STC12220-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12220-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00726-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 22 de junio de 20221, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Jhonny Fredy Casta\u00f1o Mosquera contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed Valle, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali, el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Buenaventura, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Polic\u00eda Nacional, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el INPEC \u2013 Direcci\u00f3n General, los Juzgados Tercero y Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamund\u00ed, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Buga, la Defensor\u00eda del Pueblo, el abogado Augusto S\u00e1nchez Camargo adscrito a la Defensor\u00eda del Pueblo, el Centro de Servicios Judiciales de Cali, los Juzgados Tercero y Sexto Laboral del Circuito de Cali y dem\u00e1s intervinientes en el proceso penal n\u00b0 2010-00837 y la acci\u00f3n constitucional de h\u00e1beas corpus n\u00b0 2022-00118. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa, debido proceso, igualdad y vida presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, en los asuntos referidos. <\/p>\n
Del extenso escrito inicial y las pruebas allegadas se extrae que el 18 de septiembre de 2017 el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a Jhonny Fredy Casta\u00f1o Mosquera a 370 meses de prisi\u00f3n como autor del delito de concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado en concurso heterog\u00e9neo con homicidio en concurso homog\u00e9neo, adem\u00e1s, precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n en favor de Luis Alfredo Angulo Salazar y absolvi\u00f3 a Mercedes Mosquera Ar\u00e9valo y Jos\u00e9 William Angulo Bola\u00f1os por los mismos delitos. <\/p>\n
El 13 de agosto de 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, revoc\u00f3 parcialmente esa decisi\u00f3n para condenar a Jos\u00e9 William Angulo Bola\u00f1os y Mercedes Mosquera Ar\u00e9valo y modificar el monto de la pena impuesta a Jhonny Fredy Casta\u00f1o Mosquera a 290 meses de prisi\u00f3n, quien interpuso recurso de casaci\u00f3n, empero fue declarado desierto el 9 de febrero de 2021 y, se concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial respecto de los dem\u00e1s condenados. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 el accionante que el 4 de febrero de 2022 fue trasladado \u00abde manera irregular\u00bb de la c\u00e1rcel de Buenaventura al Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamund\u00ed, poniendo en riesgo su seguridad e integridad f\u00edsica sin que se le permitiera ejercer su derecho de defensa y sin existir sanciones disciplinarias en su contra, raz\u00f3n por la cual, el 14 de febrero de 2022 present\u00f3 acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus ante el Consejo Superior de la Judicatura, autoridad que remiti\u00f3 el asunto a la Seccional de Cali. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la actuaci\u00f3n fue asignada al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad, despacho que se abstuvo de resolver la solicitud puesto ya hab\u00eda sido resuelta por el Juzgado Primero Promiscuo de Jamund\u00ed el 16 de febrero negando la petici\u00f3n, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el 18 de febrero de 2022 el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali. <\/p>\n
En su sentir, las decisiones adoptadas en la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus constituyen una vulneraci\u00f3n a sus garant\u00edas fundamentales habida cuenta que, (i) el Juez Primero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed no era el competente para decidir el asunto, (ii) no se integr\u00f3 a la totalidad de los funcionarios accionados seg\u00fan su pretensi\u00f3n, (iii) no se desarrollaron los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos propuestos, (iv) no le realizaron la entrevista de rigor para que sustentara sus pretensiones pese a ser solicitada y, (v) el auto interlocutorio proferido en primera instancia no conten\u00eda el respectivo n\u00famero de radicado del tr\u00e1mite judicial y el juez de segundo grado le asign\u00f3 uno que no corresponde a las actuaciones. <\/p>\n
