STC12217-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12217-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03078-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Gestiones y Tr\u00e1mites Integrales G & T S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el ejecutivo 2020-00045. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo para reclamar el resguardo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2.1 Gestiones y Tr\u00e1mites Integrales S.A.S. promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra Luz Mery Garc\u00eda Lara buscando la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito soportado en un pagar\u00e9 suscrito el 25 de abril de 2019. <\/p>\n
2.2 El conocimiento de la actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, despacho que profiri\u00f3 mandamiento de pago el 28 de febrero de 2020. <\/p>\n
2.3 Notificada en debida forma de la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite, la ejecutada, adem\u00e1s de contestar la demanda y solicitar el decreto de pruebas, propuso como excepciones de m\u00e9rito las que denomin\u00f3 \u00abincumplimiento del mandato que dio origen a la creaci\u00f3n del pagar\u00e9 objeto de recaudo\u00bb, \u00abfalta de agotamiento de lo pactado y acordado dentro del negocio jur\u00eddico que suscribieron Luz Mery Garc\u00eda Lara y Gestiones y Tr\u00e1mites Integrales G&T S.A.S.\u00bb y \u00abfraude a la buena fe y confianza depositada por Luz Mery Garc\u00eda Lara por parte de la entidad acreedora Gestiones y Tr\u00e1mites Integrales G&T S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
2.4 Agotadas las etapas procesales de rigor, en audiencia concentrada llevada a cabo el 12 de septiembre de 2021, el juzgado cognoscente profiri\u00f3 fallo desestimatorio al encontrar configurada la excepci\u00f3n denominada \u00abincumplimiento del contrato que dio origen al negocio causal\u00bb, decretando la terminaci\u00f3n del proceso, el levantamiento de las cautelas y el archivo de las diligencias. <\/p>\n
2.5 Contra esa determinaci\u00f3n la ejecutante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue desatado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el pasado 4 de marzo, en el sentido de confirmarla, pero no por las razones dadas por la c\u00e9lula judicial a quo, sino por la inexistencia del t\u00edtulo ejecutivo que condujo a la inexigibilidad de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La gestora acusa a la colegiatura ad quem de incurrir en \u00abdefecto f\u00e1ctico y sustantivo\u00bb dada la incorrecta \u00abvaloraci\u00f3n que le realiz\u00f3 al t\u00edtulo valor objeto del proceso\u2026 y la imposici\u00f3n equivocada de la carga de la prueba en cuanto al negocio subyacente en cabeza de la demandante\u00bb, as\u00ed como \u00abla ausencia de sustento f\u00e1ctico y probatorio de la excepci\u00f3n \u201cincumplimiento de contrato que dio origen al negocio causal\u201d omitiendo la valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes dentro del proceso que demostraban el cumplimiento del contrato subyacente por parte del demandante (sic)\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de esa postura, dice que el tribunal \u00abdesconoci\u00f3 abiertamente que dentro del pagar\u00e9\u2026 se cumple a total satisfacci\u00f3n con todos los requisitos formales del t\u00edtulo valor, incluyendo por supuesto, la citada \u201cfecha de exigibilidad\u201d toda vez que dentro de la literalidad del mismo se identifica sin mayor esfuerzo un vencimiento a d\u00eda cierto determinado\u00bb, al tiempo que concentr\u00f3 el estudio exclusivamente en \u00ablos requisitos formales del t\u00edtulo valor\u00bb sin detenerse a considerar las pruebas que daban cuenta del \u00abcumplimiento de la parte demandante del citado contrato subyacente\u00bb. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, remover los efectos jur\u00eddicos de la sentencia de segundo grado y, en su lugar, ordenar al tribunal querellado \u00abse pronuncie sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u2026 adoptando los correctivos que resulten necesarios y que en derecho correspondan\u2026 y\/o se impartan las \u00f3rdenes correspondientes a efectos de estudiar y decidir la segunda instancia teniendo en cuenta las directrices que imparta la Honorable Corte (sic)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada inform\u00f3 que, ante la resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la ac\u00e1 gestora, devolvi\u00f3 la actuaci\u00f3n a la autoridad judicial de primer grado. <\/p>\n
