STC12178-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12178-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01589-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que la Universidad de Antioquia le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esa ciudad, a Carlos Alberto Morales Fonnegra, al Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Antioquia y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2016-01405. <\/p>\n
1.- El ente educativo, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se ordenara \u00abdejar sin efecto la sentencia SL1696-2022 emanada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral – Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia; lo que implica que consecuentemente quede inc\u00f3lume la sentencia dictada en sede de segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 18 de agosto de 2020\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que reconoci\u00f3 a Carlos Alberto Morales Fonnegra, ex -trabajador oficial de esa Universidad (quien labor\u00f3 entre el 2 de septiembre de 1985 y el 30 de octubre de 2005), pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por un monto inferior a 5 SMLMV (Res. n\u00ba 574, 21 nov. 2005); luego, neg\u00f3 la solicitud de reliquidaci\u00f3n elevada por aquel al apreciar que \u00absu pensi\u00f3n deb[\u00eda] ser reajustada anualmente en un porcentaje del 15%\u00bb desde el a\u00f1o 2001, conforme al art. 1\u00ba de la Ley 4 de 1976 (Res. n\u00ba 127, 08 may. 2012), decisi\u00f3n que posteriormente convalid\u00f3 (Res. n\u00ba 232, 30 may. 2012 y n\u00ba 35021, 9 jul. 2012). <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medell\u00edn neg\u00f3 las pretensiones en el juicio ordinario laboral que Morales Fonnegra promovi\u00f3 en su contra, para que \u00abcon fundamento en la Convenci\u00f3n Colectiva 1976-1977, [y para que] se declare que le asiste el derecho a un reajuste anual del 15% sobre su Pensi\u00f3n de Jubilaci\u00f3n Convencional y, en consecuencia, que se condene a la Universidad al reconocimiento y pago indexado de las sumas que desde el a\u00f1o 2005 ha dejado de percibir por hab\u00e9rsele aplicado como porcentaje de reajuste el del IPC, el cual resulta inferior al pretendido\u00bb (3 dic. 2019), pronunciamiento que el ad quem respald\u00f3 (18 ag. 2020). <\/p>\n
Arguy\u00f3 que su contraparte interpuso \u00abrecurso de casaci\u00f3n\u00bb, definido por la Colegiatura accionada, que \u00abCAS\u00d3\u00bb el veredicto opugnado y, en sede de instancia, resolvi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Se ordena que, por la secretar\u00eda de la Sala, se oficie a: <\/p>\n
1. la Universidad de Antioquia, para que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, contados a partir del recibo de la respectiva comunicaci\u00f3n, certifique con destino a este proceso, en qu\u00e9 porcentaje ha incrementado a\u00f1o a a\u00f1o las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 1\u00b0 de noviembre de 2005 y, en relaci\u00f3n con el demandante, en qu\u00e9 porcentaje le ha aumentado su prestaci\u00f3n a partir de ese a\u00f1o, indicando adem\u00e1s cu\u00e1les pagos le ha hecho por todo concepto salarial y prestacional, desde la misma fecha hasta el momento. <\/p>\n
2. Colpensiones para que, en igual lapso, certifique si ha reconocido pensi\u00f3n alguna al accionante y, de ser el caso, indique a partir de qu\u00e9 fecha y los montos que mes a mes ha reconocido por concepto de mesada pensional. <\/p>\n
Cumplido lo anterior, c\u00f3rrase traslado a las partes por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, conforme al art\u00edculo 110 del CGP; enseguida vuelva el expediente al despacho para adoptar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda (SL1696-2022, 9 may.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la Magistratura acusada incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho por \u00abdefecto sustantivo\u00bb, \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb, que sustent\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
