STC12203-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12203-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02939-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros de Vida del Estado S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Superintendencia Financiera y los intervinientes en el declarativo n\u00ba 2021-00425. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 2 de agosto de 2022, mediante el cual el tribunal encartado accedi\u00f3 a la demanda de protecci\u00f3n al consumidor financiero que se formul\u00f3 en su contra con miras a obtener la indemnizaci\u00f3n de un contrato de seguro de vida, sin reparar en que: <\/p>\n
(i) la definici\u00f3n del litigio deb\u00eda postergarse hasta cuando se resolviera el proceso laboral promovido para cuestionar la legalidad del dictamen de calificaci\u00f3n de invalidez sobre cuya base se apoy\u00f3 el demandante para reclamar la activaci\u00f3n de la cobertura; (ii) se debi\u00f3 declarar la nulidad, por reticencia, del seguro, aun cuando las imprecisiones cometidas por el all\u00ed demandante en la declaraci\u00f3n inicial sobre el estado del riesgo, no tuvieran una relaci\u00f3n de causalidad con la patolog\u00eda que origin\u00f3 su incapacidad permanente; (iii) tambi\u00e9n se gener\u00f3 una reticencia de parte del demandante, al no haber precisado con suficiente detalle los bienes y la actividad econ\u00f3mica de la cual proven\u00edan sus ingresos mensuales; (iv) el actor no logr\u00f3 probar que sus padecimientos fueran irreversibles o definitivos; de hecho, se demostr\u00f3 durante el proceso que dicho litigante se encuentra en proceso de rehabilitaci\u00f3n; (v) no era viable reconocer intereses moratorios desde la fecha de la reclamaci\u00f3n extrajudicial formulada por el convocante, puesto que el dictamen de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez se emiti\u00f3 con posterioridad. <\/p>\n
2. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto la sentencia atacada; que se decrete la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad; y que, una vez definido el juicio laboral, se emita una nueva sentencia, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Nari\u00f1o defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y enfatiz\u00f3 que no es este el escenario pertinente para discutir sobre la legalidad del dictamen por ella proferido, pues actualmente cursa un proceso ante los jueces laborales que versa justamente sobre ese particular. <\/p>\n
2. La magistratura accionada pidi\u00f3 desestimar el pretendido auxilio, dada la razonabilidad de la providencia objeto de censura. <\/p>\n
3. Anderson Rengifo Amagua\u00f1a se opuso a la prosperidad del resguardo, por considerar que este no es m\u00e1s que un intento de reabrir una discusi\u00f3n que ya fue formalmente clausurada y porque la solicitud de amparo no satisface el presupuesto de subsidiariedad que la informa. <\/p>\n
4. La Superintendencia Financiera hizo un recuento de lo acontecido en el juicio que incumbe a esta tramitaci\u00f3n y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder en ese litigio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De la v\u00eda de hecho por indebida motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se ha indicado que, aunque en l\u00ednea de principio la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, en casos donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, y ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, surge posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
En esos eventos la Sala ha indicado que resulta necesario estudiar el fondo de la salvaguarda si: <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
Y ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita la salvaguarda para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, es la certeza de haber dictado una providencia relevante en la actuaci\u00f3n que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). (\u2026) \u2018la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (Sentencia de 22 de mayo de 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. rad. 00057-01, y STC6688-2018, 23 may. 2018, rad. 00074-01). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en eventos como \u00e9ste, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015, rad. 00281-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, se advierte la configuraci\u00f3n del aludido defecto, espec\u00edficamente en cuanto ata\u00f1e a la solicitud de suspensi\u00f3n que, por prejudicialidad, formul\u00f3 la aqu\u00ed accionante ante los jueces de conocimiento. <\/p>\n
Antes de exponer las razones que sustentan la conclusi\u00f3n reci\u00e9n anticipada, es importante memorar que, conforme al art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso, la prejudicialidad tiene lugar \u00abCuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuesti\u00f3n que sea imposible de ventilar en aquel como excepci\u00f3n o mediante demanda de reconvenci\u00f3n\u00bb, a lo que agrega el canon siguiente que \u00abLa suspensi\u00f3n a que se refiere el numeral 1 del art\u00edculo precedente solo se decretar\u00e1 mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
