STC12245-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12245-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2022-00606-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 25 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Heidy Marina Catal\u00e1n Lara, contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de ejecuci\u00f3n de sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Noveno Civil Municipal de Barranquilla y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicaci\u00f3n n\u00famero 2018-00248-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Tatiana Brugues Obreg\u00f3n inici\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Edith Marina Lara Fern\u00e1ndez y Mar\u00eda Osorno Name, tr\u00e1mite que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Civil Municipal de Barranquilla, el que libr\u00f3 mandamiento de pago mediante providencia de 17 de abril de 2018, oportunidad en la que decret\u00f3 el \u00abembargo y secuestro de la cuota parte del bien inmueble de propiedad de la demandada Edith Marina Lara Fern\u00e1ndez (\u2026) con matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-125481, registrado en la oficina de instrumentos de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en agosto de 2020, solicit\u00f3 un certificado de tradici\u00f3n y libertad del referido inmueble, en el que se enter\u00f3 de dicha medida, y \u00abde las razones injustas de la demanda, del embargo, del secuestro y que, adem\u00e1s, el proceso ya estaba en ejecuci\u00f3n en espera de un eventual remante en subasta p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Dice tambi\u00e9n que interpuso incidente de nulidad ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, en el que solicit\u00f3 declarar la invalidez de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, por falta de integraci\u00f3n del contradictorio, y omitirse notificar un tercero, circunstancias que encajan en lo dispuesto en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sostiene que la solicitud fue rechazada en providencia de 3 de septiembre de 2020, por las siguientes razones: i) la nulidad solicitada no se encuentra enmarcada en las causales legalmente establecidas, ii) la solicitante no era parte procesal, iii) la medida se decret\u00f3 sobre el 50% de propiedad de la demandada, y, iv) no se vulneran derechos fundamentales. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, el primero fue despachado desfavorablemente, y el segundo resuelto por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, mediante auto de 6 de mayo de 2021, en el que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
Explic\u00f3 que este caso tiene relevancia constitucional, se consumaron los medios de defensa judicial con los que contaba y se cumple en el presupuesto de inmediatez, por dos excepciones a este principio, consistente en que la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda contin\u00faa inc\u00f3lume y la accionante viene de una situaci\u00f3n personal de depresi\u00f3n severa que la llev\u00f3 a dejar todo abandonado. <\/p>\n
Argumenta que se vulner\u00f3 el derecho del debido proceso al decretar el embargo y secuestro de una cuota parte de uno de los copropietarios, sin que fuera citada en calidad de titular de derechos proindiviso, lo que configura la causal de nulidad consagrada en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s que se omiti\u00f3 aplicar lo previsto en el numeral 11 del art\u00edculo 593 del C\u00f3digo General del Proceso, por expresa remisi\u00f3n del numeral 5 del art\u00edculo 595 del mismo Estatuto, circunstancias todas que tambi\u00e9n traducen vulneraci\u00f3n del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Conforme a lo anterior, solicit\u00f3 declarar que los autos de 3 de septiembre y 20 de octubre de 2020 proferidos por el Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, y la providencia de 6 de mayo de 2021, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, vulneraron los derechos fundamentales que reclama, y, en consecuencia, que se decrete la nulidad de todo lo actuado desde que fue decretada la medida de embargo, misma que debe ser levantada y se rehaga la actuaci\u00f3n como lo ordena el numeral 11 del art\u00edculo 593 en concordancia con el numeral 5 del art\u00edculo 595, ambos del C\u00f3digo General del Proceso, disponiendo notificar a las partes y a los terceros interesados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, luego de hacer un recuento de las actuaciones desplegadas en el proceso ejecutivo reprochado, refiri\u00f3 que, mediante auto de 18 de octubre de 2018, dispuso \u00abel secuestro de la cuota parte del bien inmueble de propiedad del demandado Edith Marina Lara Fern\u00e1ndez (\u2026) con Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 040 121481\u00bb, medida cautelar que fue practicada por comisionado. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el 4 de agosto de 2020, la accionante present\u00f3 incidente de nulidad por considerarse un tercero interesado, alegando su derecho proindiviso sobre el inmueble debidamente embargado y secuestrado, tr\u00e1mite que fue rechazado el 3 de septiembre de 2020, al no encontrarse enmarcada en las causales que contempla el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, y porque adem\u00e1s la actora no es parte del proceso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la cautela recae sobre el 50% de la cuota parte de propiedad de Edith Marina Lara Fern\u00e1ndez, y en caso de remate esta ser\u00eda la que se subastar\u00eda y no el derecho sobre todo el bien. Relat\u00f3 que frente a esa decisi\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, los cuales se resolvieron manteniendo esa determinaci\u00f3n, y en particular, destac\u00f3 que en este caso no se cumple con el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, inform\u00f3 que conoci\u00f3 del ejecutivo mencionado, en virtud del recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la se\u00f1ora Heidy Marina Catal\u00e1n Lara, en calidad de tercera con inter\u00e9s leg\u00edtimo, contra el auto de 3 de septiembre de 2020, y en providencia de 6 de mayo de 2021, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la reclamada citaci\u00f3n de la accionante a ese tr\u00e1mite, explic\u00f3 que el asunto corresponde a un proceso con garant\u00eda personal, en el que la primera no figura como parte demandante o demandada, y el embargo al que se hace alusi\u00f3n, no se practic\u00f3 sobre un bien de su propiedad. <\/p>\n
3. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Barranquilla, manifest\u00f3 que los hechos u omisiones enunciados como posible vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales fueron endilgadas a otros despachos. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, declar\u00f3 improcedente el amparo por no cumplirse con el presupuesto de la inmediatez, puesto que, la \u00faltima providencia cuya nulidad se pretende data de 6 de mayo de 2021, y por tanto, entre la fecha de la conducta que se atribuye vulneraci\u00f3n y la presentaci\u00f3n del amparo transcurri\u00f3 1 a\u00f1o, 3 meses y 5 d\u00edas, tiempo que frente a la presunta afectaci\u00f3n no se muestra razonable. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo sobrepas\u00f3 con creces los seis (6) meses que tiene establecida la jurisprudencia constitucional como prudentes para el ejercicio de la tutela cuando de providencias judiciales se trata, sin que se encuentre circunstancia v\u00e1lida para justificar tal demora, en raz\u00f3n a que no se expusieron las razones por las que se dej\u00f3 transcurrir tanto tiempo, y la actora tampoco fue diligente en la defensa de sus intereses. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante con fundamento en que no se hizo un an\u00e1lisis detallado y minucioso de las circunstancias que explicaban razonablemente su tardanza. En particular, alega que se pas\u00f3 por alto la advertencia alusiva a que su estado emocional se vio certeramente quebrantado por calamidad personal que la condujo al abandono total y pr\u00e1cticamente a la enajenaci\u00f3n de la realidad circundante. <\/p>\n
Indic\u00f3 que sus derechos fundamentales siguen siendo firmemente vulnerados por la decisi\u00f3n adoptada por los Jueces accionados, atendiendo que el remate del bien inmueble del que es propietaria proindiviso se encuentra en inminente acci\u00f3n legal, \u00ablo que seguramente impactar\u00e1 de manera negativa en mi patrimonio familiar\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Solo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. (Ver CSJ. STC11845-2021 y STC1526-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada por inobservancia de los presupuestos de la oportunidad, puesto que, analizadas las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se evidencia que la accionante no acudi\u00f3 en tiempo al juez constitucional, para exponer los reparos que alega a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la inconformidad de la se\u00f1ora Heidy Marina Catal\u00e1n Lara, se dirige contra los autos de 3 de