a)- \u00abDefecto sustantivo\u00bb por las siguientes razones: (i) \u00ab[I]nadecuada interpretaci\u00f3n del juez de casaci\u00f3n respecto a la cl\u00e1usula 15 de la convenci\u00f3n colectiva 1976-1977 suscrita entre la Universidad de Antioquia y el Sindicato de Trabajadores Oficiales, conforme a la cual dedujo que \u00e9sta incluy\u00f3 lo concerniente al reajuste anual y autom\u00e1tico contemplado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1976\u00bb, por lo que, \u00abdesconoci\u00f3 el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993 que debe ser aplicado imperativamente en lo que respecta a los reajustes pensionales\u00bb; y (ii) \u00ab[Desconocer] el precedente establecido en torno a los reajustes pensionales, fijados incluso en sentencia de constitucionalidad cuyos efectos son erga omnes, el cual consiste en que tales reajustes de las pensiones, incluso las concedidas en virtud de la Ley 4 de 1976, deben hacerse con base en el art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993\u00bb; <\/p>\n
b)- \u00abDesconocimiento del precedente\u00bb, ya que \u00abcon relaci\u00f3n a los reajustes pensionales se ha establecido una regla jurisprudencial en el sentido que \u00e9stos deben hacerse conforme al art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, esto es, en un monto equivalente al IPC del a\u00f1o inmediatamente anterior \u2013salvo en las pensiones cuyo valor sea del salario m\u00ednimo, en cuyo caso el incremento deber\u00e1 ser el mismo que tenga tal salario m\u00ednimo-, incluso para aquellas pensiones que hayan sido reconocidas al amparo de la Ley 4\u00aa de 1976, por lo cual aplicar dicha Ley implica desconocer las reglas jurisprudenciales que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, afirm\u00f3 que no se tuvo en cuenta, la ratio decidendi de la C-110 de 2006, ni el contenido de la C-435 de 2017, ambas de la Corte Constitucional y; de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, las sentencias de Homologaci\u00f3n del 4 de diciembre de 1995 (rad. 7964, M.P. Francisco Escobar Enr\u00edquez); 18844 de octubre 10 de 2002 (M.P. Carlos Isaac N\u00e1der) y la SL3865-2021 (18 ag.); y, <\/p>\n
c)- \u00abViolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb dado que \u00abteniendo en cuenta la supresi\u00f3n establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005 con relaci\u00f3n a los beneficios convencionales en materia pensional, y a que el reajuste de una mesada pensional no se constituye en un derecho adquirido; las sentencias objeto de reproche constitucional incurrieron en una violaci\u00f3n del art\u00edculo 48 superior\u00bb. Adem\u00e1s, porque con lo dirimido, \u00abdesconoc[e] de forma espec\u00edfica un postulado de la Constituci\u00f3n como lo es el principio de sostenibilidad fiscal del sistema pensional (\u2026) Y es que, siendo lapidario, pero realista, de mantenerse fallos como los controvertidos en sede de tutela, la Universidad de Antioquia estar\u00eda llamada a dejar de ser una Universidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Laboral dijo atenerse a la providencia combatida y resalt\u00f3 que \u00ab(\u2026) se dict\u00f3 acatando estrictamente, como correspond\u00eda, el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente de la Corporaci\u00f3n, visible en las sentencias CSJ SL4105-2020; CSJ SL3343-2020; CSJ SL1052-2021; CSJ SL5108-2020; CSJ SL3820-2020; CSJ SL1947-2021; CSJ SL3431-2021; CSJ SL1149-2022; CSJ SL2543-2020 y CSJ SL2798-2020\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medell\u00edn se\u00f1al\u00f3 que \u00abde acuerdo al escrito de tutela, no se encuentran pretensiones en contra de [ese] este Despacho y por consiguiente estima que con lo actuado en el proceso 05001-31-05-002-2016-01405-00, no se ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a la accionante\u00bb. <\/p>\n
