STC12216-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12216-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00372-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 2 de agosto de 2022, dictado por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Enrique Soto Rey contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga, conformado por un \u00danico \u00c1rbitro (Jaime Andr\u00e9s Castillo Cadena), tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse deje sin efecto el laudo arbitral de fecha 03 de agosto de 2021 y disponga el estudio en derecho de lo solicitado y lo probado para la emisi\u00f3n del laudo arbitral\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jorge Enrique Soto Rey convoc\u00f3 a proceso arbitral a Armando Jos\u00e9 Arenas Uribe reclamando la declaratoria de la existencia de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios legales, as\u00ed como, su incumplimiento y los perjuicios derivados del mismo. <\/p>\n
2.2. Mediante laudo arbitral del 3 de agosto de 2021 el Tribunal de Arbitramento, declar\u00f3 la existencia contractual pretendida, su incumplimiento, empero, no reconoci\u00f3 perjuicios; determinaci\u00f3n recurrida en anulaci\u00f3n, sin embargo, el 17 de marzo de 2022 la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal de Bucaramanga repuso el prove\u00eddo de 21 de enero anterior y, en consecuencia, rechaz\u00f3 tal anulaci\u00f3n, pues se present\u00f3 indebidamente, toda vez que no se hizo ante el Tribunal de Arbitramento tal como lo dispone la ley 1563 de 2012. <\/p>\n
2.3. Contra la referida determinaci\u00f3n inco\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela, que con fallo de 21 de abril de 2022 esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 por razonabilidad de la decisi\u00f3n (STC4723-2022); decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de esta nueva petici\u00f3n de amparo, se duele el quejoso, en s\u00edntesis, del laudo arbitral proferido por el 3 de agosto de 2021 por el Tribunal de Arbitramento, pues, en su sentir, debi\u00f3 \u00abhaber fallado en derecho y no en conciencia, como lo hizo\u00bb, toda vez que \u00abse apart[\u00f3] del marco jur\u00eddico y decid\u00ed[\u00f3] con fundamento en la mera equidad, raz\u00f3n por la que la motivaci\u00f3n no es esencial para la validez de su decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que el Tribunal querellado inaplic\u00f3 los art\u00edculos 1613, 1614, 1616, 2155 y 63 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como la jurisprudencia, en punto al reconocimiento de perjuicios, pues los mismos fueron probados, en la medida en que \u00abel Dr. Arenas, present[\u00f3] una demanda tard\u00eda y errada en la acci\u00f3n a interponer, pues confiri\u00f3 poder para una responsabilidad civil contractual y presenta una demanda de responsabilidad civil extracontractual, llamada al fracaso no solo por el tipo de acci\u00f3n, sino sin fundamento de la real tasaci\u00f3n del da\u00f1o que caus\u00f3 la no entrega a satisfacci\u00f3n de Siete Constructora S.A.S.\u00bb, de ah\u00ed que, sus perjuicios causados equivalen a $65.000.000; por lo que, insiste, la decisi\u00f3n criticada se emiti\u00f3 en conciencia, y no en derecho. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga manifest\u00f3 que el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n no tiene ninguna incidencia en el proceso arbitral ni en su resultado, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Jaime Andr\u00e9s Castillo Cadena, en calidad de \u00c1rbitro querellado, inst\u00f3 la improcedencia del resguardo al considerar que los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad est\u00e1n insatisfechos, pues, de un lado, la decisi\u00f3n criticada data de 3 de agosto de 2021, y las solicitudes de aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y complementaci\u00f3n fueron resueltas el d\u00eda 13 del mismo mes y a\u00f1o; y, por otra parte, porque el actor tuvo otra v\u00eda para exponer sus quejas ante el fallador natural; remiti\u00f3 link de consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Armando Jos\u00e9 Arenas Uribe indic\u00f3 que el escrito presentado como escrito de tutela es copia del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n que el Tribunal rechaz\u00f3; que el laudo arbitral est\u00e1 en firme y ejecutoriado; que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo legal para sustituir el recurso de anulaci\u00f3n, menos para reabrir t\u00e9rminos. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo, a los que adicion\u00f3 que si bien formul\u00f3 recurso de anulaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n censurada, lo cierto es que fue rechazado por un error humano en la radicaci\u00f3n ante la entidad judicial distinta, por lo que es la acci\u00f3n de tutela el mecanismo id\u00f3neo para salvaguardar sus derechos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestiona el laudo arbitral de 3 de agosto de 2021, con el cual el Tribunal de Arbitramento querellado si bien declar\u00f3 la existencia del contrato reclamado y su posterior incumplimiento, lo cierto es que no reconoci\u00f3 los perjuicios reclamados, por lo que, en su sentir, dicha determinaci\u00f3n se emiti\u00f3 en conciencia y no en derecho, raz\u00f3n por la que debe quedar sin efecto. <\/p>\n
3. Luego, surge patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, debido a que el gestor tuvo a su alcance el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n conforme lo dispone el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 41 de la Ley 1563 de 20121 contra el prove\u00eddo que critica que aduce fue en conciencia y no en derecho, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, relievando que, sin bien el gestor lo present\u00f3, el mismo se rechaz\u00f3 por la falta de la debida diligencia que se le debe imprimir a ese tr\u00e1mite extraordinario, desaprovechando ese mecanismo de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer los argumentos ante el juez natural. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01; STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo. <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 41. Causales del Recurso de Anulaci\u00f3n. \u20267. Haber fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. <\/p>\n
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