eda 8 [siguiente], luego es a partir de esa fecha, que tendr\u00eda 3 d\u00edas para retirar las copias del expediente y vencido el termino (\u2026), el ejecutado contar\u00eda con el termino de 10 d\u00edas para contestar la demanda, y estos \u00faltimos t\u00e9rminos fueron irrespetados por el Juez, lo que lleva a la preterminaci\u00f3n \u00edntegra de la etapa de contestaci\u00f3n de la demanda (\u2026) si efectivamente lo hubiesen notificado\u00bb, por lo que, al despacho encartado \u00able era prohibido proferir auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb. No obstante, deneg\u00f3 su solicitud de \u00abnulidad\u00bb, el 11 de mayo de 2021 (art. 133 C.G.P. num 8\u00ba) y ratific\u00f3 su postura al solventar el recurso de reposici\u00f3n impetrado (24 jun.). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga desestim\u00f3 el auxilio que promovi\u00f3 con miras a controvertir lo precedido (25 en. 2022), resoluci\u00f3n que el superior convalid\u00f3 el 28 de febrero \u00faltimo, por \u00abno encontrarse configurado el requisito de inmediatez\u00bb, toda vez que: <\/p>\n
i)- \u00abEl t\u00e9rmino transcurrido entre las decisiones que se tildan de vulneradoras\u00bb, esto es, \u00abdesde el auto que resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad proferido el 11 de mayo de 2021 y el que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n en contra de este, de 23 de junio siguiente, y la fecha de interposici\u00f3n de esta causa constitucional radicada el 11 de enero hoga\u00f1o, deviene exagerado sin que en el sub examine se haya justificado la inactividad observada\u00bb. <\/p>\n
ii) Adem\u00e1s, \u00abcomo lo expres\u00f3 el gestor en su solicitud de nulidad radicada el 18 de marzo de 2021, (\u2026) \u2018fue notificado por la parte demandante por aviso, esto es, conforme a lo estipulado en el art\u00edculo 292 del C.G. del P. el 7 de septiembre de 2016, como obra en el presente expediente\u00bb, es decir, \u00abla notificaci\u00f3n por aviso se realiz\u00f3 despu\u00e9s de haberse publicado por estado el auto que ordenaba seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, por lo que, se desprende que \u00abel accionante en ese momento, conoci\u00f3 de la notificaci\u00f3n, que fue por aviso\u00bb. De manera que, \u00abes claro que no puede admitirse que habiendo pasado tantos a\u00f1os [7 sep. 2016], alegue a la hora de ahora un yerro que f\u00e1cilmente pudo advertir desde esa \u00e9poca\u00bb. <\/p>\n
iii)- Finalmente, \u00abtampoco resulta plausible el desconocimiento que alega Montaguth Ortega de la ejecuci\u00f3n de trato, pues resulta inveros\u00edmil que si el 50% de su mesada pensional estuvo embargada por casi 2 a\u00f1os por cuenta de dicho proceso ejecutivo, no se haya enterado de su existencia, ello a pesar de ser cierto que con anterioridad le hab\u00edan estado realizando descuentos por el mismo valor en atenci\u00f3n a lo ordenado en otro asunto, pues cualquier persona medianamente diligente indagar\u00eda por los saldos retenidos o el destino de los mismos, siendo f\u00e1cil advertir la existencia del proceso ampliamente referenciado con una mera llamada o pregunta a su pagador sobre el curso que se le daba a su dinero\u00bb. <\/p>\n
Adver\u00f3 que, la interposici\u00f3n de la guarda anterior fue el 16 de diciembre de 2021, por tanto, \u00abno transcurri\u00f3 un tiempo mayor a los seis meses, es decir que se cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Once Civil del Circuito se opuso al ruego, debido a \u00abla falta de acreditaci\u00f3n de los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela, y por inexistencia de la vulneraci\u00f3n alegada por el actor en cabeza de ese Despacho\u00bb. <\/p>\n
El Promiscuo Municipal de El Play\u00f3n narr\u00f3 el rito surtido en el ejecutivo n\u00ba 2016-00031. <\/p>\n
