STC12234-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12234-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01565-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 16 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Cecilia y Liliana Mar\u00eda Guar\u00edn Guti\u00e9rrez contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio 2016-00542 (ED 433). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes, actuando por conducto de apoderado, acuden al presente mecanismo constitucional buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 defensa\u2026 [y] recta y debida administraci\u00f3n de justicia\u00bb, que estiman desconocidos por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De la extensa demanda, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n obrantes se puede extractar que en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia curs\u00f3 un proceso de dicha naturaleza (rad. 2016-00542) en el cual se vincul\u00f3, entre otros, el inmueble distinguido con matr\u00edcula 01N-57697 ubicado en la ciudad de Medell\u00edn1, propiedad de las ac\u00e1 gestoras, dado que en ellos se llevaban a cabo actividades relacionadas con la explotaci\u00f3n sexual de menores de edad. <\/p>\n
Mediante sentencia del 27 de mayo de 2020 y luego de agotadas las etapas procesales de rigor, la aludida c\u00e9lula judicial declar\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad de las accionantes respecto de la edificaci\u00f3n indicada precedentemente, ordenando su tradici\u00f3n a favor del Estado. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n las hermanas Guar\u00edn Guti\u00e9rrez formularon recurso de apelaci\u00f3n, resuelto el pasado 3 de febrero por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 a favor del Estado, en el sentido de ratificar la consecuencia patrimonial declarada por el fallador a quo. <\/p>\n
3. Para las accionantes las autoridades judiciales incurrieron en \u00abdefecto procedimental y f\u00e1ctico\u00bb pues ignoraron las consideraciones presentadas tanto en sus alegaciones finales como en el recurso de apelaci\u00f3n las que, sustentadas en el acervo probatorio acopiado, enervaban la pretensi\u00f3n extintiva formulada por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, dado que, en su sentir, se hallaba fehacientemente demostrada la realizaci\u00f3n de actividades tendientes a obtener \u00abla restituci\u00f3n del inmueble [que hab\u00edan entregado en arriendo]\u00bb y la buena fe con la que actuaron. <\/p>\n
En efecto, advierten que, \u00abno obstante haber sido claros con el recurso de apelaci\u00f3n en las razones por las cuales no proced\u00eda la pretensi\u00f3n de extinci\u00f3n\u2026 [la] accionada, sin considerar, observar o valorar los elementos de prueba aportados, e ignorando los mismos, procedi\u00f3 a darle m\u00e1s valor a la opini\u00f3n o la conjetura realizada inicialmente por el juez de conocimiento, y dej\u00e1ndose llevar por las meras especulaciones realizadas por este, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n sin fundamento en prueba alguna e incurriendo en un\u2026 acto arbitrario, al no examinar la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u2026 (sic)\u00bb. <\/p>\n
4. Por las anteriores razones, solicitan ordenar \u00abproferir una nueva sentencia que restablezca los derechos fundamentales lesionados\u2026 as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de los reportes o registros de antecedentes en listas o plataformas sarlaft o similares que afecten el buen nombre de las afectadas (sic)\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la determinaci\u00f3n cuestionada se opuso a la prosperidad del resguardo porque \u00ablas premisas f\u00e1cticas que sustentan el libelo tutelar fueron postuladas y debatidas al interior de su escenario natural\u00bb al tiempo que la actuaci\u00f3n se surti\u00f3 dentro del marco de las disposiciones legales que gobiernan el proceso de extinci\u00f3n de dominio, con observancia de la jurisprudencia constitucional aplicable y las decisiones se sustentaron en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas. <\/p>\n
Por otra parte, resalt\u00f3 que \u00absin el \u00e1nimo de desconocer las particulares circunstancias que motivaron a las actoras a interponer la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb, resultaba evidente que lo pretendido por ellas era convertir esta herramienta de protecci\u00f3n en una tercera instancia, lo que contrar\u00eda su naturaleza. <\/p>\n
