STC12224-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12224-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00411-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n catorce de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 25 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Carlos Rueda Mej\u00eda contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n.\u00b0 2020-00211. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada, al no dar tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia que le result\u00f3 desfavorable dentro del citado asunto. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, que Cecilia Ortiz Barrag\u00e1n y Efra\u00edn Serrano Vargas adelantaron en contra de Juan Carlos Rueda Mej\u00eda, proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, con el fin de obtener que se declare terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes mediante documentos privados del 7 de agosto de 2017, por el incumpliendo en el pago de los c\u00e1nones acordados. <\/p>\n
Una vez notificado el demandado, se opuso a lo pretendido se\u00f1alando que \u00abla mora es por falta de voluntad del arrendador para dar cumplimiento a la pactado contractualmente\u00bb, y formulando los medios exceptivos que denomin\u00f3: \u00abCOMPENSACION DE OBLIGACIONES ENTRE CANONES Y MEJORAS REALIZADAS; DESCONOCIMIENTO DE LO PACTADO EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LAS PARTES; EXISTENCIA DE CAUSALES QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD EN LA MORA DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO\u00bb; empero, mediante prove\u00eddo del 25 de junio de 2021, se resolvi\u00f3 no o\u00edr al demandado ni tener en cuenta la contestaci\u00f3n de la demanda y las defensas propuestas, luego de advertirse que \u00e9ste \u00abno discute, niega ni controvierte la existencia del contrato de arrendamiento de la demanda, sino el valor del canon\u00bb, y tampoco demostr\u00f3 el pago total de los c\u00e1nones adeudados para poder ser escuchado dentro del proceso, decisi\u00f3n que fue atacada sin \u00e9xito por el aqu\u00ed interesado en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pues en auto del 28 de octubre siguiente los recursos fueron denegados. <\/p>\n
Agotado el tr\u00e1mite de rigor, en sentencia del 24 de enero de 2022 se accedi\u00f3 a lo pretendido, dando por terminado el contrato de arrendamiento y ordenando al demandado hacer la entrega del inmueble a los demandantes; no obstante, \u00e9ste apel\u00f3 lo resuelto, mecanismo que fue rechazado en prove\u00eddo del 3 de marzo subsiguiente, y, tambi\u00e9n interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja contra esta \u00faltima decisi\u00f3n, recursos que fueron desestimados el pasado 14 de julio. <\/p>\n
Inconforme con lo dispuesto el all\u00e1 convocado acude al presente mecanismo excepcional, tras considerar que el despacho accionado pas\u00f3 por alto que \u00abs\u00ed cancele (sic) los c\u00e1nones de arrendamiento, solo que, con base al contrato de menor valor, CONTRATO INDEPENDIENTE del que esta (sic) por valor de 6 millones de pesos, que fue tambi\u00e9n presentado en la demanda y del cual nunca se pronunci\u00f3 en todos los autos y la sentencia emitida en el proceso, UNICICANDO (sic) LOS DOS CONTRATOS CONMO (sic) SI FUERAN UNO SOLO\u00bb <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se dejen sin valor ni efecto las decisiones de 3 de mayo y 14 de julio de los corrientes, para en su lugar, \u00abOrdenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso con radicado 68001310300120200021100, conceder el recurso de apelaci\u00f3n ante el superior; o en su defecto la queja para que el superior verifique si la apelaci\u00f3n fue bien negada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular de la sede judicial accionada, luego de relacionar cada una de las actuaciones surtidas dentro del asunto criticado se\u00f1al\u00f3, que \u00abla acci\u00f3n de tutela que nos ocupa es improcedente, pues este Despacho judicial ha actuado de conformidad a las normas sustanciales y procesales que rigen la materia, adem\u00e1s, y como bien se dijo en providencia del 14 de Julio de 2022, al hacer un an\u00e1lisis de los pagos realizados por la parte demandada, se estableci\u00f3 que \u00e9sta se ha limitado a hacer pagos parciales de los c\u00e1nones adeudados, y no a satisfacer la obligaci\u00f3n de forma estricta, y adem\u00e1s que no acredita cumplir con la carga de consignar la totalidad de los c\u00e1nones adeudados para ser o\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s puso de presente, que el accionante \u00abya hab\u00eda presentado acci\u00f3n de tutela en la cual narraba en sus hechos la suscripci\u00f3n de dos contratos de arrendamiento, la disposici\u00f3n de no ser o\u00eddo por el Juzgado, y que se pas\u00f3 por alto la consignaci\u00f3n de una suma determinada, acci\u00f3n Constitucional que fue conocida por el Dr. Carlos Giovanny Ulloa Ulloa, neg\u00e1ndose la misma y confirmada por la Corte Suprema de Justicia, en providencia adiada del 19 de enero de 2022, proferida por el Honorable Magistrado, Dr. \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo\u00bb. <\/p>\n
