STC12251-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC12251-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-004-2022-00195-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Valledupar el 16 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que el Departamento del Cesar formul\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas la partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00famero 20001-31-03-001-2018-00006-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, en el litigio relacionado que Asmet Salud EPS SAS adelanta en su contra, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar mediante auto de 11 de marzo del 2020, decret\u00f3 algunas medidas cautelares sobre los bienes de esa entidad territorial. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el 5 de julio de 2022 solicit\u00f3 al despacho accionado que le informara si exist\u00edan dep\u00f3sitos judiciales constituidos para garantizaran el l\u00edmite de las cautelas y, en caso afirmativo, informara a las entidades bancarias sobre el particular, para que no se siguieran reteniendo los recursos del departamento, sin recibir respuesta, pese a lo establecido en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que algunas entidades bancarias lo han requerido para desbloquear las cuentas sobre las cuales no se han hecho retenciones, pero por falta de confirmaci\u00f3n del Juzgado accionado y de las comunicaciones informando el cumplimiento de la medida a los bancos, las cuentas contin\u00faan bloqueadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, ordenar a la \u00absecretaria del Juzgado y\/o quien corresponda, resuelva el memorial radicado en correo de 5 de julio de 2020, informando a la entidad territorial y entidades bancarias destinatarias de la medida, si existe dep\u00f3sito o t\u00edtulo judicial constituido que garantice el l\u00edmite del embargo y\/o retenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar inform\u00f3 que, mediante auto de 27 de julio del 2018, dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el asunto, en raz\u00f3n a que el l\u00edmite del embargo se encontraba cumplido. Adicion\u00f3, que conserva los dep\u00f3sitos judiciales consignados por la entidad financiera que hizo efectiva la medida cautelar decretada. <\/p>\n
Indic\u00f3, que esa informaci\u00f3n siempre ha estado a disposici\u00f3n de las partes, por lo que el accionante tiene pleno conocimiento sobre las retenciones de los dineros depositados en las cuentas bancarias y todo lo relacionado con el proceso, tanto as\u00ed que se resolvieron sus solicitudes de levantamiento de cautelas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Asmet Salud EPS SAS se\u00f1al\u00f3, que, de acuerdo con el memorial presentado por el accionante, se trata de un asunto que debe decidir el Juzgado de conocimiento. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Valledupar declar\u00f3 improcedente el amparo, por ausencia del requisito de la subsidiariedad, en la medida en que \u00absi el accionante manifiesta su inconformidad frente a las decisiones proferidas dentro del proceso ejecutivo acumulado y relacionadas con la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares y los dep\u00f3sitos judiciales, debe agotar todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial dispuestos en la normatividad vigente ante el juez natural\u00bb. Lo anterior, por cuanto no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora bien, cuando desaparecen los actos u omisiones que motivaron su interposici\u00f3n, la acci\u00f3n debe fracasar, pues es claro que, si la vulneraci\u00f3n por la cual la persona se quejaba ya no existe, o ha sido superada, el amparo pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, lo que lleva a que cualquier orden que llegare a impartir el juez del amparo careciera de sentido (Ver CSJ STC10752-2020, STC11271-2021, STC3520-2022, STC6738-2022, STC9270-2022 y STC9969-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el Departamento del Cesar acudi\u00f3 inconforme con el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, por cuanto este no le resolvi\u00f3 un memorial que le present\u00f3 el 5 de julio de 2022, solicit\u00e1ndole que le informara si exist\u00edan dep\u00f3sitos judiciales constituidos para garantizaran el l\u00edmite de las cautelas decretadas en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00famero 20001-31-03-001-2018-00006-00, y para que, en caso afirmativo, le solicitara a las entidades bancarias enteradas sobre el particular, dar cumplimiento a la orden impartida, para que no se siguiera aplicando el descuento. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al examinar el expediente digital remitido para el presente estudio, se observ\u00f3, de una parte, que el mismo d\u00eda en el que el accionante elev\u00f3 la referida petici\u00f3n, la secretaria del despacho accionado le indic\u00f3, por la misma v\u00eda electr\u00f3nica, que le remit\u00eda \u00ablo pedido\u00bb, sin embargo, no existe documento anexo alguno que permita inferir, razonablemente, qu\u00e9 fue exactamente aquello que dijo remitir la mencionada empleada y, adem\u00e1s, que el memorial remitido por la entidad territorial, solo ingres\u00f3 al Despacho para el pronunciamiento del juez, hasta el 29 de agosto de 2022, es decir, un (1) mes y veinticuatro (24) d\u00edas despu\u00e9s de radicado. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El derecho al debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica debe aplicarse en toda actuaci\u00f3n judicial y administrativa, pues las personas necesitan ser juzgadas conforme a las leyes preexistentes al acto que se les imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, respetando, eso s\u00ed, los t\u00e9rminos consagrados por el Legislador. <\/p>\n
De esa manera, quien presenta una demanda o una solicitud, interpone un recurso, formula una impugnaci\u00f3n o adelanta cualquier otra actuaci\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos legales, tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, es decir, dentro de los plazos establecidos para tales efectos, pues, de lo contrario, se le desconocen sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Conforme a los m\u00faltiples pronunciamientos que en tal sentido ha proferido esta Corporaci\u00f3n, existe \u00abmora judicial\u00bb cuando el retraso del respectivo juzgador carezca de explicaciones v\u00e1lidas, y revele \u00abel indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01)\u00bb (CSJ, STC de 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00, reiterada en STC12897-2019 y STC4990-2022). <\/p>\n
Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 109 del C\u00f3digo General del Proceso, cuando el Juez de conocimiento deba pronunciarse sobre un memorial por fuera de audiencia, el secretario lo agregar\u00e1 al expediente respectivo y lo ingresar\u00e1 \u00abinmediatamente al despacho\u00bb, y, a su vez, el art\u00edculo 120 del mismo Estatuto Procedimental establece que en las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia, los jueces deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas. <\/p>\n
Al contestar esta acci\u00f3n de tutela, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar no justific\u00f3 de manera alguna el retraso que se observ\u00f3 en relaci\u00f3n a la resoluci\u00f3n de la petici\u00f3n elevada por la parte actora, lo que, en principio, podr\u00eda se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas que le asisten a la entidad territorial como ejecutada dentro de la referida ejecuci\u00f3n, no obstante, lo cierto es que esa tardanza en la actualidad no tiene relevancia en la \u00f3rbita constitucional. <\/p>\n
Lo anterior, porque no puede perderse de vista que, como se indic\u00f3 en antelaci\u00f3n, en la revisi\u00f3n del expediente se constat\u00f3 que el memorial remitido por la entidad territorial, solo ingres\u00f3 al Despacho para el pronunciamiento del juez, hasta el 29 de agosto de 2022 y, el Juzgado accionado, al percatarse de lo sucedido, subsan\u00f3 la anomal\u00eda registrada y emprendi\u00f3 la gesti\u00f3n suplicada, puesto que el 9 de septiembre de 2022 -con posterioridad al fallo de primera instancia- el Despacho accionado resolvi\u00f3 las peticiones que se encontraban pendientes dentro de ejecuci\u00f3n, y efectu\u00f3 un pronunciamiento frente a la petici\u00f3n que origin\u00f3 la interposici\u00f3n del presente amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En ese orden, y sin perjuicio de la falencia inicialmente advertida, es claro que, a estas alturas, la pretensi\u00f3n del Departamento del Cesar ya fue absuelta por el Juzgado de conocimiento, lo que refleja el fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto de la acci\u00f3n de tutela, por una circunstancia sobreviniente, asunto sobre el cual la Corte Constitucional recientemente en T-052 de 2022, 18 feb, (citada en CSJ. STC7140-2022 y STC11525-2022), indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 3.4. El fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto como causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, seg\u00fan el Decreto Ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, se presenta en tres hip\u00f3tesis: (i) cuando existe un hecho superado, (ii) se presenta da\u00f1o consumado o (iii) se est\u00e1 ante una circunstancia sobreviniente\u00bb (Destaca la Sala) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ning\u00fan objeto tiene que aqu\u00ed se imparta cualquier tipo de mandato tendiente a que el Juzgado accionado profiera la decisi\u00f3n, porque este se pronunci\u00f3 el pasado 9 de septiembre. Queda ahora en manos del departamento del C\u00e9sar presentar los recursos ordinarios o las solicitudes que estime pertinentes, frente a la decisi\u00f3n adoptada. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
Coun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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