2. La secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Antioquia se limit\u00f3 a remitir \u00abcopia de la providencia emitida en primera instancia, as\u00ed como del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por las accionantes\u00bb, advirtiendo, adem\u00e1s, que \u00abse aten\u00eda a lo dispuesto en las sentencias proferidas tanto en primera como en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
3. El Fiscal Diecis\u00e9is adscrito a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que \u00aben desarrollo del proceso extintivo se acredit\u00f3 el aporte de suficientes elementos probatorios que derivaron en la declaraci\u00f3n de procedencia de la acci\u00f3n y declaraci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio sobre el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 01N-57697 Hospedaje Baleta\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda habida consideraci\u00f3n que \u00abla defensa de las afectadas\u2026 procura\u2026 retrotraer la actuaci\u00f3n a la etapa probatoria\u2026 omitiendo el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
4. El Fiscal Cincuenta y Tres, de la misma direcci\u00f3n especializada, pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb en tanto \u00abno tuvo participaci\u00f3n dentro del procedimiento mencionado\u00bb de ah\u00ed que no pueda imput\u00e1rsele vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de las gestoras. <\/p>\n
5. El vicepresidente jur\u00eddico de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., luego de exponer in extenso las atribuciones de esa entidad como administradora del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado -Frisco-, en particular las ejercidas sobre los bienes que fueron vinculados a la actuaci\u00f3n extintiva objeto del presente resguardo, tambi\u00e9n deprec\u00f3 ser apartado del presente tr\u00e1mite habida consideraci\u00f3n que \u00abaparece demostrado que [los] derechos fundamentales [de las accionantes] no han sido vulnerados por parte de la\u2026 S.A.E. S.A.S., ya que\u2026 ha obrado siempre con apego a la ley (sic)\u00bb. <\/p>\n
6. En similares t\u00e9rminos se pronunci\u00f3 el director jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho, aduciendo que, si bien act\u00faa en el proceso de extinci\u00f3n de dominio, \u00abla intervenci\u00f3n que ejerce esta cartera\u2026 no implica facultad decisoria ni injerencia alguna en las decisiones por parte de los funcionarios judiciales competentes\u00bb. <\/p>\n
7. Finalmente, un abogado que dijo actuar en \u00abcalidad de apoderado de la se\u00f1ora Blanca Nidia Cano Echeverry\u00bb2, resalt\u00f3 que la referida ciudadana \u00abera y es en la actualidad due\u00f1a desl (sic) establecimiento de comercio [\u201cHospedaje Baleta\u201d]\u00bb; sin embargo, ninguna manifestaci\u00f3n realiz\u00f3 en torno a los hechos que sirvieron de fundamento al presente resguardo. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Advirti\u00f3, adem\u00e1s, \u00abque las accionantes reproducen en sede constitucional el debate propuesto y las inconformidades ventiladas en el proceso de extinci\u00f3n de dominio, sobre las cuales la autoridad judicial\u2026 tuvo la oportunidad de pronunciarse contrario a lo afirmado por la parte actora que indic\u00f3 la falta de an\u00e1lisis del recurso promovido contra la sentencia emitida por la primera instancia\u00bb de donde coligi\u00f3 que su intenci\u00f3n \u00abno es otra que, so pretexto de la vulneraci\u00f3n de los derechos de orden superior, reabrir un debate ya finiquitado dentro del respectivo diligenciamiento y por la autoridad judicial competente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Las quejosas disintieron de la anterior determinaci\u00f3n reproduciendo lo indicado en el libelo genitor, agregando que la Corporaci\u00f3n a quo no realiz\u00f3 \u00abpronunciamiento alguno sobre [la] violaci\u00f3n\u00bb denunciada, dado que \u00absustent[\u00f3] la decisi\u00f3n con meras referencias o manifestaciones generales sin sustento material alguno y reducida a lo que las mismas accionadas le informan\u00bb, sin detenerse a examinar el defecto en la valoraci\u00f3n probatoria atribuido a las autoridades