STC12180-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12180-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02994-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Esther Damaris D\u00edaz Angulo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2014-00063. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con (i) el auto de 23 de agosto de 2021, mediante el cual el juzgador a quo aprob\u00f3 la diligencia de remate llevada a cabo en el referido compulsivo; y (ii) el prove\u00eddo de 12 de agosto de 2022, a trav\u00e9s del cual la magistratura querellada declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n interpuesta contra la primera determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, la convocante aleg\u00f3 que con las referidas providencias termin\u00f3 por consolidarse la causal de invalidaci\u00f3n que se gener\u00f3 en la convocatoria de la diligencia de remate, la cual se surti\u00f3 con una antelaci\u00f3n menor a la exigida por el ordenamiento jur\u00eddico. Agreg\u00f3 que dicha anomal\u00eda no fue alegada oportunamente (antes de llevarse a cabo la almoneda), puesto que no contaba para ese momento con una adecuada defensa judicial. <\/p>\n
3. Pide, en consecuencia, que se dejen sin efecto las cuestionadas decisiones y que, en su lugar, se haga un control de legalidad de toda la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena defendi\u00f3 la legalidad de su proceder; retom\u00f3 los fundamentos de la providencia con la cual desestim\u00f3 la trascendencia del vicio procesal invocado por la accionante y recalc\u00f3 que dicha litigante cont\u00f3 con defensa t\u00e9cnica durante el proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar las determinaciones sometidas a escrutinio de esta Corte, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que dichas providencias obedecieron a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
3.1 En cuanto al auto con el cual el tribunal resolvi\u00f3 el recurso de queja formulado por la aqu\u00ed querellante, dicha corporaci\u00f3n arguy\u00f3 que, \u00abla providencia del 30 de noviembre del 2021, el juez no concede el recurso de apelaci\u00f3n, teniendo en cuenta que un auto que ordene las irregularidades que puedan afectar la validez del remate, no se encuentra dentro de los autos listados en el art\u00edculo 321 como autos apelables\u00bb, a lo que agreg\u00f3 que \u00abla parte ejecutada ten\u00eda como oportunidad procesal la audiencia de remate celebrada el d\u00eda 16 de julio, para poner en conocimiento del juzgado la irregularidad que pretende hacer valer por v\u00eda de reposici\u00f3n, con base en el sustento normativo consagrado el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 455 del estatuto procesal vigente, que dice: \u201cLas irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n.\u201d y de cara a ello, el remate data del 16 de julio de 2021 y el auto de aprobaci\u00f3n del 23 de agosto de 2021, sin que se hubiere formulado de manera oportuna la anomal\u00eda alegada\u00bb. <\/p>\n
3.2 Y en lo que ata\u00f1e propiamente a la aprobaci\u00f3n de la subasta, el juez a quo mantuvo esa decisi\u00f3n, con fundamento en las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00abAl verificar el t\u00e9rmino que hay entre la publicaci\u00f3n del aviso de remate (4 de julio 2021) y la fecha en que se llev\u00f3 a cabo la audiencia de remate (16 de julio de 2021) se advierte que efectivamente existe un espacio de tiempo de 8 d\u00edas que es inferior al t\u00e9rmino que sugiere el art\u00edculo 450 del CGP, sin embargo, el momento procesal para que la parte advierta esa irregularidad era hasta antes de la adjudicaci\u00f3n del bien tal como lo establece el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 452 del C\u00f3digo General del Proceso. Aplicando el texto de la norma al caso concreto, es claro que la parte ejecutada ten\u00eda como oportunidad procesal la audiencia de remate celebrada el d\u00eda 16 de julio del hoga\u00f1o, para poner en conocimiento del juzgado la irregularidad que ahora pretende hacer valer por v\u00eda de reposici\u00f3n y que por este medio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, lo anterior, con base en el sustento normativo consagrado el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 455 del estatuto procesal vigente, que dice: \u201cLas irregularidades que puedan afectar la validez del remate se considerar\u00e1n saneadas si no son alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n.\u201d Al no interponer la parte ejecutada dentro de la etapa procesal correspondiente la irregularidad que hoy advierte, la consecuencia jur\u00eddica de no hacerlo es que las irregularidades quedan saneas, por tal raz\u00f3n no hay lugar a reponer o dejar sin efectos la decisi\u00f3n contenida en la audiencia de remate que adjudico el bien inmueble a la parte ejecutante\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 a los falladores encartados. Por el contrario, las providencias criticadas se basaron en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para exigir al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. A lo anterior se suma que la Sala ha venido se\u00f1alando que la improcedencia de la tutela por el comportamiento incurioso de la parte demandante, no encuentra respaldo jur\u00eddico en exculpaciones como aquella de que no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, la Corte resalt\u00f3 que \u00abno se puede dejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u00bb (providencia de 29 de enero de 2007, exp. T. N\u00b0. 00282-01), ni tampoco puede perderse de vista que \u00abexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (STC 10 may. 2011, rad. 00365-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha declarado la improcedencia de la acci\u00f3n, cuando \u00abel gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago. 2017, rad. 00282-01). Tambi\u00e9n, que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiara como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene. 2016, rad. 2015-02887-01, citada entre otras en STC747-2019, 31 ene. 2019, rad. 00204-01). <\/p>\n
Ante eventos como el que ac\u00e1 se expone, retoma vigencia el precedente seg\u00fan el cual, para soportar una salvaguarda \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental\u00bb, sino que es menester la demostraci\u00f3n de que \u00e9ste u otros de orden superior \u00abhan sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC sep. 5 de 2012, exp. 00630-014, citada en STC11384-2019, 26 ago. 2019, rad. 02418-00, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque las providencias materia de censura fueron motivadas y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al de los juzgadores de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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