STC12222-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12222-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03079-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Rodr\u00edguez Carvajal contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Trece Civil del Circuito de esta capital y los intervinientes en el proceso reivindicatorio, radicado n\u00ba 2019-00033. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
Relata que, el juzgado program\u00f3 la audiencia inicial para el 30 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m., sin embargo, un d\u00eda antes, present\u00f3 \u2013 v\u00eda correo electr\u00f3nico \u2013 memorial excusando su inasistencia a la diligencia por problemas de salud, (aport\u00f3 constancia m\u00e9dica de incapacidad), requiri\u00f3 el expediente digital del proceso para su revisi\u00f3n y revoc\u00f3 el poder conferido a su abogada e indic\u00f3 que asumir\u00eda en lo sucesivo su propia defensa. <\/p>\n
Destaca que, el despacho judicial accedi\u00f3 a lo pedido y fij\u00f3 el 4 de abril de 2022 como nueva fecha para llevar a cabo la referida audiencia y, en dicha calenda, \u00abya actuando a t\u00edtulo de profesional del derecho a nombre propio, interpongo nulidad procesal con base en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, al pasar m\u00e1s de un a\u00f1o sin que el proceso tuviera la celeridad necesaria\u00bb, nulidad que neg\u00f3 el juzgado, determinaci\u00f3n frente a la cual interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; el primero no prosper\u00f3, y el segundo fue concedido ante el superior. <\/p>\n
Resalta que, en auto del 24 de agosto de 2022 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil (unitaria) confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, en el sentido de negar la nulidad deprecada bajo el argumento que la misma fue saneada. <\/p>\n
Cuestiona que, la magistratura accionada, consider\u00f3 que su intervenci\u00f3n antes de la audiencia inicial sin que alegara en esa oportunidad la nulidad del art\u00edculo 121 del estatuto adjetivo, sane\u00f3 la actuaci\u00f3n, empero, sostiene que, las solicitudes elevadas a trav\u00e9s de memorial del 29 de marzo de 2022 \u00aberan totalmente necesarias para asumir mi propia defensa [\u2026] se me reconociera personer\u00eda y empezar mi gesti\u00f3n como profesional del derecho ligada a mi condici\u00f3n de demandado\u00bb. <\/p>\n
Agrega que, el tribunal \u00aberr\u00f3 [\u2026] al declarar que un escrito en donde se informa y se allega una incapacidad m\u00e9dica y se manifiesta revocar los poderes otorgados es una actuaci\u00f3n de parte que subsana la nulidad propuesta, lo que evidentemente va en contrav\u00eda de la l\u00f3gica, del derecho de postulaci\u00f3n y de la aplicaci\u00f3n de la nulidad prevista en el art\u00edculo 121 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00abse ordene al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, emitir un fallo conforme a derecho y en protecci\u00f3n de los derechos alegados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Ricardo, Rafael y Miryam B\u00e1ez Padilla, vinculados, demandantes en el proceso reivindicatorio, por intermedio de apoderado judicial se opusieron a la prosperidad de la acci\u00f3n, e indicaron que \u00abfueron enga\u00f1ados por el accionante [\u2026] quien compr\u00f3 los derechos herenciales de Nubia B\u00e1ez Padilla, para justificar la invasi\u00f3n al inmueble adjudicado en proceso de sucesi\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n recriminada, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, adjunt\u00f3 copia digital de la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 el 24 de agosto pasado. <\/p>\n
3. El Juez Trece Civil del Circuito de esta capital, en cuanto a su proceder en el asunto en cuesti\u00f3n, sostuvo que, \u00abse ajust\u00f3 a derecho, sin que se hayan vulnerado derechos fundamentales del tutelante\u00bb; y, solicit\u00f3 se desestime el auxilio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales denunciadas al confirmar la negativa de la nulidad planteada (fundamentada en lo dispuesto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso) por el quejoso \u2013 auto de 24 de agosto de 2022 \u2013 dentro del proceso reivindicatorio radicado 2019-00033 que promovi\u00f3 en su contra el se\u00f1or Ricardo B\u00e1ez Padilla por, supuestamente, interpretar de manera err\u00f3nea su intervenci\u00f3n en el juicio antes de la audiencia inicial \u00abcomo un acto de parte\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 El auto cuestionado. <\/p>\n
En el supuesto que analiza la Sala, no logra advertirse que la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n adoptada en primer grado dentro del juicio cuestionado, en el sentido de desestimar la nulidad deprecada, se traduzca en la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del precursor del amparo, toda vez que fue el resultado de una adecuada y razonada hermen\u00e9utica del contexto procesal y la normativa aplicable. <\/p>\n
