STC12243-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12243-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2022-00596-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 24 de agosto de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Verl\u00edn de Armas contra el Juzgado Noveno de Familia de esa ciudad, Harding Elvis Chow R\u00edos, Legaly Tierras & Consultores S.A.S., Sociedad de Activos Especiales S.A.S., Mar\u00eda Virginia Torres de Cristancho y la Direcci\u00f3n General de Estupefacientes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso, propiedad privada y \u00abno discriminaci\u00f3n a la mujer\u00bb, presuntamente vulneradas por los convocados. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, y con soporte en las documentales aportadas, se tienen los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el 2017, Verl\u00edn de Armas inici\u00f3 el tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal contra Harding Elvis Chow R\u00edos, a continuaci\u00f3n del divorcio del matrimonio civil decretado en 2005, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla (rad. n.\u00ba 2005-00483). <\/p>\n
2.2. En ese asunto, pese a formular objeci\u00f3n, se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n realizado por Jos\u00e9 Germ\u00e1n Ahumada Ahumada, en el que se estableci\u00f3 como total de activos la suma de $292.514.000, conformados por un predio en Barranquilla con FMI n.\u00ba 040-96375 ($234.819.000), y dos en San Andr\u00e9s, con FMI n.\u00ba 450-18685 y 450-19148 ($37.846.000 y $19.849.000), respectivamente, \u00faltimos los cuales, de forma \u00aberr\u00f3nea\u00bb, fueron adjudicados a su contraparte, siendo bienes sociales. <\/p>\n
2.3. Por ello se\u00f1al\u00f3 que, ese proceder, constituye un yerro evidente, en la medida en que \u00abdejarle los dos bienes inmuebles en San Andr\u00e9s Islas al se\u00f1or Chow R\u00edos (\u2026) se discrimina a la suscrita como mujer, al no estar los t\u00edtulos de certificado de tradici\u00f3n a su nombre\u00bb. <\/p>\n
2.4. Aunado a lo anterior, expuso que existe otro predio en San Andr\u00e9s con FMI n.\u00ba 040-331789, sobre el que reposan medidas cautelares \u00abdispuestas\u00bb por la Sociedad de Activos Especiales, cuyo depositario provisional es Legal & Tierras Consultores S.A.S., el cual tambi\u00e9n pertenece a la enunciada liquidaci\u00f3n, pues, en principio, se le otorg\u00f3 el \u00ab56.11% en la primera partida (sic)\u00bb, pero estos aspectos no se habr\u00edan tenido en cuenta, lo que, en su criterio, vulner\u00f3 sus prerrogativas. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abse revoque lo actuado en la decisi\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal (\u2026) de fecha 6 de junio de 2022\u00bb; (ii) \u00abse decrete la nulidad de la partici\u00f3n realizada por el se\u00f1or Jos\u00e9 Germ\u00e1n Ahumada Ahumada por tener vicio jur\u00eddico y errores evidentes judiciales\u00bb; (iii) \u00abse ordene dar aplicaci\u00f3n a lo resuelto (\u2026) en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 20 de marzo de 20191, donde ordena desestimar las objeciones presentadas por la parte demandada respecto a los inventarios y aval\u00faos de los inmuebles\u00bb; y (iv) \u00abse ordene a la SAE y la entidad antinarc\u00f3tica de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se levante la medida cautelar de embargo y consecuente suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb. <\/p>\n
1. La c\u00e9lula judicial encartada relat\u00f3 las actuaciones del proceso y aclar\u00f3 que \u00abcumplidos los tr\u00e1mites de ley, mediante sentencia del 6 de junio de 2022, se [declararon] no probadas las objeciones presentadas por el apoderado de la demandada contra el trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes realizado por el Partidor nombrado Doctor Jos\u00e9 Germ\u00e1n Ahumada Ahumada, al tiempo que se aprob\u00f3 dicho trabajo. El 10 de junio 2022 y en consideraci\u00f3n a la solicitud de aclaraci\u00f3n solicitada por la apoderada del demandado, en esa fecha se emiti\u00f3 resolviendo aclarar que las objeciones al trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n elaborado al interior del proceso liquidatorio bajo estudio, fueron presentadas por el apoderado de la parte demandante, y no por la apoderada de la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
