STC12183-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12183-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2022-00361-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 17 de agosto de 2022 dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones Globales JJ S.A.S. y sus trabajadores Diana Milena Rocha Barrios y otros, y los hu\u00e9spedes alojados en el hotel Globales Cruz del Viso el d\u00eda 15 de junio de 2022 contra el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad, \u00e1rbitro M\u00f3nica Lozano Guzm\u00e1n; Guillermo Pedroza \u2013 comisionado del centro de arbitraje \u2013 Olga Patricia Polo Castro, el Personero Municipal de Mahates, la Inspecci\u00f3n y el Comando de Polic\u00eda del corregimiento de Malagana. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad solicitante, a trav\u00e9s de su representante legal, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, m\u00ednimo vital, salud, seguridad social, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el 15 de julio de 2022, el se\u00f1or Guillermo Pedroza, quien manifest\u00f3 ser comisionado por el Centro de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio, en compa\u00f1\u00eda del personero municipal de Mahates, la inspectora de polic\u00eda del corregimiento de Malagana y los apoderados de la se\u00f1ora Olga Patricia Polo, irrumpieron en las instalaciones del hotel \u00abCruz del Viso, Mahates Bol\u00edvar\u00bb, para adelantar diligencia de desalojo en cumplimiento del laudo arbitral proferido el 22 de junio de 2022, pero sin exhibir \u00aborden judicial ni identificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, no se permiti\u00f3 la presentaci\u00f3n de oposici\u00f3n y, a los empleados y los hu\u00e9spedes que se encontraban alojados en dicho momento los desalojaron a la fuerza y el mobiliario \u00abllevado en un cami\u00f3n contratado por el se\u00f1or Cesar Ternera Pertuz [\u2026] hoy en d\u00eda se desconoce el paradero de dicho inventario\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, no fue notificado del laudo arbitral que orden\u00f3 el desalojo y que \u00abno fue sino con posterioridad al mismo que tuvo conocimiento que la se\u00f1ora \u00e1rbitro antes de dictarlo, acept\u00f3 la renuncia a la abogada que ten\u00eda la empresa [\u2026] dej\u00e1ndonos de esta manera sin defensa procesal [\u2026] y con ello continuaron comisionando diligencias y haci\u00e9ndonos desalojos irregulares sin que hayamos tenido la oportunidad de que al menos nos respetaran la participaci\u00f3n en dichas diligencias y nos recibieran una oposici\u00f3n como en derecho corresponde o lo m\u00e1s importante, tener un tiempo prudente para solucionar la situaci\u00f3n de nuestros empleados y los hu\u00e9spedes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, manifest\u00f3 que, con anterioridad al desalojo, acudi\u00f3 ante las autoridades policiales e interpuso querella por perturbaci\u00f3n de la tenencia contra los arrendadores del establecimiento en el que funciona el hotel, denunciando, por ejemplo, que aqu\u00e9llos \u00abtomaron nuestra posici\u00f3n de arrendadores con respecto a los locales que ten\u00edamos en sub-arriendo, como es el caso del restaurante, autorizando [\u2026] que no nos pagaran m\u00e1s los c\u00e1nones de arriendo\u00bb, pero, seg\u00fan adujo, la inspecci\u00f3n de polic\u00eda del corregimiento de Malagana no ha proferido ning\u00fan pronunciamiento frente a la querella desde agosto de 2021. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que \u00ab(i) se ordene la notificaci\u00f3n y aclaraci\u00f3n del acto u orden judicial base de las irregulares diligencias, as\u00ed como en calidad de qu\u00e9 se encontraban aval\u00e1ndolas la inspectora de polic\u00eda de Malagana y el personero de Mahates; (ii) se ordene a la C\u00e1mara de Comercio de Cartagena que notifique el acto mediante el cual comision\u00f3 al se\u00f1or Guillermo Pedroza para realizar las acciones de desalojo; (iii) al \u00e1rbitro de la c\u00e1mara de comercio que aclare con base en qu\u00e9 acept\u00f3 la renuncia de la abogada de la empresa Inversiones Globales JJ S.A.S., cuando no ten\u00eda prueba de que la empresa estuviera enterada de que se iba a quedar sin opci\u00f3n de recurrir la decisi\u00f3n tomada por ese despacho y mucho menos enterarse de la decisi\u00f3n; y (iv) se ordene reabrir el hotel Globales el Viso devolviendo todo el inventario [\u2026] lo vuelvan a dejar en estado de servicio tal y como se encontraba\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS. <\/p>\n