Memorado lo anterior, conviene resaltar ahora que, en el proceso declarativo sobre el que aqu\u00ed se contiende, ninguno de los falladores de conocimiento cuestion\u00f3 la importancia que all\u00ed tendr\u00edan las resultas del proceso laboral que habr\u00eda formulado la convocada ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto, para cuestionar los fundamentos f\u00e1cticos y t\u00e9cnicos del dictamen n\u00b0 1632-2020 emitido por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Nari\u00f1o, el 4 de julio de 2020 (rad. 52001-31-05-002-2020-00291-00). <\/p>\n
Ello resulta apenas natural, si se repara en que fue justamente dicha experticia la que sirvi\u00f3 de base a los juzgadores cognoscentes para tener por acreditada la ocurrencia del siniestro objeto de las pretensiones, tema sobre el cual el tribunal recalc\u00f3 en su sentencia que, \u00abcomoquiera que en las condiciones generales de la p\u00f3liza de vida individual \u201dFlexivida\u201d se estableci\u00f3 que la incapacidad total y permanente se configurar\u00eda si el asegurado era dictaminado \u201cCON UNA P\u00c9RDIDA DE CAPACIDAD LABORAL IGUAL O SUPERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO (50%) POR UNA JUNTA DE CALIFICACI\u00d3N COMPETENTE\u201d, es evidente que el demandante, por medio del dictamen n.\u00b0 1632-2020 de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Nari\u00f1o, acredit\u00f3 la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado, de conformidad con los art\u00edculos 1072 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio, puesto que ese organismo hace parte del Sistema de la Seguridad Social Integral del orden nacional, seg\u00fan el art\u00edculo 2.2.5.1.4. del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo, el cual es competente para emitir calificaciones con destino a compa\u00f1\u00edas de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte (arts. 2.2.5.1.1. y 2.2.5.1.2., ejusdem) y puede calificar la p\u00e9rdida de capacidad laboral y ocupacional en tales casos (arts. 2.2.5.1.1. y 2.2.5.1.52., ibidem)\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, la trascendencia probatoria del referido dictamen conlleva necesariamente la relevancia del litigio en el cual se discute sobre su legalidad, pues en el evento de que los jueces laborales derrumbaran su eficacia, es claro que tal medio de prueba no seguir\u00eda siendo apto para acreditar la configuraci\u00f3n del evento da\u00f1oso sobre cuya base se reclama una indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, para denegar la solicitud de suspensi\u00f3n formulada por la aseguradora demandada con base en la existencia del referido proceso laboral, el tribunal arguy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab\u2026en este asunto no se re\u00fanen los requisitos de las normas adjetivas referidas, puesto que (a) no se demostr\u00f3, en debida forma, la existencia del referido proceso con la radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001310500220200029100, conocido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto, adelantado por la aqu\u00ed demandada contra la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Nari\u00f1o, toda vez que no se aport\u00f3 la certificaci\u00f3n respectiva en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 115 de la codificaci\u00f3n procedimental, y (b) si se aceptara, en gracia de discusi\u00f3n, lo expuesto en la sustentaci\u00f3n de la alzada sobre el debate en aquel litigio de la validez del dictamen proferido el 4 de julio de 2020 por la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Nari\u00f1o, en el que se determin\u00f3 la p\u00e9rdida de la capacidad laboral y ocupacional del demandante en un 50,69 %, lo cierto es que no era imposible que los cuestionamientos formulados por la compa\u00f1\u00eda aseguradora contra ese dictamen se ventilaran en esta acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor financiero como excepci\u00f3n, dado que, justamente, en este proceso se presentaron inconformidades contra esa calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de la capacidad laboral y ocupacional cuando se propusieron medios exceptivos e, inclusive, tal discusi\u00f3n se reiter\u00f3 en los reparos que se formularon contra la sentencia del a quo\u00bb. <\/p>\n
A juicio de la Corte, ninguno de esos dos argumentos soporta objetivamente la decisi\u00f3n de la colegiatura accionada. <\/p>\n
Primero, porque el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso no establece que la \u00fanica forma en que puede demostrarse la existencia de un proceso judicial sea a trav\u00e9s de la certificaci\u00f3n secretarial prevista en el canon 115 del citado estatuto procedimental, m\u00e1xime cuando en este asunto en particular, ese documento que ech\u00f3 de menos el tribunal no ser\u00eda suficiente, por s\u00ed solo, para dar cuenta del objeto litigioso del juicio laboral. A ello se suma que, si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara la postura de la fustigada magistratura, bien pudo esta disponer el recaudo oficioso de esa constancia (en uso de la facultad prevista en los preceptos 169 y 170, ib.), especialmente trat\u00e1ndose de un asunto de cardinal relevancia para el litigio puesto a su consideraci\u00f3n y adem\u00e1s teniendo ante s\u00ed distintos elementos de juicio que, al menos prima facie, evidenciaban la existencia del juicio laboral, como las manifestaciones de los contendientes y la prueba de la radicaci\u00f3n de la demanda (Cfr. CSJ SC. 19 dic. de 2005, exp. 232-92; 8 may. 2006, exp. 2006 00089; 5 may. 2009, exp. 2009 00051; 9 may. 2013, exp. 2013 00098, entre muchas otras). <\/p>\n