De otro lado, frente a los reproches formulados en este resguardo manifest\u00f3 \u00abatenerse\u2026 a lo consignado en el expediente digital\u2026 y las razones jur\u00eddicas que motivaron la sentencia proferida el 4 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. El secretario del Juzgado Tercero Civil del Circuito dijo que el proceso sobre el que recae la queja constitucional \u00abse surti\u00f3\u2026 respetando el debido proceso y garantizando el derecho de defensa del demandado\u00bb, al punto que \u00abestuvo representada por apoderado\u2026 e interpuso los recursos de ley, los cuales fueron decididos tanto en primera\u2026 como en segunda instancia\u00bb, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 no acceder a la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la sociedad promotora del auxilio, con la expedici\u00f3n de la sentencia del pasado 4 de marzo, por medio del cual confirm\u00f3 la desestimatoria proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma poblaci\u00f3n el 12 de septiembre de 2021 que declar\u00f3 probadas unas excepciones formuladas por la ejecutada, incurriendo, supuestamente, en \u00abdefecto f\u00e1ctico y sustantivo\u00bb por no realizar una valoraci\u00f3n integral del material probatorio acopiado y trasladar irregularmente \u00abla carga de la prueba en cuanto al negocio subyacente en cabeza del demandante\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 de la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
Auscultados los argumentos en que se sustenta la presente queja, observa la Corte que ninguna irregularidad se deriva del fallo emanado del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo comoquiera que tal determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable tanto del contexto f\u00e1ctico y de las disposiciones legales aplicables, as\u00ed como de las pruebas v\u00e1lidamente aportadas en el compulsivo. <\/p>\n
A partir de all\u00ed identific\u00f3 que el documento base de recaudo \u00abexpresaba con claridad\u2026 la relaci\u00f3n jur\u00eddica que ata a los\u2026 intervinientes, esto es, la obligaci\u00f3n dineraria a cargo de Luz Mery Garc\u00eda Lara y a favor de Gestiones y Tr\u00e1mites Integrales G&T S.A.S.\u00bb, es decir, \u00abse observa di\u00e1fana la posici\u00f3n de acreedor y deudor, as\u00ed como el importe del respectivo derecho de cr\u00e9dito\u00bb; sin embargo, contin\u00fao, \u00abno se copa el tercer elemento, pues aunque para el pagar\u00e9 se convino un vencimiento a d\u00eda cierto determinado\u2026 y el mismo ya hab\u00eda pasado para cuando se present\u00f3 la demanda, ello no basta para concluir su actual exigibilidad\u00bb; frente a lo anterior, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para promover el juicio bastaba con arrimar el cartular, pero como el mismo fue replicado por la convocada, remiti\u00e9ndose el contrato en que se origin\u00f3 y aduciendo que su contraparte deshonr\u00f3 el pacto y de ah\u00ed la imposibilidad de cobrar lo pretendido, se traslad\u00f3 al acreedor el deber de demostrar lo propio, desde luego, a la luz de los testimonios y condiciones del negocio causal <\/p>\n
Lo de poder descender sobre tales aspectos es posible en este caso por haberse trabado la acci\u00f3n cambiaria entre los mismos que intervinieron en el v\u00ednculo subyacente, siendo importante recordar que \u00e9ste es uno de los casos en los que no aplica el principio de autonom\u00eda -rector de los t\u00edtulos valores-, reflejado ello en el numeral 12\u00ba (sic) del art\u00edculo 784 del C\u00f3digo de Comercio, en el que se prescribe que pueden plantearse excepciones \u201cderivadas del negocio jur\u00eddico que dio origen a la creaci\u00f3n o transferencia del t\u00edtulo, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis del t\u00edtulo, al amparo de las estipulaciones pactadas en el contrato de mandato celebrado entre acreedora y deudora el 25 de abril de 2019 y, con apoyo de la prueba recopilada, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Del clausulado y de lo declarado por el vocero de la sociedad ejecutante se desprende que el pago a su favor qued\u00f3 atado a 2 eventos o condiciones: (i) a realizar el saneamiento de las deudas informadas por la mandante (ii) a que la \u00faltima, ya con los paz y salvos respectivos en su poder, gestione un cr\u00e9dito con una entidad financiera y obtenga el desembolso con el que pagar\u00eda la remuneraci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) a pesar de indicarse por la ejecutada que Gestiones y Tr\u00e1mites Integrales G&T S.A.S. no hab\u00eda cumplido con la obligaci\u00f3n adquirida en el contrato de mandato, v\u00e9ase que la entidad ejecutante ning\u00fan medio de convicci\u00f3n fehaciente aport\u00f3 para desdecir lo aseverado por su contraparte, m\u00e1s que su dicho y recibos de consignaci\u00f3n efectuados al Banco Davivienda\u2026 RF Encore\u2026 Banco AV Villas\u2026 aspecto que no permiten desgajar el incumplimiento del objeto de la negociaci\u00f3n llevada a cabo el 25 de abril de 2019. <\/p>\n
