STC12236-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12236-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01698-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 22 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Augusto Obando Vargas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2019-00056. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y \u00abmotivaci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada, al no contestar las solicitudes presentadas al interior del citado litigio. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, que dentro del proceso penal n\u00b0 2010-00358 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en fallo del 24 de junio de 2015, revoc\u00f3 la sentencia absolutoria y en su lugar, conden\u00f3 al aqu\u00ed interesado a 56 meses de prisi\u00f3n como coautor de hurto agravado en concurso con estafa agravada, sustituyendo la pena privativa de la libertad por prisi\u00f3n domiciliaria, previa constituci\u00f3n de cauci\u00f3n y suscripci\u00f3n de diligencia de compromiso, y, conden\u00e1ndolo al pago de perjuicios. <\/p>\n
Como el fallo de segunda instancia conden\u00f3 a los acusados a pagar a favor de la v\u00edctima la suma de \u00ab$1.420\u00b4400.840,88 a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente\u00bb, ante el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma localidad se adelant\u00f3 el respectivo ejecutivo n\u00b0 2019-00056, donde una vez acreditado el embargo y secuestro del inmueble materia de garant\u00eda, las diligencias fueron remitidas al Juez Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de sentencias de esa urbe, quien mediante prove\u00eddo del pasado 30 de agosto fij\u00f3 fecha para la diligencia de remate el 7 de octubre de los corrientes. <\/p>\n
Inconforme con lo dispuesto, el actor acude al presente mecanismo excepcional, alegando que el citado despacho judicial \u00abno responde mis Derechos de Petici\u00f3n, sin respeto a mi dignidad humana sin respeto a lo establecido en el Art\u00edculo 23 de la Norma Superior y mediante reiteradas decisiones con ausencia absoluta de motivaci\u00f3n simplemente se ha dedicado a anotar en las actuaciones de (sic) proceso NO TRAMITA PETICI\u00d3N\u00bb, pese a que, dice, aunque es \u00absujeto procesal y propietario del bien inmueble embargado, el despacho me ha negado el derecho a ser notificado\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pretende que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias accionado dar respuesta de fondo a las peticiones presentadas dentro del tr\u00e1mite coercitivo actualmente en curso. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, tras hacer una relaci\u00f3n de las actuaciones desplegadas en el marco del preanotado proceso penal, se\u00f1al\u00f3 que los hechos narrados en el escrito de tutela \u00abno tienen injerencia con lo actuado por este Juzgado, y por lo dem\u00e1s, no obra petici\u00f3n alguna pendiente de resolver\u00bb. <\/p>\n
2. Los vinculados In\u00e9s Alvarado Herrera; Luz Stella, Fanny y Nubia Alvarado Orozco, se\u00f1alaron en lo que aqu\u00ed interesa, que \u00ablas decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 D.C., respecto de las peticiones elevadas por el accionante no son violatorias de valores o derechos fundamentales y, por lo tanto, no configuran una v\u00eda de hecho como la invocada\u00bb. <\/p>\n
3. El titular del despacho judicial convocado solicit\u00f3 denegar la salvaguarda, por cuanto \u00ablas solicitudes elevadas [por el gestor] fueron resueltas por este estrado judicial en data anterior a la presentaci\u00f3n de la s\u00faplica constitucional haciendo improcedente el amparo incoado, sin que con la misma se configure la trasgresi\u00f3n o desconocimiento de los derechos fundamentales del actor, dado que no es posible tramitar la petici\u00f3n en causa propia dado que la cuant\u00eda del proceso exige derecho de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. El Juez D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta capital se limit\u00f3 a referir, que conoci\u00f3 del proceso ejecutivo adelantado contra el querellante con radicado n\u00b0 2019-00056. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Desestim\u00f3 el amparo, tras advertir que \u00abla decisi\u00f3n de no tramitar las solicitudes efectuadas por el promotor como derecho de petici\u00f3n se encuentran ajustadas a derecho, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el proceso ejecutivo objeto de la queja constitucional se trata de un proceso de mayor cuant\u00eda, por lo cual el accionante, al no ser abogado titulado, carece de derecho de postulaci\u00f3n para actuar en causa propia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el censor insistiendo en sus argumentos iniciales, y reiterando que al interior de la ejecuci\u00f3n criticada \u00abno he tenido acceso a nada, es decir, nunca fui notificado de este proceso en contra de mi patrimonio econ\u00f3mico, no he sido notificado de ninguna actuaci\u00f3n dentro del proceso, no se (sic) si tengo o no abogado defensor de oficio\u00bb. Adem\u00e1s precis\u00f3, que la autoridad convocada \u00abpese a mis reiteradas peticiones y actuaciones judiciales, ignora el sometimiento a la ley y el cumplimiento de mandatos constitucionales, por no dar aplicaci\u00f3n al fen\u00f3meno de prejudicialidad penal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad querellada vulner\u00f3 las garant\u00edas esenciales invocadas por el actor, al no resolver los derechos de petici\u00f3n elevados dentro del proceso coercitivo seguido en su contra y de otros, por Francisco Alonso Alvarado Herrera (n\u00b0 2019-00056). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07) (resalte intencional). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, esta Sala precisa que el auxilio se torna improcedente comoquiera que, de las circunstancias expuestas por el memorialista, no se puede colegir la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales de tal forma que se habilitara la interposici\u00f3n del resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que aunque la queja constitucional se circunscribe a la falta de pronunciamiento del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 frente a los derechos de petici\u00f3n presentados por el gestor al interior del ejecutivo promovido en su contra por la condena en perjuicios que le fue impuesta dentro del proceso penal, al examinar el asunto sometido a escrutinio de la Sala, se advierte que contrario a lo sostenido por el convocante, la autoridad accionada contest\u00f3 cada uno de los requerimientos, el \u00faltimo de ellos antes de la presentaci\u00f3n de la salvaguarda, a saber: <\/p>\n