Preliminarmente, el magistrado ponente de la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada, resalt\u00f3 lo se\u00f1alado en la sentencia C-443 de 2019 de la Corte Constitucional que analiz\u00f3 la exequibilidad del canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso en el sentido que, de conformidad con el art\u00edculo 136 ejusdem, \u00abla nulidad se entiende saneada cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla, cuando quien pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 expresamente y cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Complement\u00f3 que, dicha sentencia explic\u00f3 que al declararse contraria a la Carta Pol\u00edtica la expresi\u00f3n \u00abde pleno derecho\u00bb contenida en el texto original de la norma demandada, \u00abla nulidad all\u00ed contemplada puede ser saneada en los t\u00e9rminos anteriores. Por ello, si con posterioridad a la expiraci\u00f3n de los t\u00e9rminos para proferir sentencia se practicaron determinadas pruebas con sujeci\u00f3n a las reglas que garantizan el debido proceso, y en particular el derecho de defensa, tales actuaciones deben entenderse saneadas, al igual que si con posterioridad a dicho vencimiento, las partes intervienen en el tr\u00e1mite judicial sin alegar la nulidad de las actuaciones anteriores\u00bb. <\/p>\n
Dada la aclaraci\u00f3n anterior, pas\u00f3 a examinar el desarrollo del pleito desde la interposici\u00f3n del libelo el 22 de enero de 2019, (subsanado el 18 de febrero de ese a\u00f1o), admitido el 7 de marzo de 2019, y notificado al incoado por conducta concluyente el 29 de noviembre de esa anualidad; coligi\u00f3 que el t\u00e9rmino del a\u00f1o venc\u00eda el 18 de febrero de 2020 (porque la notificaci\u00f3n del auto admisorio se produjo por fuera de los 30 d\u00edas siguientes a la presentaci\u00f3n de la demanda), pero precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el 20 de febrero de 2020 se dict\u00f3 providencia en la que se fij\u00f3 el 28 de abril de 2020 a las 11:00 a.m., para realizar la audiencia inicial; estando ya vencido el t\u00e9rmino del a\u00f1o. Sin embargo, debido a la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional no se pudo realizar. Despu\u00e9s, fue reprogramada para el 3 de marzo de 2021 a las 10:00 a.m., [\u2026] sin embargo, [en esa fecha] ingres\u00f3 el expediente al despacho y no se realiz\u00f3. <\/p>\n
(\u2026) El 30 de agosto de 2021 la parte actora solicit\u00f3 celeridad; y el 23 de febrero de 2022 pidi\u00f3 reprogramar \u201cla audiencia suspendida del d\u00eda 1 de marzo de 2021\u201d11. En auto de 28 de febrero de 2022 se fij\u00f3 el 30 de marzo de 2022 a las 10:00 a.m. para realizar la audiencia inicial12. Y el 29 de ese mes, el demandado aport\u00f3 incapacidad m\u00e9dica con la que justific\u00f3 su inasistencia, solicit\u00f3 que se le remitiera copia del expediente e inform\u00f3 que reasum\u00eda su defensa. El se\u00f1or juez abri\u00f3 la audiencia el d\u00eda y la hora que hab\u00eda fijado, resolvi\u00f3 las peticiones del demandado, y no prosigui\u00f3 con el desarrollo de la audiencia por la inasistencia justificada; por tanto, se\u00f1al\u00f3 el 4 de abril de 2022 para continuarla. Y fue ah\u00ed donde el accionado solicit\u00f3 que se declarara la p\u00e9rdida de competencia\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que el demandado, aqu\u00ed accionante, actu\u00f3 en el juicio el 29 de marzo de 2022 al allegar escrito, con el que aport\u00f3 \u00ab(\u2026) certificado de incapacidad m\u00e9dica para justificar su inasistencia a la audiencia inicial programada para el 30 de marzo de 2022, pidi\u00f3 copia del expediente digital y declar\u00f3 que revocaba \u201ccualquier poder que haya otorgado\u201d. Eso amerit\u00f3 pronunciamiento del se\u00f1or juez quien resolvi\u00f3 suspender esa audiencia y reprogramarla para el 4 de abril de 2022\u00bb, fecha esta \u00faltima en la que propuso la nulidad referida, frente a lo cual, concluy\u00f3 el tribunal que, <\/p>\n
\u00abEsa, sin duda, es actuaci\u00f3n del demandado en el proceso, la cual realiz\u00f3 despu\u00e9s de ocurrida la causal de p\u00e9rdida de competencia, sin alegarla. Era su carga invocarla en ese mismo memorial en el cual hizo las manifestaciones que se vienen de rese\u00f1ar. Si pretend\u00eda que el juez perdiera competencia, debi\u00f3 presentar ese requerimiento en el memorial allegado el 29 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se advierte es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el tribunal apreci\u00f3 la discusi\u00f3n suscitada y concluy\u00f3 que, la irregularidad planteada, esto es, el vencimiento del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del estatuto adjetivo, que generar\u00eda la p\u00e9rdida de competencia al juez de conocimiento, qued\u00f3 saneada en la medida en que el promotor del amparo no la aleg\u00f3 oportunamente, es decir, actu\u00f3 en el juicio sin proponerla. <\/p>\n
En todo caso, lo all\u00ed establecido no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan lo rese\u00f1ado, resulta evidente que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se reitera, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
De forma que, el accionante no puede buscar anteponer su propia interpretaci\u00f3n y utilizar este mecanismo excepcional como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la colegiatura aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la determinaci\u00f3n recriminada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, porque lo pretendido por el accionante es hacer prevalecer su criterio al de la magistratura tutelada en el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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