Adujo, adem\u00e1s, que con el proceder de los Jueces de primera y segunda instancia se muestra que en la Rama Judicial existe \u00abuna agenda oculta manejada por funcionarios \u2013 Cartel de la Toga -, que se encargan de manipular los repartos de los despachos judiciales envi\u00e1ndoles los proceso a los funcionarios judiciales afines con su conducta criminal, pues es claro que al no imprimirse n\u00famero de radicado a una acci\u00f3n judicial la misma (Decisi\u00f3n Judicial), carece de autenticidad material y legal\u00bb (sic), en el entendido que el asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juez Tercero Laboral del Circuito de Cali, pero fue decidido de fondo por el Juzgado Primero Promiscuo de Jamund\u00ed. <\/p>\n
Igualmente afirm\u00f3 que esas decisiones no estuvieron suficientemente motivadas, luego los falladores no justificaron el por qu\u00e9 no se realiz\u00f3 la entrevista como lo exige la Ley 1095 de 2006, tampoco el por qu\u00e9 en primera instancia no se registr\u00f3 el n\u00famero de radicado. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar (i) la nulidad del acto administrativo que orden\u00f3 su traslado el 4 de febrero de 2022 a la c\u00e1rcel de Jamund\u00ed (ii) la nulidad de lo actuado en el h\u00e1beas corpus (iii) la nulidad del registro de la sentencia condenatoria de segunda instancia en el sistema de sanciones de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por cuanto la misma tiene efectos suspensivos que se extienden a todos los procesados no recurrentes (iv) la nulidad del concepto negativo planteado por el defensor p\u00fablico para presentar la demanda de casaci\u00f3n y, (v) que sea descargada del Sistema inform\u00e1tico de la Polic\u00eda Nacional la orden de captura que se encuentra figurando en la investigaci\u00f3n 2011-00452 adelantada ante el Juzgado Cuarto Especializado de Buga por tener a la fecha m\u00e1s de 8 a\u00f1os sin ser renovada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones adelantadas en el proceso seguido en contra del accionante e indic\u00f3 que, en la decisi\u00f3n proferida por esa Corporaci\u00f3n, se estudi\u00f3 la apelaci\u00f3n presentada donde se concluy\u00f3 que el fen\u00f3meno prescriptivo no hab\u00eda ocurrido, adem\u00e1s, afirm\u00f3 que luego de proferida la sentencia, el reclamante insisti\u00f3 m\u00faltiples veces en los mismos argumentos, resolvi\u00e9ndosele cada uno de ellos. <\/p>\n
Sostuvo que Jhonny Fredy Casta\u00f1o Mosquera formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y se le otorg\u00f3 para la sustentaci\u00f3n del mismo 30 d\u00edas, t\u00e9rmino que fue prorrogado en varias oportunidades en favor del procesado sin que presentara la correspondiente demanda, raz\u00f3n por la que mediante auto de 9 de febrero de 2021 se declar\u00f3 desierto, determinaci\u00f3n frente a la cual interpuso reposici\u00f3n y adem\u00e1s solicit\u00f3, nuevamente, declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, pretensiones que fueron despachadas desfavorablemente. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que frente a los dem\u00e1s procesados se concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n especial y las diligencias fueron remitidas a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, alleg\u00e1ndose posterior a dicha remisi\u00f3n, por parte de Casta\u00f1o Mosquera, de nuevo, solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, petici\u00f3n que fue remita a la nombrada Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las diligencias adelantadas en los asuntos cuestionados y consider\u00f3 que la privaci\u00f3n de la libertad del accionante ha estado ajustada a derecho, donde se han respetado las garant\u00edas que como sujeto procesal le asigna la Constituci\u00f3n y la ley. <\/p>\n
3. El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cali, se\u00f1al\u00f3 que el 16 de febrero de 2022 le correspondi\u00f3 por reparto la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus interpuesta por Jhonny Fredy Casta\u00f1o Mosquera la cual fue avocada y notificada el mismo d\u00eda, no obstante, recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n por parte de la Oficina de Reparto de esa ciudad acerca del curso de otra acci\u00f3n igual ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed, contra las mismas partes y con id\u00e9nticas pretensiones bajo el radicado n\u00b0 2022-00118. <\/p>\n