Carlos Alberto Morales Fonnegra expuso que \u00abLa sentencia que se ataca, guarda plena identidad con las dem\u00e1s dictadas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, por lo que, \u00absolicit\u00f3 NEGAR las pretensiones de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, tras hallar razonable la \u00abdecisi\u00f3n controvertida [porque] no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la demandante no halla recibo en esta sede excepcional\u00bb, tanto m\u00e1s si \u00abpor el contrario, no puede perderse de vista que aquella incluye una base jur\u00eddica y la percepci\u00f3n razonable de la Corporaci\u00f3n demandada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la refrendaci\u00f3n de lo opugnado, porque la determinaci\u00f3n debatida, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
2.- En efecto, lo observado en el plenario es que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en la directriz confutada (SL1696-2022, 9 may.), realiz\u00f3 un sensato estudio de las normas que disciplinan el caso y el contenido del acuerdo convencional celebrado entre la Universidad de Antioquia y el sindicato el 23 de marzo de 1976, con vigencia desde el d\u00eda 28 de ese mismo mes y a\u00f1o, de lo cual, concluy\u00f3 en paralelo con los medios de convicci\u00f3n, que la lectura de la cl\u00e1usula decimoquinta convencional por el Tribunal de Medell\u00edn fue desatinada, en tanto: <\/p>\n
Tal estipulaci\u00f3n guarda correspondencia con la teleolog\u00eda de la negociaci\u00f3n colectiva, de procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores, dado que posibilit\u00f3 que los pensionados y los por pensionar de la Universidad de Antioquia, accedieran a las prerrogativas de la Ley 4\u00aa de 1976, sin que se observe que fuera intenci\u00f3n de los contratantes, supeditar el disfrute de los beneficios en ella dispuestos, mientras estuviera vigente. <\/p>\n
As\u00ed se dice, porque de la norma extralegal emana razonablemente que las partes suscriptoras, en su capacidad de negociaci\u00f3n, de manera generalizada incorporaron un listado de derechos de estirpe legal, con el prop\u00f3sito claro de darles una connotaci\u00f3n de derecho nuevo y aut\u00f3nomo frente a las normas legales. <\/p>\n
Por tanto, para la Corte es evidente que la remisi\u00f3n a la Ley 4\u00aa de 1976 en el acuerdo colectivo laboral en reflexi\u00f3n, s\u00f3lo tuvo como finalidad identificar la garant\u00eda legal, pero para efectos de incorporarla a este, tal como lo hizo con los dem\u00e1s derechos que enlista con la denominaci\u00f3n dada por el legislador. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede perderse de vista que \u00abla certeza de un derecho no proviene de la causa que lo provoca, sino de su evidencia y seguridad, con independencia de que aquel sea legal o extra legal\u00bb, conforme a lo orientado en la sentencia CSJ SL1052-2021. <\/p>\n
Valga destacar que dentro de los derechos consagrados en la referida ley se encuentra, precisamente, el incremento peticionado por el recurrente, previsto en su art\u00edculo 1\u00b0 y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservar\u00e1 vigencia como norma convencional, as\u00ed aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pact\u00f3, entr\u00f3 a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convenci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 467 del CST. <\/p>\n
Raciocinio que soport\u00f3 en jurisprudencia de esta misma Corporaci\u00f3n, como la SL5108-2020, en la que cavil\u00f3 que: <\/p>\n
[\u2026] Por supuesto que el reajuste de la pensi\u00f3n es un derecho de los pensionados que cumplan las condiciones ah\u00ed se\u00f1aladas, en cuanto representa para ellos la posibilidad de modificar la relaci\u00f3n jur\u00eddica que los liga con el pagador de la pensi\u00f3n y de exigir, hasta por las v\u00edas judiciales, el reconocimiento de esa facultad. <\/p>\n
Puede verse como correlato de esa facultad o posibilidad que existe una obligaci\u00f3n jur\u00eddica a cargo del pagador de la pensi\u00f3n de efectuar el reajuste, hasta el punto de llegar a ser compelido, con el uso leg\u00edtimo de la fuerza, por los jueces, en la hip\u00f3tesis de resistirse a honrar ese compromiso legal. <\/p>\n