1. M\u00f3nica Lozano Guzm\u00e1n, \u00e1rbitro de la C\u00e1mara de Comercio de Cartagena dijo desconocer lo ocurrido en la diligencia de desalojo cuestionada, pero indic\u00f3 que, en efecto, aqu\u00e9lla fue ordenada en el laudo arbitral proferido el 22 de junio de 2022 que se produjo con ocasi\u00f3n de la controversia promovida a partir del incumplimiento al contrato de arrendamiento de establecimiento comercial por parte de la sociedad Inversiones Global JJ, por falta de pago de los respectivos c\u00e1nones a la se\u00f1ora Olga Patricia Polo, propietaria del inmueble. <\/p>\n
Aclar\u00f3 que, no tiene conocimiento acerca de la calidad en la que actu\u00f3 en la diligencia de desalojo el se\u00f1or Guillermo Pedroza y que, en todo caso, la ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n que profiri\u00f3, es decir, la restituci\u00f3n del inmueble arrendado \u00abes una actuaci\u00f3n jur\u00eddica que escapa a las competencias del Tribunal Arbitral [\u2026] sus facultades son transitorias y finalizan con la expedici\u00f3n del laudo\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte precis\u00f3 que, la renuncia presentada por la apoderada de la sociedad aqu\u00ed accionante \u2013 Luisa Fernanda C\u00f3rdoba Mosquera \u2013 en el curso del tr\u00e1mite arbitral, solo fue aceptada el 29 de junio de 2022, es decir, la citada profesional compareci\u00f3 a la audiencia de lectura del laudo y el cual fue notificado a los correos electr\u00f3nicos de Inversiones Global JJ, de lo cual incluso existe acuse de recibido. <\/p>\n
2. La C\u00e1mara de Comercio de Cartagena, por intermedio de su representante legal para asuntos judiciales, explic\u00f3 cu\u00e1les son las funciones de esa entidad y su naturaleza jur\u00eddica, adem\u00e1s que rese\u00f1\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite arbitral propuesto por la se\u00f1ora Olga Patricia Polo Castro. Solicit\u00f3 ser desvinculada por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Luisa Fernanda C\u00f3rdoba Mosquera, vinculada, quien fuera apoderada de la empresa accionante durante el juicio arbitral, coadyuv\u00f3 las pretensiones de la acci\u00f3n tutelar pues considera que, \u00abera deber del Tribunal de Arbitramento esperar un t\u00e9rmino prudente [luego de su renuncia] para que el convocado hoy accionante, ejerciera su derecho de defensa, bajo el entendido de que el laudo arbitral no se estableci\u00f3 t\u00e9rmino para la restituci\u00f3n del inmueble, tales decisiones se tornaron posteriores a que se concediera su renuncia, [\u2026] advierte desconocido el derecho a la representaci\u00f3n y defensa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Luis Eduardo Li\u00f1\u00e1n Puello, apoderado de Olga Patricia Polo Castro, la demandante en el asunto arbitral, se\u00f1al\u00f3 que la sociedad ac\u00e1 accionante \u00absiempre ha querido dilatar de manera injustificada el procedimiento que se llev\u00f3 a cabo con todas las garant\u00edas procesales\u00bb Apunt\u00f3 por lo dem\u00e1s que, Inversiones Global JJ, present\u00f3 el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n contra el laudo arbitral \u00aben b\u00fasqueda que se le reconozca la nulidad de lo actuado por la supuesta violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Indic\u00f3 que no qued\u00f3 acreditada la legitimaci\u00f3n en la causa por activa respecto de los trabajadores del hotel Globales Cruz del Viso ni de los hu\u00e9spedes que se hallaban en \u00e9l el 15 de julio de 2022 \u00abadem\u00e1s que no se anuncia el accionante como agente oficioso de tales personas de manera inespec\u00edfica, tampoco que las mismas est\u00e9n inmersas en alguna circunstancia que les imposibilite ejercer su propia defensa\u00bb. <\/p>\n
