STC12272-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC12272-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01152-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Elo\u00edsa Pel\u00e1ez Serna, Ana Milena y G\u00e9nesis Aylenn Chac\u00f3n Pel\u00e1ez frente al fallo proferido el 22 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ellas contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, \u00abacceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad acusada por la emisi\u00f3n de decisi\u00f3n adversa a sus pretensiones en el juicio laboral que promovieron. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar a la Colegiatura encartada \u00abNO CASA[R] la sentencia proferida por el Tribunal\u2026, del 17 de julio de 2014[,] y REVOCAR la resoluci\u00f3n de confirmar la\u2026 [d]el Juzgado\u2026[,] de fecha 24 de julio de 2012, en el sentido de absolver a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que contra Porvenir S.A. incoaron las actoras, como c\u00f3nyuge sobreviviente e hijas, en su orden, del difunto Miguel Antonio Chac\u00f3n Cort\u00e9s (fallecido el 22 de septiembre de 2010), con miras a obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, surtidas las etapas de rigor, el 24 de julio de 2012 el Juzgado Trece Laboral de Cali dict\u00f3 sentencia, en la cual absolvi\u00f3 a la demandada, determinaci\u00f3n que el 17 de julio de 2014 revoc\u00f3 la Sala Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para, en su lugar, acceder a las pretensiones; pero esa \u00faltima decisi\u00f3n, el 29 de octubre de 2019, la cas\u00f3 la Colegiatura accionada y, en sede de instancia, confirm\u00f3 la emitida por el a-quo, al concluir que no se acredit\u00f3 que el de cujus contara con 50 semanas de cotizaci\u00f3n durante los 3 a\u00f1os anteriores a su deceso, como lo exig\u00eda el canon 12 de la Ley 797 de 2003, sin que, en el caso concreto, bajo la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pudiese acudirse a la redacci\u00f3n original del precepto 46 de la Ley 100 de 1993 (el cual tan s\u00f3lo exig\u00eda 26 semanas cotizadas), en tanto que, acorde con la jurisprudencia vigente de la Sala Laboral Permanente de esta Corte, tal posibilidad s\u00f3lo se extendi\u00f3 para aqu\u00e9llos casos en que el afiliado pereci\u00f3 con antelaci\u00f3n al 29 de enero de 2006. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, las gestoras adujeron que, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida y en abierto desconocimiento del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, la referida sentencia de casaci\u00f3n se edific\u00f3 sobre precedentes posteriores al deceso de su difunto c\u00f3nyuge y padre e, incluso, a la decisi\u00f3n del Tribunal ad-quem, autoridad \u00faltima que, en su momento, ciment\u00f3 su determinaci\u00f3n en la postura entonces vigente sobre la materia, por lo que deb\u00eda accederse a este ruego supralegal. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Cali histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas e indic\u00f3 verificar que \u00abha sido di\u00e1fano y ce\u00f1ido al procedimiento establecido el tr\u00e1mite dado al proceso, brindando en cada actuaci\u00f3n las garant\u00edas procesales a las partes, sin que se haya vulnerado disposici\u00f3n o tr\u00e1mite en su diligenciamiento\u00bb. <\/p>\n
2. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. deprec\u00f3 declarar \u00abimprocedente la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb porque no existe ninguna v\u00eda de hecho, tampoco \u00abha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb a las reclamantes ni \u00e9stas demostraron hallarse ad portas de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte manifest\u00f3 que la protecci\u00f3n rogada \u00abno debe salir avante\u00bb porque \u00abresolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n\u2026 ci\u00f1\u00e9ndose a las consideraciones plasmadas por esta Corporaci\u00f3n en las providencias CSJ SL3769-2018, CSJ SL7781-2017, CSJ SL514-2019, CSJ SL4650-2017, pues all\u00ed se resolvi\u00f3 el problema jur\u00eddico planteado a la luz de la ley y la jurisprudencia, y en atenci\u00f3n a los estrictos t\u00e9rminos en que fue propuesto el recurso\u00bb; siendo evidente que lo pretendido por las quejosas era \u00abreabrir el debate procesal, algo que resulta evidentemente inadmisible ante la firmeza de la decisi\u00f3n proferida al resolver el recurso extraordinario\u00bb; aunado a que el reclamo supralegal insatisface el presupuesto de la inmediatez, dado que la \u00abprovidencia que genera inconformidad a la parte demandante, data del 29 de octubre del 2019\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al hallar ausente el requisito de la inmediatez en su formulaci\u00f3n, comoquiera que \u00ablas pretensiones\u2026 se encuentran dirigidas a cuestionar la legalidad de la sentencia de casaci\u00f3n emitida el 29 de octubre de 2019\u00bb, evidenci\u00e1ndose que \u00ablas accionantes tardaron m\u00e1s de 20 meses en acudir al presente tr\u00e1mite