2. La sociedad Legal & Tierras Consultores S.A.S. adujo que \u00abla Resoluci\u00f3n mediante la cual la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. design\u00f3 a mi representada, entre otros, el inmueble 040-331789 para que realice las gestiones de depositario provisional del bien no es la Resoluci\u00f3n 052 del 29 de diciembre de 2014 sino la 1191 del 18 de septiembre de 2020. De igual manera no es cierto que la finalidad del dep\u00f3sito provisional sea \u201cejerza la restituci\u00f3n o entrega voluntaria del inmueble perteneciente a la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u201d como lo aduce la accionante, las funciones del depositario est\u00e1n consignadas en el art\u00edculo 99 de la Ley 1708 de 2014. As\u00ed mismo, la devoluci\u00f3n o entrega del inmueble no es decisi\u00f3n de Legal & Tierras Consultores S.A.S. puesto que esa instrucci\u00f3n es ordenada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. en el ejercicio de su administraci\u00f3n de los bienes del FRISCO y de conformidad con la situaci\u00f3n jur\u00eddica del proceso de extinci\u00f3n de dominio\u00bb. <\/p>\n
3. Harding Elvis Chow R\u00edos, contraparte de la gestora en el proceso de la referencia, sostuvo que \u00abel apoderado judicial de la accionante arrim\u00f3 al Despacho accionado escrito mediante el cual objetaba la partici\u00f3n, en el que, en resumen, manifest\u00f3 que los pasivos no se encontraban relacionados en dinero f\u00edsico o efectivo, por lo que no resultaba correcto deducirlo de uno del inmueble ubicado en Barranquilla, puesto que se trata de un objeto que no es f\u00e1cil de dividir y que no encontr\u00f3 raz\u00f3n por la cual se adjudicaba de esa manera cuando lo m\u00e1s f\u00e1cil era asignar a cada ex c\u00f3nyuge el cincuenta por ciento (50%) de cada uno de los bienes y de la misma manera el pasivo. Procedi\u00f3 el Despacho accionado a declarar no probadas las objeciones presentadas al trabajo de partici\u00f3n y en consecuencia aprobar el mismo, mediante auto de fecha seis (6) de Junio de dos mil veintid\u00f3s (2.022), el cual qued\u00f3 en firme, toda vez que el apoderado judicial de la accionante, no propuso recurso alguno contra esta providencia, la cual es un auto que pone fin al proceso, de acuerdo a lo normado en el numeral 7 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Por ello, reliev\u00f3 que \u00abla accionante dispon\u00eda de los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, en contra del auto de fecha seis (6) de Junio de dos mil veintid\u00f3s (2.022), raz\u00f3n por la cual, mediante la presente acci\u00f3n, lo que pretende es revivir un proceso ya terminado y abrir una segunda instancia judicial\u00bb. <\/p>\n
4. La Sociedad de Activos Especiales \u2013 SAE indic\u00f3 que el inmueble con FMI n.\u00ba 040-331789 fue recibido en 2005, en cumplimiento de la orden proveniente de la fiscal\u00eda, y mediante sentencia dictada por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1, el 16 de septiembre de 2011, se orden\u00f3 extinguir el derecho de propiedad del citado bien, por lo que se realiz\u00f3 la tradici\u00f3n a favor del Estado a trav\u00e9s del FRISCO; decisi\u00f3n confirmada por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de esa ciudad, el 28 de marzo de 2014. <\/p>\n
Con todo, recalc\u00f3 que \u00abSAE limita sus competencias a la administraci\u00f3n de los bienes que han sido entregados bajo su tutela, y no tiene injerencia en las decisiones judiciales que se adopten en el marco de los procesos de extinci\u00f3n de dominio. Por otra parte; las medidas cautelares fueron levantadas al momento de proferir el fallo que decreta la extinci\u00f3n, esto es informaci\u00f3n p\u00fablica que puede ser constatada en la anotaci\u00f3n No. 7 del Certificado de Tradici\u00f3n y Libertad.\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el resguardo, porque, \u00abluego de revisar las piezas procesales que conforman el expediente 08001311000920050048300 salta a la vista que la accionante dej\u00f3 de emplear el recurso que procesalmente le hubiese permitido discutir la presunta inequidad del trabajo de partici\u00f3n, esto es, el recurso de apelaci\u00f3n, pues habiendo en su oportunidad objetado el trabajo de partici\u00f3n, le era dable discutir la decisi\u00f3n del 06 de junio de 2022 a trav\u00e9s de aquel medio de control\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, coligi\u00f3 que \u00aben lo que se refiere a la inconformidad planteada respecto a la no inclusi\u00f3n del bien inmueble identificado con FMI No. 040- 331789 al haber social y su posterior partici\u00f3n dentro del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n debe anotarse que, adem\u00e1s de no ser este el escenario procesal dise\u00f1ado para plantear tal pretensi\u00f3n se