STC12228-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12228-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2022-00029-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 24 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Dora Mar\u00eda Vel\u00e1squez Quintero contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00b0 2021-00037. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 7 de junio del 2022, mediante el cual el fallador convocado (en el juicio de restituci\u00f3n de tierras seguido en su contra) deneg\u00f3 las dos solicitudes por ella elevadas, tendientes a que se admitiera un llamamiento en garant\u00eda y a que se decretaran, de oficio, unos testimonios; decisiones estas con las que, seg\u00fan lo dijo, se pas\u00f3 por alto su condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado, la cual debi\u00f3 ameritar un trato m\u00e1s flexible por parte del juez de la causa. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto la fustigada providencia y, en su lugar, se acceda a sus dos pedimentos. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El juez accionado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, y enfatiz\u00f3 que frente a los dos autos con los cuales se neg\u00f3 por primera vez el pretendido llamamiento en garant\u00eda (del 28 de noviembre de 2021) y se decretaron las pruebas que iban a ser recaudadas durante el litigio (de 19 de abril de 2022), la aqu\u00ed accionante no exterioriz\u00f3 reparo alguno dentro del t\u00e9rmino legal. Agreg\u00f3 que, en virtud de esta acci\u00f3n constitucional, por auto del pasado 22 de agosto accedi\u00f3 al decreto de los testimonios solicitados por la actora. <\/p>\n
2. El Procurador 43 Judicial I para Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja se opuso a la prosperidad del resguardo, dada la razonabilidad de las decisiones objeto de censura. <\/p>\n
3. Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas dijeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, insistiendo en sus alegaciones primigenias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los argumentos ofrecidos en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n a lo resuelto por el juez constitucional de primera instancia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura tal modalidad en lo que ata\u00f1e espec\u00edficamente al pretendido llamamiento en garant\u00eda, dado que, como bien lo recalc\u00f3 el fallador constitucional a quo, la viabilidad de esa modalidad de tercer\u00eda fue denegada por el juez convocado mediante prove\u00eddo de 8 de noviembre de 2021, providencia que cobr\u00f3 ejecutoria sin protesta alguna de la aqu\u00ed querellante. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la actora desaprovech\u00f3 la oportunidad que ten\u00eda a su alcance para cuestionar la legalidad de la decisi\u00f3n que aqu\u00ed censura, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
4. De la carencia actual de objeto. <\/p>\n
Es posible que dentro del tr\u00e1mite constitucional finalice la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, al juez de tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
Aplicadas esas premisas al asunto bajo estudio, se hace evidente la necesidad de confirmar igualmente la desestimaci\u00f3n del amparo en lo que concierne al decreto probatorio reclamado por la accionante, puesto que el juez convocado, una vez fue enterado de la admisi\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional, accedi\u00f3 al recaudo de los testimonios sugerido por la actora, mediante auto de 22 de agosto de 2022; circunstancia esta que, aunque fue expresamente resaltada por el tribunal en el fallo de tutela de primera instancia, no mereci\u00f3 consideraci\u00f3n alguna de parte de la impugnante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la carencia actual de objeto, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser, por sustracci\u00f3n de materia, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a lo anterior, esta Sala ha precisado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de amparo, primero, por la ausencia del presupuesto de subsidiariedad en cuanto ata\u00f1e al llamamiento en garant\u00eda y, segundo, por haberse superado la eventual trasgresi\u00f3n relacionada con el recaudo probatorio pretendido por la querellante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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