STC12225-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12225-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00276-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, el 10 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Luis Fernando Monroy Uribe contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Sexto Civil Municipal de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Secretar\u00eda de Ambiente y Gesti\u00f3n del Riesgo, la Secretar\u00eda de Infraestructura de Ibagu\u00e9, Cortolima, Marisol Acosta Murillo, Amanda Villamil Ram\u00edrez, y Javier Vargas Galeano, y citadas las partes e intervinientes en el incidente de desacato con radicado 2022-0031-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas, en el tr\u00e1mite incidental referido. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, avoc\u00f3 el conocimiento del amparo, y adelantado el tr\u00e1mite lo neg\u00f3 en sentencia de 19 de julio de 2021, que impugnada la revoc\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 5 de agosto de 2021, para en su lugar, amparar los derechos de los all\u00ed accionantes. <\/p>\n
Expuso, que, en aras de dar cumplimiento a la sentencia de segundo grado, la secretar\u00eda de ambiente y gesti\u00f3n del riesgo emiti\u00f3 oficios mediante los cuales dio respuesta de fondo a las peticiones de los accionantes, sin embargo, el 19 de octubre de 2021 fue sancionado por desacato, orden\u00e1ndole pagar una suma equivalente a tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, decisi\u00f3n que a su vez fue confirmada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 3 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Explic\u00f3 que las autoridades judiciales mencionadas, omitieron valorar las pruebas que reposan en aquel tr\u00e1mite constitucional, mediante las cuales se acredit\u00f3 el cumplimiento de la acci\u00f3n de tutela, y tampoco tuvieron en cuenta que dej\u00f3 de desempe\u00f1ar el cargo como jefe de la Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n del Riesgo y Atenci\u00f3n de Desastres de Ibagu\u00e9, desde el 11 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin valor ni efectos las decisiones proferidas por los Juzgados accionados en el incidente de desacato. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, refiri\u00f3 que, no es cierto que haya vulnerado el debido proceso, del hoy accionante, toda vez que en las decisiones que se adoptaron en la acci\u00f3n de tutela promovida por la se\u00f1ora Marisol Acosta Murillo y otros, contra el Alcalde Municipal de Ibagu\u00e9 y el Secretario de Infraestructura de esa ciudad, el Gerente Cortolima y el Secretario de Ambiente y Gesti\u00f3n del Riesgo, se tuvo en cuenta la sana cr\u00edtica del despacho y conforme lo se\u00f1ala la ley. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, inform\u00f3 que conoci\u00f3 en grado de consulta, la sanci\u00f3n impuesta al aqu\u00ed solicitante, por el incumplimiento a la sentencia de tutela de 5 de agosto de 2021, la que resolvi\u00f3 confirmar al advertir que, de parte de los accionados solamente aparecen expresiones, pero ninguna acci\u00f3n realizada como medidas eficaces y definitivas destinadas a remediar la situaci\u00f3n de peligro en que se encuentran los incidentantes. <\/p>\n
3. El Asesor de la Oficina Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de Ibagu\u00e9, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 el amparo propuesto por el solicitante, al advertir el incumplimiento del requisito de la inmediatez, tras considerar que, <\/p>\n
(\u2026) entre la fecha en que fue proferida la providencia judicial objeto de reproche, y la fecha de interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela – 31 de mayo de 2022- transcurrieron m\u00e1s de los seis meses que han sido aceptados por la jurisprudencia como razonables para acudir al medio de amparo (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Ahora bien, incluso si se adoptara como punto de partida la fecha de la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 al definir el grado jurisdiccional de consulta, esto es, el 3 de noviembre de 2021, entre esa data y el 31 de mayo tambi\u00e9n corri\u00f3 un t\u00e9rmino superior al se\u00f1alado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, el accionante, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite de la tutela objeto del presente amparo, solicit\u00f3 la revocatoria del fallo de primer grado, manifestando, \u00abEl suscrito de la manera m\u00e1s respetuosa cuestiona la mentada decisi\u00f3n ya que en la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n no se tuvo en cuenta todo el acervo probatorio aportado y adicionalmente no se tuvo en cuenta el punto de la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en el sentido de que la direcci\u00f3n de gesti\u00f3n del riesgo y atenci\u00f3n de desastres es una direcci\u00f3n ADSCRITA y por lo tanto DEPENDE de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y