Expuso que, ante esa situaci\u00f3n, en providencia de 12 de febrero resolvi\u00f3 abstenerse de efectuar pronunciamiento alguno frente a la acci\u00f3n formulada toda vez que ya hab\u00eda sido definida, por lo tanto, procedi\u00f3 con el archivo de la actuaci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue notificada a las partes el mismo d\u00eda sin contar con ninguna objeci\u00f3n por parte del interesado. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed, relat\u00f3 que mediante providencia de 16 de febrero resolvi\u00f3 negar la solicitud de h\u00e1beas corpus presentada por el aqu\u00ed reclamante, habida cuenta que no se cumpl\u00edan ninguno de los supuestos para su procedencia, y adem\u00e1s el accionante se encuentra privado de la libertad por orden emanada de autoridad competente y no est\u00e1 cumplida la pena impuesta. <\/p>\n
5. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali, inform\u00f3 que el 16 de febrero de 2022 por reparto le correspondi\u00f3 conocer de la impugnaci\u00f3n de h\u00e1beas corpus elevada por Jhonny Fredy Casta\u00f1o Mosquera, donde se expusieron varios de los argumentos que hoy son motivo de queja constitucional, y que en su oportunidad fueron parte de la impugnaci\u00f3n, tales como el hecho de no haberse realizado la entrevista, lo que explic\u00f3 el a quo desde el auto admisorio de dicha demanda, en el sentido de indicar que no se realizaba la misma conforme lo permite el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1095 de 2006. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que frente a la falta de competencia para conocer de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus se le explic\u00f3 ampliamente la posici\u00f3n reiterada de la Corte Constitucional, respecto a que conocer\u00e1 de dicha petici\u00f3n la autoridad con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurrieron los hechos, para el caso que en ese momento se examinaba, el Juez con jurisdicci\u00f3n en Jamund\u00ed, lugar de reclusi\u00f3n del se\u00f1or Casta\u00f1o Mosquera. <\/p>\n
Adujo que tampoco puede prosperar el argumento de haberse inventado ese Despacho una radicaci\u00f3n para dar \u00abvisos de legalidad\u00bb a lo actuado por el Juez Promiscuo Municipal, pues es claro que dicha radicaci\u00f3n fue asignada desde el auto que admiti\u00f3 el h\u00e1beas corpus, as\u00ed como se desprende del acta de reparto para ese Juzgado, lo cual puede ser corroborado f\u00e1cilmente en el sistema Siglo XXI. <\/p>\n
6. La Directora del Establecimiento Carcelario de Buenaventura manifest\u00f3 que el accionante se encuentra recluido en Jamund\u00ed desde el 2 de febrero de 2022 dando cumplimiento a la Resoluci\u00f3n n\u00b0 000701 mediante la cual se orden\u00f3 el traslado conforme al oficio 715 suscrito por la Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura, teniendo en cuenta que por su alta condena y situaci\u00f3n jur\u00eddica requiere un Establecimiento de Reclusi\u00f3n que le brinde mayores condiciones de seguridad. <\/p>\n
7. El Director encargado del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamund\u00ed, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, argumentando que las pretensiones del accionante recaen sobre asuntos de competencia exclusiva de la Rama Judicial. <\/p>\n
8. La Direcci\u00f3n General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- solicit\u00f3 negar las pretensiones del actor, toda vez que por virtud legal le corresponde a ese Instituto escoger el establecimiento que ofrezca adecuadas condiciones de seguridad, para proteger a los internos y a la sociedad, debiendo resolver las ubicaciones en prisiones acordes con la naturaleza de los delitos cometidos y la pena impuesta, sin que ello se entienda como una discrecionalidad radical, sino de un margen razonable de acci\u00f3n, precisamente para que se cumplan la ley y la sentencia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que la resoluci\u00f3n que orden\u00f3 el traslado del actor no ha sido anulada por el Juez Administrativo, en tanto goza de presunci\u00f3n de legalidad y se mantienen sus efectos. <\/p>\n