constitucional, lo cual desborda lo que es considerado como plazo razonable\u2026, sin que adem\u00e1s se aduzcan razones que permitan\u2026 flexibilizar este requisito\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en todo caso, con abstracci\u00f3n de lo anterior, lo cierto es que \u00abla providencia objeto de la\u2026 solicitud de amparo no vulnera de alguna forma los derechos fundamentales del accionante\u00bb, comoquiera que all\u00ed, \u00abla Sala accionada, en armon\u00eda con lo planteado por la censura, circunscribi\u00f3 el an\u00e1lisis a partir de la posici\u00f3n jurisprudencial vigente en lo relativo a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003\u00bb, advirtiendo que, \u00abconforme con la nueva orientaci\u00f3n jurisprudencial, en el caso del se\u00f1or\u2026 Chac\u00f3n no resulta viable\u2026, por cuanto su deceso se dio con posterioridad al 29 de enero de 2006, en consecuencia, no dej\u00f3 causado el derecho a la pensi\u00f3n deprecada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La incoaron las gestoras del resguardo insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los cuales a\u00f1adieron que el presupuesto de la inmediatez s\u00ed se satisfizo porque el mismo deb\u00eda sopesarse de acuerdo a cada caso concreto y, en \u00e9ste, \u00abs\u00f3lo hab\u00edan transcurrido 18 meses y 19 d\u00edas [desde el acto que se adujo vulnerador de sus garant\u00edas esenciales]\u00bb, mas no \u00ab20 meses[,] como lo manifest\u00f3 la sentencia motivo de la impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, comoquiera que la providencia de casaci\u00f3n acusada no luce arbitraria, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, de entrada, encontr\u00f3 indiscutido, \u00abporque as\u00ed se acept\u00f3 en la demanda\u2026, que el causante, no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, es decir, haber cotizado 50 semanas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de su fallecimiento\u00bb; adem\u00e1s, que \u00ab(i) que\u2026 Chac\u00f3n naci\u00f3 el 28 de agosto de 1970; (ii) que estaba afiliado al sistema pensional cotizando para los riesgos de IVM a trav\u00e9s de la AFP Porvenir SA al momento de su deceso; (iii) que no era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993; (iv) que no caus\u00f3 derecho pensional en vigencia del art\u00edculo 12 de la Ley 797 del 2003, ni de su par\u00e1grafo 1\u00b0, por cuanto no acredit\u00f3 un m\u00ednimo de 50 semanas dentro de los 3 \u00faltimos a\u00f1os inmediatamente anteriores a su deceso, como tampoco cumpl\u00eda con las 1150 semanas exigidas por el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 797 del 2003, para causar una pensi\u00f3n de vejez; (v) que el asegurado falleci\u00f3 el 22 de septiembre de 2010 y; (vi) que las demandantes eran beneficiarias de la prestaci\u00f3n reclamada (sic)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, hall\u00f3 oportuno \u00abrecordar que la sentencia que trae a colaci\u00f3n el Tribunal para resolver y aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, frente a la que esgrime el recurrente, implic\u00f3 una variaci\u00f3n, respecto de la doctrina que [esa] corporaci\u00f3n ten\u00eda para la \u00e9poca, pues en sentencia de fecha CSJ-2014, se dijo\u00bb: <\/p>\n
Por \u00faltimo, ha de advertirse que la Corte por mayor\u00eda cambi\u00f3 el criterio y ahora acepta la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa respecto del art\u00edculo 46 original de la Ley 100 de 1993, cuando el fallecimiento ocurra en vigencia de la Ley 797 de 2003; sin embargo, en este caso no ser\u00eda procedente acceder a la prestaci\u00f3n invocando esa nueva postura jurisprudencial, pues si bien el causante al momento del deceso era cotizante activo, no lo era cuando oper\u00f3 el cambio legislativo de la Ley 797 de 2003, esto es el 29 de enero de ese a\u00f1o, toda vez que hab\u00eda dejado de cotizar desde abril de 1999 y la pr\u00f3xima cotizaci\u00f3n que se observa en su Hoja de Vida corresponde al mes de agosto de 2004. Entonces, no sufrag\u00f3 26 semanas en el a\u00f1o anterior a la vigencia de dicha normatividad para que se le respetara una condici\u00f3n jur\u00eddica concreta en los t\u00e9rminos indicados, ni acumula tampoco 26 semanas en el a\u00f1o inmediatamente anterior a la muerte. <\/p>\n
Por ese sendero, advirti\u00f3 que a pesar de \u00ablo ense\u00f1ado por la Corte en esa \u00e9poca, que va en armon\u00eda con lo planteado por la censura en atenci\u00f3n a la posici\u00f3n jurisprudencial vigente en lo relativo a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003\u00bb, era \u00abinnecesario el an\u00e1lisis del material probatorio, ya que independientemente de que se cumplan o no los supuestos sentados para ello, a dicha aplicaci\u00f3n se le puso un l\u00edmite temporal, el cual estaba m\u00e1s que superado al momento en que ocurri\u00f3 el fallecimiento del asegurado\u00bb, porque, in extenso: <\/p>\n