GESTI\u00d3N DEL RIESGO, es decir no cuenta con REPRESENTACI\u00d3N LEGAL, dicha REPRESENTACI\u00d3N recae en cabeza del funcionario que funja como SECRETARIO DE DESPACHO, y es por ello que el suscrito, LUIS FERNANDO MONROY URIBE no era ni es la persona a la cual deb\u00eda ir dirigida la sanci\u00f3n\u00bb (May\u00fasculas del texto original) <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, este mecanismo excepcional debe cumplir con el requisito de la inmediatez, so pena de ser declarado improcedente, pues la finalidad de la acci\u00f3n de tutela es brindar una protecci\u00f3n inmediata a los derechos amenazados o vulnerados, como quiera que, \u00abha sido instituida como remedio de aplicaci\u00f3n urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza\u00bb. <\/p>\n
2. De entrada, se anuncia la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, en tanto que, Luis Fernando Monroy Uribe reprocha los autos de 19 de octubre y 3 de noviembre de 2021 proferidos en el incidente de desacato con radicado 2021-00311, mediante los cuales se le impuso sanci\u00f3n, siendo esta confirmada, providencias frente a las que no se satisface el presupuesto de la inmediatez que impera en esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
Lo anterior, habida cuenta que entre la fecha de la \u00faltima de las mencionadas providencias proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 3 de noviembre de 2021 y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela 31 de mayo de 2022, se super\u00f3 el lapso se\u00f1alado de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, sin que el peticionario haya dado a conocer alguna causa para justificar tal extemporaneidad. <\/p>\n
Debe tenerse presente que el presupuesto de la inmediatez, esto es, el plazo dentro del que se debe reclamar la protecci\u00f3n constitucional, esta Corte ha se\u00f1alado que el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la decisi\u00f3n y el reclamo constitucional contra esta, no puede superar los seis meses, con el objeto de que aquella no pierda su raz\u00f3n de ser (Ver CSJ. STC. 14 septiembre 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC4535-2020, STC3457-2021, STC6331-2022, STC6747-2022 y STC9625-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
Ha de se\u00f1alarse que si bien, en algunos casos se ha superado la ausencia de tal requisito, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb, y en este sentido, en STC3949-2021, la Sala determin\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, en el asunto en estudio no aparece ninguna de las hip\u00f3tesis se\u00f1aladas, pues el accionante solo se limit\u00f3 a se\u00f1alar, \u00abel suscrito fungi\u00f3 como Director de la Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n del Riesgo y atenci\u00f3n de desastres hasta el 11 de noviembre de 2021 y si bien estando a\u00fan en el cargo tuve conocimiento del desacato, posteriormente a dicha fecha por no fungir en el cargo de Director, no tuve conocimiento oportuno, al igual que acceso a la informaci\u00f3n de dicha Secretaria y Direcci\u00f3n, para dar una respuesta contundente en el proceso de CONSULTA (Desacato)\u00bb. <\/p>\n
3. No obstante, si a\u00fan en gracia de discusi\u00f3n se flexibilizara el requisito de la oportunidad mencionado, el amparo pretendido igualmente es improcedente, como pasa a explicarse, <\/p>\n
Frente a las providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato, se ha dicho, por regla general, que no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (Ver CSJ. STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterada en CSJ STC, 6 de julio de 2021, rad. 2021-00189-01, STC7207-2022). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales sujetando la factibilidad a una \u00abvulneraci\u00f3n\u00bb clara y manifiesta del \u00abderecho al debido proceso\u00bb de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado de \u00e9ste, y, para ello, estableci\u00f3 los siguientes requisitos, <\/p>\n
i) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-. <\/p>\n
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas (defectos). <\/p>\n
iii) Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio\u00bb (CC, SU034-18, citada entre otras en STC7207-2022, y, STC9959-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Ahora bien, el inconformismo del accionante se circunscribe a que se omiti\u00f3 valorar el acervo probatorio y, adem\u00e1s, no se tuvo en cuenta su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, en tanto que, la direcci\u00f3n de gesti\u00f3n de atenci\u00f3n de desastres es una direcci\u00f3n adscrita y por lo tanto depende de la secretaria de ambiente y gesti\u00f3n del riesgo, raz\u00f3n por la cual, \u00e9l no era la persona a la cual deb\u00eda ir dirigida la sanci\u00f3n, sin embargo, frente a lo anterior, resulta imperioso destacar que, no acredit\u00f3 el actor que ese reproche se encuentre inmerso en alguna de las causales que potencialmente har\u00edan procedente este excepcional mecanismo, en tanto que dichos reparos debi\u00f3 exponerlos en el incidente de desacato y no a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo para revivir oportunidades fenecidas. <\/p>\n
