STC12201-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12201-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02923-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ci\u00e9naga Movilidad Segura S.A.S. contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho esencial al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada por la tardanza en pronunciarse sobre la solicitud de levantamiento cautelares y la entrega de dep\u00f3sitos judiciales. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a los accionados dispongan \u00abel levantamiento de las medidas cautelares que pesan en contra del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. Gesti\u00f3n y Consultor\u00eda Integral S.A.S. promovi\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Ci\u00e9naga Movilidad Segura S.A.S., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, quien el 10 de septiembre de 2020 libr\u00f3 mandamiento de pago, al tiempo que dispuso medidas cautelares. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 25 de febrero de 2021 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; decisi\u00f3n que, en sede de alzada, el 19 de agosto siguiente el Tribunal revoc\u00f3, al considerar que los documentos base de ejecuci\u00f3n no tienen dicha vocaci\u00f3n por ser un t\u00edtulo complejo. <\/p>\n
2.3. Luego, la ejecutante formul\u00f3 demanda declarativa, la que fue rechazada el 16 de junio de 2022; asimismo, inco\u00f3 nulidad de todo lo actuado, que el 11 de julio de los corrientes fue rechazada de plano por falta de legitimaci\u00f3n, decisi\u00f3n que mantuvo el 25 de julio siguiente, concediendo la alzada pretendida. <\/p>\n
2.4. Por su parte, la accionante el 27 de abril de 2022 solicit\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares, as\u00ed como la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sitos judiciales, solicitud que reiter\u00f3 el 31 de mayo, 1\u00b0 de julio y 21 de julio de este a\u00f1o. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la mora del estrado querellado en resolver sus peticiones de levantamiento de cautelas y entrega de dep\u00f3sitos judiciales, pues los presupuestos legales dispuestos en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso est\u00e1n satisfechos. <\/p>\n
2.6. Anot\u00f3 que el Tribunal \u00abno orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso ni el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb, por lo que es pertinente que se ratifique que \u00abal revocar el mandamiento ejecutivo conlleva a la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, presupuesto f\u00e1ctico y jur\u00eddico que conllevar\u00eda autom\u00e1ticamente a que el juzgado accionado levantara las medidas cautelares\u00bb, de ah\u00ed que su vinculaci\u00f3n a la salvaguarda es necesaria. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que \u00abciertamente la parte demandada ha solicitado el levantamiento de las medidas cautelares\u00bb, sin embargo, el expediente fue remitido al Tribunal con el fin de que resolviera la alzada contra el auto que rechaz\u00f3 la nulidad, el cual fue concedido \u00aben el efecto devolutivo\u00bb, por lo que, \u00abse encuentra a la espera de que el Tribunal\u2026 resuelva el recurso de apelaci\u00f3n\u2026 para proceder a estudiar la solicitud de levantamiento de medidas cautelares y ordenar lo que en derecho corresponda\u00bb; remiti\u00f3 link para consulta de expediente. <\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla indic\u00f3 que el 19 de agosto de 2021 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, al considerar que no exist\u00eda t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n; que si bien no incluy\u00f3 en la orden el levantamiento de las medidas cautelares, lo cierto es que la promotora no solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n de esa providencia; que debe entenderse que al revocarse la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, esto conlleva a la terminaci\u00f3n del proceso y, por ende, al levantamiento de las cautelas, sobre lo cual se puede pronunciar el fallador de primera instancia. <\/p>\n
3. Gesti\u00f3n y Consultor\u00eda Integral S.A.S. inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que el apoderado carec\u00eda de legitimidad para incoar la acci\u00f3n a favor de Ci\u00e9naga Movilidad Segura S.A.S., pues no aport\u00f3 poder especial para incoar la acci\u00f3n; manifest\u00f3 que est\u00e1 pendiente de resolverse un incidente de nulidad, toda vez que se omiti\u00f3 resolver en el tr\u00e1mite una apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de una prueba. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa y examinados los fundamentos de la queja constitucional, esto es, que han trascurrido m\u00e1s de cuatro (4) meses sin que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla se haya pronunciado sobre la solicitud del levantamiento de las medidas cautelares y la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales formulada por Ci\u00e9naga de Movilidad S.A.S., luego de que el Tribunal revoc\u00f3 la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, pertinente es recordar que con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n supralegal, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 2019-01082-00). <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que el juzgado accionado ha incumplido, abiertamente, los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para el tr\u00e1mite de la solicitud formulada por la actora en el proceso objeto de reproche constitucional, teniendo en cuenta que la primera solicitud de levantamiento de cautelas y entrega de dep\u00f3sitos judiciales se formul\u00f3 el 27 de abril de 2022, petici\u00f3n que reiter\u00f3 el 31 de mayo, 1\u00b0 y 21 de julio de los corrientes; sin embargo, a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n, no est\u00e1 acreditado que dicha solicitud hubiese sido objeto de pronunciamiento. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, evidente es que ha transcurrido m\u00e1s de 4 meses desde la promotora inco\u00f3 la referida solicitud, sin que el estrado querellado hubiese emitido pronunciamiento de fondo frente a la apelaci\u00f3n que interpuso el gestor del amparo, lo cual vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir, que no resultan de recibo las circunstancias que esgrimi\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla para justificar la anotada tardanza, esto es, que est\u00e1 a la espera de que el Tribunal resuelva la alzada formulada contra el auto que rechaz\u00f3 la nulidad deprecada por Sociedad Gesti\u00f3n y Consultor\u00eda Integral S.A.S.; pues lo cierto es, de un lado, tal como lo afirm\u00f3 el estrado judicial esa apelaci\u00f3n se concedi\u00f3 en efecto devolutivo y, por otra parte, la actuaci\u00f3n que se encuentra pendiente no ostenta tal dificultad, que implique que trascurra m\u00e1s de 4 meses para su evacuaci\u00f3n, comoquiera que se trata de la solicitud del levantamiento de las cautelas y entrega de dep\u00f3sitos judiciales, cuya resoluci\u00f3n no resulta tan dispendiosa. <\/p>\n
Sobre el tema en comento, la Corte, en pret\u00e9ritas ocasiones, ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed, en otro asunto de similares contornos, la Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026 la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
En ese orden de ideas, no cabe duda de que el despacho accionado ha trasgredido las garant\u00edas del accionante, habida cuenta que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, los t\u00e9rminos previstos para pronunciarse sobre la solicitud de levantamiento de medidas y entrega de dep\u00f3sitos judiciales que se formul\u00f3 desde el 27 de abril de 2022, raz\u00f3n por la cual, en este aspecto, habr\u00e1 de accederse al resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que resuelva, de fondo, la anotada solicitud, sin que pueda endilgarse alg\u00fan tipo que quebranto por el Tribunal, pues la revocatoria de totalidad de la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, conlleva la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 el amparo demandado y se ordenar\u00e1 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla que dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, resuelva sobre las solicites de levantamiento de cautelas y entrega de dep\u00f3sitos judiciales formulada por Ci\u00e9naga Movilidad Seguridad S.A.S. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Ci\u00e9naga Movilidad Segura S.A.S. En consecuencia, ordena al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, que en el t\u00e9rmino de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, emita pronunciamiento sobre el levantamiento de las medidas cautelares y entrega de dep\u00f3sitos judiciales, en el proceso ejecutivo que contra la accionante inco\u00f3 la Sociedad Gesti\u00f3n y Consultor\u00eda Integral S.A.S. (radicado 08001-31-53-001-2020-00125). <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento del \u00faltimo t\u00e9rmino. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, si el presente fallo no es impugnado, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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