STC12265-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12265-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00245-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 11 de agosto de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Lighthouse del Caribe SAS contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abretrotraer las decisiones adoptadas con anterioridad al fallo de\u2026 3 de febrero del presente a\u00f1o, y se determine si hay lugar o no a las dem\u00e1s etapas procesales que contiene el debate procesal, establecidas en los art\u00edculos 372 y 373 del C.G. del P. agotando el examen y decisi\u00f3n de las excepciones de fondo propuestas\u2026\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria, reclam\u00f3 \u00abse declare la nulidad de lo actuado, de considerarse que este proceso, no fue tramitado con apego a la ley procesal y sustancial; y se determine, incluso, si la diligencia de entrega que se realiz\u00f3 por comisionado se [efectu\u00f3] con apego a la ley\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. FB IN & CIA S en C (quien cedi\u00f3 sus derechos litigiosos a Jaime Smalbach Merlano) promovi\u00f3 acci\u00f3n de restituci\u00f3n de bienes arrendados contra Lighthouse del Caribe SAS, toda vez que la \u00abarrendataria [all\u00ed enjuiciada] se encuentra en mora de pagar los c\u00e1nones pactados correspondientes a [los] mes[es] de junio y julio de 2021\u00bb, que fue admitida con auto del 3 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.2. En octubre siguiente, la demandada contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 excepciones, allegando comprobantes de pago de los c\u00e1nones de arrendamiento de los meses que se pregonaban adeudados (junio y julio), mecanismos defensivos a los que no se dio tr\u00e1mite, comoquiera que, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 22 de noviembre de 2021, se dispuso \u00abno escuchar a la demandada\u2026 hasta tanto acredite el pago total de los c\u00e1nones de arrendamiento a la parte demandante o la consignaci\u00f3n de los mismos a \u00f3rdenes de este despacho judicial\u00bb. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, mediante sentencia de 3 de febrero de los corrientes, el juzgado accionado accedi\u00f3 a las pretensiones, por lo que dio por terminado el contrato de arrendamiento que un\u00eda a los contendientes y orden\u00f3 a la demandada restituir los bienes objeto de dicho acto, decisi\u00f3n cuya adici\u00f3n solicit\u00f3 la enjuiciada, petici\u00f3n a la no se imparti\u00f3 tr\u00e1mite, \u00aben la medida que no puede ser escuchada\u00bb. <\/p>\n
2.4. Frente a esta \u00faltima determinaci\u00f3n, la demandada interpuso reposici\u00f3n, recurso al que tampoco se dio tr\u00e1mite, seg\u00fan se dispuso en auto del 22 de marzo de 2022, porque \u00abla arrendataria\u2026 continua sin acreditar la cancelaci\u00f3n de la renta correspondiente a los meses de diciembre 2021, enero y febrero 2022, raz\u00f3n por la cual no puede ser escuchada\u00bb. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00ablas excepciones propuestas por la parte demandada fueron despachadas desfavorablemente por el juzgado de conocimiento, sin reparar que se trataba de un asunto que ameritaba el an\u00e1lisis de varios aspectos de fondo\u00bb; y que \u00abel despacho omiti\u00f3 analizar las razones de incumplimiento por parte de la demandante arrendadora y no tuvo presente que la parte inicialmente incumplida era realmente la demandante\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que \u00ablas razones que arguye el fallador para proferir fallo el 3 de febrero de 2022, fueron el hecho de que la parte demandada no hab\u00eda acreditado el pago de los c\u00e1nones de los meses de diciembre y enero; \u00e9ste \u00faltimo deb\u00eda pagarse a m\u00e1s tardar el d\u00eda 5 de febrero de 2022\u00bb; y que la sede judicial acusada \u00abno\u2026 detuvo el comisorio que hab\u00eda expedido el\u2026 24 de febrero de 2022\u00bb, a pesar de estar pendiente de resolver la reposici\u00f3n que formul\u00f3 contra el auto que no dio tr\u00e1mite a la adici\u00f3n de la sentencia que deprec\u00f3. <\/p>\n
