STC12232-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12232-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-03087-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Nayid Albeiro Rodr\u00edguez Mart\u00ednez y Sandra Patricia Carre\u00f1o Silva, en representaci\u00f3n de los menores V, S y G.R.C. contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando en la prenotada calidad, reclamaron la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso que les asisten a sus descendientes, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, refirieron los siguientes: <\/p>\n
2.1. Nayid Albeiro Rodr\u00edguez Mart\u00ednez y Sandra Patricia Carre\u00f1o Silva, en representaci\u00f3n de sus hijos V, S y G.R.C., \u00abadquirieron\u00bb el inmueble con FMI n.\u00ba 196-10391 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica, por la compraventa que hicieren a Mar\u00eda del Carmen Mart\u00ednez de Leal (q.e.p.d.), protocolizada mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 2342 de 18 de julio de 2014, en la Notar\u00eda D\u00e9cima del C\u00edrculo de Bucaramanga. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, iniciaron un reivindicatorio contra Germ\u00e1n de Jes\u00fas Remolina Vargas, quien, a su vez, formul\u00f3 reconvenci\u00f3n con fundamento en la nulidad del instrumento respectivo, en tanto que \u00abel poder usado para suscribir la escritura en nombre de la vendedora carece de requisito de legalidad, as\u00ed mismo la firma no corresponde a la [de] quien en vida presuntamente lo habr\u00eda otorgado\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Aguachica (rad. n.\u00ba 2015-00100), quien accedi\u00f3 al petitum principal. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, apelada esa determinaci\u00f3n, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar la revoc\u00f3, para, en su lugar, desestimar la solicitud, toda vez que \u00ablos demandantes no son leg\u00edtimos y regulares titulares del derecho de dominio\u00bb, pues se tratar\u00eda de una \u00abfalsa tradici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. Motivaci\u00f3n que, en su criterio, si bien se fundament\u00f3 en el fallo SC11786-2016, en el que se desarroll\u00f3 lo atinente a la carga probatoria de quien pretende acreditar su derecho de dominio, lo cierto es que \u00abel demandado con la aceptaci\u00f3n de que el inmueble es de propiedad de una tercera persona, la causante Mar\u00eda del Carmen Mart\u00ednez de Leal, por la supuesta falsificaci\u00f3n de las firmas, situaci\u00f3n que no prob\u00f3, quiere decir que \u00e9l no era poseedor al momento de la compraventa\u00bb, aunado a que, de acuerdo con los art\u00edculos 950 y 951 del C\u00f3digo Civil, \u00abse puede reivindicar quien tenga la propiedad plena o nuda o aunque no se pruebe el dominio\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos argumentos, pidieron, en compendio, que \u00abse ordene al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar se proceda a dejar sin efecto la sentencia de fecha agosto 29 de 2022, mediante la cual revoc\u00f3 el fallo emitido por el se\u00f1or Juez Civil del Circuito de Aguachica\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Aguachica indic\u00f3 que \u00ab[ese despacho] fue creado mediante ACUERDO PCSJA20-11652 de 20 de octubre de 2020 y anteriormente funcionaba como Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Aguachica, Cesar\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar relat\u00f3 las actuaciones del proceso, enfatizando en que \u00ablas determinaciones (\u2026) han sido ajustadas a derecho, por lo que respetuosamente manifiesto que no se configura alguna vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte accionante, habida cuenta que las decisiones se emitieron con observancia de las normas y la jurisprudencia que para el caso se establecen\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso del reivindicatorio que iniciaron los aqu\u00ed libelistas (rad. n.\u00ba 2015-00100), por revocar el fallo estimatorio del a quo y, en su lugar, denegar el petitum, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar revoc\u00f3 la sentencia de primer grado, para, en su lugar, desestimar las pretensiones del reivindicatorio que iniciaron los aqu\u00ed convocantes en representaci\u00f3n de sus descendientes, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, de acuerdo con los medios de convicci\u00f3n adosados a esa causa, en especial el folio de matr\u00edcula inmobiliaria y los t\u00edtulos traslaticios, el colegiado estableci\u00f3 que \u00ablos demandantes no ostentan la calidad de propietarios del bien que se pretende recuperar a trav\u00e9s de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb. Para llegar a esa conclusi\u00f3n, desarroll\u00f3 las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [En primer lugar], frente a la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, como medio de defensa propuesto por la parte demandada, basado en que la actora no ten\u00eda investidura procesal para arremeter contra el poseedor en orden a recuperar el inmueble que alud\u00eda en este asunto como de su propiedad, en puridad, para el tribunal, como tambi\u00e9n lo fue para el juez de conocimiento, no fue el sendero m\u00e1s apropiado para resistirse al reclamo, por supuesto, que ese aspecto procesal deven\u00eda de otras circunstancias que ahora, de frente, descubre la Sala al incursionar en el estudio de todas las probanzas