Para demostrar que hizo lo que le tocaba era menester que el mandatario arrimara los vestigios de haber realizado la negociaci\u00f3n y pago de todas las deudas informadas por Luz Mery Garc\u00eda Lara y que fueron especificadas en el mandato, pero as\u00ed no aconteci\u00f3, pues aunque sostuvo que lo hab\u00eda hecho, no trajo prueba de haber cancelado las acreencias a favor de la Cooperativa San Sim\u00f3n, as\u00ed como tampoco soport\u00f3 el cubrimiento de la deuda a favor de \u201cDacr\u00e9ditos\u201d ni las que generaron los 4 embargos, que seg\u00fan lo refiri\u00f3 en el interrogatorio, proced\u00edan de procesos incoados por personas naturales. Olvid\u00f3 el\u2026 apelante, el contenido del art\u00edculo 167 del C.G.P., seg\u00fan el cual \u201cincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d. <\/p>\n
Asimismo, advirti\u00f3 que tampoco se hab\u00eda acreditado la expedici\u00f3n a favor de la ejecutada (mandante) de todos los paz y salvos de los cr\u00e9ditos sobre los cuales vers\u00f3 el contrato originario; frente a dicho t\u00f3pico indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Al contestar las excepciones la sociedad ejecutante inform\u00f3 que \u201cse proyect\u00f3 realizar cr\u00e9dito de libranza con el banco GNB Sudameris quien le pod\u00eda otorgar el cr\u00e9dito por libranza presentando el pazo y salvo de las obligaciones\u201d y al sustentar la alzada acot\u00f3 que \u201cLuz Mery Garc\u00eda Lara, no hizo cumplimiento de esa obligaci\u00f3n, y no continu\u00f3 con los tr\u00e1mites que deb\u00edan adelantarse ante la entidad financiera GNB Sudameris\u201d; sin embargo, no trajo los paz y salvos entregados a la ejecutada que le hubieran permitido gestionar el cr\u00e9dito del que obtendr\u00eda los recursos para pagar por la gesti\u00f3n encomendada, pues \u00fanicamente obra dentro del expediente el paz y salvo expedido por el Banco Popular y Covinoc como administrador de las obligaciones de la Compa\u00f1\u00eda Reintegra S.A.S. y eso porque lo suministr\u00f3 la misma ejecutada. <\/p>\n
Para concluir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no hay como concluir que se agot\u00f3 el objeto del mandato, ni que se suministraron a la mandante los respectivos paz y salvos que son los requerimientos para que la mandataria pudiera exigir el reembolso de los \u201cgastos razonables\u201d y el pago de la contraprestaci\u00f3n a que tiene derecho, que es lo pretendido a trav\u00e9s del pagar\u00e9 diligenciado y judicializado, de lo que se viene que, la obligaci\u00f3n demandada no es exigible. <\/p>\n
Por lo explicado, no queda m\u00e1s que confirmar la sentencia\u2026 proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en cuanto termin\u00f3 el compulsivo, empero no por lo dicho por el a quo sino por ausencia de t\u00edtulo ejecutivo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, es claro que la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad por la sociedad accionante son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretende es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, aun cuando la querellante se\u00f1ala lo que, en su sentir, son yerros en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones llamadas a gobernar el asunto sometido a escrutinio, as\u00ed como en la sind\u00e9resis de la sala convocada, lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior del proceso con apoyo de los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 abr. 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 mar. 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se negar\u00e1 el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y la demandante pretende desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar anteponer su particular intelecci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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