STC12240-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12240-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00243-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 24 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nilton Donavis Ruge Nieto contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada, dentro del asunto constitucional n\u00b0 2022-00550. <\/p>\n
2. Del escrito introductor se desprende, que la inconformidad radica en que el juzgado tutelado, desatendiendo los t\u00e9rminos perentorios que exige la Ley 472 de 1998, no ha admitido la acci\u00f3n popular que present\u00f3 contra el Banco Davivienda S.A., por lo que se encuentra \u00abestancada como ha ocurrido anteriormente con mis acciones populares\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3 ordenar al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira \u00abCUMPLIR LOS T\u00c9RMINOS PERENTORIOS\u00bb previstos en la ley, y que \u00abconsigne cuantas (sic) acciones de tutela en acciones populares se han presentado contra la tutelada desde el a\u00f1o 2015, a fin e (sic) PROBAR QUE SOLO CON TUTELAS SE LOGRA que medio se de (sic) celeridad a las acciones populares\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El asesor jur\u00eddico y de talento humano de la Personer\u00eda Municipal de Pereira manifest\u00f3, que aunque esa entidad tiene dentro de sus funciones \u00abdefender y velar por los intereses de los ciudadanos, interponiendo las acciones judiciales a las que haya lugar\u00bb, el accionante no ha solicitado ser representado dentro de la acci\u00f3n aqu\u00ed revisada. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este asunto. <\/p>\n
3. La titular del despacho judicial criticado solicit\u00f3 denegar el amparo por encontrarse superado el hecho que lo motiv\u00f3, pues por auto del 17 de agosto de la presente anualidad se admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular mencionada en el escrito tutelar. Adem\u00e1s, puso de presente que \u00abha obrado siempre en procura de imprimir celeridad y eficacia en cada una de sus actuaciones, respetando los mandatos delegados por la Constituci\u00f3n y la ley\u00bb, siendo cosa distinta el \u00abamplio n\u00famero de Acciones Populares asignadas para su conocimiento. Muestra de lo antes enunciado, es que entre el a\u00f1o 2019 y 2021 fueron adjudicadas, por la Oficina Judicial de Reparto, setenta y cuatro (74) de ellas, cifra que para la anualidad en curso asciende a m\u00e1s de 341 \u00fanicamente en lo corrido de este a\u00f1o, eso anudado a las eventuales vicisitudes que conlleva cada acci\u00f3n en su desarrollo, as\u00ed como las coyunturas (internas y externas) de distinta \u00edndole que pueden surgir y que afectan la labor del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda deprecada, tras advertir que \u00abla jueza supo justificar la tardanza, que fue causada, principalmente, por el excesivo n\u00famero de acciones populares recibidas durante este a\u00f1o, lo que, adem\u00e1s, es un hecho notorio en este distrito judicial, y tambi\u00e9n lo es la alta congesti\u00f3n de los juzgados civiles del circuito as\u00ed como el elevado n\u00famero de peticiones que se presentan en las acciones populares y que retrasan su tr\u00e1mite\u00bb, m\u00e1s aun cuando \u00abcualquier orden ser\u00eda inocua si se tiene en cuenta que ya sucedi\u00f3 el impulso procesal que se echa de menos en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El censor recurri\u00f3 la precitada providencia sin esgrimir argumentos adicionales a los expuestos en el escrito introductor, se\u00f1alando que la sede judicial convocada debe demostrar \u00abQUE SE CUENTA ACTUALMENTE CON EL NUMERO DE ACCIONES POPULARES QUE SIMPLEMENTE SE CONSIGNA EN EL PAPEL\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental al debido proceso invocada por el querellante, al no haber calificado la acci\u00f3n popular que present\u00f3 electr\u00f3nicamente el 28 de julio de 2022 contra el Banco Davivienda S.A. (n\u00b0 2022-00550). <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC7680-2022, 16 jun. 2022, rad. 00142-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del reclamo constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala mantendr\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, toda vez que se configura una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Esto, porque sin perjuicio que sea deber del despacho accionado cumplir con los t\u00e9rminos previstos dentro de un proceso judicial, lo cierto es que la presunta situaci\u00f3n de mora judicial endilgada en relaci\u00f3n con la falta de calificaci\u00f3n de la demanda presentada por el inconforme, fue corregida por el juzgado durante el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, tal y como lo inform\u00f3 y demostr\u00f3 la autoridad encartada, por auto de fecha 17 de agosto de 2022, el cual fue notificado a trav\u00e9s de estado electr\u00f3nico No. 062 publicado el d\u00eda 18 del mes y a\u00f1o en curso, se resolvi\u00f3 \u00abADMITIR la Acci\u00f3n Popular promovida por NILTON RUGE en nombre propio, contra BANCO DAVIVIENDA S.A. (\u2026) d\u00e9sele el tr\u00e1mite consagrado en la Ley 472 de 1998\u00bb, de manera que la eventual irregularidad que se hubiera podido atribuir sobre ese particular ya se encuentra superada, resultando inocua cualquier manifestaci\u00f3n que pudiere hacerse frente a la situaci\u00f3n descrita en el libelo introductor. <\/p>\n
Lo anterior significa que el estrado encartado otorg\u00f3 al asunto el impulso requerido, el cual, se itera, tuvo lugar una vez notificada la admisi\u00f3n de esta acci\u00f3n -acaecida el 12 de agosto de 2022-, lo que conlleva una carencia actual de objeto por hecho superado al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre la referida figura jur\u00eddica, la jurisprudencia ha sostenido que da lugar a que el ruego tuitivo pierda su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia y se torne inane cualquier pronunciamiento tendiente a corregir el desafuero que motiv\u00f3 su invocaci\u00f3n, y que la misma, \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada entre otras en STC8895-2022, 13 jul. 2022, rad. 00534-01). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional <\/p>\n
En lo que respecta a la pretensi\u00f3n dirigida a que se ordene a la juez convocada \u00abconsign[ar] cuantas (sic) acciones de tutela en acciones populares se han presentado contra la tutelada desde el a\u00f1o 2015, a fin e (sic) PROBAR QUE SOLO CON TUTELAS SE LOGRA que medio se de (sic) celeridad a las acciones populares\u00bb, se advierte, de un lado, que el requerimiento luce desenfocado, comoquiera que esta acci\u00f3n constitucional se ci\u00f1\u00f3 a la verificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en el rad. n.\u00ba 2022-00550, por lo que lo pedido escapa del alcance de este mecanismo; de igual forma, el libelista podr\u00e1 acudir ante la autoridad cognoscente para solicitar en debida forma la informaci\u00f3n que por esta v\u00eda reclama, dado que, en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual, no es el amparo el instrumento para el efecto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en las apreciaciones precedentes, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado, toda vez que la circunstancia descrita como vulneradora del derecho fundamental invocado, se super\u00f3 durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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