De la queja contra la actuaci\u00f3n del Tribunal de Arbitramento accionado puntualiz\u00f3 que la demanda incumple el requisito de la subsidiariedad por cuanto \u00ab(\u2026) tuvo el accionante a su disposici\u00f3n el recurso de anulaci\u00f3n sin que d\u00e9 cuenta de haberlo interpuesto en el t\u00e9rmino que dicta la norma, por lo tanto, no son de recibo los cuestionamientos que alega en este estadio, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que a la renuncia de poder presentada por su apoderada se le imprimi\u00f3 todo el tr\u00e1mite legal que fue del caso e, inclusive, hasta d\u00edas siguientes de la decisi\u00f3n que considera ser la causa de su vulneraci\u00f3n, estuvo debidamente representado\u00bb. <\/p>\n
De las solicitudes que elev\u00f3 la sociedad tutelante a la personer\u00eda de Mahates y de la querella interpuesta ante la inspecci\u00f3n de polic\u00eda de Malagana de las que demand\u00f3 pronunciamiento, resalt\u00f3 el tribunal a quo que, de la primera \u00abno obra en el plenario constancia de remisi\u00f3n del mismo\u00bb; empero, de la segunda, esto es, de la querella policiva, advirti\u00f3 que la inspecci\u00f3n s\u00ed avoc\u00f3 su conocimiento pero no la ha resuelto, por lo que frente a esta \u00faltima reclamaci\u00f3n concedi\u00f3 el resguardo y orden\u00f3 \u00aba dicha autoridad policiva que, si a\u00fan no lo ha hecho, en ejecuci\u00f3n de las funciones que le son propias, resuelva de fondo la solicitud cuyo conocimiento avoc\u00f3\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. La formul\u00f3 el representante legal de Inversiones Global JJ S.A.S., reiterando los argumentos y alegaciones del escrito inicial. Refut\u00f3 lo decidido por el tribunal a quo en cuanto a negar la tutela por desatenci\u00f3n al presupuesto de la subsidiariedad ya que, contrario a lo indicado, s\u00ed formul\u00f3 el recurso de anulaci\u00f3n contra el laudo arbitral, el cual radic\u00f3 el 8 de agosto de la presente anualidad, \u00aboportunamente\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la protecci\u00f3n constitucional que solicita es respecto de las irregularidades presentadas en la diligencia de desalojo del 15 de julio de 2022 \u00aben especial contra la inspecci\u00f3n de polic\u00eda de Malagana quien ha desplegado acciones abusivas, injustas, ilegales frente a la sociedad accionante, con un claro desconocimiento del debido proceso y al derecho de defensa que debe regir sus actuaciones\u00bb y que, lo que pretende es que se otorgue la protecci\u00f3n como \u00abmecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable\u00bb <\/p>\n
2. En escrito presentado con posterioridad a la sentencia de primer grado, la inspecci\u00f3n de polic\u00eda del corregimiento de Malagana sostuvo que, en relaci\u00f3n con la diligencia de desalojo criticada, se limit\u00f3 a darle cumplimiento a una orden judicial impartida por un tribunal de arbitramento y que \u00abla inspecci\u00f3n no puede sustituir las etapas procesales propias del proceso arbitral, en las que no particip\u00f3 el accionante\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que, nunca se present\u00f3 oposici\u00f3n en la diligencia \u00abde hecho, nunca se present\u00f3 apoderado judicial alguno por parte de quienes estaban siendo desalojados\u00bb. En cuanto a la querella policiva, manifest\u00f3 que, aquella fue resuelta a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n n\u00ba 17-06-22-01 del 17 de junio de 2022 sin que haya sido controvertida, no correspondiendo \u00abque se ordene a este despacho realizar actuaciones procesales que tienen hechos