arrimadas al plenario, adem\u00e1s de las recaudadas para posarse, sin mieses (sic), como debi\u00f3 hacerlo el a quo, en el certificado de tradici\u00f3n del inmueble aqu\u00ed disputado, para, de entrada, trincar el debate al cumplimiento, in estricto, de los requisitos que requiere (sic) la acci\u00f3n reivindicatoria para salir avante en la contienda, sin que sea admisible citarlos como hizo el juzgado, no, se requiere someter a un cuidadoso estudio, en principio, por lo menos, que de ese instrumento se colige, con vehemencia, que los demandantes no son leg\u00edtimo y regular (sic) titular del derecho de dominio\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la parte demandante, ni por asumo de duda, ostenta o puede ostentar la calidad de propietaria del bien objeto de reivindicaci\u00f3n, siendo ineludible citar lo se\u00f1alado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en un proceso de semejantes caracter\u00edsticas: \u201cJustamente, ejercida la actio reivindicatio por el due\u00f1o de la cosa, sobre \u00e9ste gravita la carga probatoria de su derecho de propiedad con los t\u00edtulos adquisitivos correspondientes debidamente inscritos en el folio de registro inmobiliario (\u2026) y tambi\u00e9n debe acreditar con elementos probatorios suficientes la identidad del bien reivindicado en forma tal que no exista dura respecto de aqu\u00e9l cuyo dominio invoca y de cuya posesi\u00f3n est\u00e1 privado con el pose\u00eddo por el demandado\u201d (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, sentencia SC11786-2016 de 26 de agosto de 2016). <\/p>\n
En ese orden de ideas, es preciso cotejar en el caso en concreto si los demandantes son propietarios del bien, siendo prueba permanente de tal circunstancia el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, en este caso, el 196-10391 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Aguachica, que espec\u00edficamente en su anotaci\u00f3n No. 5 indica una compraventa de mejoras en suelo ajeno con antecedente registral, se\u00f1alando, adem\u00e1s, al comprador como titular de dominio incompleto, derecho derivado del negocio contenido en la escritura p\u00fablica 02342 del 18 de junio de 2014, otorgada en la Notar\u00eda D\u00e9cima de Bucaramanga por valor de $82.418.000, especificando paladinamente \u201cfalsa tradici\u00f3n\u201d, mediante la cual Mar\u00eda de Carmen Mart\u00ednez de Leal le vende a G, a V y a S. R.C. Es decir que tal como se se\u00f1ala en el libelo de postulaci\u00f3n \u201cadquiri\u00f3 unas mejoras construidas sobre la casa de habitaci\u00f3n rese\u00f1ada con amplitud en la demanda\u201d, empero, jam\u00e1s ostent\u00f3 ni despleg\u00f3 derecho alguno de dominio\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, precis\u00f3 que \u00ablos demandantes no exteriorizan la calidad de propietaria (sic) del bien inmueble que pretende reivindicar, toda vez que \u00fanicamente a su favor se trasladaron unas mejoras construidas sobre un predio de propiedad de la vendedora Mar\u00eda del Carmen Mart\u00ednez de Leal y no propiedad o dominio en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 669 del C\u00f3digo Civil, por lo que no se encuentran legitimados para impetrar la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb. <\/p>\n
Por ello, enfatiz\u00f3 en que, \u00abfrente al presunto an\u00e1lisis errado que realiz\u00f3 el juzgado de primer grado, es prudente se\u00f1alar que si bien el art\u00edculo 951 del mismo instrumento acrisola que aqu\u00e9l que no demuestre la propiedad puede adelantar la acci\u00f3n publiciana, lo cierto es que, dentro de la demanda presentada, las pretensiones no se dirigen sobre tal t\u00f3pico, sino que hacen referencia directa al dominio pleno y absoluto sobre el bien, presupuesto que conforme se ha rese\u00f1ado no se encuentra acreditado dentro del caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, reiter\u00f3 que \u00abquienes aqu\u00ed se encuentran, sin lugar a duda, son aparentes titulares del derecho de dominio y no pasan de ser simples poseedores, porque no hay verdadera tradici\u00f3n, sino como se viene se\u00f1alando, una pseudotradici\u00f3n o tradici\u00f3n medio, porque pone al adquirente en calidad de poseedor con la posibilidad de adquirir el dominio por prescripci\u00f3n, pues la tradici\u00f3n as\u00ed realizada no existe, al no provenir del verus domino\u00bb. <\/p>\n
Con todo, la corporaci\u00f3n denunciada finaliz\u00f3 se\u00f1alando que \u00abpara sanear la falsa tradici\u00f3n se instituy\u00f3 la Ley 1561 de 2012, la cual establece un proceso verbal especial cuya competencia, en principio, le asiste al juez civil municipal del lugar donde se encuentren ubicados los bienes, el cual podr\u00e1 iniciar la persona que tenga registrado a su nombre t\u00edtulo con inscripci\u00f3n que conlleve a la falsa tradici\u00f3n como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 2 de la mencionada ley o los poseedores que re\u00fanan las condiciones establecidas en la misma, por supuesto que, entretanto, de persistir esa circunstancia, por tratarse de un derecho irregular, no es apto para reivindicar, al no estar sellado con el portentoso derecho de dominio\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de los censores no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquellos frente a la autoridad accionada, en tanto lo resuelto fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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