STC12246-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC12246-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00232-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 22 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas y el Procurador Delegado en Acciones Populares, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2022-00161. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de la garant\u00eda esencial de debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se destacan como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
El 29 de junio de 2022, el promotor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra el \u00abestablecimiento de comercio (sic) [\u2026] CASINO LA PRADERA\u00bb, debido a que, supuestamente, en el sitio donde se desarrolla la actividad econ\u00f3mica \u00abNO EXISTE ACCESIBILIDAD (\u2026), ni su ingreso es seguro (\u2026) para [personas en situaci\u00f3n de discapacidad]\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al fallador enjuiciado. <\/p>\n
Luego de que el estrado inadmiti\u00f3 el libelo por el incumplimiento de requisitos formales, el actor interpuso reposici\u00f3n frente a esa decisi\u00f3n, recurso que se resolvi\u00f3 de forma desfavorable. Posteriormente, el 4 de agosto siguiente el fallador fustigado rechaz\u00f3 la demanda ante la falta de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
A juicio del gestor, el despacho encartado \u00abDESCONOC[E] QUE [aquel] CUMPL[E] LO QUE (\u2026) IMPONE EL ART 18 [de la] LEY (\u2026) 472 DE 1998 (\u2026) y posteriormente de[c]ide bajo su criterio RECHAZAR [la] ACCI[\u00d3]N CONSTITUCIONAL, INAPLICANDO [el] ART 11 [del] CGP [y el] ART 228 [de la] CN\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, se ordene: (i) a la c\u00e9lula cognoscente admitir la acci\u00f3n constitucional y (ii) \u00abAL PROCURADOR DELEGADO ACTUAR EN [el precitado proceso]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Procurador 157 Judicial II para la Conciliaci\u00f3n Administrativa con Funciones de Procurador Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda, precis\u00f3 que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada (\u2026) a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que, el gestor no hab\u00eda presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas realiz\u00f3 un recuento de los hechos e indic\u00f3 que \u00ablos requisitos que se exigen para promover la [a]cci\u00f3n [p]opular se encuentran establecidos en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998, y en la Ley 2213 de 2022, \u00e9sta [\u00faltima] como complementaria a las normas contenidas en los c\u00f3digos procesales propios de cada [j]urisdicci\u00f3n y especialidad, conforme se indic\u00f3 en el [prove\u00eddo] que neg\u00f3 reponer el auto inadmisorio\u00bb. Y finalmente, pidi\u00f3 que no se conceda el auxilio por no haber trasgredido prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el resguardo, argumentando que \u00abla acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 cuando apenas iniciaba el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto con el cual se rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular, contra el [que] procede el recurso de reposici\u00f3n (Art. 36, Ley 472\/98), lo cual (\u2026), torna prematuro, y, en consecuencia, improcedente el amparo; (\u2026) m\u00e1xime porque no se aludi\u00f3 a un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el pretensor, solicitando \u00abAMPARAR [su] ACCION, PUES CUMPL[E] [con el] ART 18 [de la] LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas reclamadas por el accionante, porque: (i) el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas rechaz\u00f3 una acci\u00f3n popular; y (ii) el Procurador Delegado en Acciones Populares no habr\u00eda intervenido en defensa de sus intereses, respectivamente. <\/p>\n
2. De la incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. De otra manera, esta se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda desdibujando el prop\u00f3sito de esta excepcional herramienta constitucional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las piezas procesales adosadas al expediente, esta Sala advierte que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del tribunal a quo, por incumplirse el requisito que viene de comentarse, comoquiera que, pese a las anotadas inconformidades tra\u00eddas a esta sede, el pretensor no formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la mentada acci\u00f3n constitucional, desaprovechando la oportunidad para exponer sus reparos ante la c\u00e9lula cognoscente. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
En consecuencia, la prenotada omisi\u00f3n en el uso de los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal dispone para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas aducidas por el recurrente, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente del interesado, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente al requerimiento del querellante, consistente en que se conmine al Procurador Delegado para que \u00abACT[\u00daE] EN [SU] ACCI[\u00d3]N POPULAR\u00bb, se advierte que, tal como indic\u00f3 el citado funcionario, el aqu\u00ed quejoso no acredit\u00f3 haber presentado solicitud en tal sentido, de modo que, cualquier inconformidad que persista sobre el particular, deber\u00e1 exponerla ante la autoridad competente, a fin de obtener los respectivos pronunciamientos, ya que el amparo no es el instrumento previsto para el efecto, en atenci\u00f3n a su car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo decidido en primera instancia, pues, como lo tiene planteado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ STC, 26 ene. 2011. exp. 00027-005048-2018, citada en STC5048-2018, 19 abr. 2018, rad. 00902-00). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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