Bueno resulta precisar que la falta de ejercicio de un derecho no traduce que no exista jur\u00eddicamente. Es m\u00e1s, la posibilidad de ejercerlo o no pertenece a su propia naturaleza. <\/p>\n
Adicionalmente, cualquier enfrentamiento entre la disposici\u00f3n convencional y la ley, en punto al reajuste anual de las pensiones, habr\u00e1 de resolverse con el postulado de la norma m\u00e1s favorable. Pero, en todo caso, ello no conduce a la p\u00e9rdida de aliento de la norma convencional. <\/p>\n
De otra parte, no puede remitirse a duda que el referido canon convencional fue el fruto de una negociaci\u00f3n, registrada en una convenci\u00f3n colectiva, como culminaci\u00f3n de un conflicto econ\u00f3mico o de intereses. <\/p>\n
Asimismo, tuvo como gu\u00eda la SL3820-2020 en lo atinente a la voluntad de las partes contratantes; la SL1947-2021 respecto a las reglas de comprensi\u00f3n de los textos convencionales y; frente a conflictos de similares contornos las SL3431-2021 y SL1149-2022. De las dos primeras extrajo que: <\/p>\n
[\u2026] en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad, las partes tienen total libertad de comprometerse con lo que a bien estimen, desde luego, como lo ha sostenido la Sala, siempre que su objeto y causa sean l\u00edcitos, que no atente contra las buenas costumbres, que no se desconozcan derechos m\u00ednimos de los trabajadores o, en general, que no se produzca lesi\u00f3n a la Constituci\u00f3n o la ley. [y] <\/p>\n
(\u2026) esta Corporaci\u00f3n ha subrayado la importancia de tener en cuenta los \u00abelementos pragm\u00e1ticos-contextuales\u00bb (CSJ SL5159-2018) en la interpretaci\u00f3n de los enunciados de los acuerdos laborales. Los juzgadores al enfrentarse a un dilema hermen\u00e9utico relacionado con una norma de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo, han de atribuir a los t\u00e9rminos y frases empleados un sentido corriente, com\u00fan, cercano a los interlocutores sociales y a los centros de trabajo en los cuales su suscriben los acuerdos. En este sentido, los tecnicismos o ficciones jur\u00eddicas no deben tener un lugar privilegiado sobre los t\u00e9rminos corrientes de las cl\u00e1usulas, a menos que los interlocutores acudan a ellos para delimitar conceptos o instituciones propias de la dogm\u00e1tica jur\u00eddica. <\/p>\n
No hay que olvidar que no siempre los interlocutores sociales son abogados o poseen un conocimiento t\u00e9cnico-jur\u00eddico. Cuando se redactan las cl\u00e1usulas se estila un lenguaje com\u00fan, propio de personas y grupos sociales interesados en dar fin a un conflicto entre ellos. Por tanto, es clave no perder de vista esto, como tampoco el contexto y el objeto o fin para el que se suscriben los acuerdos. <\/p>\n
Con base en esos derroteros, dedujo que el an\u00e1lisis del ad quem \u00abluce errado en la magnitud de manifiesto o evidente el entendimiento que la segunda instancia dio a la cl\u00e1usula convencional sobre la que se discurre\u00bb, puesto que \u00abno aplic[\u00f3] al demandante, en su calidad de pensionado, el reajuste anual y autom\u00e1tico contemplado en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 4\u00aa de 1976\u00bb, por lo que cas\u00f3 la \u00absentencia recurrida\u00bb, al inferir que: <\/p>\n
En estas condiciones, acoger convencionalmente un reajuste pensional que no pueda ser inferior al 15 %, conforme lo estableci\u00f3 la referida normativa, se enmarca dentro de la voluntad de los contratantes, fruto de su autonom\u00eda, en la cual la Corte no puede entrometerse, salvo que esa interpretaci\u00f3n no fuera sensata o coherente (\u2026). <\/p>\n
Con todo, en relaci\u00f3n con la \u00abincidencia del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb, de cara al reajuste anhelado, coligi\u00f3 que: <\/p>\n
