STC12235-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12235-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02845-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jos\u00e9 Gregorio Galeano S\u00e1nchez y H\u00e9ctor Garc\u00eda Alarc\u00f3n contra la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y los Juzgados Segundo y Cuarto Civiles del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo, sin hacer petici\u00f3n concreta, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, contradicci\u00f3n e igualdad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Gregorio Galeano S\u00e1nchez promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Monter\u00eda, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, el que en sentencia de 6 de abril de 2021 deneg\u00f3 el resguardo, decisi\u00f3n que impugnada, fue confirmada por la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, Jos\u00e9 Gregorio Galeano S\u00e1nchez promovi\u00f3 otra tutela contra el Juzgado Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Monter\u00eda, la que le fue asignada al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, siendo denegada el 26 de abril de 2022 y confirmada el 3 de junio siguiente por la referida Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indicaron los accionantes que todas las acciones arbitrarias hab\u00edan sido cohonestadas por la omisi\u00f3n de los despachos acusados, los que hab\u00edan incurrido en v\u00edas de hecho o causales genericas; y que desconoc\u00edan la normatividad adjetiva y sustancial. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron que se les indicaba que presentaban tutelas temerarias, pese a que el demandante alleg\u00f3 un contrato de arrendamiendo que no estaba por ellos firmado, sin que all\u00ed se percibiera su mala fe. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que todas sus alegaciones hab\u00edan sido ignoradas por los superiores los que \u00abse taparon un ojo como la diosa temis para impartir una justicia omisiva fundamentada en el derecho adjerivo y no en el sustantivo que es el que viene ordenado por la Constituci\u00f3n\u00bb, lo que adem\u00e1s ocasion\u00f3 la p\u00e9rdida de su abogado y conculc\u00f3 sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Monter\u00eda indic\u00f3 que el 26 de abril de 2022 deneg\u00f3 el amparo impetrado al configurarse el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada; que el Tribunal Superior confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n; que tramit\u00f3 en debida forma el expediente; que la decisi\u00f3n se ajust\u00f3 a los preceptos legales, jurisprudenciales y doctrinarios; que no hubo actuaci\u00f3n fraudulenta y el fallo fue acorde al material probatorio suministrado. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Transitorio de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado adelantado frente a los accionantes y refiri\u00f3 que no hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; que se hab\u00edan interpuesto distintas tutelas; que este mecanismo excepcional no era una instancia adicional; que exist\u00eda una acci\u00f3n temeraria; y que no hab\u00eda actuaci\u00f3n que constituyera una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3. La Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda se\u00f1al\u00f3 que las determinaciones proferidas se hab\u00edan adoptado conforme a derecho y no transgredieron prerrogativa esencial alguna; que no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho; y que el expediente de la petici\u00f3n de resguardo 2022-00071 se encontraba en la Corte Constitucional a efectos de que se surtiera la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda que el objeto del presente reclamo recae sobre las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela que conocieron las autoridades accionadas, pretendiendo que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examinen las mismas. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
Por tal sendero, en lo tocante con irregularidades que impidan dar curso a la impugnaci\u00f3n propuesta contra el fallo de tutela del a-quo constitucional, en asuntos que mutatis mutandis resultan aplicables al presente, tambi\u00e9n se ha sostenido que: <\/p>\n
El gestor cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa para controvertir la decisi\u00f3n que no concedi\u00f3 el recurso contra la sentencia de tutela adoptada en el tr\u00e1mite en comento, como es la posible \u201crevisi\u00f3n\u201d que cumple la Corte Constitucional en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales (numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 241 de la Carta Pol\u00edtica, y art\u00edculos 33 a 35 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
Es por ello que el presente resguardo cae en la causal de improcedencia de que trata el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del prenombrado Decreto: \u201cLa acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u201d. <\/p>\n
Sobre lo anterior, la Corte en un caso con similares contornos se\u00f1al\u00f3: \u201c\u2026advierte la Sala que en el presente asunto no se cumple con el requisito de subsidiaridad, dado que el reclamante cuenta con la opci\u00f3n de exponer las inconsistencias que por esta v\u00eda alega ante la Corte Constitucional, pidiendo la revisi\u00f3n del pronunciamiento que no comparte o las falencias alegadas en la representaci\u00f3n legal que motivaron el que no se tuviera en cuenta la alzada, lo que constituye un medio de defensa id\u00f3neo\u2026 En relaci\u00f3n con este punto se ha pronunciado la Sala en los siguientes t\u00e9rminos \u2018ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u2019 (sentencia de 2 de octubre de 2008, exp. 2008-01619-00, citada el 3 de junio de 2011, exp. 2011-01720-01). De tal forma, se reitera, el interesado est\u00e1 habilitado para exponer en tal sede los hechos que, a su juicio, constituyen una anomal\u00eda procesal, sin que sea dable actuar en forma paralela o pretender, ante este escenario, plantear un debate, cuando la irregularidad se\u00f1alada es a\u00fan susceptible de analizarse en el mismo expediente\u201d (sentencias del 26 de enero y 8 de marzo de 2012, expedientes Nos. 2011-02523-01 y 2013-00431-01) (se destac\u00f3 – CSJ STC, 16 may. 2013, rad. 2013-00032-00). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, no se abordar\u00e1 el estudio del reclamo planteado, en tanto que no se est\u00e1 en presencia de una de las excepciones a la regla general de la improcedencia de la tutela contra tutela, pues los ataques se enfilaron frente a aspectos de fondo sobre los que se soportaron las sentencias constitucionales ahora cuestionadas con una nueva petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, se observa que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la primera tutela cuestionada, sin que el promotor hiciera reparo alguno ante dicha autoridad, disponiendo as\u00ed, el cierre de la salvaguarda, dando lugar a la cosa juzgada constitucional; aunado a que la segunda acci\u00f3n constitucional se encuentra pendiente de que dicha Colegiatura decida si la va a revisar o no, por lo que \u00abes ante dicha Corporaci\u00f3n que\u2026 podr\u00eda acudir e insistir en su selecci\u00f3n, para que de ser el caso, en ese escenario se analicen cada uno de los aspectos en los que funda la presente queja\u00bb (CSJ STC, 6 mar. 2009, rad. 2008-00489-01; reiterada en la STC5674, 8 may. 2014, rad. 2014-00062-01). <\/p>\n
Destac\u00e1ndose que: <\/p>\n
\u2026[Si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental (CSJ STC, 19 jul. 2011, rad. 2011-01439-00, reiterada en STC2884-2015, 13 mar. 2015, rad. 2015-00092-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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