superados por el normal tr\u00e1mite dentro de los procedimientos de las querellas policivas y el proceso arbitral\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la demanda constitucional cumple con el requisito de la subsidiariedad, y de superarse dicho an\u00e1lisis, circunscrita a los t\u00e9rminos de las impugnaciones, constatar si, (i) el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Cartagena vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas con el laudo del 22 de junio de 2022, que orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble arrendado (de local comercial) por la sociedad aqu\u00ed actora Inversiones Globales JJ S.A.S., en favor de la demandante Olga Patricia Polo Castro; y, (ii) si la inspecci\u00f3n de polic\u00eda del corregimiento de Malagana y la personer\u00eda municipal de Mahates, procedieron de forma irregular en la diligencia de desalojo cumplida el 15 de julio de 2022; y (iii) si omitieron pronunciarse, la primera respecto de la querella por perturbaci\u00f3n a la tenencia y la segunda, frente a la petici\u00f3n elevada el 11de mayo de 2022 (en la que se interpuso queja disciplinaria contra la inspectora de polic\u00eda de Malagana). <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Del car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda. <\/p>\n
Ligado al criterio subsidiario, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco del tr\u00e1mite judicial recriminado. De la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver entre otras STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Anticipa la Sala que ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo por el incumplimiento del presupuesto de procedibilidad al que refiere el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pero no en la modalidad de incuria por la supuesta falta de formulaci\u00f3n del recurso de anulaci\u00f3n contra el laudo arbitral cuestionado, puesto que, seg\u00fan lo puso de presente en la impugnaci\u00f3n la sociedad actora, dicho remedio extraordinario lo impetr\u00f3 en tiempo y actualmente se encuentra en tr\u00e1mite, por lo que, dado ese panorama, la demanda tutelar se aviene manifiestamente prematura. <\/p>\n
Ahora bien, cabe memorar que la v\u00eda jur\u00eddica arbitral constituye un mecanismo alternativo de soluci\u00f3n de conflictos, fundado en \u00ab(\u2026) la autonom\u00eda privada, libertad contractual o de contrataci\u00f3n, [el mismo, adem\u00e1s,] origina un proceso judicial sujeto a las directrices preordenadas por el legislador y comporta el ejercicio concreto, transitorio o temporal de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia. La naturaleza judicial del proceso arbitral est\u00e1 igualmente consagrada en los art\u00edculos 8\u00ba y 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, en los art\u00edculos 3 y 111 de la Ley 446 de 1998 (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 26 de junio de 2008, exp. T. 2008-00942-00, reiterada en sentencia de 18 de abril de 2012, exp. 05001-22-03-000-2012-00213-01). <\/p>\n
Los involucrados en una causa de esta naturaleza cuentan con el recurso de reposici\u00f3n contra los autos dictados en el mismo asunto ante los \u00e1rbitros designados y los remedios extraordinarios de anulaci\u00f3n y revisi\u00f3n frente al respectivo laudo o sentencia de arbitramento, de acuerdo con lo reglado, para los procedimientos civiles, en los c\u00e1nones 107 y siguientes de la Ley 1563 de 2012 – Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional- y 354 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso, en los cuales se establecen las causales y procedimiento a surtirse1. En lo atinente al car\u00e1cter extraordinario y restringido del recurso de anulaci\u00f3n, esta Sala se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que [el mismo] obliga al juez que lo resuelve a circunscribirse a las limitadas causales que le dan soporte, pues no puede encaminar la decisi\u00f3n por fuera de los