STC12221-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12221-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01061-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 3 de junio de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Agobardo Torres Pe\u00f1afiel contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de esa misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00b0 2010-00522. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00abseguridad social\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Agobardo Torres Pe\u00f1afiel promovi\u00f3 declarativo en contra del Instituto de Seguros Sociales -ISS, Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., Daniel Abad Ru\u00edz Gonz\u00e1lez y Conconcreto S.A., en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez \u00abpor parte del primero de los mencionados, en subsidio, al contratista, persona natural accionada o en forma solidaria respecto de todos\u00bb2, puesto que \u00absuscribi\u00f3 contrato con DANIEL (\u2026) y \u00e9sta (sic) a su vez con la empresa CONCONCRETO S. A.; el 15 de agosto de 1995; que dentro de las instalaciones de la obra, padeci\u00f3 lesiones como consecuencia de accidente de trabajo\u00bb. <\/p>\n
El estudio del asunto le correspondi\u00f3 al \u00abJuzgado Noveno Laboral Adjunto de Descongesti\u00f3n del Circuito de Cali\u00bb, quien conden\u00f3 a la referida aseguradora a reconocer la prestaci\u00f3n, pero, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta por dicha entidad, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 parcialmente el fallo del a quo y, en su lugar, dispuso que el beneficio pensional deprecado quedaba a cargo de Daniel Abad Ru\u00edz Gonz\u00e1lez en su calidad contratante, en tanto que, para la fecha del siniestro, el all\u00ed actor no se encontraba afiliado a la citada \u00abARP\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, pues advirti\u00f3 que \u00abning\u00fan error jur\u00eddico se cometi\u00f3 en segunda instancia, pues la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 se atiene a lo que emana, no solo de las preceptivas de las que se sirvi\u00f3, sino tambi\u00e9n de las sentencias de casaci\u00f3n que, sobre ese punto ha proferido esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio del promotor \u00abson violatorias del debido proceso y del derecho a la seguridad social\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se profiera una nueva determinaci\u00f3n \u00abinterpretando adecuadamente la figura de la solidaridad del art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, como situaci\u00f3n que implica involucrar a Conconcreto S.A y\/o a Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. en el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez pretendida, tal como lo hab\u00eda dispuesto el juez a quo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali, alleg\u00f3 copia del expediente digital del asunto censurado. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., se\u00f1al\u00f3 que el tr\u00e1mite \u00abde la referencia NO fue objeto de entrega al PAR ISS, ni se vincul\u00f3 al mismo\u00bb. <\/p>\n
4. Conconcreto S.A., indic\u00f3 que \u00abfue absuelta en el fallo de primera instancia y el demandante (\u2026) se conform\u00f3 con dicha decisi\u00f3n al no interponer recurso alguno contra \u00e9l, lo que implica que frente a mi representado no se agotaron todas las etapas del proceso ordinario, para que pudiese discutirse una eventual posibilidad de utilizar la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
5. Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A., refiri\u00f3 que \u00ab[d]e conformidad con el an\u00e1lisis de la pretensi\u00f3n de esta Tutela, no se evidencia que nuestra entidad tenga que atender alguna pretensi\u00f3n al respecto; por lo tanto, en este caso estamos legitimados por pasiva para actuar ya que no somos quienes debamos responder por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos ya que el accionante no reporta ninguna enfermedad no accidente en esta administradora\u00bb. <\/p>\n