resulta importante recordar que el recurrente se encuentra pensionado desde el 1\u00b0 de noviembre de 2005, mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 574 (f.\u00b0 28 a 30, ibidem), al amparo de la Convenci\u00f3n Colectiva (1976\u20131977), es decir, con anterioridad a la fecha l\u00edmite de su vigencia establecida en el Acto Legislativo 01 de 2005 (31 de julio de 2005), por lo que los incrementos pretendidos constituyen verdaderos derechos adquiridos y, como qued\u00f3 visto, a pesar de la derogatoria de la Ley 4\u00aa de 1976, esta sigui\u00f3 rigiendo dichos beneficios, por virtud de lo establecido en el aludido acuerdo. <\/p>\n
Se denota lo previo, porque en relaci\u00f3n con la vigencia de las reglas pensionales contenidas en las convenciones colectivas que ven\u00edan en curso al momento de la expedici\u00f3n de la reforma constitucional, las providencias CSJ SL2543-2020 y CSJ SL2798-2020 han explicado que tales estipulaciones se mantienen hasta el 31 de julio de 2010, sin que ello comporte el desconocimiento de derechos adquiridos, como el del reclamante, o expectativas leg\u00edtimas, ni mucho menos la vulneraci\u00f3n del derecho de negociaci\u00f3n colectiva o de la aplicaci\u00f3n de los convenios internacionales del trabajo. \u2013Resalta la Sala-. <\/p>\n
Y, en \u00absede de instancia\u00bb, determin\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) [oficiar] a la Universidad de Antioquia, para que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, contados a partir del recibo de la respectiva comunicaci\u00f3n, certifique con destino a este proceso, en qu\u00e9 porcentaje ha incrementado a\u00f1o a a\u00f1o las mesadas de los trabajadores oficiales a su servicio, desde el 1\u00b0 de noviembre 2005 y, en relaci\u00f3n con el demandante, en qu\u00e9 porcentaje le ha aumentado su mensualidad a partir de ese a\u00f1o, indicando adem\u00e1s cu\u00e1les pagos le ha hecho por todo concepto salarial y prestacional, desde la misma fecha hasta el momento. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que si bien el actor, en los hechos de la demanda, hace referencia a unos porcentajes de incremento, en el expediente no obra acreditada dicha informaci\u00f3n por la accionada. <\/p>\n
Adicionalmente, se oficiar\u00e1 a Colpensiones para que, en igual lapso, certifique si ha reconocido pensi\u00f3n alguna al convocante y, de ser el caso, indique a partir de qu\u00e9 fecha y los montos que mes a mes ha reconocido por concepto de mesada, debido a que la compartibilidad de la prestaci\u00f3n afecta la cuantificaci\u00f3n del derecho aqu\u00ed discutido. <\/p>\n
Cumplido lo anterior, c\u00f3rrase traslado a las partes por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, conforme al art\u00edculo 110 del CGP; enseguida vuelva el expediente al despacho para adoptar la decisi\u00f3n que en derecho corresponda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para la Corte no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la querellante, en tanto, la Sala reprochada emprendi\u00f3 una labor intelectiva adecuada al \u00ababordar los medios suasorios\u00bb prenotados, cuya proveimiento es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o la impulsora compartan o no tales deducciones, no es este el escenario que la habilite a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la pugna, ya que el objetivo de este sendero especial, no fue servir de tercera instancia para discutir \u00ablos \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC2544-2021, reiterada en STC8170-2022). <\/p>\n
3.- Con todo, no emerge \u00abv\u00eda de hecho\u00bb por \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb invocado por la censora, dado que las \u00absentencias\u00bb aludidas en el libelo incoatorio, emitidas por esta Corte [CSJ Sala Cas. Lab., 4 dic. 1995, rad. 7964, M.P. Francisco Escobar Enr\u00edquez; Sentencia n\u00ba 18844, 10, oct. 2002, M.P. Carlos Isaac N\u00e1der y, SL3865-2021, 18 ag.] y, por el Tribunal Constitucional (C-110\/06 y C-435\/17), no constituyen un precedente horizontal en el asunto, que sea vinculante y obligatorio; espec\u00edficamente porque, en ellas debe existir una l\u00ednea jurisprudencial que instituya un derrotero a seguir; adem\u00e1s, que la actora demuestre, que plantean con suficiencia y no de forma aislada la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida o inaplicada; lo cual no aconteci\u00f3 en este caso. <\/p>\n