2.8. De otro lado, esgrimi\u00f3 que \u00abla diligencia de lanzamiento fue practicada por el comisionado con una premura inusual\u00bb; que \u00abla\u2026 diligencia no fue notificada por aviso como lo establece el art\u00edculo 308 numeral 1\u00ba del CGP\u00bb; que en la pr\u00e1ctica de la entrega se cometieron varias anomal\u00edas, por lo que le pidi\u00f3 al comisionado, su \u00abanulaci\u00f3n\u00bb, petici\u00f3n que omiti\u00f3 resolver. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena precis\u00f3 que \u00abla valoraci\u00f3n probatoria realizada\u2026 en el asunto cuestionado no ha sido manifiestamente irrazonable, por el contrario, se hizo una valoraci\u00f3n con sujeci\u00f3n a lo normado en el art\u00edculo 176 del C. General del Proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla decisi\u00f3n del juez accionado de no escuchar a la parte demandada dentro del proceso criticado, no se observa irracional, arbitraria o ilegal, todo lo contrario, se ajusta a los lineamientos normativos y jurisprudenciales que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora manifest\u00f3 que \u00abel quid del asunto en debate en este tutela, es la revisi\u00f3n de fondo de todas las actuaciones del Juzgado accionado, que dejado de lado el an\u00e1lisis de varios aspectos de fondo que son obligatorios en la decisi\u00f3n que se adopte, con independencia de si existe o no mora\u00bb; y que las excepciones de m\u00e9rito que propuso \u00abno fueron examinadas\u00bb, por cuanto en el decurso del proceso pag\u00f3 \u00ablos c\u00e1nones sin alcanzar a cubrir el \u00faltimo canon de arrendamiento, [amparado] en el hecho de que el mismo contrato de arrendamiento contempla el pago del \u00faltimo canon que se llegare a adeudar, con las garant\u00edas entregadas al arrendador al inicio del contrato; hecho sobre el cual el fallador pas\u00f3 de largo y no hizo pronunciamiento algo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que interpuso \u00ab\u2026reposici\u00f3n contra la providencia del 24 de febrero del mismo a\u00f1o\u2026; sin embargo, el Despacho sin haber resuelto el recurso de reposici\u00f3n interpuesto, entrega\u2026 despacho comisorio para la diligencia de entrega forzada, olvidando que no pod\u00eda ejecutarse dicha diligencia hasta tanto estuviere en firme la sentencia que ordenaba el lanzamiento\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 que la entrega se adelant\u00f3 de manera an\u00f3mala y que la sede judicial accionada ha omitido \u00ab\u2026 pronunciarse respecto de [dicha diligencia], y a pesar de haberle solicitado dicho control, lo que hace es dejar sin efecto el recurso interpuesto el 2 de marzo, sin resolverlo, lo que hace su actuaci\u00f3n a\u00fan m\u00e1s viciada\u2026, porque omite pronunciarse sobre el mayor yerro que tiene toda la actuaci\u00f3n de este proceso, cual es la diligencia de entrega forzada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se verifica que la promotora cuestion\u00f3: (i) que no se hubiesen resuelto los mecanismos exceptivos que propuso, al considerar que se acredit\u00f3 el pago total de las c\u00e1nones adeudados, teniendo en cuenta que debieron aplicarse los valores entregados a la arrendadora en garant\u00eda; y (ii) la legalidad de la entrega que se llev\u00f3 a cabo en el litigio objeto de censura. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la primera de esas quejas, verifica la Sala que el juzgado accionado, mediante prove\u00eddo de 26 de noviembre de 2021, decidi\u00f3 \u00abno escuchar a la demandada\u00bb, lo que conllev\u00f3 que los mecanismos defensivos que aquella propuso no fueran tenidos en cuenta, por lo que tampoco fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia que dirimi\u00f3 el litigio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advierte la Corte que el amparo resulta improcedente, toda vez que la actora omiti\u00f3 censurar en reposici\u00f3n la prenotada providencia de 26 de noviembre de la anualidad anterior, siendo ese el mecanismo propicio para aducir el pago completo de los c\u00e1nones adeudados, teniendo en cuenta los montos entregados a la arrendadora como garant\u00eda. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Respecto a la otra de las inconformidades de la promotora, se verifica que la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre esa queja. <\/p>\n
En efecto, revisados los elementos de juicio que reposan en el diligenciamiento, se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, la quejosa formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que fue desestimada, en sede de impugnaci\u00f3n, por esta Sala Especializada con sentencia del 28 de abril de 2022 (STC5059-2022), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 que: <\/p>\n
