STC12233-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12233-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02255-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por N\u00e9stor Leonel Mora M\u00e9ndez contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abrevoque los numerales 2\u00ba y 3\u00ba de la sentencia proferida el d\u00eda dos de noviembre del a\u00f1o dos mil veintiuno\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Diana Carolina Sierra Osses promovi\u00f3 proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho contra N\u00e9stor Leonel Mora M\u00e9ndez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga, el que dict\u00f3 sentencia el 7 de mayo de 2021, en la que declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho desde el 30 de enero de 2014 hasta el 14 de junio de 2020, as\u00ed como la sociedad patrimonial en ese lapso, la que ten\u00eda por disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n por el demandado, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, en fallo de 2 de noviembre de 2021 la modific\u00f3, en el sentido de que la sociedad patrimonial se encontraba disuelta desde el 14 de junio de 2020 y se deb\u00eda proceder a su liquidaci\u00f3n sin tener en cuenta las capitulaciones maritales; y adicion\u00f3 que declaraba ineficaz dicho acuerdo y que el capital pertenec\u00eda en partes iguales a ambos compa\u00f1eros. <\/p>\n
2.3. La referida providencia fue recurrida en casaci\u00f3n, pero en auto de 17 de noviembre de 2021 fue denegado el recurso, frente a lo que se interpuso queja, la que fue desestimada el 9 de junio de 2022 por la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que se incurri\u00f3 en defecto procedimental al adoptar una decisi\u00f3n sobre una materia que no hab\u00eda sido sometida a debate; y que no exist\u00eda litigio sobre las capitulaciones maritales, registradas en la escritura p\u00fablica No. 3396 del 1\u00ba de noviembre de 2016. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que fue el \u00fanico apelante de la sentencia de primer grado, por lo que fue sorprendido con la declaratoria de ineficacia de las mencionadas capitulaciones; que se hizo m\u00e1s gravosa su situaci\u00f3n; que la determinaci\u00f3n adoptada carec\u00eda de fundamento jur\u00eddico; y que la misma demandante confes\u00f3 haber recibido un dinero de la venta de un apartamento, previo a la realizaci\u00f3n de dichas capitulaciones, y haberlas suscrito de forma libre y voluntaria. <\/p>\n
2.6. Adujo que los fallos extra y ultra petita ten\u00edan limites; que la Corporaci\u00f3n criticada no pod\u00eda ir mas alla de las peticiones del apelante \u00fanico; que sin debate probatorio se dej\u00f3 sin efecto el pacto marital que gobernaba la distribuci\u00f3n de bienes; y que no contaba con otro mecanismo de defensa. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que los argumentos del Tribunal convocado desconoc\u00edan el r\u00e9gimen de organizaci\u00f3n patrimonial al que ten\u00edan derecho los c\u00f3nyuges como compa\u00f1eros permanentes, as\u00ed como la capacidad de las partes; y que la Corte Suprema de Justicia recopil\u00f3 los requisitos para la conformaci\u00f3n y validez de las capitulaciones. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que no hubo vulneraci\u00f3n de las obligaciones de cada c\u00f3nyuge, en tanto que los bienes que se capitularon estaban por adquirirse, bajo la modalidad de cr\u00e9dito, por lo que no se defraudaba el patrimonio de su compa\u00f1era; que no existi\u00f3 mala fe, ni fraude a terceros, pues era el responsable de pagar las cuotas de los bienes; y que no entend\u00eda el \u00abdesprop\u00f3sito de la intelecci\u00f3n efectuada por el Tribunal y menos bajo los argumentos que la compa\u00f1era a la culminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n sentimental no hubiere podido ingresar al apartamento o cosas similares\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga indic\u00f3 que en la sentencia criticada se consignaron las razones de hecho y de derecho que sosten\u00edan de manera l\u00f3gica y razonada la conclusi\u00f3n contenida en la parte resolutiva. <\/p>\n
2. Luz Alejandra Boh\u00f3rquez Uribe, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de Diana Carolina Sierra Osses, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala puesto que no aport\u00f3 poder especial que la habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la ineficacia de las capitulaciones m\u00e1s all\u00e1 de fundarse en el hito temporal en que las mismas se materializaron, tuvo como argumento de cierre el ejercicio de violencia en contra su expareja, tesis suficiente para mantener la decisi\u00f3n del Tribunal en tanto luce razonable a la luz de la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m Do Par\u00e1, de cara a las obligaciones del Estado de prevenir, erradicar y sancionar los actos de violencia contra la mujer. <\/p>\n