estrictos caminos que para ello consagra el ordenamiento jur\u00eddico, caracter\u00edstica que fue puesta de relieve por la Sala cuando manifest\u00f3 \u201cque las causales que habilitan el recurso de anulaci\u00f3n, consagradas en el art\u00edculo 163 del Decreto 1818 de 1998, son taxativas y de aplicaci\u00f3n restrictiva, de forma que, en ning\u00fan caso, pueda invalidarse un laudo por fuera de los precisos motivos que en tales causales se establecieron, en el entendido de que si ello no fuera as\u00ed, el juez encargado de resolver dicha impugnaci\u00f3n estar\u00eda interfiriendo indebidamente en el proceso arbitral mismo y, por esta v\u00eda, de paso, provocar\u00eda una reprochable afectaci\u00f3n de la autonom\u00eda de la voluntad de quienes convinieron el compromiso o pactaron la cl\u00e1usula compromisoria, en tanto que, se insiste, con amparo en la Constituci\u00f3n y en la ley, los interesados optaron, precisamente, por excluir del conocimiento del \u00f3rgano jurisdiccional su conflicto (\u2026)\u00bb (CSJ. STC de 13 de agosto de 2008, Exp. 2008-01200-00). <\/p>\n
De esta manera, debido a que la gestora agot\u00f3 la referida impugnaci\u00f3n extraordinaria, la intervenci\u00f3n del juez del auxilio se encuentra vedada considerando que la determinaci\u00f3n que se adopte respecto de ese medio de control tiene trascendencia en la controversia, luego, resultar\u00eda a todas luces impertinente pronunciarse sobre la juridicidad del laudo, si este a\u00fan no se ha definido. En casos an\u00e1logos se ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [N]o se puede avalar la presencia del defecto material invocado por la peticionaria, ya que al inobservar el postulado de la residualidad que preside a la acci\u00f3n de tutela, mal hace en pretender cobijo del juzgador constitucional en tanto que, como lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, \u00ab[e]n l\u00ednea de principio, las partes dentro de un proceso arbitral, tienen a su disposici\u00f3n el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, para exponer sus reprobaciones frente al tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n y las anormalidades del laudo, todo al abrigo de las causales de anulaci\u00f3n contempladas en el art\u00edculo 41 de la Ley 1563 de 2012\u00bb (CSJ STC3154-2015, 19 mar. 2015, rad. 00069-01), siendo que \u00aben cada asunto en concreto debe analizarse si lo descrito en la acci\u00f3n de tutela puede o no enmarcarse dentro de los eventos de anulabilidad previstos en el ordenamiento, pues si la respuesta es positiva, lo pertinente ser\u00eda que el actor hubiera acudido a dicho remedio procesal -en la hip\u00f3tesis en que se haya vencido la oportunidad para hacerlo-, o, en el caso contrario, asista a \u00e9l, ambas circunstancias en las que el amparo constitucional devendr\u00eda improcedente por incuria o subsidiariedad, respectivamente\u00bb (Cfr. CSJ STC3154-2015, 19 mar. 2015, rad. 00069-01) (\u2026)\u00bb (CSJ. STC12552-2015). <\/p>\n
Es decir, la presente acci\u00f3n no se ha concebido como instrumento sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley, ni para anticiparse a las decisiones que incumbe dictar al competente, ni para interferir en procesos en tr\u00e1mite; o como aqu\u00ed ocurre, cuando se encuentra en curso una resoluci\u00f3n con eventual incidencia en el debate, motivo por el cual se ratificar\u00e1 en este punto su improcedencia. <\/p>\n
4.2. En el escrito impugnatorio, el representante legal de la empresa tutelante recalc\u00f3 que, m\u00e1s all\u00e1 de los reparos a la actuaci\u00f3n del tribunal de arbitramento, su disconformidad tambi\u00e9n lo es frente a la diligencia de desalojo llevada a cabo el 15 de julio anterior en el hotel Globales Cruz del Viso, adelantada por la inspecci\u00f3n de polic\u00eda de Malagana con la asistencia de la personer\u00eda de Mahates, los apoderados de la demandante arbitral y un comisionado por la C\u00e1mara de Comercio de Cartagena, aseverando que, no se exhibi\u00f3 ninguna orden judicial, se desalojaron forzosamente trabajadores y hu\u00e9spedes, se retuvieron enseres y mobiliario de funcionamiento y se impidi\u00f3, supuestamente, ejercer la oposici\u00f3n respectiva. <\/p>\n
