STC12209-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12209-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01528-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 9 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Luc\u00eda Arbel\u00e1ez de Tob\u00f3n contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2009-00052. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Dalila Meza Barrios y Gladys Antonia Vargas de Ojeda demandaron al otrora Ministerio de la Protecci\u00f3n Social \u2013 Grupo Pasivo Social Puertos de Colombia, en procura del reconocimiento y pago de la sustituci\u00f3n pensional con ocasi\u00f3n del deceso de Alberto P\u00e1jaro Echeverr\u00eda, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Barranquilla, quien orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de \u00abEdelmira Esther Hern\u00e1ndez de P\u00e1jaro en condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite\u00bb y, seguidamente, concedi\u00f3 lo pretendido en los siguientes porcentajes: \u00ab[a] DALILA MEZA BARRIOS el 54%; [a] GLADYS ANTONIA VARGAS DE OJEDA el 33%; [a] EDELMIRA ESTHER HERN\u00c1NDEZ DE OJEDA: 13%\u00bb1. <\/p>\n
En virtud del grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa misma ciudad revoc\u00f3 parcialmente el fallo del a quo, y en su lugar dispuso que \u00abDALILA MEZA BARRIOS (\u2026) [era la] \u00fanica beneficiaria\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, Gladys Antonia Vargas recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3, mantuvo inc\u00f3lume lo resuelto por el ad quem (SL3230-2018 rad. 62984). <\/p>\n
2.2. Con posterioridad, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, a trav\u00e9s de su apoderada judicial, Luc\u00eda Arbel\u00e1ez de Tob\u00f3n, aqu\u00ed libelista, present\u00f3 revisi\u00f3n, toda vez que \u00abdicha mesada pensional deb\u00eda estar ajustada con la [disposici\u00f3n] proferida por el Juzgado Segundo Penal Del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 de 30 de mayo de 2008\u00bb, mediante la cual se \u00abdej\u00f3 sin efectos la Resoluci\u00f3n 00119 de 30 de enero de 2009 y ajust\u00f3 el valor de la mesada pensional de Julio Alberto P\u00e1jaro (\u2026) a partir del 30 de mayo de 2008\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en auto AL4314-2021 del 15 de septiembre de 2021 (rad. 90143) inadmiti\u00f3 el recurso, para que se allegara \u00abcopia de la sentencia de 30 de mayo de 2008\u00bb, pero, frente a tal requerimiento \u00abla entidad actora adujo que no contaba con la pieza procesal solicitada, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda allegarla. Por otra parte, (\u2026) [pidi\u00f3] que se oficiara al despacho de conocimiento para que aportara dicha prueba\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en prove\u00eddo AL2553-2022 del 11 de mayo de 2022, la autoridad rechaz\u00f3 el citado remedio, pues coligi\u00f3 que no se cumpli\u00f3 con el deber aportar \u00ablas pruebas documentales que se pretendan hacer valer\u00bb, por lo que impuso a \u00abla abogada Luc\u00eda Arbel\u00e1ez de Tob\u00f3n una multa de CINCO MILLONES DE PESOS equivalente a cinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb. <\/p>\n
2.3. Determinaci\u00f3n que, a juicio de la gestora, incurri\u00f3 en exceso de ritual manifiesto \u00abpues se impuso una multa por no allegar una prueba documental \u201cque se pretenden hacer valer\u201d, cuando la sentencia requerida por el Despacho por la cual se rechaz\u00f3 la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, no hace parte de las pruebas aportadas al proceso y tampoco como prueba que se pretenda hacer valer\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicita que se deje sin efectos el prove\u00eddo AL2553-2022 del 11 de mayo de 2022 y, en consecuencia, se \u00abrevoque la multa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 se\u00f1al\u00f3 que \u00abcomo la acci\u00f3n no est\u00e1 dirigida contra la sentencia SL3230-2018, proferida por esta Sala de Descongesti\u00f3n (\u2026) [se] abst[iene] de emitir pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
2. El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia indic\u00f3 que \u00abla UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCI\u00d3N SOCIAL \u2013UGPP asumi\u00f3 el pasivo pensional de la extinta PUERTOS DE COLOMBIA, siendo esta entidad la competente para el reconocimiento y pago de las prestaciones econ\u00f3micas que soliciten los extrabajadores de PUERTOS DE COLOMBIA\u00bb, por lo que adujo \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb. <\/p>\n