Tiene ense\u00f1ado la Sala que, respecto del reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes, la disposici\u00f3n legal llamada a gobernar la definici\u00f3n de esa prestaci\u00f3n, ser\u00e1 la que se encuentre en vigor para la fecha del deceso del causante, as\u00ed qued\u00f3 sentado en la sentencia CSJ SL3769-2018\u2026 <\/p>\n
Lo anterior, tiene su raz\u00f3n de ser en que de conformidad con el art\u00edculo 16 del CST, las normas del trabajo y de la seguridad social son de efecto general inmediato y no producen consecuencias retroactivas sobre situaciones ya definidas o consumadas conforme a leyes anteriores, siendo entonces que, en el caso bajo la lupa de la Sala, el de cujus feneci\u00f3 el 22 de septiembre del 2010, en efecto le era aplicable el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, y por lo tanto, indudablemente deb\u00eda acreditar un total de 50 semanas sufragadas dentro de los tres a\u00f1os anteriores al fallecimiento, es decir, entre el 22 de septiembre del 2007 y el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2010. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien es cierto, que trat\u00e1ndose de pensiones de invalidez y de sobrevivientes, ante la falta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n entre los reglamentos del ISS y el Sistema General de Pensiones introducido por la Ley 100 de 1993, se ha considerado aplicable por v\u00eda de jurisprudencia, el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa con fundamento en el art. 53 de la Constituci\u00f3n Nacional, el cual, seg\u00fan la sentencia de esta corporaci\u00f3n CSJ SL7781-2017, se caracteriza, por ser una excepci\u00f3n al principio de la retrospectividad -tal como se dijo por esta Sala en sentencia CSJ SL514-2019-; que se aplica en la sucesi\u00f3n o tr\u00e1nsito legislativo, cuando se predica la aplicaci\u00f3n de la normatividad inmediatamente anterior a la vigente al momento de la ocurrencia del siniestro, solamente a falta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para proteger a un grupo de personas, que si bien no tienen un derecho adquirido, se ubican en una posici\u00f3n intermedia -expectativas leg\u00edtimas-; y, por respetar la confianza leg\u00edtima de los destinatarios de la norma. <\/p>\n
En cuanto al referido principio, pertinente es resaltar, que primero se le dio aplicaci\u00f3n entre el tr\u00e1nsito legislativo del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o y la Ley 100 de 1993 original, y despu\u00e9s, entre esta y la Ley 797 de 2003; no obstante, a partir de la sentencia CSJ SL4650-2017, la Corte volvi\u00f3 a analizar la procedencia de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, delineando una nueva orientaci\u00f3n a fin de extender los efectos de temporalidad para su aplicaci\u00f3n en el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 originaria y 797 de 2003, advirtiendo, que si bien la regla general es que la norma que rige este tipo de asuntos es la vigente al momento de la muerte del de cujus, por v\u00eda de excepci\u00f3n se puede aplicar dicho principio, siempre que el afiliado satisfaga las condiciones que all\u00ed se se\u00f1alan. En dicha providencia, se adoctrin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
No es admisible aducir, como par\u00e1metro para la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en alg\u00fan momento pret\u00e9rito en que se ha desarrollado la vinculaci\u00f3n de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regular\u00eda el caso. Es decir, el juez no puede desplegar un ejercicio hist\u00f3rico, a fin de encontrar alguna otra legislaci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de la que haya precedido -a su vez- a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos \u00abplusultractivos\u00bb, que resquebraja el valor de la seguridad jur\u00eddica (sentencia CSJ SL, del 9 de dic. 2008, rad. 32642). <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Como se recuerda la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa es un mecanismo que: (i) busca minimizar la rigurosidad propia del principio de la aplicaci\u00f3n general e inmediata de la ley; (ii) protege a un grupo poblacional con expectativa leg\u00edtima, no con derecho adquirido, que goza de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, cual es, la satisfacci\u00f3n de las semanas m\u00ednimas que exige la reglamentaci\u00f3n derogada para acceder a la prestaci\u00f3n que cubre la contingencia de la invalidez; y (iii) al ser excepcional, su aplicaci\u00f3n, necesariamente, es restringida y temporal. <\/p>\n