Sin embargo, basta decir que, en relaci\u00f3n con los reproches a la mencionada evacuaci\u00f3n, tambi\u00e9n se observa improcedente conceder el amparo incluso como mecanismo transitorio, toda vez que \u00e9sta, a m\u00e1s de que viene precedida de una orden adoptada en el marco de un litigio en el que se garantiz\u00f3 a las partes el debido proceso, las consecuencias que se derivan de ella no constituyen per se un perjuicio irremediable, pues son el efecto l\u00f3gico de su ejecuci\u00f3n. En tal sentido, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia de esta naturaleza, en el sentido que, <\/p>\n
\u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (Sentencia de 28 de octubre de 2009, exp. T-2009-1496-01, citada el 29 de agosto de 2012, exp. 2012-01295-01, reiterada en STC16630-2015, 4 dic. 2015, rad. 2015-02935-00). <\/p>\n
Y cuando la salvaguarda se interpone, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable, se ha puntualizado que, <\/p>\n
5. De la reclamaci\u00f3n de pronunciamiento de fondo a la querella policiva por perturbaci\u00f3n a la tenencia. <\/p>\n
En lo que a este punto concierne, se revocar\u00e1 el amparo concedido, en consideraci\u00f3n de lo informado por la inspecci\u00f3n de polic\u00eda de Malagana en el memorial con el cual rebati\u00f3 el fallo constitucional de primer grado, por cuanto acredit\u00f3 que, mediante resoluci\u00f3n del 17 de junio de la presente anualidad, emiti\u00f3 pronunciamiento de fondo frente a la querella cuya definici\u00f3n reclama la sociedad actora. <\/p>\n
En la citada determinaci\u00f3n, la inspecci\u00f3n de polic\u00eda neg\u00f3 la protecci\u00f3n en torno a la presunta perturbaci\u00f3n de la tenencia relacionada con los inmuebles comprendidos por el hotel Global Cruz de El Viso y la Estaci\u00f3n de Servicio El Viso, ambos objeto de arrendamiento comercial entre Inversiones Globales JJ S.A.S., como arrendatario, y las se\u00f1oras Olga Patricia Polo Castro y Mayda Sofia Jim\u00e9nez D\u00edaz, arrendadoras y, estableci\u00f3 que el debate que emergi\u00f3 a partir de lo denunciado por la querellante envuelve una controversia contractual que no es dirimible en proceso policivo. <\/p>\n
Entonces, de cara a lo expuesto, no se advierte un proceder que devele una manifiesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales reclamados por la actora, en tanto que, la decisi\u00f3n de fondo respecto de la querella fue proferida el 17 de junio de este a\u00f1o, antes de la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela (radicada el 2 de agosto de 2022), y en todo caso, cualquier inconformidad frente a lo all\u00ed adoptado o el tr\u00e1mite de comunicaci\u00f3n, le corresponder\u00e1 dirigirla inicialmente a la autoridad policial. <\/p>\n
6. De la petici\u00f3n elevada a la Personer\u00eda Municipal de Mahates. <\/p>\n
Finalmente, y en cuanto al pedimento supuestamente elevado el 11 de mayo de 2022 a la Personer\u00eda Municipal de Mahates, se tiene que, se refrendar\u00e1 la negativa del amparo pues, no obra en el plenario elemento de convicci\u00f3n que permita verificar que, ciertamente, la petici\u00f3n aludida haya sido radicada ante esa autoridad, luego, no es posible requerirla por una solicitud que no le ha sido expuesta. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares contornos, esta Corte precis\u00f3: \u00abno se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los Ministerios vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, Rad. 00003-01, reiterada en STC2936-2014). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como no pudo demostrarse la efectiva formulaci\u00f3n de la solicitud, no cabe reprochar la falta de soluci\u00f3n, por lo que desacertado ser\u00eda conceder el resguardo por esta pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo anteriormente explicado, se revocar\u00e1 el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo de primer grado, para en su lugar denegar el auxilio; en lo dem\u00e1s, ser\u00e1 confirmado por las razones expuestas. <\/p>\n