6. El Procurador Veintinueve Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, narr\u00f3 lo sucedido en el juicio y adujo que \u00abel fallo proferido no se puede considerar como caprichoso o arbitrario\u00bb (\u2026) y el accionante no demuestra los requisitos espec\u00edficos de procedencia de la tutela\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00ablos cuestionamientos del petente fueron debidamente analizados, lo que evidencia que la parte accionante busca cuestionar el raciocinio jur\u00eddico de la jurisdicci\u00f3n laboral y, con ello, protestar por el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la accionada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el recurrente sin precisar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por el gestor (SL1615-2019, rad. 57801), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 27 de febrero de 2012 y 9 de abril de 2019, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, es decir, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n denunciada, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Flexibilizaci\u00f3n del principio de inmediatez. <\/p>\n
Aunque podr\u00eda entenderse que este presupuesto de temporalidad impedir\u00eda el estudio de la acci\u00f3n, comprendiendo que la providencia controvertida se dict\u00f3 el 9 de abril de 2019 y la tutela se intent\u00f3 el 13 de mayo de 2021, lo cierto es que por encontrarse en discusi\u00f3n en este asunto un derecho pensional, el cual tiene car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, su presunta afectaci\u00f3n siempre se considerar\u00e1 actual, tal como lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia de unificaci\u00f3n 1073 de 2012, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00abEn lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acci\u00f3n de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta caracter\u00edstica hace que la vulneraci\u00f3n tenga el car\u00e1cter de actual, incluso luego de pasados varios a\u00f1os de haberse proferido la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026) En este sentido, se debe entender que los casos objeto de an\u00e1lisis de la presente [disposici\u00f3n], cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensi\u00f3n de vejez reconocida, y est\u00e1n viendo negado su derecho a la indexaci\u00f3n de su primera mesada pensional. Es as\u00ed como, trat\u00e1ndose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los [solicitantes] con el requisito de acudir previamente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, no entrar\u00e1 a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre (\u2026) [los veredictos] que negaron el derecho a la indexaci\u00f3n y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela por parte de los [promotores], pues en este caso se debe entender que la afectaci\u00f3n al derecho fundamental tiene un car\u00e1cter de actualidad\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, resulta importante aclarar que, pese a que la formulaci\u00f3n del amparo supera el t\u00e9rmino prudencial se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Sala para acudir a \u00e9l, se tiene por satisfecho ese requisito de procedibilidad teniendo en cuenta la naturaleza de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abning\u00fan error jur\u00eddico se cometi\u00f3 en segunda instancia, pues la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 se atiene a lo que emana, no solo de las preceptivas de las que se sirvi\u00f3, sino tambi\u00e9n de las [resoluciones] de casaci\u00f3n que, sobre ese punto ha proferido esta Corporaci\u00f3n\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el primer cargo, en el que se acus\u00f3 a la decisi\u00f3n de segundo grado de ser \u00abviolatoria de la ley sustancial, por la v\u00eda directa, tras la falta de aplicaci\u00f3n, en especial del pre\u00e1mbulo y el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 100 de 1993, as\u00ed como del art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 776 de 2002 y el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en lo concerniente a la validez de la afiliaci\u00f3n de mi mandante al sistema de riesgos laborales, pues la misma se efect\u00fao horas antes de la acaencia del siniestro de trabajo\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]a insatisfacci\u00f3n del recurrente para con lo decidido por el Tribunal, se centra en determinar, si fue acertada la conclusi\u00f3n del ad quem de excluir a POSTIVA COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS S. A. del pago de la pensi\u00f3n de invalidez, bajo el argumento de que la afiliaci\u00f3n se entiende efectuada el d\u00eda siguiente al recibo del formulario de vinculaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En primer lugar, estableci\u00f3 los supuestos que se mantienen inc\u00f3lumes, los cuales son: \u00abi) que el demandante prest\u00f3 sus servicios al se\u00f1or DANIEL ABAD RUIZ GONZ\u00c1LEZ, a trav\u00e9s de un contrato de trabajo, desde el 15 de agosto de 1995 hasta el 18 de junio de 1996; ii) que fue inscrito a riesgos profesionales el 16 de agosto de 1995 a las 6:00 P.M.; iii) que el actor sufri\u00f3 un accidente de trabajo el 16 de agosto de 1995 a las 8:30 A.M. y iv) que la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Valle del Cauca le dictamin\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 63.85 %, con fecha de estructuraci\u00f3n el 16 de agosto de 1995\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 resaltando que: <\/p>\n