Sin perder de vista lo precedente, y una vez analizada la exposici\u00f3n de motivos de la Ley 797 de 2003, brota espont\u00e1nea una primera conclusi\u00f3n: el legislador jam\u00e1s pretendi\u00f3 perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensi\u00f3n de sobrevivientes, y si bien con la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina for\u00e1nea \u00abintertemporales\u00bb que se generan con personas que tienen una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protecci\u00f3n de \u00ab\u201cderechos\u201d que no son derechos\u201d\u00bb, en contra posici\u00f3n de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Pero \u00bfcu\u00e1l es el tiempo de permanencia de esa \u00abzona de paso\u00bb entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres a\u00f1os, tiempo este que la nueva normativa (Ley 797 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n-50- y una vez verificada la contingencia de la muerte los causahabientes puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres a\u00f1os-, los \u00abderechos en curso de adquisici\u00f3n\u00bb, respet\u00e1ndose as\u00ed, para determinadas personas, las semanas m\u00ednimas establecidas en la Ley 100 de 1993, \u00abcon miras a la obtenci\u00f3n de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condici\u00f3n\u00bb, cual es, la muerte. <\/p>\n
Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jur\u00eddicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa leg\u00edtima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la \u00e9gida de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Despu\u00e9s de all\u00ed no ser\u00eda viable su aplicaci\u00f3n, pues este principio no puede convertirse en un obst\u00e1culo de cambio normativo y de adecuaci\u00f3n de los preceptos a una realidad social y econ\u00f3mica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser din\u00e1mico, jam\u00e1s est\u00e1tico. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 contin\u00faa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para las personas con expectativa leg\u00edtima, ulterior a ese d\u00eda opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. <\/p>\n
No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres a\u00f1os, a m\u00e1s de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes ten\u00edan dicha situaci\u00f3n concreta al momento del tr\u00e1nsito legislativo. <\/p>\n
Una reflexi\u00f3n insoslayable, el fallecimiento del afiliado es un supuesto ineludible de la causaci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, no es un requisito de exigibilidad. Ello explica que no basta satisfacer la densidad de cotizaciones en cualquier tiempo para entender consolidado el derecho, sino que los dos elementos deben acontecer dentro del \u00e1mbito temporal que establece la ley. Este planteamiento permite entender la justificaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y su permanencia ef\u00edmera. <\/p>\n
Despu\u00e9s, con apoyo en tales disquisiciones, recapitul\u00f3 que, \u00abconforme con la nueva orientaci\u00f3n jurisprudencial, y como el se\u00f1or\u2026 Chac\u00f3n falleci\u00f3 el 22 de enero de 2010, es decir, en data posterior al 29 de enero de 2006, no resulta viable la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa entre el tr\u00e1nsito legislativo de la Ley 100 de 1993 primigenia y la 797 de 2003, en consecuencia, no dej\u00f3 causado el derecho a la pensi\u00f3n deprecada, por lo que los cargos est\u00e1n llamados a prosperar\u00bb; de donde no hab\u00eda \u00ablugar al reconocimiento pensional\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo propuesto por las censoras no es m\u00e1s que una diferencia de criterio frente a lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n final atacada, \u00faltima que responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que gobernaban el caso particular, especialmente, del canon 12 de la Ley 797 de 2003 (referente a la exigencia de 50 semanas de cotizaci\u00f3n durante los 3 a\u00f1os anteriores al fallecimiento), determinando que all\u00ed era inviable aplicar el precepto 46 de la Ley 100 de 1993, en su redacci\u00f3n original (el cual alud\u00eda a 26 semanas de cotizaci\u00f3n antes del deceso), por cuanto la Sala permanente especializada en materia laboral de esta Corte estableci\u00f3 que s\u00f3lo es posible que la primera de las normas citadas \u00abdifiera sus efectos jur\u00eddicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa leg\u00edtima\u00bb, y el aqu\u00ed implicado falleci\u00f3 hasta el 22 de septiembre de 2010, es decir, por fuera de tal rango. <\/p>\n
En este orden de ideas, muy a pesar de las alegaciones de las quejosas, espec\u00edficamente en cuanto a la aplicaci\u00f3n de los precedentes que invocaron, lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 20 de septiembre de 2021, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 16 de agosto de 2022, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 al d\u00eda siguiente y el 18 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC12272-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC12272-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01152-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Valledupar, catorce (14) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Elo\u00edsa Pel\u00e1ez Serna, Ana Milena y G\u00e9nesis […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67198","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67198"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67198\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}