En compendio narr\u00f3 que el juzgado cuestionado en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que FB IN & C\u00cdA S. en C. (cedido a Jaime Smalbach) formul\u00f3 en su contra, emiti\u00f3 sentencia en la que \u00abdio por terminado el contrato de arrendamiento de tres inmuebles denominados San Pedro Hotel Spa, Aposentos de San Pedro Hotel y Nautilus Plaza Hotel, ubicados en Cartagena al incurrir en mora en el pago de los c\u00e1nones\u00bb y \u00able orden\u00f3 que dentro de los tres d\u00edas siguientes a la ejecutoria proceda a restituir al demandante los predios\u00bb (3 feb. 2022). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que pidi\u00f3 \u00abaclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la sentencia\u00bb, negada el d\u00eda 24 siguiente, por lo que interpuso recurso de reposici\u00f3n acompa\u00f1ado de \u00absoportes que acreditan que la demandada se encuentra al d\u00eda en los c\u00e1nones de arrendamiento hasta el 5 de marzo y la existencia de un cheque por valor de $USD 14.832,54 que est\u00e1 en poder del arrendador\u00bb, del que el despacho corri\u00f3 traslado (11 mar.); empero no \u00abdetuvo el comisorio que hab\u00eda expedido al Alcalde Menor de Cartagena para la diligencia de lanzamiento\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, se afectaron sus prerrogativas esenciales, puesto que \u00abno debi\u00f3 autorizarse la diligencia de lanzamiento hasta tanto la sentencia estuviera en firme\u00bb, desconoci\u00e9ndose con ello \u00ablos documentos aportados, no s\u00f3lo para oponerse a la entrega, sino a la suspensi\u00f3n de la misma, por cuanto existe un recurso pendiente por resolverse\u00bb. <\/p>\n
En escrito separado, la accionante adicion\u00f3 \u00ablos hechos de la tutela\u00bb y puso de presente la \u00abrealizaci\u00f3n de la diligencia de entrega el 16 de marzo sin ser avisada y sin atender sus explicaciones en el sentido que la sentencia que la ordenaba a\u00fan no se encuentra en firme, decidiendo oposici\u00f3n como si se tratara de poseedores o terceros, sin importar que en los tres hoteles se encontraban hu\u00e9spedes entre ellos ni\u00f1os y adultos mayores y el acta fue levantada con serias inconsistencias\u00bb, <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
En el sub lite, es evidente la improcedencia del resguardo, pues si la reclamaci\u00f3n principal de la precursora se dirige a que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena y a la Alcald\u00eda Menor de esa localidad suspender la diligencia de \u00abentrega forzada\u00bb de las tres propiedades dispuesta en el veredicto de 3 de febrero de 2022, \u00abhasta tanto no se resuelva el recurso pendiente en el despacho y por ende la sentencia que as\u00ed lo orden\u00f3 se encuentre en firme\u00bb, se vislumbra conforme lo asever\u00f3 el a quo constitucional que la empresa sedicente, present\u00f3 en forma \u00abparalela\u00bb a este selecto instrumento, rogativas en igual sentido ante la autoridad querellada, bajo la denominaci\u00f3n de \u00absuspensi\u00f3n de efectos del despacho comisorio para la diligencia de lanzamiento\u00bb (2 mar. 2022) y \u00abrealizar ejercicio de control de legalidad frente a la diligencia de entrega forzada de 16 de marzo de 2022\u00bb (18 mar.). <\/p>\n
\u00abEl 3 de febrero de 2022 el juzgado profiere sentencia acogiendo las pretensiones de la demanda fundado en la mora comprobada de la demandada, para lo cual se examinaron los documentos adosados a la demanda, los aportados en el curso del proceso y las consultas a la plataforma del Banco Agrario de Colombia \u2013 Dep\u00f3sitos Judiciales. <\/p>\n
El 24 de febrero de 2022 el juzgado resuelve solicitud de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la sentencia, neg\u00e1ndola, providencia en la cual se dijo: \u201cobserva el despacho que la parte demandada no puede ser o\u00edda dentro del proceso de la referencia, como quiera que a la fecha no ha consignado los c\u00e1nones correspondientes a los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022, raz\u00f3n por la cual es dable continuar dando aplicaci\u00f3n a lo reglado en el art\u00edculo 384 ibidem, y en consecuencia no acceder a su solicitud de aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n de la sentencia\u201d. <\/p>\n