cognoscentes ni las trasgresiones de orden procedimental que afectaron la actuaci\u00f3n desde su inicio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de las accionantes, dentro del proceso 2016-00542 (ED 433) porque, seg\u00fan dicen, la sentencia proferida en sede de segunda instancia, en la que se confirm\u00f3 la p\u00e9rdida del derecho de propiedad del bien vinculado a dicho tr\u00e1mite, adolece de defectos \u00abprocedimental y f\u00e1ctico\u00bb en tanto que, de un lado, no se dio respuesta a los argumentos vertidos en el recurso de apelaci\u00f3n y, de otro, no se efectu\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas recopiladas las cuales daban cuenta de la realizaci\u00f3n de actividades tendientes a obtener \u00abla restituci\u00f3n del inmueble [que hab\u00edan entregado en arriendo]\u00bb y la buena fe con la que actuaron. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el examen que en esta oportunidad har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida por el juez colegiado el pasado 3 de febrero dado que fue la que dirimi\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada, pues tal como lo ha se\u00f1alado el precedente de esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015) <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Auscultadas las razones en que se fundament\u00f3 el presente amparo y confrontadas con las pruebas recopiladas por la primera instancia, resalta la Sala que ninguna irregularidad se advierte en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, pues en ella, la colegiatura convocada, efectu\u00f3 un an\u00e1lisis integral de los argumentos defensivos presentados por las ac\u00e1 quejosas, afectados en el tr\u00e1mite extintivo, y de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
En efecto, el tribunal, luego de efectuar un recuento de las circunstancias f\u00e1cticas que dieron origen al proceso de extinci\u00f3n de dominio, formul\u00f3 como problema jur\u00eddico \u00abestablecer si la decisi\u00f3n objeto de disidencia fue correctamente fundada en el sentido de satisfacer los presupuestos contemplados en las causales 5\u00aa y 6\u00aa de la Ley 1708 de 2014\u2026 y\u2026 si tales presupuestos le son o no atribuibles a quienes detentan la calidad de propietarios\u2026\u00bb <\/p>\n
As\u00ed, al abordar la resoluci\u00f3n de los motivos de disenso formulados frente a la sentencia de primera instancia, se ocup\u00f3, en primer lugar, de la presunta lesi\u00f3n a la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 Superior alegada por las afectadas, quienes aseguraron que \u00abno fueron vinculadas a la fase inicial del tr\u00e1mite\u00bb, indicando que la actividad procesal de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se enmarc\u00f3 en las disposiciones legales que gobiernan el tema de las notificaciones en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio, pues puso en conocimiento de las afectadas la iniciaci\u00f3n formal de la actuaci\u00f3n, al punto que estas constituyeron apoderado (justamente el mismo que las representa en este amparo) para que, en su nombre, presentara oposici\u00f3n a la resoluci\u00f3n de fijaci\u00f3n provisional de la pretensi\u00f3n, de donde estim\u00f3 que tal \u00abactuaci\u00f3n\u2026\u00bb <\/p>\n
\u00ab(\u2026) descarta la afirmaci\u00f3n del apelante en punto a que sus mandantes no fueron enteradas de la fase de investigaci\u00f3n que se surti\u00f3 en contra de su patrimonio, en tanto no solo qued\u00f3 demostrada la comunicaci\u00f3n remitida, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, sino adem\u00e1s la participaci\u00f3n de las se\u00f1oras Guar\u00edn Guti\u00e9rrez, quienes d\u00edas despu\u00e9s de recibir el oficio que les daba parte del inicio de la acci\u00f3n designaron un abogado que las representara. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se predica la legalidad de la presente actuaci\u00f3n y el respeto por el principio al debido proceso y derecho de defensa, sin que haya lugar a la irregularidad deprecada (\u2026)\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, respecto de los reparos formulados sobre la configuraci\u00f3n de la causal extintiva (art. 16-5\u00ba Ley 1708 de 2014), refiri\u00f3 que no se encontraba en discusi\u00f3n la estructuraci\u00f3n del elemento objetivo, de all\u00ed que el an\u00e1lisis del material probatorio recaudado, se centrar\u00eda en establecer \u00absi el supuesto f\u00e1ctico de la aludida causal es atribuible a las titulares del derecho de propiedad, esto es, se analizar\u00e1 si\u2026 consintieron, permitieron o fueron quienes destinaron su propiedad para la renta de habitaciones a menores de edad que ingresaban en compa\u00f1\u00eda de adultos a sostener relaciones sexuales, a cambio de dinero\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que exist\u00edan \u00abcircunstancias objetivas acreditadas\u00bb que permit\u00edan colegir que las ac\u00e1 gestoras, propietarias del inmueble vinculado al proceso extintivo, \u00abteniendo la posibilidad de ejercer el ius vigilandi\u00bb ninguna actividad desplegaron para evitar u oponerse a que las conductas il\u00edcitas desplegadas \u00abse continuaran perpetuando\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el material probatorio \u00abpermit[\u00eda] verificar la destinaci\u00f3n il\u00edcita que dio lugar a que la jurisdicci\u00f3n penal compulsara copias para que se diera apertura a la acci\u00f3n extintiva\u00bb tanto contra la edificaci\u00f3n tantas veces referida, como respecto del establecimiento de comercio que en ella funcionaba y que aunque las propietarias de aquella eran totalmente ajenas a las conductas punibles que all\u00ed se cometieron, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esa situaci\u00f3n por s\u00ed sola no es baremo suficiente para descartar la procedencia de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, porque, como es sabido, es totalmente aut\u00f3noma e independiente de la penal, lo que descarta argumentos tales como la ausencia de responsabilidad en la actividad criminal (\u2026) <\/p>\n
[L]a acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio no est\u00e1 condicionada, para su ejercicio, a la demostraci\u00f3n de culpabilidad alguna, y puede emprenderse independientemente del proceso punitivo y en esa medida, en ella no caben las garant\u00edas y principios que lo rodean, habida consideraci\u00f3n de que sus supuestos, la asignaci\u00f3n de competencias y los procedimientos son diferentes de \u00e9l y de otras acciones. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, este instrumento constitucional no es, en manera alguna, \u201cuna instituci\u00f3n que haga parte del ejercicio del poder punitivo del estado y por ello no le son trasladables las garant\u00edas constitucionales referidas al delito, al proceso penal y a la pena\u201d, lo cual implica que en el \u00e1mbito de esta acci\u00f3n no pueda hablarse de la presunci\u00f3n de inocencia, el in dubio pro reo ni el principio de favorabilidad (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Estim\u00f3 la corporaci\u00f3n ad quem que las afectadas \u00abtuvieron la posibilidad de ejercer el deber de vigilancia\u00bb pero, aun as\u00ed, \u00abninguna acci\u00f3n efectiva fue desplegada en aras de precaver el uso leg\u00edtimo de los bienes que reclaman\u00bb; en efecto, resalt\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) salta a la vista el desinter\u00e9s de las se\u00f1oras Guar\u00edn Guti\u00e9rrez respecto de la responsabilidad que conlleva ser propietario. Pues no de otra forma podr\u00eda calificarse el hecho que se informe que el arrendatario llevaba 21 a\u00f1os ostentando la tenencia del inmueble al que les imped\u00eda acceder y que su \u00fanica gesti\u00f3n haya sido remitirle una comunicaci\u00f3n, v\u00eda postal, el 16 de marzo de 2007, solicit\u00e1ndole restituir el predio con el objeto de realizar una nueva construcci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, no se dio cuenta de haberse dado inicio a alguna acci\u00f3n civil o policial que tuviera por prop\u00f3sito resguardar su patrimonio. Antes ni despu\u00e9s de haber tenido lugar la diligencia de registro y allanamiento, el 20 de diciembre de 2013. (\u2026)\u00bb <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, cuestion\u00f3 que, pese a que las actoras eran conscientes de la problem\u00e1tica social que rodea el sector donde se encuentra ubicado el predio, \u00abnunca hicieron presencia en el bien\u2026 y tampoco conoc\u00edan la actividad comercial al que era destinado\u00bb, por el contrario, permanecieron pasivas al punto de afirmar \u00abque les daba miedo ir al inmueble[,] aseveraciones