7. Conclusiones. <\/p>\n
7.1. El ruego constitucional resulta improcedente por prematuro, ya que su pertinencia pierde vigor cuando existen v\u00edas jur\u00eddicas a emplear al interior del proceso cuestionado (proceso arbitral) y a\u00fan m\u00e1s cuando las mismas est\u00e1n cursando (recurso extraordinario de anulaci\u00f3n contra laudo arbitral). <\/p>\n
7.2. En relaci\u00f3n con los cuestionamientos respecto de la diligencia de desalojo realizada el 15 de julio de 2022, como aqu\u00e9lla, conforme lo precisado en los precedentes de esta Corporaci\u00f3n, fue producto de orden judicial surtida de un litigio en el que se garantizaron los derechos de las partes, no constituye per se vulneraci\u00f3n de prerrogativa superior alguna. <\/p>\n
7.3. No acredit\u00f3 la accionante haber radicado ante la Personer\u00eda Municipal de Mahates la petici\u00f3n fechada el 11 de mayo de 2022, (en la que solicitaba se iniciara investigaci\u00f3n disciplinaria contra la inspectora de polic\u00eda de Malagana), por lo cual, no es posible requerirla por su falta de contestaci\u00f3n. <\/p>\n
7.4. Se infirmar\u00e1 la concesi\u00f3n de la s\u00faplica respecto de la inspecci\u00f3n de polic\u00eda del corregimiento de Malagana, tras demostrar que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 de fondo la querella interpuesta por la sociedad accionante (resoluci\u00f3n del 17 de junio de 2022). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA el numeral tercero del fallo impugnado, para en su lugar, NEGAR la protecci\u00f3n al debido proceso dentro de la tutela incoada por la sociedad Inversiones Globales JJ S.A.S., conforme los razonamientos contenidos en la parte motiva de esta decisi\u00f3n; y CONFIRMAR la sentencia en sus dem\u00e1s puntos. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab(\u2026)1. A solicitud de parte, cuando la parte recurrente pruebe: (\u2026). <\/p>\n
a) Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es v\u00e1lido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley colombiana; o (\u2026)\u201d. <\/p>\n
b) Que no fue debidamente notificada de la designaci\u00f3n de un \u00e1rbitro o de la iniciaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n arbitral o no pudo, por cualquiera otra raz\u00f3n, hacer valer sus derechos; o (\u2026)\u201d. <\/p>\n
c) Que el laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los t\u00e9rminos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo est\u00e1n, s\u00f3lo se podr\u00e1n anular estas \u00faltimas; o (\u2026)\u201d. <\/p>\n
d) Que la composici\u00f3n del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposici\u00f3n de esta secci\u00f3n de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se ajustaron a las normas contenidas en esta secci\u00f3n de la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 2. De oficio, cuando: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) a) Seg\u00fan la ley colombiana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o, (\u2026)\u201d(\u2026) b) El laudo sea contrario al orden p\u00fablico internacional de Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n
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STC12183-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12183-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2022-00361-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67117","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67117"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67117\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67117"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67117"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}