9. El Centro de Servicios Especiales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de Cali, inform\u00f3 que, esa oficina solo realiza el reparto de asuntos a los Despachos judiciales que integran el Sistema Penal Acusatorio, mientras que el de las acciones constitucionales de tutela y h\u00e1beas corpus lo realiza la Oficina Judicial adscrita a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. <\/p>\n
10. El Defensor del Pueblo -Regional Valle del Cauca solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos del actor por parte de ese organismo. <\/p>\n
11. Augusto Francisco S\u00e1nchez Camaro, Defensor P\u00fablico para la casaci\u00f3n indic\u00f3 que una vez realizado el estudio de la actuaci\u00f3n y al no encontrar errores de juicio o de procedimiento que atentaran contra las garant\u00edas procesales y derechos fundamentales del sentenciado, rindi\u00f3 concepto negativo para casaci\u00f3n de manera oportuna, en tanto, el auto que declar\u00f3 desierto el recurso fue proferido el 9 de febrero de 2021, esto es, un a\u00f1o despu\u00e9s de proferido el concepto. <\/p>\n
12. La Fiscal 115 Especializada adscrita a la Direcci\u00f3n Nacional contra el crimen organizado se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, porque no cumple con los requisitos para lograr la revocatoria de una decisi\u00f3n judicial en firme conforme al an\u00e1lisis de los postulados establecidos por la Corte Constitucional. <\/p>\n
13. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado Itinerante de Buga, inform\u00f3 que como medida de descongesti\u00f3n se dispuso la redistribuci\u00f3n de 35 procesos del Juzgado Especializado de Buenaventura a ese despacho, entre ellos, la causa radicada bajo el CUI 761096000163201101542 seguido contra el aqu\u00ed accionante, por las conductas de extorsi\u00f3n agravada en concurso con desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado, falsedad material en documento p\u00fablico, actuaci\u00f3n que se encuentra en etapa preparatoria, frente a los dem\u00e1s hechos expuestos en el escrito inicial, se abstuvo de emitir alg\u00fan pronunciamiento puesto que no ha tenido injerencia en los mismos. <\/p>\n
14. La Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal Seccional Valle, resalt\u00f3 que la Polic\u00eda Nacional no es propietaria de la informaci\u00f3n, solo la administra, por tanto, no est\u00e1 facultada para cancelar, modificar, corregir o suprimir registros sin expresa orden judicial, pues para ello se requiere que la autoridad judicial que solicit\u00f3 el registro sea la obligada a pedir la respectiva modificaci\u00f3n, correcci\u00f3n o cancelaci\u00f3n. Por lo dem\u00e1s, solicit\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
15. El Procurador 33 Judicial II Penal rese\u00f1\u00f3 las decisiones proferidas en el proceso penal adelantado contra el accionante e indic\u00f3 que a la fecha se encuentra bajo la custodia del Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura. <\/p>\n
17. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que \u00fanicamente le compete adelantar los tr\u00e1mites administrativos para el registro de las decisiones judiciales y dem\u00e1s reportes que se hagan por parte de las autoridades que cuenten con funciones de car\u00e1cter disciplinario y judicial en estricto cumplimiento de un deber legal. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Coordinador del Grupo Siri (E) rindi\u00f3 inform\u00e9 frente a lo manifestado por el actor, se\u00f1alando que ese grupo registra las decisiones notificadas y debidamente ejecutoriadas, remitidas a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por las autoridades competentes en virtud del art\u00edculo 238 de la ley 1952 de 2019, antes art\u00edculo 174 de la ley 734 de 2002. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que consultado el sistema se encontr\u00f3 una petici\u00f3n elevada por el accionante radicada el 28 de marzo de 2022 frente a la cual se requiri\u00f3 aclaraci\u00f3n al interesado, con el objeto de atenderla de fondo. <\/p>\n
18. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, teniendo en cuenta que ese despacho no intervino en las decisiones cuestionadas por el accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo constitucional, tras descartar las posibles irregularidades en el tr\u00e1mite de reparto de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus presentada por Jhonny Fredy Casta\u00f1o Mosquera o la falta de competencia, puesto que la misma fue debidamente asignada al Juzgado Primero Promiscuo de Jamund\u00ed, en primera instancia y, al Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali, en segunda, por medio de la oficina de reparto. <\/p>\n
