STC12189-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-03000-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), as\u00ed como las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00137. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular en contra de John Manuel L\u00f3pez Casta\u00f1o, como propietario del establecimiento de comercio \u00abDROGUERIA SAN RAFAEL OZANAM\u00bb, en procura de que se ordenara \u00abla construcci\u00f3n de una rampa (\u2026) apta para ciudadanos que se desplacen en silla de ruedas, cumpliendo normas ntc y normas Icontec\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien, en sentencia del 25 de julio de 2022, ampar\u00f3 los derechos colectivos invocados y neg\u00f3 la condena en costas. <\/p>\n
Respecto de la anterior determinaci\u00f3n, el convocante interpuso apelaci\u00f3n, concedida por el estrado cognoscente, quien remiti\u00f3 las diligencias a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. All\u00ed, el asunto ingres\u00f3 a despacho el 12 de agosto de 2022 y el 26 del mismo mes, se admiti\u00f3 el recurso. <\/p>\n
Expuso el gestor que en esa instancia se \u00abincumple[n] los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que ordena art 37 ley 472 de 1998, ley ESPECIAL Y AUT\u00d3NOMA al no existir veredicto final en los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le ordena la ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, \u00ab[s]e inste al tutelado aplicar art 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 y se le ordene fallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira se\u00f1al\u00f3 que \u00aba la fecha se encuentran corriendo los t\u00e9rminos para la sustentaci\u00f3n del recurso y para la r\u00e9plica de los no recurrentes. Tomando en cuenta esa informaci\u00f3n, no es posible a\u00fan emitir el fallo que desate la aludida alzada, tal como lo reclama el demandante, por la simple raz\u00f3n de que ni siquiera el proceso ha ingresado a despacho para esos efectos, pues, se repite, se encuentra a la espera del vencimiento de uno de los t\u00e9rminos de ley\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal remiti\u00f3 copia del enlace al expediente digital del asunto confutado. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n de esa ciudad expuso que \u00abninguno de los hechos narrados por la parte accionante involucra a (\u2026) [esa entidad], a la que tampoco se le atribuye omisi\u00f3n alguna, [en ese sentido] solicito desvincular al ente territorial de esta acci\u00f3n Constitucional, por cuanto no es responsable de vulneraci\u00f3n o amenaza de derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal enjuiciado lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales del querellante, por el presunto incumplimiento de los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 472 de 1998 para proferir fallo de segunda instancia en la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00137). <\/p>\n
2. Sobre los requisitos de procedencia del amparo. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) (\u2026) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidas garant\u00edas fundamentales, pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del estudio realizado a los argumentos de la demanda y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n implorada, comoquiera que en el presente asunto se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, contrario a lo afirmado por el libelista, la autoridad fustigada no mostr\u00f3 una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el asunto bajo su conocimiento, puesto que el mismo le fue repartido el 11 de agosto de 2022, al d\u00eda siguiente el tr\u00e1mite ingres\u00f3 a despacho y, posteriormente, el 26 del mismo mes, la corporaci\u00f3n encartada admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por el quejoso; actuaciones que se surtieron, incluso, antes de la formulaci\u00f3n de este amparo. <\/p>\n
En consecuencia, se colige que el tribunal ha realizado las gestiones pertinentes en procura de la definici\u00f3n de la instancia a su cargo, en un tiempo prudencial, de modo que no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial invocada a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de la colegiatura convocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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