No, porque en las primeras prenotadas, la Corte Constitucional se declar\u00f3: \u00abINHIBIDA para decidir sobre la demanda instaurada contra el art\u00edculo 1\u00b0 (parcial) de la Ley 4\u00aa de 1976\u00bb (C-110\/06) y \u00abDECLARAR EXEQUIBLE el apartado del art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993 de conformidad con el cual las pensiones \u201cse reajustar\u00e1n anualmente de oficio, el primero de enero de cada a\u00f1o, seg\u00fan la variaci\u00f3n porcentual del \u00cdndice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el a\u00f1o inmediatamente anterior\u201d\u00bb (C-435\/17). Y las segundas, corresponden a situaciones con dis\u00edmiles problemas jur\u00eddicos y hechos al aqu\u00ed examinado, en tanto el planteamiento factual de las controversias all\u00e1 estudiadas, es distinto, de cara al conflicto de legalidad propuesto, entre la teleolog\u00eda de la negociaci\u00f3n colectiva y las prerrogativas de la Ley 4\u00aa de 1976. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con dicho t\u00f3pico, esta Sala, citando la Corte Constitucional dijo: <\/p>\n
\u00abSobre el desconocimiento del precedente judicial como causal espec\u00edfica de procedencia de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha dicho que puede configurarse cuando se demuestra un defecto sustantivo o al evidenciar un apartamiento de la jurisprudencia de forma aut\u00f3noma, y en cuando a la primera modalidad indic\u00f3 que se produce cuando una autoridad judicial: <\/p>\n
\u00abi) aplica una disposici\u00f3n en el caso que perdi\u00f3 vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermen\u00e9utico que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretaci\u00f3n contraevidente -interpretaci\u00f3n contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial \u2013horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad ante una violaci\u00f3n manifiesta de la Constituci\u00f3n, siempre que su declaraci\u00f3n haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso\u00bb (CC SU-298\/15). <\/p>\n
En punto de esta circunstancia, resulta necesario precisar que para la configuraci\u00f3n de tal irregularidad debe existir una l\u00ednea jurisprudencial que constituya un derrotero a seguir. As\u00ed, puede hablarse de precedente horizontal, cuando en una misma corporaci\u00f3n existe una posici\u00f3n consolidada y un\u00e1nime por parte de las salas que la componen respecto a una materia, y de precedente vertical, cuando ello tiene lugar en relaci\u00f3n con decisiones del superior funcional de quien la ha de emplear. <\/p>\n
De manera que, para demostrarla (en el caso del precedente horizontal), es indispensable que se plantee en la demanda de tutela, con suficiencia y no de forma aislada, la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida o inaplicada\u00bb. (STC6026-2021). <\/p>\n
4.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener lo refutado, advirtiendo que para esta Corporaci\u00f3n es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del socorro, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021), lo que aqu\u00ed no acaeci\u00f3. <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 lo prove\u00eddo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12178-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC12178-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01589-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67113","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67113"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67113\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}