Financiera Comultrasan asegur\u00f3 que \u00abdio cumplimiento estricto a las disposiciones legales tendientes a lograr la notificaci\u00f3n del demandado siendo la misma realizada conforme al principio del debido proceso, dado que el demandado fue notificado por aviso, sin que este hiciera uso de los medios exceptivos allan\u00e1ndose de esta manera a las pretensiones de la demandada\u00bb, por lo que \u00abera esa la oportunidad con que contaba el demandado para alegar la nulidad a trav\u00e9s de los mecanismos de defensa integrados en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Muy pronto se advierte la improcedencia de este medio tuitivo, por las siguientes razones: <\/p>\n
1.1.- De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es factible el examen de la \u00abtutela contra tutela\u00bb, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, STC2551-2021, 15 mar. 2021, reiteradas en STC16306-2021 y STC8499-2022). <\/p>\n
La Corte Constitucional acept\u00f3 la posibilidad de \u00abacciones\u00bb como la presente, cuando la directriz adoptada en la ayuda es producto de un \u00abfraude\u00bb o si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb (SU-627 de 2015, citada en STC16306-2021). <\/p>\n
1.2.- En el sub lite, en lo relacionado con las cr\u00edticas del quejoso frente a los \u00abfallos de tutela\u00bb proferidos por el Juzgado Once Civil del Circuito (25 en. 2022) y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga (28 feb.) en el socorro que Rafael \u00c1ngel Montaguth Ortega adelant\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo Municipal de El Play\u00f3n \u2013 Santander (rad. 2022-00001), la salvaguarda no sale avante, puesto que se dirige contra otra \u00abacci\u00f3n\u00bb de igual linaje, centrando su inconformidad con el sentido de tales \u00abdecisiones\u00bb, lo que impide la injerencia supralegal implorada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, del escrutinio cuidadoso al actual amparo y a la sentencia censurada, no se advierten hechos constitutivos de \u00abfraude\u00bb, as\u00ed como tampoco fueron alegados ni obran pruebas enfocadas a acreditarlo, \u00fanico evento capaz de viabilizar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
1.3.- Sumado a lo antelado, seg\u00fan se constat\u00f3 en el sistema de consulta de la Corte Constitucional (exp. T 8754360), la citada actuaci\u00f3n fue enviada para su eventual revisi\u00f3n, sin que fuese seleccionada con dicho fin (30 jun. 2022), y sin que el actor hubiese elevado \u00absolicitud de insistencia\u00bb tendiente a que un Magistrado de esa Colegiatura, el Procurador General de la Nacional, el Defensor del Pueblo y\/o la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado ejerciera el \u00abmecanismo de insistencia\u00bb. De modo que, \u00abrespecto de la misma ha operado el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional derivada de la no selecci\u00f3n por la Corte Constitucional\u00bb (fallo 7 jun. 2012, exp. No. 11001-22-03-000-2012-00775-01, reiterado el 11 de junio, exp. 2013- 00019-01, STC8818-2019, STC9102-2021, STC10346-2021 y STC1558-2022). <\/p>\n
Frente a la \u00abrevisi\u00f3n de la sentencia de tutela\u00bb y el instrumento de la \u00abinsistencia\u00bb, esta Corte ha expresado: <\/p>\n
(\u2026) si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018cualquier Magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendarios siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u2019. Sentencia de 8 mayo de 2012 exp. 11001 02 03 000 2012-00862-00, reiterada en CSJ STC3573-2020, STC10346-2021 y STC1558-2022. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con el descuido en el empleo de los medios de defensa, tambi\u00e9n tiene decantado, que: <\/p>\n
(\u2026) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u2026\u00bb (STC6663-2018, citada en STC6916-2020, STC10346-2021 y STC7520-2022). <\/p>\n
Ello, en virtud a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC6916-2020, STC10346-2021 y STC7520-2022). <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, emerge el fracaso de la s\u00faplica superlativa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela incoada por Rafael \u00c1ngel Montaguth Ortega. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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