septiembre y 20 de octubre de 2020 proferidos por el Juzgado Primero Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, y la providencia de 6 de mayo de 2021, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, mediante las cuales en su orden, se rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad procesal que present\u00f3, resolvi\u00f3 de manera desfavorable el recurso de reposici\u00f3n solicitado contra esa decisi\u00f3n, y, en la \u00faltima el ad quem confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se impone confirmar la sentencia impugnada, alusiva a que en este asunto no se cumple con el requisito de la inmediatez, como quiera que la solicitud de amparo fue promovida solo hasta el 11 de agosto de 2022, seg\u00fan acta individual de reparto (Cfr. 03ActaReparto), esto es 1 a\u00f1o y 3 meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n m\u00e1s reciente y definitiva -auto que resuelve recurso de apelaci\u00f3n-, t\u00e9rmino que supera con holgura el plazo de seis (6) meses establecido por esta Sala como suficiente para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, con el objeto de que aquella no pierda su raz\u00f3n de ser (Ver CSJ. STC. 14 septiembre 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC4535-2020, STC3457-2021, STC6331-2022, STC6747-2022 y STC9625-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
3. En ese orden, no puede tenerse por demostrado el requisito de la inmediatez, atendiendo que la tutela fue presentada por fuera el tiempo razonable establecido, sin que, adem\u00e1s, la accionante hubiese demostrado justificaci\u00f3n de esa conducta. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque aun cuando la recurrente insiste en que quedaron demostradas circunstancias excepcionales que justifican su tardanza en presentar la acci\u00f3n constitucional, esto es, \u00abvengo de una situaci\u00f3n personal de extrema delicadeza cual es una traum\u00e1tica separaci\u00f3n que me sumi\u00f3 en un estado de depresi\u00f3n severa al punto de haber dejado todo abandonado y en suspenso\u00bb, alegaci\u00f3n que impone examinar si esta situaci\u00f3n se demostr\u00f3 y si el tiempo transcurrido es razonable, examinado el expediente, no queda otro camino que concluir que, contrario a lo que se quiere hacer ver, lo alegado no obedece a un motivo v\u00e1lido para la inactividad de la interesada, puesto que, no acredit\u00f3 el estado de depresi\u00f3n que invoca durante esa \u00e9poca, y menos que este le impidiera acudir de manera directa o por intermedio de representante o agente oficioso para formular esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Para este efecto, es necesario recordar, que la Corte Constitucional ha reiterado, <\/p>\n
[P]ara facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: i) que exista un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; ii) que la inactividad justificada no vulnere el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado y; iv) que el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surja despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma, en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (Ver CC. T-344-14, T249\/18). <\/p>\n
4. Se aleg\u00f3 tambi\u00e9n que los derechos fundamentales invocados siguen siendo vulnerados por las decisiones mencionadas, puntualmente porque el inmueble del que la accionante es propietaria en proindiviso se encuentra en inminente acci\u00f3n legal y posterior remate, \u00ablo que seguramente impactar\u00e1 de manera negativa en mi patrimonio familiar\u00bb, no obstante, teniendo en cuenta que ese menoscabo econ\u00f3mico no se encuentra respaldado en alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, el argumento se cae al no tener respaldo razonable. <\/p>\n
Con todo, resulta pertinente recordar que en el auto mediante el cual se rechaz\u00f3 el incidente de nulidad, y en el que se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n manteniendo este, el Juzgado municipal accionado afirmo, \u00abla se\u00f1ora Heidy Marina Catal\u00e1n Lara, (\u2026) no es parte en el proceso, y la medida cautelar decretada es un embargo con acci\u00f3n personal en la cuota parte que le pertenece a la demandada Edith Marina Lara Fern\u00e1ndez, y por tanto, de llegar a su remate solo ser\u00eda objeto de subasta la proporci\u00f3n que a ella le corresponde, y no la totalidad del bien, pues como se dijo es una acci\u00f3n personal\u00bb. <\/p>\n
5. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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