advierte que el referido inmueble no es objeto de medidas cautelares por la SAE tal como lo plante\u00f3 la accionante. Peor a\u00fan, su dominio ahora pertenece al Estado por intermedio del FRISCO, pues se trata de un inmueble que fue objeto de extinci\u00f3n de dominio a trav\u00e9s de sentencia dictada por el Juzgado 12 Penal del Circuito de Extinci\u00f3n de Dominio de la ciudad de Bogot\u00e1 el pasado 16 de septiembre de 2011\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora recurri\u00f3 la precitada providencia, agregando que, \u00abdicha partici\u00f3n de bienes conyugales aun en la lesi\u00f3n enorme (sic) es que los bienes objeto de partici\u00f3n con mayor valor fueron incautados por el departamento antinarc\u00f3tico quedando la suscrita sin bienes y este es el error evidente judicial ya que debieron ser 50% y 50%, por lo que la suscrita fue discriminada y dejada sin vienes (sic) entre la sociedad conyugal Chow- Armas (\u2026), [aun cuando] Chow fue el \u00fanico responsable de malversar dichos bienes conyugales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que inici\u00f3 la convocante (rad. n.\u00ba 2005-00483), por dictar providencia en la que (i) declar\u00f3 no probadas las objeciones; y, en consecuencia, (ii) aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ STC5123-2018, 20 abr.). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisadas las diligencias, advierte la Sala que se ratificar\u00e1 la improcedencia decretada por el a quo, por incumplirse el requisito que viene de comentarse, comoquiera que la gestora \u2013quien compareci\u00f3 al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n a trav\u00e9s de mandatario judicial\u2013 no present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n, proferida por el Juzgado Noveno de Familia de Barranquilla el 6 de junio de 2022, pese a que, al haber formulado la objeci\u00f3n en su momento, esa resoluci\u00f3n era pasible de la mencionada defensa (art\u00edculo 509, numeral 2, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
3.2. En consecuencia, la prenotada omisi\u00f3n en el uso del mecanismo que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por la solicitante \u2013v. gr., la eventual \u00abinequidad\u00bb en la repartici\u00f3n de bienes\u2013, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente de la parte interesada, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
3.3. En todo caso, si en su criterio hay lugar a ello, la libelista conserva la posibilidad de plantear el debate tra\u00eddo a esta sede a trav\u00e9s de la acci\u00f3n civil \u2013v. gr., rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme\u2013, siempre y cuando acredite las exigencias legales de la v\u00eda respectiva, escenario en el que eventualmente podr\u00eda discutir sus motivos de inconformidad. <\/p>\n
3.4. Por \u00faltimo, en lo que respecta a las censuras contra la SAE por la supuesta cautela que estar\u00eda vigente sobre el inmueble con FMI n.\u00ba 040-331789 \u2013a la cual le atribuye la imposibilidad de haberse incluido en el prenotado asunto\u2013, precisa la Sala que, tal como sostuvo el a quo constitucional, esta no es la v\u00eda para discutir esa tem\u00e1tica, pues, como qued\u00f3 visto, el trabajo de partici\u00f3n qued\u00f3 en firme; aunado a que ese predio, de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por las entidades convocadas, fue objeto de extinci\u00f3n de dominio a trav\u00e9s de las sentencias proferidas por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 y el Tribunal Superior de esa localidad, respectivamente, por lo que, en esas condiciones, se torna inviable reabrir la discusi\u00f3n sobre el particular. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Dicho prove\u00eddo fue apelado y confirmado el 28 de mayo de 2019, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. As\u00ed mismo, el all\u00ed demandado, present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra lo all\u00ed resuelto, pero se declar\u00f3 su inviabilidad con fallos STC17308-2021, 15 dic. y STL1486-2022, 9 feb., respectivamente. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12243-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC12243-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2022-00596-01 (Aprobado en Sala de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 24 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67174","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67174"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67174\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}