4.1.1. El 19 de enero de 2022, el actor radic\u00f3 \u00abSOLICITUD DE APLICACI\u00d3N DEL DEBIDO PROCESO Y NULIDAD PROCESAL\u00bb; en auto del 28 de febrero siguiente se resolvi\u00f3 \u00abno dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n incoada por Augusto Obando Vargas, por cuanto esta actuaci\u00f3n se trata de un proceso ejecutivo de mayor cuant\u00eda y las partes deben actuar por conducto de apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
4.1.2. El 10 de marzo siguiente el interesado, en ejercicio del derecho de petici\u00f3n, formul\u00f3 \u00abRECURSO DE APELACI\u00d3N\u00bb contra la citada determinaci\u00f3n; empero, en prove\u00eddo del d\u00eda 23 de ese mismo mes y a\u00f1o se le reiter\u00f3 al memorialista que \u00abpor tratarse esta actuaci\u00f3n de un proceso ejecutivo de mayor cuant\u00eda, las partes deben actuar por conducto de apoderado judicial, raz\u00f3n por la cual al carecer de legitimaci\u00f3n procesal, no se dar\u00e1 tr\u00e1mite a dicha censura\u00bb. <\/p>\n
4.1.3. En escrito calendado 18 de julio de 2022, el tutelante solicit\u00f3 al despacho criticado \u00abtener en cuenta los escritos de Derecho de Petici\u00f3n dirigidos a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (\u2026) con el fin de que una vez revisadas y estudiadas las peticiones en cuesti\u00f3n, conforme a un debido proceso este Despacho revoque tal decisi\u00f3n de remate del bien inmueble, apartamento de mi propiedad y declare la nulidad procesal de las actuaciones que motivaron el sustento de la decisi\u00f3n en cuesti\u00f3n\u00bb; en prove\u00eddo del pasado 1\u00b0 de agosto se decidi\u00f3 \u00abNo tramitar el derecho de petici\u00f3n incoado por cuanto es improcedente para tr\u00e1mites jurisdiccionales e impulso procesal\u00bb, adem\u00e1s de reiterar al interesado que \u00abpuede por conducto de apoderado ventilar las solicitudes que estime pertinentes a este despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
En este orden, la controversia que plante\u00f3 el actor resulta infundada, pues ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el querellado ha amenazado y menos quebrantado sus intereses superiores, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional, si en cuenta se tiene que antes de la presentaci\u00f3n del amparo (8 de agosto de 2022), se encontraban resueltas todas las solicitudes radicadas ante la autoridad convocada. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data se ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora al accionado, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que, \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC10065-2022, 4 ag. 2022, rad. 2022-00156-01, entre otras). <\/p>\n
4.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
As\u00ed mismo, analizados los argumentos de la demanda y la informaci\u00f3n adosada al expediente, la Sala advierte que no se cumple el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en raz\u00f3n a la existencia de otros medios de defensa judicial para satisfacer la pretensi\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el actor se duele de la invalidez de lo actuado y de la grave afectaci\u00f3n que estima se produjo por el decreto de la medida cautelar sobre un inmueble de su propiedad, no ha acudido como corresponde a la ejecuci\u00f3n seguida en su contra para poner de manifiesto sus inconformidades, pese a que a trav\u00e9s de los distintos pronunciamientos efectuados por el operador judicial criticado, y que \u00e9ste estima como carentes de motivaci\u00f3n, se le ha puesto de presente que debe acudir por intermedio de apoderado judicial, habida cuenta que se trata de un proceso de mayor cuant\u00eda que exige derecho de postulaci\u00f3n. <\/p>\n
En las condiciones descritas, y a sabiendas de que no puede actuar en causa propia dentro del coercitivo, deber\u00e1 el querellante otorgar poder a un profesional del derecho para que represente sus intereses en ese asunto, y as\u00ed solicitar la invalidez que en esta acci\u00f3n reclama, toda vez que no puede acudirse con \u00e9xito a este remedio extraordinario en virtud al car\u00e1cter subsidiario y residual que lo caracteriza, porque mientras haya posibilidad al interior del proceso de discutir y resolver los aspectos tra\u00eddos por esta v\u00eda, el juez de tutela no puede incursionar para reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, ya que este excepcional auxilio no constituye una instancia adicional o alternativa de la actividad a cargo del funcionario llamado a resolver el juicio, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC5006-2021, 6 may. 2021, rad. 00029-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo dado que no se acredit\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del gestor, y \u00e9ste puede comparecer en debida formal al proceso para alegar las irregularidades aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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