3. La UGPP inform\u00f3 que \u00abcoadyuva la acci\u00f3n de tutela presentada por la aqu\u00ed accionante, no solo para que revoque la multa de cinco salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, sino para que se contin\u00fae con el proceso en virtud de la facultad que tiene el Despacho Judicial hoy accionado de solicitar al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, las copias del fallo judicial proferido el 30 de mayo de 2008, en virtud del principio de la carga din\u00e1mica de la prueba que consiste en asignar el gravamen probatorio a quien se encuentre en mejores condiciones para hacerlo\u00bb. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo consignado en la providencia del a quo constitucional, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral expuso que \u00absu decisi\u00f3n se emiti\u00f3 conforme a derecho y la actora incumpli\u00f3 con el deber de aportar los elementos de juicio que pretend\u00eda hacer valer. Agreg\u00f3 que, con tal omisi\u00f3n, desconoci\u00f3 el mandato del art\u00edculo 33 de la Ley 712 de 2001 (C\u00f3digo Procesal del Trabajo), que dispone que la demanda de revisi\u00f3n deber\u00e1 contener \u00ablas pruebas documentales que se pretenden hacer valer (…)\u00bb, so pena de su rechazo. Finalmente adujo que la demanda de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad toda vez que contra el auto de rechazo proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n y la demandante no lo agot\u00f3. En consecuencia, solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, al advertir que \u00abla decisi\u00f3n que se pretende dejar sin efectos en virtud de este mecanismo excepcional no es el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de la autoridad accionada; sino que, por el contrario, obedeci\u00f3 a la debida aplicaci\u00f3n de la norma llamada a regular el caso en concreto. Con la determinaci\u00f3n adoptada no se vulner\u00f3 ni puso en peligro ning\u00fan derecho fundamental de la actora\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[e]n lo que respecta a la sanci\u00f3n impuesta, evidencia este juez de tutela que se trat\u00f3 de la debida aplicaci\u00f3n de la norma, C\u00f3digo Procesal del Trabajo (Ley 712 de 2001), que en su art\u00edculo 346 determina que, en caso de rechazo de la demanda de revisi\u00f3n, la autoridad judicial deber\u00e1 imponer una multa al apoderado del demandante que oscile entre cinco (5) y diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que, \u00abpara el caso objeto de estudio se estaba dando prelaci\u00f3n al derecho procesal. (\u2026) [E]l fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, no hac\u00eda parte del expediente administrativo ni judicial aportado como prueba en la demanda y con el cual mi poderdante no contaba, pues al no ser parte del expediente judicial y pese a la b\u00fasqueda en los respectivos archivos y aplicativos de la entidad, no se encontr\u00f3, esto tambi\u00e9n aunado al poco tiempo con el que se cuenta para la subsanaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se solicit\u00f3 oficiar al Juzgado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si la tutela satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de la referencia (AL2553-2022 rad. 90143), por cuanto rechaz\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n propuesto por la UGPP; y, en consecuencia, impuso multa equivalente a cinco salarios m\u00ednimos a la aqu\u00ed libelista, en su calidad de apoderada en esa causa, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta salvaguarda. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)[S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala advierte que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del tribunal a quo, precisando que lo ser\u00e1 por la preterici\u00f3n del requisito de procedibilidad que viene de rese\u00f1arse, comoquiera que, seg\u00fan se extracta del portal web de la Rama Judicial y del expediente digitalizado, la pretensora no ejerci\u00f3 ning\u00fan medio de defensa frente al auto del 11 de mayo de 2022, a trav\u00e9s del cual la Corporaci\u00f3n enjuiciada rechaz\u00f3 la revisi\u00f3n propuesta por la UGPP y le impuso multa en su calidad de mandataria judicial de la entidad, pese a la inconformidad expuesta en esta sede. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
En consecuencia, la prenotada omisi\u00f3n en el uso de los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por la promotora, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente de la interesada, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo decidido en primera instancia, pero por las razones que anteceden; pues, como lo tiene planteado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ STC, 26 ene. 2011. exp. 00027-005048-2018, citada en STC5048-2018, 19 abr. 2018, rad. 00902-00). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Informaci\u00f3n extra\u00edda de la providencia SL3230-2018, 8 ago. 2018., rad. 62984 <\/p>\n
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STC12209-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12209-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01528-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67142","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67142\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}