Frente a la falta de realizaci\u00f3n de la entrevista alegada por el accionante record\u00f3 que los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1095 de 2006 establecen que en todos los casos la autoridad procurar\u00e1 entrevistarse con la persona en cuyo favor se instaura la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus. No obstante, podr\u00e1 prescindir de la misma cuando no la considere necesaria, evento en el cual, deber\u00e1 exponer los motivos de esa decisi\u00f3n tal y como lo hizo el Juzgado Primero Promiscuo de Jamund\u00ed en el auto que avoc\u00f3 el asunto. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no se evidenciaba irregularidad de tal magnitud que hiciera imprescindible declarar la nulidad del tr\u00e1mite de h\u00e1beas corpus, m\u00e1xime cuando las decisiones proferidas fueron debidamente motivadas. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para ordenar la nulidad del traslado del accionante entre establecimientos carcelarios y advirti\u00f3 que el actor no ha agotado el tr\u00e1mite ordinario ante el INPEC a fin de exponer los motivos de la eventual vulneraci\u00f3n de sus derechos con el traslado efectuado. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 frente a la pretensi\u00f3n de dejar sin efectos las \u00f3rdenes de captura en el proceso penal 2011-000452. <\/p>\n
Por \u00faltimo, determin\u00f3 la ausencia de vulneraci\u00f3n por parte de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n en el registro de la sanci\u00f3n penal y de fallas en la defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante quien afirm\u00f3 que el juez constitucional de primera instancia no hizo referencia a la nulidad decretada por esta Sala \u00abpor violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb y no corrigi\u00f3 la situaci\u00f3n que existe respecto de los jueces accionados Primero Promiscuo de Jamund\u00ed y Sexto Civil del Circuito de Cali, y por la cual le fue anulada su decisi\u00f3n (falta de integraci\u00f3n de Despachos judiciales accionados). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que tampoco se refiri\u00f3 a la adici\u00f3n del escrito de tutela que present\u00f3 una vez declarada la nulidad, en tanto no tuvo en consideraci\u00f3n los vicios de igual naturaleza por los cuales se declar\u00f3 esa nulidad. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, solicit\u00f3 tener como parte de la impugnaci\u00f3n los fundamentos expuestos en el escrito inicial y en la adici\u00f3n allegada, en la cual expuso, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se env\u00eda este correo electr\u00f3nico a todos estos despachos judiciales que se relacionan, para que se haga visible y no puedan seguir ocultando el secuestro extorsivo que se le aplica a este ciudadano – Casta\u00f1o Mosquera -, por parte de un peque\u00f1o grupo operadores jur\u00eddicos, quienes han venido ocultando el falso positivo policial debido a las grandes sumas de dinero que les pagan las empresas que hoy ocupan ilegalmente los terrenos, quienes pretenden justificar la usurpaci\u00f3n de los predios de Gamboa en Buenaventura Valle, a los afrodescendientes – Familia Mosquera -, de la cual forma parte este ciudadano – Casta\u00f1o Mosquera. <\/p>\n
En donde se puede observar a la mafia de la toga -Funcionarios Judiciales -, actuando en la plenitud de sus actos de corrupci\u00f3n, sabemos que no responder\u00e1n a estos se\u00f1alamientos p\u00fablicos y directos, porque saben que es verdad y todo lo que digan con respecto de esta causa – Rad:761096000163201000837 06 -, se puede usar en sus contras… Son unos cobardes por acci\u00f3n y Omisi\u00f3n, de hecho, sus colegas de la rama judicial despu\u00e9s no digan que no se enteraron y que desconoc\u00edan de los hechos dolosos cometidos por todos estos funcionarios judiciales involucrados directa e indirectamente en el secuestro extorsivo por m\u00e1s de 12 a\u00f1os aplicado a este ciudadano -Casta\u00f1o Mosquera -, con el \u00fanico prop\u00f3sito de arrebatarle en asocio criminal con particulares su hereda compuesta por terrenos ahora de alto valor comercial (\u2026)\u00bb. (sic). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como bien ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, los pronunciamientos que al respecto de una acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus se adopten, no pueden ser revisados mediante la presente senda, toda vez que estos, en s\u00ed mismos considerados, representan el ejercicio de una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de una espec\u00edfica prerrogativa esencial. <\/p>\n