En segundo lugar, ha de verse que, en cuanto a la competencia judicial para resolver sobre los debates concernientes a un dictamen de calificaci\u00f3n de invalidez, el art\u00edculo 44 del Decreto 1352 de 2013 (incorporado al Decreto 1072 de 2015), es claro en indicar que \u00ablas controversias que se susciten en relaci\u00f3n con los dict\u00e1menes emitidos en firme por las Juntas de Calificaci\u00f3n de Invalidez, ser\u00e1n dirimidas por la Justicia Laboral Ordinaria de conformidad con lo previsto en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, mediante demanda promovida contra el dictamen de la junta correspondiente. Para efectos del proceso judicial, el Director Administrativo y Financiero representar\u00e1 a la junta como entidad privada del R\u00e9gimen de Seguridad Social Integral, con personer\u00eda jur\u00eddica, y autonom\u00eda t\u00e9cnica y cient\u00edfica en los dict\u00e1menes\u00bb. <\/p>\n
El citado precepto, de cuyo contenido nada dijo el tribunal aun cuando fue invocado por la aseguradora en su recurso de apelaci\u00f3n, conduce a colegir que la hoy accionante no ten\u00eda una posibilidad seria de rebatir los fundamentos de la aludida experticia ante los jueces civiles. <\/p>\n
De hecho, fue justamente con base en esa limitante que la Superintendencia Financiera se abstuvo de estudiar de fondo los reparos que la aqu\u00ed querellante le formul\u00f3 a la cuestionada experticia, tema sobre el cual arguy\u00f3 que, \u00abconforme a la sentencia C-120 de 2020 de la Corte Constitucional, al analizar la constitucionalidad del art\u00edculo 41 de la Ley 100 de 1993, se\u00f1ala \u00abempresa aseguradora deber de acudir a la jurisdicci\u00f3n laboral para controvertir el dictamen de la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez\u00bb, \u00abEmpresa aseguradora deber de acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria para controvertir el dictamen de la Junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez\u00bb ello por cuanto estas calificaciones repercuten o tienen injerencia en derechos a la seguridad social y al debido proceso en materia laboral, por lo que los cuestionamientos realizados por la entidad aseguradora demandada, deben ser demandados ante la autoridad competente, como as\u00ed se realiz\u00f3 y aqu\u00ed est\u00e1 probado al presentar demanda de nulidad de dictamen, la cual se demostr\u00f3 cursa en un juzgado laboral de Pasto, aclar\u00e1ndose por esta delegatura, que en esta instancia no es el estadio procesal oportuno para resolver sobre la suspensi\u00f3n al proceso por prejudicialidad, pues as\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 170 del CGP. As\u00ed las cosas, encuentra esta delegatura demostrado el siniestro, con el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral emitido por la JRCI de Nari\u00f1o, que adem\u00e1s goza de presunci\u00f3n de legalidad\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, es claro para la Corte que los argumentos esgrimidos por la magistratura accionada para negarse a postergar la definici\u00f3n del litigio puesto a su consideraci\u00f3n, no pueden respaldarse en este escenario constitucional, puesto que los mismos ri\u00f1en abiertamente con el derecho a un debido proceso de la entidad aseguradora, quien insisti\u00f3, desde su escrito de excepciones, en la estrecha relaci\u00f3n que existe entre los dos juicios (laboral y civil) adelantados con base en la experticia elaborada por la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Nari\u00f1o y en la consecuente necesidad de suspender la definici\u00f3n del asunto civil, hasta tanto se tuviera certeza sobre la legalidad de ese medio de prueba. <\/p>\n
Como en tales aristas no repar\u00f3 suficientemente la magistratura de segundo grado, en aras de salvaguardar las garant\u00edas fundamentales de la querellante, resulta necesario invalidar la providencia atacada, para que el tribunal analice nuevamente el asunto bajo la \u00f3ptica de los razonamientos vertidos en esta providencia. <\/p>\n
Ahora, por tratarse de un asunto netamente procedimental, la decisi\u00f3n que sobre el particular se adopte en cumplimiento de esta decisi\u00f3n, deber\u00e1 proferirla -como desde un comienzo debi\u00f3 hacerlo- la Magistrada Sustanciadora a quien se repartieron las diligencias, mediante auto de ponente, puesto que as\u00ed lo exigen los art\u00edculos 35 y 278 del estatuto procedimental, debi\u00e9ndose recalcar que incluir una decisi\u00f3n de esta naturaleza en la sentencia con la que se defina la instancia, por m\u00e1s pr\u00e1ctico que pudiera parecer, tiende a lesionar gravemente las garant\u00edas procesales de los involucrados, al suprimir, de facto, la posibilidad de impugnaci\u00f3n prevista inicialmente en el art\u00edculo 318 del citado cuerpo normativo. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se conceder\u00e1 la solicitud de amparo en estudio al verificarse la indebida motivaci\u00f3n que se le atribuy\u00f3 al tribunal encartado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE la protecci\u00f3n reclamada al debido proceso de la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTO la sentencia de 2 de agosto de 2022, dictado en el proceso declarativo con radicado n\u00ba 2021-00425 y se le ORDENA a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, emita un nuevo prove\u00eddo, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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