Conforme a lo narrado por el accionante en el escrito inicial, se extracta que su ataque se dirige a cuestionar la determinaci\u00f3n proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 el 3 de noviembre de 2021, que confirm\u00f3 en consulta, la sanci\u00f3n que le fue impuesta como director de la secretar\u00eda de ambiente y gesti\u00f3n del riesgo el 19 de octubre de 2021 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, y para el efecto alega que no se tuvo en cuenta que dej\u00f3 de desempe\u00f1ar el cargo como jefe de la direcci\u00f3n de gesti\u00f3n del riesgo y atenci\u00f3n de desastres de Ibagu\u00e9, desde el 11 de noviembre de 2021, dependencia adscrita a la Secretar\u00eda de Ambiente y de Gesti\u00f3n de Riesgos. <\/p>\n
N\u00f3tese que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, en la sentencia de tutela de 5 de agosto de 2021 al revocar la decisi\u00f3n de primera instancia para tutelar los derechos fundamentales reclamados por los all\u00ed accionantes Marisol Acosta, Amanda Villamil y Javier Vargas, le orden\u00f3 \u00aba la Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n del Riesgo y Atenci\u00f3n de Desastres de Ibagu\u00e9 y a Cortolima: 3.1. Responder sustancial, clara y completamente la petici\u00f3n de los accionantes del 12 de mayo de 2021. 3.2. Realizar nueva visita t\u00e9cnica al inmueble de los accionantes, con la finalidad de solucionar la situaci\u00f3n de vulnerabilidad en la que se encuentran por posible desbordamiento del r\u00edo Combeima\u00bb, y que la sanci\u00f3n confirmada en la consulta se profiri\u00f3 el 3 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Igualmente, no puede perderse de vista que el accionante en la impugnaci\u00f3n de acci\u00f3n de tutela aleg\u00f3 \u00abno se tuvo en cuenta el punto de la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, y para tal efecto se\u00f1al\u00f3, \u00abel suscrito fungi\u00f3 como Director de la Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n del Riesgo y atenci\u00f3n de desastres hasta el 11 de noviembre de 2021 y si bien estando a\u00fan en el cargo tuve conocimiento del desacato, posteriormente a dicha fecha por no fungir en el cargo de Director, no tuve conocimiento oportuno, al igual que acceso a la informaci\u00f3n de dicha Secretaria y Direcci\u00f3n, para dar una respuesta contundente en el proceso de CONSULTA (Desacato)\u00bb. (Negrilla de la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con la expedici\u00f3n de la providencia que defini\u00f3 el incidente de desacato, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, no incurri\u00f3 en causal de procedencia excepcional del amparo, en la medida en se sustent\u00f3 razonadamente en la falta de elementos de juicio que acreditaran el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas a la Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n del Riesgo y Atenci\u00f3n de Desastres de Ibagu\u00e9, concluyendo, entonces, que la vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales reclamadas por los all\u00ed accionantes subsist\u00eda. <\/p>\n
Ante tal panorama y teniendo en cuenta que la providencia atacada es el auto proferido por el nombrado Juzgado en la consulta del incidente de desacato promovido en la acci\u00f3n de tutela 2021-00311, no se observa ninguna de las hip\u00f3tesis previstas en los precedentes citados relativa a las excepciones, que abran paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los tr\u00e1mites incidentales, circunstancia hace improcedente este mecanismo excepcional, y la impugnaci\u00f3n del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
5. Adem\u00e1s, el accionante para menguar los efectos de la determinaci\u00f3n cuestionada, pudo solicitar ante el Juzgado respectivo la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta, manifestando hallarse en un supuesto de cumplimiento, o poniendo en su conocimiento cualquier otra situaci\u00f3n que considerara relevante en pro de obtener una decisi\u00f3n af\u00edn a sus intereses, lo que no hizo. <\/p>\n
6. En consecuencia, sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC12225-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC12225-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00276-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67158","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67158","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67158"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67158\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67158"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67158"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67158"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}