Las circunstancias f\u00e1cticas en que se fund\u00f3 la aludida providencia de 24 de febrero de 2022 a\u00fan persisten al d\u00eda de hoy, pues, no se ha consignado la totalidad de la rentas atrasadas correspondientes a los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022 que all\u00ed se detallaron, s\u00f3lo el 1\u00b0 de marzo de 2022 fue consignada la suma de $20.633.129 que resulta insuficiente para que la arrendataria se ponga al d\u00eda en los pagos, en la medida que el valor mensual de la renta o canon pactada en la cl\u00e1usula 4\u00aa del Contrato de Arrendamiento asciende a $55.000.000, es decir, la \u00faltima suma consignada se tomar\u00eda como un pago parcial al canon del mes de diciembre, por lo que continuar\u00eda sin cancelar la renta correspondiente a saldo de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abConforme al numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 384 del C. General del Proceso, la carga de la prueba del cumplimiento del deber del arrendatario demandado de pagar la renta es exclusivamente suya, por lo tanto, es a ella a quien corresponde allegar al expediente la prueba documental que acredite el pago de la mensualidad vencida (\u2026) pero, es lo cierto que en nuestro caso no se acredit\u00f3 por ning\u00fan medio probatorio el cumplimiento de ese deber. En contraste, la arrendataria demandada en el escrito de reposici\u00f3n de 2 de marzo de 2022 enfilado contra la decisi\u00f3n de 24 de febrero del mismo a\u00f1o pretende, seg\u00fan se lee en su segundo numeral lo siguiente: <\/p>\n
\u201cSEGUNDO ORDENAR que se lleve a efecto la compensaci\u00f3n efectuada que fue previamente aprobada por la parte demandante, me permito acompa\u00f1ar para el efecto, escrito enviado al abogado de la parte demandante, antes de su renuncia, a efectos de autorizar por parte de mi representado, la compensaci\u00f3n de los dineros que se encuentran en poder del arrendador, a fin de efectuar el pago parcial de lo adeudado con dicha suma de dinero correspondiente a los c\u00e1nones de diciembre y enero (este \u00faltimo pagadero a m\u00e1s tardar el 5 de febrero). <\/p>\n
El contenido del texto que se tiene a la vista ratifica el incumplimiento de la arrendataria demandada del deber que le impone el inciso 3\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 384 del C. General del Proceso, pues, admite que se adeudan los c\u00e1nones correspondientes a los meses de diciembre y enero, y para pagarlos solicita se disponga por este despacho la compensaci\u00f3n con los dineros que le fueron entregados en garant\u00eda al arrendador\u00bb. <\/p>\n
Y ultim\u00f3, <\/p>\n
\u00abComo viene de verse, la arrendataria demandada contin\u00faa sin acreditar la cancelaci\u00f3n de la renta correspondiente a los meses de diciembre 2021, enero y febrero de 2022, raz\u00f3n por la cual no puede ser escuchada, decisi\u00f3n que cobija tambi\u00e9n las actuaciones procesales realizadas por la demandada como el recurso de reposici\u00f3n presentado el 2 de marzo de 2022 y los escritos de suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega y control de legalidad\u00bb. <\/p>\n
Ante ese panorama, las quejas enarboladas por Lighthouse del Caribe S.A.S. fueron solventadas por la \u00abautoridad increpada\u00bb, de acuerdo con los elementos suasorios obrantes en el infolio; por tanto, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela la gestora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC8270-2021; reiterada, entre otras, en STC13910-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 la quejosa, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que las supuestas irregularidades, en las que aduce la accionante se incurri\u00f3 en la entrega ordenada, fueron puestas en conocimiento del juzgado accionado a trav\u00e9s de la \u00absolicitud de ejercicio de control de legalidad frente a la diligencia de entrega forzada de 16 de marzo de 2022\u00bb, petici\u00f3n que decidi\u00f3 no tramitar el estrado accionado con el citado auto del 22 de marzo de 2022, sobre cuya legalidad se pronunci\u00f3 esta Sala en el precedente previamente citado, circunstancia que, se reitera, impide un nuevo an\u00e1lisis en esta oportunidad. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que, si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
5. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC12265-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12265-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00245-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 11 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67194","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67194"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67194\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}