\u00ab[E]l Tribunal, para decidir en la forma como lo hizo, trascribi\u00f3 el contenido de los art\u00edculos 1\u00b0 de la Ley 776 de 2002; 13 y 16 del Decreto 1295 de 1994; 6\u00b0 y 15 del Decreto 1772 de 1994 y 41 del Decreto 1406 de 1999. para ultimar: As\u00ed las cosas, y teniendo en cuenta el caso puesto en consideraci\u00f3n de la Sala, se tiene que legalmente todo empleador se encuentra en la obligaci\u00f3n de afiliar al trabajador al sistema de riesgos profesionales y a pagar cumplidamente las cotizaciones al sistema, so pena de que el empleador asuma el cubrimiento del riesgo, si con su conducta omisiva en el pago de los aportes origina la desafiliaci\u00f3n del trabajador y la afiliaci\u00f3n se entiende efectuada al d\u00eda siguiente de aquel en que el formulario ha sido recibido por la entidad administradora respectiva\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en lo establecido en la providencia SL, 8 jul. 2009, rad. 36174, desestim\u00f3 el cargo tras indicar que, \u00aben este asunto el responsable de la prestaci\u00f3n reclamada por el demandante, no es otro sino su empleador, pues la cobertura al sistema de riesgos profesionales inici\u00f3 un d\u00eda despu\u00e9s de ocurrido el accidente laboral, sin que las normas que se relacionan por su falta de aplicaci\u00f3n, tengan la virtualidad de mostrar una realidad distinta a la encontrada en las disposiciones aplicadas por el Tribunal, pues estas son las que desarrollan el tema que hoy se someti\u00f3 a estudio por esta Sala\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Ahora bien, en el estudio del segundo embate enfilado \u00abpor la v\u00eda indirecta, por error de hecho, ya que el ad quem, dio por no probado, est\u00e1ndolo, el hecho de la relaci\u00f3n contractual entre CONCONCRETO S. A. y DANIEL ABAD RUIZ GONZ\u00c1LEZ (propietario del establecimiento de comercio ELECTRICIDAD & ELECTRONICA RUIZ), tras la confesi\u00f3n que a trav\u00e9s de apoderado judicial hiciere la sociedad demandada CONCONCRETO S. A. al contestar la demanda\u00bb, la autoridad refiri\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[O]lvid\u00f3 el recurrente indicar a la Corporaci\u00f3n cual fue el motivo de violaci\u00f3n que le atribu\u00eda a la decisi\u00f3n de segundo grado, pues en este se alude \u00aberror de hecho\u00bb que no est\u00e1 contemplado en la legislaci\u00f3n laboral procesal, siendo estas las de infracci\u00f3n directa, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea o aplicaci\u00f3n indebida. As\u00ed, es evidente que la parte impugnante no cumpli\u00f3 con lo previsto en el art\u00edculo 90 del CPTSS, pues la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n debe reunir una serie de requisitos que, desde el punto de vista formal, son indispensables, en atenci\u00f3n a que su planteamiento y demostraci\u00f3n, se encuentran delimitados por las reglas fijadas para su procedencia, ya que, una demanda de esta naturaleza y categor\u00eda, se encuentra sometida a rigorismos t\u00e9cnicos, a efectos de que la Corte pueda proceder a la revisi\u00f3n del fallo impugnado\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, el estrado censurado precis\u00f3 que, en caso de asumir que la modalidad de ataque es por aplicaci\u00f3n indebida, existe otro defecto que impide el estudio del cargo, pues \u00abno se indican las normas sustanciales de orden nacional que contengan los derechos reclamados por el demandante y que fueron vulnerados por los errores f\u00e1cticos atribuidos al Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, basado en las sentencias SL3906-2018 y SL038-2018, razon\u00f3 que \u00abal presentarse serios y evidentes yerros de t\u00e9cnica, el recurso, en verdad, se asemeja m\u00e1s a un alegato de instancia, circunstancia que comporta la inobservancia de presupuestos legales y jurisprudenciales que permitan abordar su estudio\u00bb y decret\u00f3 la inviabilidad del reproche. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
4.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 2 de septiembre de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el fallo de casaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
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