de las que se extrae que llevaban m\u00e1s de 20 a\u00f1os rentando un bien que no tienen la posibilidad de administrar y, estando enteradas de situaciones altamente indicadores de un proceder irregular, omitieron ponerlos en conocimiento de las autoridades, dejando en claro que la verificaci\u00f3n e inter\u00e9s se limitaba a los ingresos que el inmueble les generaba\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la entrega de la edificaci\u00f3n a t\u00edtulo de arrendamiento a un tercero y que la responsabilidad penal de las actividades all\u00ed realizadas estuviera radicada en cabeza de este, \u00aben nada las desliga del cuidado y la observancia constante del inmueble, pues no puede perderse de vista que el derecho de propiedad en Colombia\u2026 implica obligaciones correlativas que emanan directamente de la Constituci\u00f3n (art\u00edculo 58 C.P.)\u00bb. <\/p>\n
Por lo que concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed, del an\u00e1lisis conjunto de la evidencia, se colige que las propietarias no ejercieron, adem\u00e1s, actividad alguna de la cual pueda inferirse preocupaci\u00f3n por mostrar su diligencia. Desidia que tuvo por consecuencia el uso contrario al ordenamiento jur\u00eddico suficientemente demostrado a lo largo de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Agotado el anterior an\u00e1lisis, concluye la Sala advirtiendo que no es de recibo la solicitud relacionada con que la extinci\u00f3n del derecho de dominio recaiga \u00fanicamente respecto del \u00e1rea del predio donde funciona el Hospedaje Baleta por corresponder al lugar donde se verific\u00f3 la destinaci\u00f3n il\u00edcita, esto por cu\u00e1ndo (sic) la naturaleza del derecho de propiedad sobre el que recae la acci\u00f3n es indivisible y constituye una unidad, que no puede ser objeto de particiones ajenas a la identidad del predio (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con el anterior recuento, es claro que la decisi\u00f3n objeto de reproche se encuentra debidamente sustentada en tanto que la corporaci\u00f3n demandada indic\u00f3 las razones por las cuales consider\u00f3 que se configuraban las causales 5\u00aa y 6\u00aa del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio para declarar la p\u00e9rdida del derecho de propiedad sobre el bien reclamado por las gestoras, al no haber desplegado una actitud vigilante frente a la destinaci\u00f3n que se le estaba dando por parte de un tercero, pese a ser conocedoras de la grave situaci\u00f3n de orden p\u00fablico que afecta el sector en el que se encuentra ubicada la heredad. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque las demandantes encaminaron la presente queja constitucional a hacer prevalecer su particular intelecci\u00f3n de las normas que gobiernan la extinci\u00f3n del derecho de dominio, de la jurisprudencia aplicable y a\u00fan de las pruebas recaudadas, por encima de la hermen\u00e9utica de la sala convocada; adem\u00e1s, la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la procedencia de la salvaguarda pues, como enf\u00e1ticamente lo ha reiterado esta Sala, m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen del criterio que esta Corporaci\u00f3n pudiera tener frente al razonamiento expresado por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en torno al asunto debatido, mientras el mismo no se observe infundado, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la desestimaci\u00f3n del amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, la decisi\u00f3n cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En el que adem\u00e1s funcionaba el establecimiento comercial denominado \u00abHospedaje Baleta\u00bb <\/p>\n
2\u0002 No aport\u00f3 poder especial conferido por la persona que afirma representar, con el que acreditara la condici\u00f3n aducida y lo autorizara para intervenir en este asunto. <\/p>\n
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STC12234-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC12234-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01565-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67165","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67165","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67165"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67165\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}