Frente al tema, la Sala ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) al Juez constitucional le est\u00e1 vedada la posibilidad de aprehender las atribuciones que el constituyente y el legislador le han deferido a otros estrados, y desde este \u00f3ptica replantear el estudio de los asuntos que se surtieron por los senderos normales, con seguimiento del debido proceso y en aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas que rigen la materia; la que resulta a\u00fan m\u00e1s evidente en el tr\u00e1mite de h\u00e1beas corpus para el cual el ordenamiento jur\u00eddico ha llenado de garant\u00edas a quien lo reclama, porque \u201c(\u2026) en lo que toca con el cuestionamiento que enfila el peticionario contra los funcionarios judiciales que negaron tanto en primera como en segunda instancia, la acci\u00f3n p\u00fablica de h\u00e1beas corpus que promovi\u00f3 con miras a obtener le fuese concedida la libertad por encontrarse \u201cilegalmente\u201d detenido, observa la Sala que, de un lado, tales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental (\u2026) (Ver CSJ. STC281-2020, STC01092-2020, reiterada recientemente en STC231-2022). <\/p>\n
Sin embargo, esa premisa no impide que a trav\u00e9s de la tutela se verifique la legalidad del tr\u00e1mite y su decisi\u00f3n definitoria, cuando \u00ab(\u2026) est\u00e9 de por medio una grave y manifiesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso o a la defensa (\u2026)\u00bb (Ver CSJ. Civil, sentencia de 30 de mayo de 2013, exp. 2013-01116-00, citada en STC15571-2018 y STC6413-2021). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Jhonny Fredy Casta\u00f1o Mosquera, acude a la acci\u00f3n de tutela en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con las actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus n\u00b0 2022-00118 y el proceso penal n\u00b0 2010-00837. <\/p>\n
Su censura radica, seg\u00fan expone, en la falta de competencia por parte del Juez Primero Promiscuo Municipal de Jamund\u00ed para decidir la aludida acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, adem\u00e1s, que no se desarrollaron los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que propuso, no le realizaron la entrevista de rigor para que sustentara sus pretensiones pese a ser solicitada y, que el auto proferido en primera instancia no conten\u00eda el respectivo n\u00famero de radicado y el juez de segundo grado le asign\u00f3 uno que no corresponde a las actuaciones. <\/p>\n
Al respecto, se advierte la improcedencia del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, habida cuenta que una vez revisado el expediente y las pruebas allegadas no se evidenci\u00f3 arbitrariedad manifiesta o irregularidad en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
Ahora bien, sobre la falta de vinculaci\u00f3n de autoridades accionadas, se evidencia que el juzgador de primer grado dispuso la vinculaci\u00f3n del Director del establecimiento Penitenciario de Jamund\u00ed, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, los Juzgados Tercero y Quinto Penales Municipales de Control de Garant\u00edas de Buenaventura y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali como autoridades de las cuales pod\u00eda depender la libertad del solicitante. <\/p>\n
En punto a la no realizaci\u00f3n de la entrevista al accionante, se advierte que el juzgado de primera instancia explic\u00f3 razonadamente en el auto que avoc\u00f3 conocimiento, que no efectuaba la misma, conforme lo permite el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1095 de 2006 \u00abpor considerar que la determinaci\u00f3n de una prolongaci\u00f3n indebida de la privaci\u00f3n de la libertad puede ser f\u00e1cilmente verificada con la informaci\u00f3n que suministren los entes judiciales y administrativos vinculados al tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se itera, ninguna irregularidad se observa en el proceder de las autoridades accionadas durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus presentada por Johnny Fredy Casta\u00f1o Mosquera, que permita la injerencia del juez constitucional y con entidad suficiente para anular las actuaciones, m\u00e1xime cuando las decisiones all\u00ed proferidas estuvieron debidamente fundadas. <\/p>\n