2. El vinculado Efra\u00edn Serrano Navas indic\u00f3, que el actor se \u00abburla [de] la justicia, mediante la utilizaci\u00f3n de argucias jur\u00eddicas dignas de todo reproche \u00e9tico, usadas con el prop\u00f3sito perverso de dilatar indefinidamente el proceso y continuar ocupando el inmueble sin pagar renta\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo tras observar que se incumple con el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que \u00abtodo cuanto el accionante ventila por esta senda debi\u00f3 ser objeto de su defensa al interior del proceso fustigado, en el cual se tuvo por no contestada la demanda al no haber acreditado el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados (\u2026), m\u00e1xime cuando \u00abesta Corporaci\u00f3n, con ponencia del suscrito Magistrado Ponente, en sentencia de 29 de noviembre de 2020, proferida al interior de la acci\u00f3n de tutela promovida por el aqu\u00ed tambi\u00e9n accionante, radicada al No. 2020- 639-00, concluy\u00f3 que la determinaci\u00f3n del Juzgado accionado de no escuchar al quejoso resultaba razonable, raz\u00f3n por la cual, no puede a estas alturas pretender reabrir una discusi\u00f3n que ya fue zanjada, no s\u00f3lo al interior del proceso ordinario, sino en sede de tutela, teniendo en cuenta que la providencia a la que se alude fue confirmada en su integridad por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor reiterando lo aducido en el escrito inicial, reiterando que \u00aben el proceso de esta acci\u00f3n de tutela, se est\u00e1n (sic) debatiendo la terminaci\u00f3n de dos contratos de arrendamiento, y sobre uno de ellos, si (sic) he venido realizando las consignaciones desde octubre de 2021 hasta la fecha\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga transgredi\u00f3 los derechos fundamentales del convocante, al no conceder el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia proferida dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado seguido en su contra por Cecilia Ortiz Barrag\u00e1n y Efra\u00edn Serrano Navas (n\u00b0 2020-00211). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corte, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales arrimadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de mantenerse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
3.1. Razonabilidad de la providencia acusada. <\/p>\n
Al examinar la providencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga decidi\u00f3 \u00abRECHAZAR el recurso de APELACION interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia proferida el d\u00eda 24 de enero de 2022\u00bb, al interior del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado seguido en contra del tutelante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada por \u00e9ste, en raz\u00f3n a que el referido pronunciamiento se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, resuelta de fondo la controversia mediante fallo del 24 de enero de la presente anualidad que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y, en consecuencia, orden\u00f3 la entrega del inmueble a la parte demandante, el aqu\u00ed interesado lo atac\u00f3 verticalmente, mecanismo que fue denegado por improcedente en raz\u00f3n a lo dispuesto en el num 9\u00b0 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, por cuanto \u00abse trata de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble por mora en el pago de arrendamiento, por tanto su tr\u00e1mite es de \u00fanica instancia frente al cual no procede el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La anterior decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y queja por el gestor, bajo el argumento que como \u00abla causal objeto de esta demanda no es exclusiva de la mora en el contrato de arriendo, sino, adem\u00e1s, se debate tambi\u00e9n lo pertinente a las mejoras que dicen no se autorizaron, lo que da lugar, a que a trav\u00e9s de lo dispuesto en el canon 322 \u00eddem, se conceda el recurso de alzada\u00bb; sin