3. Esta Sala ha precisado que \u00aben aras de hacer realidad la igualdad, principio cardinal de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, corresponde a los jueces identificar si el proceso sometido a su conocimiento debe ser revisado con perspectiva de g\u00e9nero\u00bb (CSJ STC15780-2021, 24 nov. 2021, rad. 2021-03360-00). <\/p>\n
Tal revisi\u00f3n debe ocurrir en cuanto el funcionario judicial identifica que en el asunto tratado se evidencia (i) una situaci\u00f3n de asimetr\u00edas de poder entre los roles de g\u00e9nero identificables, (ii) patrones o actos de violencia, incluso s\u00ed solo ocurre una vez y (iii) que la causa jur\u00eddica que se discute tiene conexi\u00f3n causal con la violencia que sufre o padeci\u00f3 por raz\u00f3n de su g\u00e9nero una de las partes. <\/p>\n
Esto es as\u00ed y debe ocurrir oficiosamente en una sociedad democr\u00e1tica que exige impartidores de justicia comprometidos con el derecho a la igualdad y, por tanto, demanda investigaciones, sanciones, defensas y sentencias apegadas no solo a la Constituci\u00f3n sino a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales aceptados por Colombia que los consagran\u201d1. <\/p>\n
3.1. En espec\u00edfico, la convenci\u00f3n Bel\u00e9m do Par\u00e1 visibiliza tres \u00e1mbitos donde se manifiesta la violencia de g\u00e9nero as\u00ed: (I) en la vida privada, cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad dom\u00e9stica o en cualquier otra relaci\u00f3n interpersonal, aun cuando el agresor ya no viva con la v\u00edctima; (II) en la vida p\u00fablica, cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que esta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y finalmente, (III) la violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. <\/p>\n
Tal instrumento, en su art\u00edculo 7\u00b0, inciso e, se\u00f1ala que los Estados est\u00e1n en el deber de (obligaci\u00f3n de conformidad con la Convenci\u00f3n de Viena sobre cumplimiento de los Tratados): <\/p>\n
\u2026tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar pr\u00e1cticas jur\u00eddicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. <\/p>\n
En este sentido, y bajo el criterio interpretativo de los art\u00edculos 1, 2, 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, las medidas a las que se refieren los instrumentos, de car\u00e1cter administrativo o legislativo, tambi\u00e9n incluyen las de tipo judicial, por lo que es permitido a los jueces adoptar cualquier medida que consideren necesaria y ajustada a derecho para garantizar la erradicaci\u00f3n de la violencia contra la mujer, de cara a la necesidad de sancionar los actos de maltrato evidenciados. <\/p>\n
3.2. Ciertamente, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u201cEn casos de violencia contra la mujer las obligaciones gen\u00e9ricas establecidas en los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano espec\u00edfico, la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m do Par\u00e1. En su art\u00edculo 7.b dicha Convenci\u00f3n obliga de manera espec\u00edfica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigaci\u00f3n la lleven adelante con determinaci\u00f3n y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las v\u00edctimas en las instituciones estatales para su protecci\u00f3n.\u201d2 <\/p>\n
Tambi\u00e9n, el canon 42.6 de la Constituci\u00f3n Nacional, en concordancia con el precepto 7\u00b0 literal g) de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m Do Par\u00e1, obliga a los Estados parte a dise\u00f1ar, establecer, regular y aplicar mecanismos d\u00factiles, \u00e1giles y expeditos, con el fin de asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o, de manera justa y eficaz. <\/p>\n
3.3. En el caso concreto, no luce desacertado que el colegiado fustigado, como medida resarcitoria por la violencia de g\u00e9nero sufrida en el momento de la ruptura de la uni\u00f3n marital de hecho, considerara dejar sin efectos las capitulaciones celebradas al verificar que ellas serv\u00edan de instrumento actual para ejercer tambi\u00e9n violencia econ\u00f3mica sobre su expareja, cohibi\u00e9ndola del haber social construido durante el tiempo de la precitada relaci\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed que el reclamo constitucional carece de trascendencia ius fundamental, por lo de cualquier forma la decisi\u00f3n atacada se mantendr\u00e1. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026surge palpable que con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado. (CSJ STC1684 de 2015, rad. n\u00ba 2015-00201). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 21 feb. 2008, rad. 207-00544-01. Reiterada en fallos de 28 may. 2019, rad. 2019-00131-01; 22 jul. 2020, rad. 2020-00070-01; 11 nov. 2020, rad. 2020-02944-00; y 18 dic. 2020, rad. 2020-03320-00. <\/p>\n