3. En lo atinente a que se declare la nulidad de la Resoluci\u00f3n que orden\u00f3 su traslado el 4 de febrero de 2022 a la C\u00e1rcel de Jamund\u00ed, se advierte que, en principio, el mecanismo para cuestionar ese acto administrativo es la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
No obstante, si bien la jurisprudencia Constitucional2, ha aceptado la utilizaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela para controvertir esa clase de decisiones por tratarse de personas privadas de libertad que tienen limitadas sus actuaciones, se advierte que, en el caso concreto, lo solicitado por el accionante desborda las facultades del juez de tutela, teniendo en cuenta que ese acto administrativo fue proferido en atenci\u00f3n al oficio 715 de 11 de octubre de 2021 suscrito por la Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Buenaventura, ordenando el traslado por motivos de seguridad, en raz\u00f3n a la alta condena y la situaci\u00f3n jur\u00eddica del sentenciado. <\/p>\n
4. En punto a las dem\u00e1s pretensiones tendientes a que se declare (i) la nulidad del registro de la sentencia condenatoria de segunda instancia en el sistema de sanciones de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por cuanto la misma tiene efectos suspensivos que se extienden a todos los procesados no recurrentes (ii) la nulidad del concepto negativo planteado por el defensor p\u00fablico para presentar la demanda de casaci\u00f3n y, (iii) que sea descargada del Sistema inform\u00e1tico de la Polic\u00eda Nacional la orden de captura que se encuentra figurando en la investigaci\u00f3n 2011-00452 adelantada ante el Juzgado Cuarto Especializado de Buga por tener a la fecha m\u00e1s de 8 a\u00f1os sin ser renovada, se determina que las mismas no solo desbordan el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo excepcional, sino que tambi\u00e9n, desnaturalizan la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f3 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
5. Finalmente, respecto a lo manifestado por el accionante en la impugnaci\u00f3n, referente a la falta de pronunciamiento por parte del juez constitucional de primera instancia sobre la adici\u00f3n al escrito de tutela, cabe resaltar que la misma fue remitida mediante correo electr\u00f3nico el 21 de junio de 2022, momento para el cual se hab\u00eda corrido el respectivo traslado a los accionados del escrito inicial, quienes ya hab\u00edan rendido los respectivos informes y respuestas, constituy\u00e9ndose as\u00ed en un hecho nuevo que no pudo ser controvertido por las autoridades accionadas, raz\u00f3n por la cual, un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa. <\/p>\n
En cuanto a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, ha sostenido la Corte, \u00abSi bien es cierto que, en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad (\u2026) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb. (Ver CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01, reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01 STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01, STC4035-2021, STC4862-2021, STC12825-2021, STC1190-2022, STC1318-2022, STC1638-2022, STC1643-2022, STC2018-2022 y CSJ STC2254-2022). <\/p>\n
6. De conformidad con lo considerado, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n asignada a esta Sala el 29 de agosto de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia T-137\/21, Sentencia T-950 de 2003. <\/p>\n
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STC12220-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12220-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00726-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67153","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67153"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67153\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}