embargo, en prove\u00eddo del 14 de julio siguiente fueron rechazados los citados recursos, tras reiterarse que \u00absi el demandado deja de pagar o consignar los c\u00e1nones de arrendamiento durante el proceso, el juez se abstendr\u00e1 de considerar las peticiones que aqu\u00e9l formule\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 el juzgador que aunque \u00abha sido requerido el demandado en aras que cancele la totalidad de los c\u00e1nones adeudados, los que, seg\u00fan manifestaci\u00f3n de la parte actora ascienden a la suma de $243.866.844.oo\u00bb, seg\u00fan el reporte del Portal del Banco Agrario solamente se advierten constituidos dep\u00f3sitos a \u00f3rdenes de este proceso que ascienden a la suma de \u00ab$42.015.100,oo\u00bb. <\/p>\n
De este modo, precis\u00f3, \u00abes claro que la parte demandada se ha limitado a realizar pagos parciales de los c\u00e1nones adeudados, y no a satisfacer la obligaci\u00f3n legal de forma estricta. Por tanto, como al momento de interponer el recurso que aqu\u00ed nos convoca, y a\u00fan a la fecha de esta providencia, no acredita la parte demandada cumplir con la carga de consignar la totalidad de c\u00e1nones adeudados -y no abonos-, no puede ser o\u00eddo en el proceso, y por lo mismo, no puede atenderse el presente recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de queja\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, las resoluciones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aqu\u00e9l frente a la autoridad accionada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses, y aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por el gestor en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el demandado en el proceso de restituci\u00f3n que origina el reclamo constitucional es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue adversa, esto es, no haber sido concedido el recurso vertical interpuesto contra la sentencia que defini\u00f3 el asunto adelantado en su contra, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario, m\u00e1xime cuando los mismos argumentos tra\u00eddos a esta sede fueron debatidos y zanjados por el juez natural, tal y como corresponde. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas por el estrado judicial acusado en la providencia a trav\u00e9s de la que rechaz\u00f3 por improcedente la alzada presentada contra la sentencia que defini\u00f3 el litigio n.\u00ba 2020-00211, y la que a su vez, desestim\u00f3 por improcedentes los recursos interpuestos contra esa decisi\u00f3n, son razonables teniendo en cuenta que el gestor no puede ser o\u00eddo dentro del asunto ante el no pago total de lo adeudado por los c\u00e1nones de arrendamiento, sin que resulte procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional sobre inexistencia de temeridad <\/p>\n
Para finalizar, cabe precisar que si bien se promovi\u00f3 otra acci\u00f3n anterior que involucr\u00f3 a las mismas partes y se invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los mismos derechos (2021-00639), en esa ocasi\u00f3n la pretensi\u00f3n y el contenido de la petici\u00f3n estaba concretamente encaminada a obtener que se dejara sin valor ni efecto el auto proferido el 25 de junio de 2021, a trav\u00e9s del cual la autoridad accionada dispuso no o\u00edr al demandado, y por ende, no tener por contestada la demanda y las excepciones presentadas, asunto que difiere de lo buscado en esta oportunidad, esto es, que se conceda la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia. <\/p>\n
Al respecto esta Sala dijo sobre el particular en STC de 21 de oct. de 2009, rad. 01841-00, citada en la STC1486-2017 de 9 de feb. de 2017, rad. 2016-02171-01, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la negativa del auxilio implorado puesto que las decisiones atacadas no constituyen arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, la que adem\u00e1s, es improcedente como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC12224-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12224-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00411-01 (Aprobado en sesi\u00f3n catorce de septiembre dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67157","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67157","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67157"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67157\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67157"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67157"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67157"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}